quinta-feira, 26 de novembro de 2020

La tragedia de "La tragedia de los comunes"

Matto Mildenberger
Scientific American

Hace cincuenta años, Garrett Hardin, profesor de la Universidad de California, escribió un influyente ensayo en la revista Science. Hardin consideraba a todos los seres humanos pastores egoístas: nos preocupa que el ganado de nuestros vecinos paste en la mejor hierba. De manera que mandamos más vacas nuestras a consumir la hierba primero. Las llevamos primero antes de que algún otro nos robe nuestra parte. Así se crea un círculo vicioso de degradación ambiental que Hardin describió como la “tragedia de los comunes”.

Es difícil exagerar la repercusión de Hardin en el medioambientalismo moderno. Sus puntos de vista se enseñan en ecología, en economía, en ciencias políticas y estudios medioambientales. Su ensayo sigue siendo un taquillazo académico, con casi 40.000 citas. Todavía se sigue publicando en destacadas antologías ambientales.

Pero aparecen aquí algunas verdades incómodas: Hardin era un racista, eugenista, nativista e islamófobo. El Centro Legal para la Pobreza Sureña [Southern Poverty Law Center, ONG norteamericana de derechos civiles fundada en 1971] lo cataloga como reconocido nacionalista blanco. Sus escritos y su activismo político contribuyeron a inspirar el odio a los inmigrantes que hoy se disemina por los Estados Unidos.

Y promovió una idea llamada “ética del bote salvavidas”: puesto que los recursos globales son finitos, Hardin creía que los ricos deberían lanzar a los pobres por la borda para mantener su bote por encima del agua. Para crear un futuro justo y dinámico, nos hace falta, por el contrario, echar por la borda a Hardin y su defectuosa metáfora.

A quienes revisan el ensayo original de Hardin les espera una sorpresa. Sus seis páginas están repletas de apelaciones al miedo. Los subtítulos proclaman que “la libertad de engendrar es intolerable”. Opina largo y tendido acerca de los beneficios de que “los hijos de padres carentes de previsión se mueran de hambre”. Unos cuantos párrafos más tarde escribe Hardin: “Si amamos la verdad debemos negar abiertamente la validez de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Y así una y otra vez. Hardin apela prácticamente a un Estado fascista que borre el acervo génico indeseado.

O que construya un muro que deje fuera a los inmigrantes. Hardin fue un virulento nativista cuyas ideas inspiraron algunas de las ideas más desagradables contrarias a los inmigrantes. Era de la creencia de que sólo podían sobrevivir las sociedades racialmente homogéneas. Estuvo asimismo implicado en la Federación para la Reforma de la Inmigración Norteamericana (Federation for American Immigration Reform -FAIR), un grupo de odio que aclama hoy las medidas políticas racistas del presidente Trump. Hoy en día, los neonazis norteamericanos citan las teorías de Hardin para justificar la violencia racial.

Y esas no eran simples palabras en papel. Hardin presionó al Congreso para que no enviara ayuda alimentaria a países pobres, pues creía que la población de los mismos amenazaba la “capacidad de carga” del planeta. Por supuesto, mucha gente equivocada ha dejado ideas nobles tras de sí. Que esa tragedia de Hardin se avanzara como parte de un proyecto nacionalista blanco no debería condenar automáticamente sus méritos.

Pero los hechos no estaban del lado de Hardin. Para empezar, entendió mal la historia de los comunes. Tal como apuntó Susan Cox, los primeros pastos estaban bien regulados por instituciones locales. No eran lugares de pastoreo a la buena de Dios, de los que la gente se aprovechaba una y otra vez a expensas de todos los demás.

Muchos comunes se han sostenido de manera semejante a través de instituciones comunitarias. Este llamativo hallazgo fue la obra de toda una vida de Elinor Ostrom, que ganó en 2009 el Premio Nobel de Economía (técnicamente denominado Premio del Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel). Recurriendo a las herramientas de la ciencia — antes que a las del odio— Ostrom mostraba la diversidad de instituciones que han creado los seres humanos para gestionar un medio ambiente compartido.

