terça-feira, 18 de abril de 2017

La relevancia del Censo para elaborar una política territorial

Fernando de la Cuadra
El Desconcierto

El próximo miércoles 19 de abril se llevará a cabo un nuevo censo nacional, que en esta oportunidad tendrá el carácter de abreviado. Este proceso de empadronamiento de la población de Chile se realizaba todas las décadas en años terminados en el dígito 2. Como es ampliamente conocido, el último censo de 2012 fue marcado por el fracaso, a pesar de que fue anunciado como una medición que marcaría historia en los anales de la estadística nacional. Como el censo en cuestión no tuvo los resultados esperados, ello terminó inutilizando prácticamente la totalidad de la información recabada. En concreto, hasta ahora no se puede disponer de una información confiable para elaborar diagnósticos y proyecciones necesarias y las diversas entidades públicas y centros de investigación deben trabajar con los datos recogidos en el censo de 2002.

Por lo mismo, reviste especial importancia que la ciudadanía participe en este proceso, pues de ello dependen no solo la información estadística de la población existente en Chile en un momento determinado, sino que también las tendencias de la dinámica poblacional del país. Esta caracterización implica conocer una serie de indicadores como sexo, edad, escolaridad, religión, grupo étnico, composición del núcleo familiar, tipo de actividad, situación habitacional y de movilidad de la población, entre otros. El censo es una herramienta esencial para la gestión del gobierno central, regional y municipal, pues permite recoger los datos necesarios, por ejemplo, para diseñar programas de vacunación, subsidios y subvenciones, definición de espacios rurales o urbanos, clasificación socio-económica, etc.

El énfasis en los procesos de descentralización y las transformaciones ocurridas en la composición demográfica de ciudades, pueblos y aldeas en los últimos 15 años requieren de datos fidedignos que permitan realizar los análisis prospectivos y elaborar las políticas públicas en los diversos territorios. Implica por lo mismo, contar con una información primordial para elaborar las políticas, programas y acciones a la luz de los datos actualizados y de las proyecciones de población en todas las localidades y rincones del país. Además, el acelerado ritmo que han tenido los procesos migratorios en los últimos años están reconfigurando el país de norte a sur, colocando nuevos desafíos para el gobierno y para el conjunto de la nación.

En ese marco, el censo representa una oportunidad especial para fortalecer la política territorial, pues como nunca antes existen los mecanismos y la voluntad para realizar una política que aborde las especificidades de cada localidad en función de su historia, su tendencia demográfica, su nicho agroecológico, su vocación productiva, su identidad y su cultura. Sin desconocer la dimensión política y las relaciones de poder que cruzan la acción territorial, el censo puede transformarse en un importante subsidio para la planificación en diversos ámbitos geográficos y sectoriales, velando para que los variados espacios y confines del país puedan aspirar a una política que estimule y preserve la igualdad de oportunidades entre todas las regiones.

Un problema en permanente discusión es la definición de aquello que se delimita un área rural a diferencia de una zona urbana. Difícilmente el censo resolverá esta cuestión en términos estadísticos, pero aun así va a permitir tener una radiografía más detallada de las tendencias demográficas existentes en el país, a gran y pequeña escala. De esta manera, el censo debe mejorar la provisión de servicios en el ámbito de la salud, educación, vivienda, saneamiento básico, sistemas previsionales, etc. En resumen, la información recogida por el censo no resolverá automáticamente los obstáculos y dificultades que enfrenta el país, pero ciertamente permitirá contar con mejores insumos para conocer la situación de cada territorio y planificar los programas y acciones en función de dicha información.

domingo, 9 de abril de 2017

Contra el populismo, inclusión social

Jürgen Habermas
Revista Ñ

Jürgen Habermas diagnostica un nuevo desorden mundial y la impotencia de EE.UU. y Europa frente al terrorismo.

Después de que –a partir de 1989– se hablara de un “fin de la historia” en la democracia y en la economía de mercado, hoy vemos un fenómeno nuevo: el surgimiento –desde Putin y Erdogan hasta Donald Trump– de formas de liderazgo populistas y autoritarias. Ahora es evidente que una nueva “internacional autoritaria” logra determinar cada vez más el discurso público.

¿Tenía razón entonces su coetáneo Ralf Dahrendorf cuando preveía un siglo XXI bajo el signo del autoritarismo? ¿Se puede o se debe hablar ya de un giro de los tiempos?

