Orsetta Bellani
Diagonal
El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista.
En los últimos meses hay un gran movimiento en Santiago El Pinar. Excavadoras que arañan el suelo, camiones que van y vienen, largas hileras de obreros que apilan ladrillos a las orillas de una calle en obras, con la boca cubierta por paliacates (pañuelos) para aislarse del polvo que levantan los coches y de los vehículos del ejército, que entran y salen continuamente del campamento militar de este pueblo.
Parece extraño tanto movimiento alrededor de una pequeña comunidad indígena de los Altos de Chiapas, a una hora de San Cristóbal de Las Casas. Un grupo de casas estrechas alrededor de una iglesia y una espléndida vista sobre las verdes montañas chiapanecas, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se construye una de las llamadas Ciudades Rurales Sustentables. Ya existe una Ciudad Rural en Chiapas. Está en el norte del Estado y se llama Nuevo Juan de Grijalva. La ‘vieja’ Juan de Grijalva se vio afectada en 2007 por fuertes lluvias que obligaron a los habitantes de la zona a ser “reubicados” en estos nuevos núcleos urbanos.
Pero Juan Sabines, gobernador del Estado de Chiapas, anunció la construcción de estos nuevos núcleos mucho antes de que las aguas arrastrasen las casas de muchos indígenas chiapanecos. Las Ciudades Rurales forman parte de un plan que el gobernador anunció para acabar con la pobreza y que el presidente de México, Felipe Calderón apoya porque dice que estas ciudades permitirán vivir mejor a los habitantes de la zona. “En México hay una enorme dispersión de la población. Si el Gobierno tiene que llevar un cable de luz o un tubo de agua es más fácil llevarlos para mil personas que a diez familias”, argumentó Calderón en una visita a la zona.
Sin embargo, ésta no es una iniciativa del gobernador de Chiapas. La primera Ciudad Rural del Estado méxicano obedece a un plan político y económico diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo y, en especial, por el Banco Mundial, plan que se enmarca en un proyecto recogido en un informe publicado hace dos años denominado Nueva geografía económica. En 2008 los presidentes de México, Colombia y otros países de Centroamérica firmaron el acuerdo comercial Plan Mesoamérica, nueva versión del Plan Puebla Panamá, cuyo fin es crear corredores comerciales e infraestructuras que conecten el sur de México con Colombia. De esta forma las transnacionales tendrán vía libre para acceder a los recursos naturales de la región y trasladarlos a EE UU.
Las Ciudades Rurales representan un paso más para llevar a cabo el proyecto de expolio ideado por las transnacionales, muchas de ellas ya instaladas en Chiapas. Las comunidades que se encuentran en esta zona representan un obstáculo para las grandes empresas mineras. Ahora, las tierras abandonadas de las comunidades que se irán a vivir en los nuevos centros estarán por fin disponibles para las multinacionales mineras. Chiapas es rico en recursos naturales, y su naturaleza virgen proporciona también grandes potenciales turísticos. Para preparar el camino, durante los últimos años se han abierto muchas carreteras de acceso a las comunidades indígenas que viven en la selva.
La construcción de las Ciudades Rurales Sustentables se ha convertido asimismo en un negocio: muchas empresas mexicanas y extranjeras participan a través de sus fundaciones en el proyecto con fines lucrativos.
Pero el programa Ciudades Rurales va más allá, es parte del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que, tras la fachada asistencialista, esconde la estrategia de contrainsurgencia del Gobierno del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La guerra de baja intensidad en Chiapas no se combate sólo entrenando a los paramilitares, sino también a través de programas de ayuda a las familias. Así se provoca la división de las comunidades, creando tensiones entre quien acepta la ayuda del Gobierno y quien, como los zapatistas, no lo hacen. El Programa Ciudades Rurales Sustentables permite controlar a las comunidades, el expolio de sus tierras y sobre todo, cambiar sus costumbres. Se destruye el modo de vida campesino-indígena y se desintegra la vida comunitaria.
Las inundaciones de 2007 fueron el pretexto que permitió al Gobierno chiapaneco recolocar a la población dentro de la primera Ciudad Rural de Nuevo Juan Grijalva. No habría sido fácil convencer a centenares de personas de dejar sus casas para ser reubicados en un lugar aséptico e impersonal, donde la única posibilidad será la de convertirse en mano de obra barata para las minas, los centros turísticos, las maquiladoras o los grandes cultivos que surgirán en las tierras abandonadas por ellos.
No está claro cuál será ahora el argumento que el Gobierno de Sabines inventará para convencer a los habitantes de las cuatro comunidades cercanas a Santiago El Pinar para que dejen sus casas. Ni siquiera se sabe por qué ha sido elegida justo esta zona para la construcción de la segunda Ciudad Rural de Chiapas.
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