Por supuesto, los seres humanos pueden agotar recursos finitos. Así sucede con frecuencia cuando carecemos de instituciones apropiadas para gestionarlos. Pero no le atribuyamos a Hardin el crédito de esta intuición común. Hardin no presentaba un caso científico informado. Por el contrario, estaba utilizando las inquietudes provocadas por la escasez medioambiental para justificar la discriminación racial. Debemos rechazar sus perniciosas ideas sobre una base tanto científica como moral. La sostenibilidad medioambiental no puede existir sin justicia medioambiental. ¿Estamos de verdad preparados para afirmar que sólo podemos substituir determinado número de tuberías de plomo? ¿O que sólo se pueden proteger tantos cuerpos de los contaminantes cancerígenos? ¿Qué sólo hay tantos niños cuyo futuro importe?

Y esto resulta de especial importancia cuando nos enfrentamos al cambio climático. A pesar de lo que pueda haber dicho Hardin, la crisis climática no es una tragedia de los comunes. La culpa no reside en nuestros impulsos individuales de consumir combustibles fósiles hasta la ruina de todos. Y la solución no consiste en dejar que se hundan los islotes de la Bahía de Chesapeake ni países enteros del Pacífico, sin asiento en nuestro bote salvavidas planetario.

Por el contrario, rechazar el diagnóstico de Hardin exige nombrar al verdadero culpable de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Hace treinta años disponíamos de un futuro distinto. Medidas políticas graduales sobre el clima podían haber dirigido lentamente nuestra economía hacia niveles de contaminación de carbono en suave descenso. El coste habría resultado imperceptible para la mayoría de los norteamericanos.


Pero ese futuro nos lo robaron. Lo robaron poderosos intereses contaminantes de carbono que bloquearon las medidas políticas de reforma a cada paso para preservar sus beneficios a corto plazo. Nos encerraron a todos en una economía en la que el consumo de combustibles fósiles sigue siendo una necesidad, no una elección.

Esto es lo que vuelve tan contraproducentes los ataques a los comportamientos individuales. Sí, es estupendo conducir un vehículo eléctrico (si te lo puedes permitir) y adquirir paneles solares (si no han conspirado poderosas empresas de servicios públicos de tu estado para encarecer la energía renovable). Pero la cuestión estriba en que los grupos de interés han estructurado las opciones que están a nuestra disposición. Los individuos no tienen capacidad de intervención para dirigir nuestra nave de la economía desde la cubierta de pasajeros.

Tal como nos recuerda Naomi Oreskes, historiadora de Harvard, “[los abolicionistas] vestían ropas confeccionadas con algodón recogido por esclavos. Pero eso no les convertía en hipócritas… sólo significaba que formaban también parte de la economía esclavista, y lo sabían. Por eso actuaban para cambiar el sistema, y no sólo para cambiarse de ropa”.

O, como tuiteó la representante Alexandria Ocasio-Cortez: “Vivir en el mundo tal cual es, no es un argumento en contra de construir un futuro mejor”. La verdad es que dos tercios de toda la contaminación por carbono lanzada en la historia a la atmósfera se pueden retrotraer a las actividades de solo noventa empresas. La verdadera tragedia estriba en los esfuerzos de esas grandes empresas por desbaratar con éxito la acción sobre el clima.

Nos queda muy poco tiempo. Necesitamos líderes políticos que piloten nuestra economía a lo largo de un periodo de rápida transformación económica, a una escala grande, como no se ha visto desde la II Guerra Mundial. Y para llegar a ello, vamos a tener que asegurarnos de que nuestros dirigentes nos escuchen a nosotros, y no — tal como mis colegas y yo mostramos en nuestra investigación — a las empresas de combustibles fósiles.

La esperanza nos exige partir de un compromiso incondicional de unos con otros, como pasajeros a bordo de un bote salvavidas común agitado por fuertes vientos. Al movimiento del clima le hace falta más gente en este bote, no menos. Debemos dejar espacio para todos los seres humanos si queremos acumular el poder político necesario para enfrentarnos a los amenazantes petroleros y barcazas de carbón que nos mandan grandes olas en dirección a nosotros. Se trata de un compromiso que está en el corazón de propuestas como el Green New Deal.

Cincuenta años después, hay que detener la invocación sin sentido de Hardin. Hay que dejar de decir que tenemos todos la culpa porque todos sobreutilizamos recursos compartidos. Dejemos de abogar por medidas políticas que privilegien la protección medioambiental para algunos seres humanos a expensas de otros. Y reemplacemos la errada metáfora de Hardin con una visión inclusiva de la humanidad, que se base en la gobernación democrática y la cooperación en esta época de obscuridad.