Después del giro que se produjo hacia el 89-90, Fukuyama retomó el eslogan de la “post-historia” –que originalmente estaba ligado a un conservadorismo feroz. Esta interpretación suya del concepto daba expresión al triunfalismo miope de las élites occidentales que se basaban en la fe liberal en la armonía preestablecida entre democracia y economía de mercado. Estos dos elementos plasman la dinámica de la modernización social, pero están conectados con imperativos funcionales que continuamente tienden a entrar en conflicto. Sólo gracias a un Estado democrático digno de este nombre ha sido posible conseguir un equilibrio entre crecimiento capitalista y participación de la población en el crecimiento medio de economías muy productivas; participación esta que era aceptada, aunque solo en parte, en cuanto fuese socialmente equitativa. Históricamente, sin embargo, esta ecuanimidad, que sólo puede merecer el nombre de “democracia capitalista”, ha sido más la excepción que la regla. Ya por esto solo se entiende que la idea de que el “sueño americano” pudiera consolidarse a escala global no es más que una ilusión. Hoy son motivo de preocupación el nuevo desorden mundial y la impotencia de EE.UU. y Europa frente a los conflictos internacionales, y nos destrozan los nervios la catástrofe humanitaria en Siria o en Sudán del Sur y los actos terroristas de matriz islamista. Pero en cualquier caso, no alcanzo a distinguir una única tendencia directa hacia un nuevo autoritarismo: solo diversas causas estructurales y muchas casualidades. El elemento unificador es el nacionalismo, que entre tanto también tenemos en casa. Tampoco antes de Putin y Erdogan, Rusia y Turquía eran ciertamente “democracias impecables”. Con una política occidental solo un poco más astuta quizá hubiésemos podido establecer relaciones diferentes con estos países: quizá hubiéramos logrado también reforzar las fuerzas liberales presentes en la población de esos países.

¿No se sobrevaloran así retrospectivamente las posibilidades que había en manos de Occidente?

Claramente, para Occidente –solo a causa de sus intereses divergentes– no era fácil confrontar, de un modo racional y en el momento oportuno, con las pretensiones geopolíticas de la degradada superpotencia rusa o con las expectativas de política europea del irascible gobierno turco. Muy distinta es en cambio la situación en lo que se refiere al ególatra de Trump, un caso significativo para Occidente íntegro. Con su siniestra campaña electoral Trump llevó a consecuencias extremas una polarización que los republicanos, por abandono y de manera cada vez más descarada, han alimentado desde los 90; pero lo hizo de forma tal de que parezca como que este mismo movimiento finalmente se le escapaba de las manos al Grand Old Party, que no obstante sigue siendo siempre el partido conservador de Abraham Lincoln. Esta movilización del resentimiento también expresó las tensiones sociales que atraviesan a una superpotencia política y económicamente en declive. Lo que encuentro inquietante, entonces, no es tanto el nuevo modelo de una internacional autoritaria, a la que se aludía en la pregunta, como la desestabilización política en todos nuestros países occidentales. Al evaluar el paso atrás de Estados Unidos en el rol de gendarme global siempre dispuesto a intervenir no debemos perder de vista cuál es el contexto estructural en el cual eso se produce, contexto que comprende también a Europa. La globalización económica, puesta en marcha en los 70 por Washington con su agenda política neoliberal, arrojó como consecuencia un declive relativo de Occidente a escala global respecto de China y otros países Bric en ascenso. Nuestras sociedades deben desarrollar la percepción de este declive global y junto con eso la complejidad cada vez más explosiva de nuestra vida cotidiana, conectada con el desarrollo tecnológico. Las reacciones nacionalistas se fortalecen en los estratos sociales que no obtienen ningún beneficio –o que no los obtienen suficientemente– del aumento del bienestar medio de nuestras economías.

¿Estamos presenciando una especie de irracionalización política de Occidente? Hay una parte de la izquierda ahora que se pronuncia a favor de un populismo de izquierda como reacción al populismo de derecha.

Antes de actuar de manera puramente táctica hay que resolver un enigma: ¿cómo ha sido posible llegar a una situación en la cual el populismo de derecha priva a la izquierda de sus temas propios?

¿Cuál debería ser la respuesta de la izquierda al desafío de la derecha?

Hay que preguntarse por qué los partidos de izquierda no quieren asumir la dirección de una lucha decidida contra la desigualdad, que impulse formas de coordinación internacional capaces de domar los mercados no regulados. En mi opinión, ciertamente, la única alternativa razonable tanto al status quo del capitalismo financiero salvaje como al programa de recuperación de una presunta soberanía del estado nacional, que en realidad está desgastada ya de hace rato, es una cooperación supranacional capaz de dar una forma socialmente aceptable a la globalización económica. En una época la Unión Europea intentaba eso; la unión política europea podría entonces hacerlo.

Hoy, sin embargo, parece peor incluso que el populismo de derecha en sí ser el “peligro de contagio” del populismo dentro del sistema de los partidos tradicionales, en toda Europa.