En lugar de escribir una tragedia, debemos ofrecer esperanza a cada uno de los seres humanos de la Tierra. Sólo entonces se alzará la opinión pública para silenciar a los poderosos contaminadores de carbono que tratan de robarnos nuestro futuro.

quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Chile: Genealogía y desafíos del proceso constituyente

Erika Díaz Muñoz y Fernando de la Cuadra
Terapia Política

Ya no es tan fácil prever los escenarios futuros que nos pueda mostrar Chile. Hace menos de dos años, rigiendo el actual gobierno, podían verse muchas manifestaciones ocupando los parques, plazas y calles de las principales ciudades del país, pero nada permitía presagiar que se desataría el estallido social o la rebelión popular que tomó cuenta del territorio en las proporciones que hoy conocemos. Algunas movilizaciones reclamaban por una Educación pública, gratuita y de calidad; otras exigían el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP), otras pedían el fin de las llamada zonas “de sacrificio” que siguen colocando en riesgo la vida de miles de personas que habitan en esas localidades, conviviendo a veces en condiciones deplorables en un entorno excesivamente contaminado por operaciones industriales sin control alguno.

En el último periodo también se habían producido protestas por discriminaciones arbitrarias en el uso del agua para regadío agrícola y por los altos cobros del servicio de agua potable, cuya concesión está entregada a manos privadas. A esto se sumaba el malestar acumulado por las enormes y lentas listas de espera para atención en los Hospitales de la red pública de Salud, mientras la atención privada, inalcanzable para la gran mayoría de la población, se financia mediante cotizaciones de un porcentaje mínimo de afiliados al Sistema de Salud Privada. Por otra parte, la represión sistemática realizada por parte de la policía uniformada (Carabineros) que enfrentaba las expresiones del sentir popular como un “estado de guerra”, ha venido aumentando la indignación de las grandes mayorías de la población chilena.

En dicho escenario, fueron apareciendo con mayor frecuencia y convicción, los lienzos y banderas llamando a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impuesta por Pinochet, nacida en medio de un contexto dictatorial, bajo el imperio de la Doctrina de Seguridad Nacional y el sistema económico neoliberal de los Chicago boys.

Todo este movimiento fue creciendo como un alud, pero no era perceptible a simple vista. Como sabemos, éste finalmente se expresó en una rebelión que sumó todo el descontento acumulado, cuando jóvenes estudiantes secundarios dijeron ¡basta! al alza de los pasajes del tren subterráneo Metropolitano (el Metro) de Santiago. Quedó de manifiesto que la evasión masiva del pago de los pasajes, saltando los torniquetes para ingresar a las estaciones de Metro, ya no se trataba de una reivindicación propia de los estudiantes por y para ellos, sino era el reflejo de un malestar generalizado en la población, en contra de los abusos desde el Estado y el empresariado y, en definitiva, una lucha por alcanzar la merecida dignidad. Fue finalmente esta búsqueda por mejores condiciones de vida y por mayor dignidad lo que rebasó la paciencia de la población ese 18 de octubre de 2019.

De manera tal que las y los estudiantes no quedaron solos. A pesar de la represión de la cual fueron víctima, continuaron las movilizaciones callejeras y siete días después, el 25 de octubre, la Alameda Bernardo O’Higgins, principal Avenida en Santiago, acogió la más masiva marcha y concentración que se había realizado en muchos años. Se calcula que casi un millón y medio de personas se concentraron en torno al lugar que simbólicamente se le ha denominado desde entonces, la Plaza de la Dignidad. Algo similar, aunque a menor escala, se iba produciendo en otras ciudades a lo largo de Chile.

Fue tomando forma el movimiento, pero costó vidas humanas, mutilación de ojos, privaciones de libertad, lesiones y torturas a manifestantes, de parte de fuerzas represivas que, durante el estado de excepción -decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera- estaban formadas principalmente por Carabineros y militares, que salieron a las calles con tanquetas y fusiles.

A diferencia del periodo que antecedía a esta rebelión popular, las luchas emprendidas por la población ya no eran aisladas. Desde este modo, podría decirse que fue aumentando la conciencia acerca de que el Estado neoliberal que heredamos de la Dictadura después de 17 años de autoritarismo, entre 1973 y 1990, era la principal causa no sólo de un sistema económico de libre mercado, sino que también era el origen de la falta de garantías para acceder al real ejercicio de los derechos humanos, tanto individuales como sociales.