El error de los viejos partidos consiste en admitir el frente que define el populismo de derecha: o sea “Nosotros” contra el sistema. Solo una marginalización temática podría desviar el agua al molino del populismo de derecha. Por lo tanto, se debería hacer reconocibles las oposiciones políticas, además de la contraposición entre el cosmopolitismo de izquierda –“liberal” en sentido cultural y político– y la peste etnonacionalista de la crítica de derecha a la globalización. La polarización política debería cristalizarse de nuevo entre los viejos partidos en torno a oposiciones reales. ¿Los partidos que le prestan atención al populismo de derecha, en lugar de despreciarlo, no pueden esperar que la sociedad civil sea quien prohíba los eslóganes y la violencia de la derecha?

sexta-feira, 17 de março de 2017

Conmemorando los 50 años de la Reforma Agraria

Fernando de la Cuadra
ALAI

El próximo 16 de julio se conmemoran los 50 años de la promulgación de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permitió profundizar la Ley 15.020 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Como se sabe, en los hechos la llamada “Reforma del Macetero” solamente permitió expropiar unas pocas haciendas en manos de familias que obtuvieron un buen precio por las tierras cedidas al Estado. Con la nueva ley se crearon nuevas causales de expropiación que incluían aquellos predios mayores de 80 hectáreas de riego básicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurídicas de derecho público o privado salvo excepciones contempladas por la legislación (cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o mediería y que infringieran la legislación que regula los correspondientes contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del área en que el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.

En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de expropiación – llamado asentamiento – en el cual el Estado apoyaba a los campesinos que allí habían estado trabajando por un periodo no inferior a tres años. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema planificado de explotación en el cual se estudiara un plan de subdivisión de la tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada explotación, junto con la preparación y capacitación de los campesinos (a través de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestión del asentamiento. Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en forma de cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.

La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consiguió expropiar 3.4 millones de hectáreas correspondientes al 30% de las explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin embargo, la meta que se había planteado el gobierno de Frei Montalva en términos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustración generada por las promesas incumplidas, al final de la administración Demócrata Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el país, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo cual solo sería posible con del triunfo de la coalición denominada Unidad Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.

Con el triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la Reforma Agraria experimentó un ciclo de notable profundización. En respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como “revolución en libertad” y como respuesta a su propia decepción sobre la lentitud y burocracia del proceso, los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas – marxista y cristiana- tendría la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que el país requería urgentemente, en oposición a la derecha política y a los grupos más conservadores que deseaban mantener sus privilegios económicos y su poder político.

El triunfo de Allende en las elecciones de 1970 significó pensar dicho proceso no solamente como una política destinada a ampliar el mercado interno, a través de la incorporación de vastos sectores de la población que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales, fenómeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos y pequeños productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume en el país desde los tiempos de la colonia.

En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de Allende intensificó y amplió el proceso de expropiaciones con una velocidad tal que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de 1971 y junio de 1972 se habían expropiado 6.4 millones de hectáreas que correspondían al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta manera se concluyó en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar en 6 años de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada de una manera tan drástica y devastadora que el latifundio que había dominado por muchas décadas el Chile rural, prácticamente ya no existía en el país.

Entre las medidas tendientes a colectivizar la propiedad de la tierra, el gobierno popular se preocupó de desarrollar diferentes formas de organizaciones sociales en el mundo rural. Entre dichas organizaciones los Centros de Reforma Agraria (CERA) tomaron un nuevo impulso al asumir el gobierno. Los CERA eran formas asociativas generadas al interior de los asentamientos y su función principal consistía en proporcionar un apoyo organizado a las modalidades colectivas de pose y producción. Por su parte, las cooperativas campesinas también recibieron una fuerte sustentación desde el Estado ya fuera entre los sectores de pequeños propietarios y minifundistas tradicionales, ya fuera entre los asentados del sector reformado.

Si bien desde los tiempos de la Democracia Cristiana el proceso de Reforma Agraria logró suscitar enconadas polémicas a favor y en contra, fue durante el gobierno popular que dicha política provocó graves conflictos generando un clima de polarización acentuada entre los diversos actores políticos y sociales que la apoyaban o la rechazaban. El tema de la Reforma Agraria no dejaba a nadie indiferente e incluso entre los propios defensores del gobierno popular las disputas fueron cada vez más virulentas y frecuentes entre quienes querían construir un proyecto planificado y quienes deseaban acelerar aún más el poder popular de los sectores campesinos e indígenas.

Hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de izquierda que apoyaban al gobierno fueron prácticamente pulverizadas ya desde el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada representa un genocidio sin precedentes en la historia política chilena. El nivel de consciencia política y social y de claridad ideológica alcanzado por los sectores populares durante el gobierno popular fue duramente reprimido, aniquilando físicamente a los principales líderes de izquierda, tanto en la ciudad, como en las zonas rurales.

La tragedia chilena continuó durante muchos años suscitando innumerables debates sobre cuales habrían sido los caminos más adecuados para conquistar el socialismo en el país. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue muy ingenuo al confiar en los militares ganó mucho aliento. También fue predominante entre una parte de la izquierda la idea de que el gobierno tenía necesariamente que armar al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. Sin embargo, con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor destaque otras interpretaciones que insistieron en la importancia de haber construido un bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes en el país, utilizando para ello los instrumentos y las acciones que eran permitidas en el marco de una convivencia democrática.