Si bien Chile ha suscrito y ratificado Convenios internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el país no los respeta en su Carta Magna. Ello ha sido así, con la complicidad del Tribunal Constitucional que no le otorga una jerarquía supra constitucional a los Tratados, Convenios ni Pactos internacionales de Derechos Humanos. Ese mismo Tribunal es el que ha reconocido que si bien el principio económico de otorgarle un papel subsidiario al Estado de Chile no está expresamente consagrado en la Constitución vigente desde 1980, rige transversalmente dicho cuerpo normativo. Define que, en virtud de este principio, “al Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios”.


En las diversas ciudades del país y en los barrios de Santiago, comenzaron a constituirse Cabildos y Asambleas autoconvocadas, para conversar, entre vecinos y organizaciones sociales, acerca de las causas del malestar social, el vínculo entre la difícil realidad de las injusticias, marginalidad y enormes desigualdades económico-sociales, para concluir que uno de los cambios imperiosos a ser levantado consistía en la instauración de una nueva Constitución política.

Esta percepción se sustenta en la certeza de que la institucionalidad heredada de la dictadura ha representado el marco jurídico para validar tanta legislación que ha socavado la confianza en las principales instituciones del Estado. También, que dicho encuadre ha permitido e incentivado una excesiva e inagotable ambición de grupos económicos nacionales y transnacionales que han estado explotando no sólo a trabajadores y trabajadoras, sino también los recursos naturales del país. Ha surgido la indignación al constatar que una gran cantidad de jóvenes carecen de expectativas laborales y de desarrollo humano, que adultos mayores reciben pensiones miserables, aunque hayan trabajado 30 o 40 años, lo que les obliga a seguir laborando para poder sobrevivir o que muchas familias vivan hacinadas y en ciudades altamente segmentadas socialmente.

Las múltiples manifestaciones, paros laborales y estudiantiles, sendos Informes de Comisiones de Derechos Humanos que visitaron Chile, condenando las violaciones de esos derechos ,y una efervescencia permanente en el ambiente, llevó a que la dirigencia de la mayoría de los partidos políticos respondieran llegando a un Acuerdo que , en términos generales, consistía en que se convocaría a un Plebiscito para determinar si se aprobaba o rechazaba dictar una nueva Constitución Política, y si el órgano llamado a redactarla sería una Convención Mixta, conformada en un 50% por Parlamentarios y el otro 50% por ciudadanos/as o, por el contrario, se elegiría una Convención Constitucional sólo conformada por ciudadanos/as, es decir, el resultado de un ejercicio de soberanía popular plena y, además paritaria, esto es, permitiendo que se eligieran igual número de mujeres que de hombres como constituyentes.

Dicho Acuerdo se plasmó en algunas disposiciones que reformaron la Constitución, ya que ésta no sólo era ilegítima en su origen dictatorial, sino además no contemplaba procedimiento alguno para ser reemplazada por otra, por ejemplo, a través de un plebiscito. En un principio, se había fijado fecha para el 16 de abril de 2020, a fin de realizar el mencionado acto plebiscitario. Sin embargo, al haber surgido la pandemia por Covid-19, debió postergarse hasta el 25 de octubre del mismo año dicha votación popular no obligatoria. Los resultados arrojados en este Plebiscito dieron un amplio triunfo a la opción por la aprobación de una Nueva Constitución (78.3%) y también fue significativa la alternativa de que ella sea elaborada por una Convención Constitucional (79%). 

Si bien el triunfo por este gran paso fue masivamente celebrado, es sabido que el Acuerdo de los partidos y la norma constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019, que convocó al plebiscito (Ley N° 21.200) tiene grandes escollos que salvar. Entre ellos: la Convención Constitucional, que será electa el 11 de abril de 2021, deberá dictar un Reglamento para regir su propio funcionamiento, aprobado por 2/3 de sus miembros, hecho que pone en riesgo la posibilidad de dar apertura y transparencia al actuar de la Convención, la que debiera estar sujeta a control social durante su funcionamiento, de entre 9 y 11 meses. Por igual quorum, que en los hechos seria de un 67% de sus miembros, tendrían que aprobarse las disposiciones que formarán el contenido de la nueva Constitución, lo que resulta muy difícil, considerando la información con que se cuenta sobre las posiciones políticas de derecha, de centro e izquierda en Chile y el peso que cada uno de estos sectores posee en la configuración política chilena.

De manera general es posible afirmar que se busca que la nueva Constitución consagre un Estado Social de derechos, donde prime el bien común por sobre el individual, que contemple y garantice de manera supra constitucional los derechos humanos individuales y sociales, que las instituciones públicas ejerzan sus funciones con enfoque de derechos y de género, que distribuya de una forma mucho más equilibrada el poder en la sociedad chilena, que la soberanía realmente radique en el pueblo, facilitando de modo expreso la participación social y política de los y las habitantes del país, que los cargos de elección popular contemplen un mecanismo de revocación, etc.

Así, el período que viene se caracteriza por tener múltiples elecciones populares, lo que complica el escenario, además de las dificultades que implica tomar los resguardos necesarios para evitar más contagios de Covid-19. Efectivamente, resulta muchísimo más complejo realizar Cabildos y Asambleas ciudadanos/as en esta etapa. Para ejemplificar lo señalado, baste saber que el día 11 de abril de 2021 existirá una votación popular para elegir a: Los y las Convencionales Constituyentes, a Gobernadores /as Regionales y, a nivel comunal o local, a Alcaldes y Concejales.

Existen proyectos de ley en el Congreso Nacional con mociones para que haya participación representativa de los pueblos originarios del territorio en la Convención Constitucional, mayores facilidades en los requisitos exigidos para que candidatos/as independientes puedan serlo e ir postulando en pactos electorales, para que, en los hechos, puedan llegar a ser electos y no existan sólo listas de partidos políticos, ya que la militancia en éstos es minoritaria y los partidos también han disminuido su popularidad.

Será preciso que los programas de quienes sean candidatos/as a cargos comunales. contemplen mecanismos facilitadores para que vecinos/as y organizaciones sociales realmente participen en el adecuado seguimiento de los planteamientos y acuerdos a los que vayan arribando los y las miembros de la Convención Constitucional que resulte electa el 11 de abril de 2021. Dicha Convención Constitucional deberá entregar la Propuesta de Constitución al Presidente de la República, a más tardar, en abril de 2022 y entre los meses de junio y julio de ese año, se realizará el Plebiscito que aprobará o rechazará dicho Proyecto. En caso de rechazarse, quedaría vigente la Constitución que rige desde 1980.

Son muchos los desafíos que se presentan en el horizonte, pero estamos convencidos que la disposición y la voluntad de lucha de todas y todos quienes han participado en este proceso por una nueva Constitución, permitirá mantener viva la llama por ocupar los espacios de participación y organización que ayuden a construir una nueva Carta Magna, que represente en forma fidedigna los anhelos y esperanzas del pueblo chileno.

terça-feira, 17 de novembro de 2020

Brasil: La interminable lucha por recuperar la dignidad


Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia

A pesar de você, amanhã há de ser outro dia...
Chico Buarque 

Los resultados de las últimas elecciones municipales permiten aventurar tres conclusiones con relación al escenario que se vislumbra para los próximos meses y pensando en las futuras contiendas y “batallas por las ideas” que se presentan en el país. Lo primero es que los candidatos apoyados por Bolsonaro en las capitales y las principales ciudades del país fracasaron indudablemente y la tendencia es que aquellos que pasaron a segunda vuelta -Crivella en Rio de Janeiro y Capitán Wagner en Fortaleza-, no obtengan los votos necesarios en función de las articulaciones que ya se producen entre sus adversarios para sumar a las fuerzas democráticas. En São Paulo, el candidato del Bolsonarismo tuvo un desempeño más que mediocre, obteniendo poco más del 10% de las adhesiones.

Una segunda constatación, es que los partidos del llamado “Centrão” ganaron en un número significativo de municipios dispersos por todo el país, aunque como ya hemos señalado en columnas anteriores, el apoyo de este sector al ex capitán es meramente instrumental y fisiológico, razón por la cual no es esperable que el gobierno se sustente sobre una plataforma tan endeble y caprichosa como la que ofrecen este conglomerado un tanto amorfo de partidos.

La tercera comprobación, es que la izquierda y los sectores progresistas experimentaron una recuperación en las capitales y en centros urbanos medianos, en gran medida impulsados por una agenda que levanta los temas de la diversidad sexual, la identidad racial y la equidad de género. A pesar de la incesante campaña promovida por los sectores más retrógrados del gobierno que combaten la llamada “ideología de género”, muchas de las alcaldesas y concejalas electas son mujeres negras con amplio trabajo en sus respectivas comunidades. Un caso emblemático, es el de Mônica Benício -la viuda Marielle Franco asesinada en marzo de 2018-que fue electa concejal en Rio de Janeiro, con más de 22 mil votos por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el mismo al que pertenecía Marielle al momento de ser ultimada por milicianos.