Además, el proyecto de Allende y la vía chilena al socialismo era una experiencia inédita, no existía ninguna referencia o un modelo histórico que permitieran ver las huellas sobre los caminos a ser recorridos en el marco de una transición pacífica, institucional y democrática hacia el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le otorgaba a Allende ciertos grados de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, no obstante, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez más en evidencia, que tanto en la división interna de la coalición gobernante como en el rechazo violento de las fuerzas contrarias a tales cambios, el programa de la Unidad Popular y la reforma agraria en particular, comenzaron a sufrir serios tropiezos y contradicciones, lo cual finalmente significó que el Ejecutivo solo se dedicara a administrar una crisis que aumentaba cotidianamente.

Es que al final de cuentas nadie tenía certeza hasta donde la reforma agraria podría llegar y cuál era la verdadera meta a ser alcanzada dentro del programa de expropiaciones impulsado desde el gobierno central, el cual muchas veces fue cuestionado por las organizaciones campesinas y de izquierda. Los primeros concebían una reforma agraria con objetivos y aspiraciones limitadas, intentando moldear la realidad de una determinada manera. Pero, por otra parte, este era un campo de disputas ideológicas complejas, en que diversos actores se propusieron imponer sus respectivas visiones sin percibir que esto podría agudizar tremendamente los conflictos que desaguarían en un clima de enfrentamiento sin retorno.

Pensamos que el caso chileno ilustra de manera expresiva, la importancia que representa la construcción de una gran alianza nacional o “bloque histórico” que permita ir sustentando un proyecto de transformaciones substantivas para el conjunto de la sociedad y especialmente para los más desposeídos. En ese sentido, el programa socialista en democracia y libertad que Allende aspiraba instaurar en el país no era una utopía surgida de una mente voluntarista, sino que por el contrario, se apoyaba en una lectura lúcida y consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones republicanas para lograr impulsar con éxito el conjunto de las medidas incluidas en su programa de gobierno, especialmente, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, la construcción de un área de propiedad social y la estatización de la banca y del sistema financiero.

Lamentablemente el desenlace de la vía chilena y las relevantes disputas teóricas e ideológicas que se presentaron en su seno, fueron interrumpidas por el cruento Golpe de Estado de septiembre de 1973. No obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le entregó la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo que la hacían producir con su esfuerzo de “sol a sol”-, sino que les proporcionó sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les había negado desde tiempos remotos.

Por lo mismo, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios Urbano Territoriales del Maule (CEUT) de la Universidad Católica del Maule, decidió organizar un Seminario con la participación de diversos expertos, académicos y actores que participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgación de la Ley 16.640 el día 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histórica sobre las transformaciones que experimentó la agricultura chilena a partir de este periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construcción de aquello que somos actualmente como país. Ello no solo en el ámbito de la producción silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en términos de identidad nacional y de la voluntad para construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna.

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017

Cómo sobrevivir en la era Trump

Joseph Stiglitz
Project Syndicate

Uno de los principales desafíos durante esta nueva época abierta con Trump, será permanecer vigilantes y, siempre y cuando sea necesario, resistir.

En apenas un mes, y a un ritmo vertiginoso, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha logrado propagar caos e incertidumbre. No es de extrañar que tanto ciudadanos como líderes empresariales, así como la sociedad civil y el gobierno, realicen esfuerzos por responder apropiada y eficazmente.

Ningún punto de vista sobre el camino a seguir es necesariamente provisional, ya que Trump aún no ha propuesto legislación detallada, y el Congreso y los tribunales no han respondido plenamente a su chorrera de decretos. Sin embargo, el reconocimiento de la incertidumbre no es justificación para la negación.

Por el contrario, ahora está claro que lo que dice Trump y los tuits que escribe deben ser tomados en serio. Tras las elecciones del mes de noviembre, existía una esperanza casi universal sobre que él abandonaría el extremismo que caracterizó a su campaña electoral. Ciertamente, se pensaba, este maestro de la irrealidad iría a adoptar una forma de ser distinta a momento de asumir la maravillosa responsabilidad de lo que a menudo se llama el cargo más poderoso en el mundo.

Algo similar ocurre con cada nuevo presidente de Estados Unidos: independientemente de si votamos a favor del nuevo titular del cargo, proyectamos en él la imagen que nosotros tenemos en mente de lo que queremos que dicha persona sea. Pero, si bien la mayoría de los funcionarios electos aceptan ser todo lo que las personas quieren que sea, Trump no ha dejado entrever ninguna duda sobre que él tiene la intención de hacer lo que él dijo que haría: una prohibición de la inmigración musulmana, un muro en la frontera con México, una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la derogación de las reformas financieras Dodd-Frank del año 2010, y mucho más, incluso Trump hará lo que sus propios partidarios pensaron que no llegaría a hacer.