La cuestión central que se coloca a partir de este escenario, es que el ciclo de la anti-política -que le permitió a Bolsonaro navegar en la marea ultraderechista que emergió intempestivamente en 2018- parece estar llegando a un punto de agotamiento y declinio. Candidatos truculentos que montaron sus campañas en torno a un discurso de odio y mentiras, fueron penalizados por la mayoría de los electores. Perdieron y perderán en el segundo turno del día 29 de noviembre, como ya está siendo constatado en las diversas indagaciones sobre intención de voto realizadas en estos días.
 


Otro factor que ha afectado el apoyo de la población a candidaturas cercanas al gobierno se asocia con el desprecio que este ha asumido con relación al uso de mascarillas y al distanciamiento social como una actitud elemental para prevenir el contagio entre personas. Un estudio efectuado por la Universidad de Brasilia muestra que muchos de los electores del ex capitán le están retirando su apoyo en función del papel displicente e irresponsable que ha tenido el gobierno para enfrentar el Covid-19, ya sea mintiendo sobre posibles remedios para curar o mitigar sus efectos (Cloroquina) como en el trato vejatorio que ha tenido el presidente al sentenciar que frente al virus los brasileños se han comportado como “Un país de maricones” (sic). La banalización de la muerte y la visión necropolítica impuesta por el bolsonarismo posee un límite en la subjetividad ciudadana y a pesar de todos los males históricos que aquejan a los brasileños desde la época del Imperio y la República atrofiada, un fulgor de lucidez emerge al final, cuando parece que la deshumanización de los más pobres, de los excluidos, de los indígenas, de los negros, de los invisibilizados, ya es una tarea concluida y sancionada por un orden natural.

El negacionismo de Bolsonaro, del gabinete y de su grupo ideológico, desconociendo la gravedad de una pandemia que ya ha infectado a casi 6 millones de habitantes y ha causado la muerte de más de 166 mil personas, sólo puede generar un crecimiento del malestar que se viene incubando en la población, a lo cual hay que sumarle los altos índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la arremetida de la criminalidad urbana que no cesa de acumular víctimas, especialmente entre los más vulnerables.

Al igual que otras naciones de América Latina, Brasil se encuentra en estos momentos en una dura lucha por recuperar la dignidad, pese a la herencia nefasta dejada por la esclavitud y la desigualdad acumulada. Sobre el mito de la “democracia racial”, Brasil ha montado una estructura socioeconómica perversa que no ha hecho más que penalizar a los sectores más explotados y más fragilizados históricamente. Esta es su marca de nacimiento y su trayectoria secular, su relato aberrante y su tragedia, la cual debe ser reescrita nuevamente por las fuerzas mayoritarias que siendo traicionadas y sucumbiendo a los intereses patrimonialistas de unos pocos, se deben levantar una vez más para consolidar sus derechos y su calidad de ciudadanos con la legítima esperanza de un futuro mejor.

quinta-feira, 5 de novembro de 2020

El termómetro electoral en un contexto de cambios


Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia

El próximo 15 de noviembre -feriado por ser el día en que se conmemora la Proclamación de la República- se realizarán las elecciones municipales en Brasil. Dichas elecciones se encuentran enmarcadas por dos hechos. Primero, por un contexto internacional influido por el triunfo de Joe Biden, el candidato demócrata que nunca contó con la simpatía de Bolsonaro. hasta el último momento manifestó su claro apoyo a la reelección de Donald Trump con el cual siempre tuvo una actitud de admiración y hasta de sumisión. Es con certeza una derrota para el ex capitán que se inspiraba en el discurso agresivo, ultraconservador, racista y misógino de su mentor del norte.

En función de lo anterior, cabe hacerse la pregunta respecto a las consecuencias que tendrá la inminente victoria del representante demócrata en las relaciones futuras entre ambos mandatarios y en la descomposición de la política exterior agresiva que se fue urdiendo a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca. De hecho, el gobierno de Bolsonaro se ha mostrado en todo momento como un adulador y apoyador incondicional de la estrategia intervencionista de Estados Unidos en torno a Venezuela, permitiendo incluso que su Secretario de Estado, Mike Pompeo, en visita al estado de Roraima, demarcase el papel que debería desempeñar Brasil en su relación con el país vecino.