En algunas oportunidades, he criticado aspectos y políticas específicas del orden económico y de seguridad, mismo que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial sobre la base de las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y una red de otras instituciones y relaciones. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre los intentos por reformar estas instituciones y sus relaciones para que puedan servir mejor al mundo y una agenda que busca destruirlas de manera categórica.

Trump ve el mundo en términos de un juego de suma cero. En realidad, la globalización, si es bien administrada, es una fuerza de suma positiva: Estados Unidos gana si sus amigos y aliados – ya sea Australia, la Unión Europea o México – son más fuertes. Pero el enfoque de Trump amenaza con convertir a la globalización en un juego de suma negativa: Estados Unidos, también, perderá.

Ese enfoque quedó claro desde su discurso inaugural, en el cual su repetido conjuro «America First», con sus connotaciones históricamente fascistas, confirmó el compromiso que Trump tiene con sus estrategias más feas. Las administraciones anteriores siempre han tomado en serio su responsabilidad de promover los intereses de Estados Unidos. Pero, las políticas que perseguían, por lo general, se enmarcaban en términos de una comprensión ilustrada de lo que significa el interés nacional. Los estadounidenses, según ellos, se benefician de una economía mundial más próspera y una red de alianzas entre países comprometidos con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Si hay una luz de esperanza en el nubarrón Trump, es un nuevo sentido de solidaridad con respecto a los valores fundamentales, tales como la tolerancia y la igualdad, que ahora se sustentan por la toma de conciencia del fanatismo y misoginia – ya sean manifiestos o encubiertos – que encarnan Trump y su equipo. Y, dicha solidaridad se ha tornado mundial, y Trump y sus aliados enfrentan protestas y rechazo a lo largo y ancho del mundo democrático.

En Estados Unidos, La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que había previsto que Trump rápidamente pisotearía los derechos de las personas individuales, ha demostrado que está tan preparada como siempre para defender los principios constitucionales fundamentales, tales como el debido proceso, la igualdad de protección y la neutralidad oficial con respecto a la religión. Y, durante el mes pasado, los estadounidenses han apoyado a la ACLU con millones de dólares en donaciones.

Del mismo modo, a lo largo y ancho de EE.UU., los empleados y clientes de las empresas han expresado su preocupación respecto al apoyo que algunos directores ejecutivos y miembros de las juntas directivas brindan a Trump. De hecho, como grupo, los líderes e inversionistas corporativos estadounidenses se han convertido en los facilitadores de Trump. En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de este año en Davos, muchos ya empezaron a salivar al sólo pensar en las promesas de recortes de impuestos y desregulación, mientras afanadamente ignoraban el fanatismo de Trump – sin mencionarlo ni siquiera en una sola de las reuniones a las que asistí – así como ignorando también su proteccionismo.

La falta de coraje fue aún más preocupante: estaba claro que muchos de los que estaban preocupados por Trump tenían miedo de elevar sus voces, ya que podría ocurrir que ellos (y el precio de las acciones de sus empresas) se vayan a convertir en el blanco de un tuit. El miedo omnipresente es un sello característico de los regímenes autoritarios, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos por primera vez en mi vida adulta.

Como resultado, la importancia del Estado de derecho, que otrora fue un concepto abstracto para muchos estadounidenses, se ha convertido en algo muy concreto. Bajo el Estado de derecho, si el gobierno quiere evitar que las empresas contraten a terceros y subcontraten internacionalmente, tiene que promulgar leyes y adoptar regulaciones para crear los incentivos adecuados y desalentar el comportamiento que le es indeseable. El gobierno no intimida, ni amenaza a empresas en particular, ni tampoco retrata a los traumatizados refugiados como una amenaza a la seguridad.

Los principales medios de comunicación de Estados Unidos, como The New York Times y The Washington Post, se han negado, hasta ahora, a ver como normal el sacrificio de los valores estadounidenses que lleva a cabo Trump. No es normal que Estados Unidos tenga un presidente que rechace la independencia judicial; no es normal sustituir a los oficiales militares y de inteligencia del más alto rango e importancia, quienes se encuentran en el núcleo de la formulación de políticas de seguridad nacional, con un fanático acérrimo de los medios de comunicación que es de extrema derecha; y, no es normal que Trump en el momento que se encontró frente a la más reciente prueba de misiles balísticos de Corea del Norte, se dedique a promocionar los negocios de su hija.

Sin embargo, cuando nos vemos constantemente bombardeados por acontecimientos y decisiones completamente inaceptables y que se pasan de la raya, es fácil empezar a adormecerse y comenzar a ver más allá de los grandes abusos ya ocurridos, fijando la mirada en las aún más grandes parodias que vendrán. Uno de los principales desafíos durante esta nueva época será permanecer vigilantes y, siempre y cuando sea necesario, resistir.

domingo, 19 de fevereiro de 2017

El caso Odebrecht, un golpe brutal para la democracia en la región

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Lo que se ha observado en las últimas semanas con las ramificaciones de las redes de corrupción montadas por la contratista Odebrecht es de una magnitud inimaginable. Cuando comenzaron a conocerse el tenor de las “delaciones premiadas” de los 77 ejecutivos de esta mega empresa, muchos políticos importantes y funcionarios del alto escalón gubernamental de países latinoamericanos comenzaron a desfilar por las páginas de los diarios y en noticiarios de televisión. Nombres como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en Perú, Uribe en Colombia, el panameño Ricardo Martinelli y el ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fueron parte de la extensa lista de ex mandatarios acusados de haberse beneficiado con las propinas que efectuaba la empresa contratista para adjudicarse importantes proyectos de infraestructura regional.

Según informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó casi 800 millones de dólares en sobornos realizados en 10 países de la región. El nivel de corrupción fue tan alto, que llegó a ser institucionalizado. La Odebrecht tenía un Departamento con decenas de funcionarios dedicados exclusivamente a organizar el pago de las propinas para proyectos que eran licitados por los diversos gobiernos, con listas enormes de políticos profesionales y decisores de políticas públicas entre ellos.

Por lo mismo, nos encontramos ante una clara demostración de que los intereses de las empresas (no solo de Odebrecht) se mezclan con las expectativas de renta de poderosos grupos e individuos enquistados en las estructuras políticas y del aparato de Estado, consolidando la primacía de un régimen plutocrático que muestra un absoluto desprecio por las prácticas democráticas que deberían envolver al conjunto de los ciudadanos. El patrimonialismo que caracteriza la mezcla de los intereses privados con la actividad de servicio público está enriqueciendo crecientemente a una minoría social, como ha sido destacado por diversos informes realizados por organismos internacionales, como Oxfam o la propia CEPAL. No hay democracia que resista a una cada vez mayor desigualdad en la distribución de la renta a partir de las relaciones espurias que se establecen entre las empresas, el gobierno y la clase política.

Los efectos deletéreos que tiene para los países de la región que los principales proyectos de infraestructura y de política pública en general, se realicen a partir del pago de sobornos de quienes tienen que decidir sobre esas políticas tienen consecuencias todavía incalculables. Muchas de las concesiones efectuadas por los gobiernos se encuentran sobrefacturadas y quien paga la cuenta finalmente es la población que debe tributar para sustentar esas grandes obras sin ser consultada e informada. Todo es realizado en secreto o burlando los canales de transparencia y de prestación de cuentas. En ese contexto, es bastante difícil ejercer una política soberana sobre los modelos de sociedad y sobre el uso de los recursos naturales que les dan sustento a dichos modelos. En un proceso emblemático, el gobierno Temer ha iniciado la venta de recursos naturales a corporaciones transnacionales, comprometiendo la soberanía de Brasil sobre dichos recursos. Concretamente, en el campo de los hidrocarburos, Petrobras acaba de firmar un acuerdo con la petrolera francesa Total por un valor de 2,2 billones de dólares, que incluye la venta para explotación de los campos del pre-sal existentes en la Bahía de Santos. Dicho convenio es parte de una extensa lista de concesiones y ventas realizadas a favor de corporaciones multinacionales para la explotación de las reservas petrolíferas que se encuentran en el subsuelo territorial. La autorización de venta del pre-sal en Brasil es una demostración más -entre muchos otros casos representativos- de como los países abdican a la soberanía de su patrimonio en favor de las ventajas obtenidas por las grandes corporaciones transnacionales.

Mientras tanto, organismos regionales como Celac y Unasur no han realizado ninguna acción de importancia para evaluar las consecuencias que tienen los casos de corrupción que envuelven empresas, instituciones y dirigentes políticos de la región. Así como existen los entes reguladores y superintendencias a nivel cada país, estos organismos deberían establecer mecanismos para regular y vigilar permanentemente todos los proyectos que envuelvan licitaciones, velando por el estricto cumplimiento de cláusulas de transparencia, probidad e idoneidad en todos dichos emprendimientos. Esta es ciertamente una aspiración normativa que debe ser conciliada con las condiciones políticas y jurídicas que permitirían llevar adelante las reformas necesarias en esa dirección. De lo contrario, estos organismos seguirán siendo meras agencias de empleo de la burocracia regional.