En segundo lugar, la jornada electoral del próximo 15 de noviembre, permitirá ir definiendo el escenario futuro de lo que resta del gobierno Bolsonaro y predecir las posibilidades de obtener éxito en sus pretensiones de perpetuarse en el poder por otros 4 años a partir de 2022. El presidente se dice confiado en que ese día será ratificada la preferencia que tendría por parte de la mayoría de la población del país. Sin embargo, según un estudio publicado recientemente bajo el título de O Brasil dobrou à direita, el cientista político Jairo Nicolau sostiene que después de la “espectacular” victoria en 2018, la tendencia observada en los últimos 2 años es que el apoyo a Bolsonaro y a la coalición que lo sustenta ha ido declinando sistemáticamente.

En su libro Nicolau advierte que desde que ganó la elección, Bolsonaro se ha dedicado a pulverizar su relación con los partidos que le daban sustento, renunciando al partido que él mismo había fundado, el Partido Social Liberal (PSL) e intentando organizar otro referente con el nombre de Alianza por Brasil, lo cual ha sido, según las palabras del académico, “el mayor fracaso en la historia de la formación de partidos políticos en Brasil”.

Junto con ello, el ex capitán se ha enfrentado y reñido con aliados que otrora eran muy importantes en la captación de un electorado descontento con la política progresista de los gobiernos del PT. Nos referimos a los gobernadores de São Paulo y Rio de Janeiro, que han construido un discurso con fuerte apelo a las clases medias que se han sentido excluidas de las políticas inclusivas desplegadas por las administraciones anteriores. De perder la próxima contienda municipal en este último estado, el mandatario estará evidenciando su decadencia en el reducto electoral de él, de sus hijos, de sus correligionarios y de los milicianos que vienen controlando su base de votantes durante los últimos años.

A pesar de su reciente aproximación al conglomerado de partidos que se articula en torno del llamado Centrão, Bolsonaro no puede contar con el apoyo categórico de una masa bastante gelatinosa de partidos que responden fundamentalmente a intereses de corto plazo, de un fisiologismo sin pudor ni escrúpulos, que le puede dar la espalda a cualquier momento, dependiendo de la lectura instrumental que realicen de la coyuntura política.

Otro grupo más ideológico sobre los que intenta apoyarse el ex capitán es precisamente el de sus compañeros de armas, que se encuentran compitiendo en gran número para disputar un cargo de alcalde, vice alcalde o concejal. En total son 6.700 miembros de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro y efectivos de la Policía Militar que aspiran a transformarse en dirigentes de los gobiernos municipales. Probablemente el triunfo de Bolsonaro ha sido un gran estímulo para que muchos representantes de la policía y la familia militar se sientan en condiciones de salir victoriosos en la futura disputa electoral. Si a ello le sumamos el número de funcionarios castrenses en los diversos ministerios, el resultado es que la cifra de uniformados en las estructuras del ejecutivo y el legislativo es enorme, como no se había visto antes en la historia brasileña, ni siquiera en los tiempos de la anterior dictadura militar (1964-1985).

Algunos pueden argumentar que elecciones municipales no implican la realización de un test o plebiscito para medir el apoyo del gobierno Bolsonaro, aunque es muy probable que esta vez la postura de la “anti política” promovida por el ex capitán sea interpelada por los ciudadanos que han visto deteriorarse su calidad de vida en los últimos dos años. En el 2018 ser contra los políticos tradicionales se transformó en la moda y suponía una especie de cruzada en la lucha contra la corrupción. En la actualidad, la corrupción también está instalada en el seno del gobierno y de los partidos que son su base de apoyo.

A pesar de las mentiras y fake news divulgadas diariamente por su gabinete de odio, los electores de Bolsonaro tenderán a disminuir inevitablemente en lo que resta de su mandato. Además, ahora cuentan con el “efecto demostración” de la fracasada reelección de Trump, lo cual puede transformarse en una señal de la futura contienda en la escena brasileña. Con la pandemia todavía cobrando la vida de miles de personas, la economía en recesión y la pobreza en aumento, las intenciones del ejecutivo de perpetuarse en el poder se verán ciertamente comprometidas. Ello introduce un componente fundamental que debiera ser considerado por las fuerzas democráticas a la hora de construir un proyecto de unidad que permita el desmonte de esta nefasta etapa de irrupción neofascista que pretende instalarse definitivamente en la República.