De esta manera, la democracia se encuentra amenazada no solamente por la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas. Ella también se ve enfrentada por la emergencia de grupos nacionalistas y neofascistas que utilizando el argumento de la lucha contra la corrupción, han erigido proyecto ultraconservadores que se alimentan con la crisis política y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democráticas. Estas figuras mesiánicas que se arrogan el papel de salvadores de la patria buscan finalmente destruir la dimensión política y el pluralismo existente en la sociedad. Estimulados por el triunfo de Donald Trump y la ascensión de Marine le Pen en Francia, Nigel Farage en el Reino Unido o Frauke Petry en Alemania, los oportunistas de la reacción buscan captar el voto de los descontentos con su discurso nacionalista, misógino, homofóbico y xenofóbico.

América Latina se enfrenta a un peligroso viraje hacia la extrema derecha y, en consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para que los avances conquistados en la última década no sean destruidos por la ascensión de la plutocracia y la intolerancia.

sábado, 18 de fevereiro de 2017

Trump é assessorado por ignorantes para se fortalecer

Paul Krugman
Folha de São Paulo

Quando viajo à Ásia, muitas vezes sou recebido no aeroporto por alguém carregando um cartaz que diz "Mr. Paul". Por quê? Em boa parte da Ásia, é costume grafar o sobrenome primeiro. Em seu país, o primeiro-ministro japonês é chamado de Abe Shinzo. E o engano é completamente perdoável quanto é cometido por um motorista de táxi que está no aeroporto para apanhar um professor universitário.

Não é tão perdoável, no entanto, que o presidente dos Estados Unidos cometa o mesmo erro ao receber o líder de um dos nossos mais importantes parceiros econômicos e no campo da segurança. Mas lá estava Donald Trump, se referindo a Abe como, sim, primeiro-ministro Shinzo. Até onde sabemos, Abe não respondeu chamando seu anfitrião de presidente Donald.

Trivial? Bem, poderia ser, se o caso tivesse sido uma exceção. Mas não é. O que vimos nas últimas três semanas, em lugar disso, foi uma exibição espantosa de ignorância bruta, em todas as frentes. Pior, não existe qualquer indicação de que a Casa Branca ou seus aliados no Congresso vejam a questão como problema. Eles parecem acreditar que conhecimentos especializados, ou mesmo informações básicas sobre um dado assunto, são coisa de fracotes. Ignorância é força.

É algo que vemos quanto às questões judiciais. Em uma análise que circulou amplamente, Benjamin Wittes descreveu a infame ordem executiva sobre a imigração como "malevolência temporada por incompetência", e apontou que a ordem "não parece ter passado por qualquer revisão conduzida por um advogado competente" —o que é um bom caminho para derrotas nos tribunais.

É algo que vemos nas questões de segurança nacional, quanto às quais o presidente continua a confiar em um assessor chefe que, mesmo desconsiderada sua proximidade suspeita com o Kremlin, parece obter suas informações de direitistas adeptos de teorias de conspiração.

É algo que vemos na educação, onde as audiências de confirmação de Betsy DeVos como secretária da Educação revelaram sua mais completa ignorância sobre até mesmo as questões mais básicas.

É algo que vemos na diplomacia. Qual é a dificuldade de pedir a ajuda do Departamento de Estado para garantir que a Casa Branca acerte os nomes dos líderes estrangeiros? Aparentemente isso é difícil demais: antes da mancada quanto a Abe, a agenda oficial da visita de Estado da primeira-ministra britânica Theresa May continha repetidos erros na grafia de seu nome.

E quanto à economia —bem, ninguém em casa nessa área. O Conselho de Assessores Econômicos, que deveria oferecer consultoria técnica, já não tem posição no gabinete, mas isso pouco importa, porque seus integrantes ainda não foram nomeados. Lembra-se de toda aquela conversa sobre um plano de US$ 1 trilhão de investimento em infraestrutura? Se você se lembra, por favor contate a Casa Branca para relembrá-los, porque até agora não há nem sombra de uma proposta concreta.

Mas não quero ser crítico demais com relação ao twitteiro em chefe: o desdém pelos conhecimentos especializados é muito comum também em seu partido. Por exemplo, os mais influentes economistas republicanos não são acadêmicos sérios mas de inclinação conservadora —e há muitos profissionais que merecem essa descrição. Não: são charlatões conhecidos que literalmente não conseguem acertar um número que seja.

Ou considere o atual pânico do Partido Republicano quanto à área da saúde. Muita gente no partido parece chocada por descobrir que revogar qualquer parte da reforma da saúde de Barack Obama deixará dezenas de milhões de cidadãos desprovidas de planos de saúde. Qualquer pessoa que tenha estudado o assunto poderia lhes ter informado anos atrás como os componentes da reforma da saúde funcionam juntos, e por que o fazem. Na verdade, muitos de nós o fizemos, repetidamente. Mas análises competentes são tratadas como indesejáveis.

E é esse o ponto, claro. Advogados competentes decerto o informarão de que sua proibição aos muçulmanos é inconstitucional; cientistas competentes apontarão que a mudança no clima é real; economistas competentes exporão que cortes de impostos precisam ser compensados em outras frentes; especialistas eleitorais competentes afirmarão que não houve milhões de votos ilegais na eleição; diplomatas competentes dirão que o acordo com o Irã faz sentido, e que Putin não é seu amigo. Por isso, a competência precisa ser excluída.

A essa altura, alguém certamente vai questionar: "Se eles são assim tão burros, como venceram?" Parte da resposta é que o desdém pelos especialistas —desculpe: pelos "assim chamados" especialistas— ecoa junto a uma parte importante do eleitorado. A intolerância não era a única força sombria em ação na eleição: o anti-intelectualismo, a hostilidade para com "elites" que afirmam que opiniões devem se basear em estudo e consideração cuidadosa, também esteve presente.

Além disso, fazer campanha e governar são coisas muito diferentes. Isso é especialmente verdadeiro quando a mídia noticiosa passa muito mais tempo se preocupando com os pseudoescândalos de seu rival do que com as questões substantivas de política pública. Mas agora estamos vivendo a realidade, e todas as indicações são de que as pessoas que estão no controle não fazem ideia do que estão fazendo, em qualquer frente.

De algumas maneiras, essa falta completa de senso pode ser boa: a incompetência pode de fato temperar a malevolência. Não se trata apenas da derrota judicial quanto à imigração. A ignorância republicana transformou o que deveria ser uma blitzkrieg contra o Obamacare em um atoleiro, o que beneficia milhões de pessoas. E a implosão nos índices de aprovação a Trump pode ajudar a desacelerar a marcha rumo à autocracia. Mas enquanto isso, quem está no comando? Crises acontecem, e temos um vácuo intelectual no topo de nosso governo. Tenha medo, tenha muito medo.

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017

Nicaragua: Los jueces de Caifás

Sergio Ramírez

Apenas he sabido este domingo que Ernesto Cardenal ha sido notificado por medio de una cédula judicial que debe pagar 800 mil dólares en un proceso que le inventaron hace tiempo, cruzo la calle para irlo a ver. Somos vecinos hace tiempo.

Esta casa es el único bien que Ernesto posee sobre la tierra, y nunca ha querido más. Cuando los jueces la subasten, no servirá de mucho para abonar esa deuda de inquina y odio que le cobran. No servirá que sepan que por su puerta entraron un día Günther Grass, Graham Greene, García Márquez, Julio Cortázar, Harold Pinter.

Es la misma casa donde ha vivido por casi cuarenta años, desde el triunfo de la revolución, y desde hace tiempos necesita una mano de pintura. Adentro lo que hay es penumbra, las mismas mecedoras de mimbre en la sala, y en las paredes las fotos desleídas de los muchachos de Solentiname, hijos espirituales suyos, que cayeron en combate o fueron asesinados en las cárceles de Somoza. Y unas cuantas esculturas, cactus, garzas, peces, armadillos, en las que sigue trabajando a sus 92 años, y que son su principal fuente de ingreso.

Entro a su dormitorio conventual. Un catre de monje, otra mecedora, un estante de libros. Por la ventana se mira el verdor del patio. Lo encuentro sentado en el borde de la cama, donde hace sus meditaciones, la primera de ellas a las cuatro de la madrugada. Ha sido fiel con lo que cree, y la pobreza lo acompaña.

Cuando vengan los jueces de Caifás con sus tasadores oficiales a levantar inventario de lo que hay en esta casa para confiscarlo todo, encontraran muy poco. Los mismos viejos muebles, sus libros en los estantes, esos sí, muchos, pero que seguramente no servirán a la voracidad de quienes quieren despojarlo por venganza. Tirria, decimos en Nicaragua. Le tienen tirria por ser tan grande y por hablar tan alto, por no callarse nunca.

Recuerdo a los jueces de Caifás, porque recuerdo su poema de Gethsemani, Ky:

Es la hora en que brillan las luces de los burdeles
y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente.
Las luces del palacio de Somoza están prendidas.
Es la hora en que se reúnen los Consejos de Guerra…

Al poeta más grande de Nicaragua le han notificado la sentencia condenatoria, urdida a medianoche, por medio de cédula judicial, como a alguien que no tiene domicilio conocido. El juez que lo ha condenado va a ordenar que lo saquen de esta casa para entregarla al demandante inventado por el poder que quiere humillarlo. Ninguna otra cosa puede esperarse. La pretensión es dejarlo en la calle.

No hay más, poeta, le digo, son unos pocos pasos, se viene para mi casa con sus cuatro bártulos, y sus libros, si es que no le secuestran sus libros. Tulita mi mujer estará feliz de recibirlo. Imagínese lo bien que la vamos a pasar, conversando.

Eso sí, agrego, prepárese para una gran disputa, porque serán miles en Nicaragua los que querrán llevárselo a vivir con ellos también, un honor así no pasa tan fácilmente desapercibido, como no pasa desapercibida esta injusticia colosal a la que lo someten los jueces de Caifás.