La guerra social

Sergio Grez
The Clinic

La idea de “guerra social” nos remite a un conflicto particularmente agudo entre componentes antagónicos de una sociedad, enemigos que se perciben como irreconciliables y que buscan su eliminación completa, no solo política o económica sino también física. El más acendrado odio clasista, racial o religioso es su principal motor. Se trata de enfrentamientos no temperados por mediaciones ideológicas, culturales o políticas como las que intervienen en tiempos “normales”, cuando la hegemonía de unos, o el sistema político, o un consenso social mínimo canalizan el conflicto por cauces que impiden la destrucción mutua de los bandos en lucha.

Características de “guerras sociales” tuvieron los levantamientos de esclavos desde la Antigüedad hasta el siglo XIX y de los campesinos contra sus señores en la Europa de la Edad Media, de los Tiempos Modernos y de comienzos de la Época Contemporánea. La ejecución de los amos acompañó invariablemente estas sublevaciones La quema de castillos y de “cartas” en la que estaban inscritos los derechos feudales que condenaban a los siervos a la más oprobiosa miseria y dominación fue uno de los elementos que minó y terminó por derribar a la sociedad feudal. La “guerra a los castillos” de los campesinos hambrientos y harapientos perturbó durante siglos el sueño de los nobles que, cada vez que se presentó la ocasión, respondieron a la “guerra social” de los pobres con la “guerra social” de los poderosos: los tormentos de todo tipo, la horca, la hoguera, las excomuniones, la acción de curas e inquisidores y la política de tierra arrasada fueron las armas de los dominadores. La “guerra social” de los de arriba fue la respuesta a la “guerra social” de los de abajo.

También tuvieron aspectos de “guerra social” (de razas y de castas) las acciones punitivas de una crueldad extrema de los conquistadores blancos en América, Asia y África, desde los Tiempos Modernos hasta el siglo XX, y los levantamientos de indígenas, negros, amarillos, mestizos y demás mezclas de estos continentes contra sus dominadores. La lista de ejemplos es larguísima. Entre los más conocidos en América podemos citar la insurrección en el siglo XVIII de Tupac Amaru y la feroz reacción represiva en su contra de los representantes del Rey de España en el Virreynato del Perú. Tan o más despiadados como estos fueron los episodios de “depuración étnica” y guerra de castas que acompañaron la rebelión de esclavos negros en Haití a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Allí se enfrentaron esclavos negros contra esclavistas blancos, pero también negros contra mestizos. Intervinieron franceses, españoles e ingleses que concluyeron alianzas momentáneas con los negros o con los mestizos. Estas luchas desembocaron en la formación de la primera república independiente en América Latina. El líder negro Jean-Jacques Dessalines proclamó en 1804 la Independencia de Haití y ordenó la muerte de todos los blancos con la sola excepción de religiosos y médicos, prohibiéndoles que tuvieran propiedades. Los oficiales franceses respondieron ordenando la caza de todos los niños negros de ambos sexos menores de catorce años para ser vendidos como esclavos, Dessalines (que se había hecho proclamar Emperador), replicó arrasando buena parte del sector oriental de la isla (actual Santo Domingo), pero no logró doblegar por completo a los franceses.

Pocos años más tarde la “guerra social” acompañó el nacimiento de varias repúblicas hispanoamericanas. Uno de los casos más crudos fue el de Venezuela. La dirección de la lucha independentista por la aristocracia (la clase mantuana) empujaba a los negros, mulatos, pardos, quinterones, zambos, e incluso a los blancos pobres, a oponerse a los patricios patriotas percibidas como sus principales enemigos. Por ello las masas venezolanas marcharon detrás del capitán de fragata Domingo Monteverde, un canario que desembarcó en 1812 en Corio para defender los derechos del rey de España. Muy pronto sus doscientos treinta hombres (entre españoles y corianos) fueron miles (la inmensa mayoría venezolanos). A nombre del monarca, Monteverde autorizó el saqueo de los mantuanos. Los soldados patriotas se pasaron por centenares a las filas realistas. La guerra adquirió un marcado carácter social: las masas populares saquearon, violaron y destruyeron. Luego de la derrota de Monteverde en 1813, otro español, José Tomás Boves, decretó en los llanos la “guerra a muerte” contra los patriotas. Los llaneros de todos los colores se sumaron en masa a las tropas de este oficial realista e hicieron la “guerra social”. A las matanzas de españoles, canarios y venezolanos sospechosos de ser realistas cometidas por las “Tropas de exterminio” de Bolívar, respondieron las matanzas de mantuanos sin distinción de partidos cometidas por los llaneros de Boves. A pesar de que este caudillo no respetaba ni las iglesias ni su propia palabra, el éxito lo acompañó hasta su muerte en la batalla de Urica (5 de diciembre de 1814), ocasión en que sus tropas derrotaron a los patriotas, provocando el colapso de la Segunda República venezolana. Aunque Bolívar –como todos los representantes de la clase mantuana- era reacio a reconocer el origen racial y social de la guerra que lo expulsó de su país en 1814, terminó hablando de una “guerra de colores”, es decir, de razas. Su cambio de percepción fue acertado. Luego del desembarco de Morillo -un alto oficial español que hacía la guerra en términos más clásicos y no conocía la realidad venezolana-, los llaneros de Boves buscaron entre los jefes de los ejércitos patriotas a aquellos que pudieran garantizarles impunidad por sus acciones pasadas y concederles tierras, rangos militares o pensiones.

Un cierto parecido con lo ocurrido en Venezuela, aunque menos intensamente, se observó en las guerras de Independencia en Chile, especialmente después de la derrota realista de Maipú (1818). El chileno Vicente Benavides acaudilló a los partidarios del rey de España en el sur y desarrolló la “guerra a muerte” contra los patriotas. También se sumaron a la resistencia realista varias montoneras autónomas, la banda guerrillera de los hermanos Pincheira y algunas tribus mapuches. Ambos bandos cometieron todo tipo de atropellos y exacciones. Las autoridades patriotas reconocieron la “guerra de vandalaje”, incentivando la violencia sin cuartel. Miles de campesinos chilenos se unieron a las fuerzas del monarca por odio a sus patrones criollos y para escapar a las levas forzosas de los ejércitos de “la Patria”. La guerra campesina realista adquirió, como en tantas otras oportunidades un carácter “social”. Ni el fusilamiento de Benavides en 1822 pudo asegurar la paz en el sur del país. Los Pincheira (bandidos tradicionales que asumieron la defensa del rey y lograron concitar gran apoyo popular) ampliaron enormemente hacia el norte su radio inicial de acción, la zona de Chillán y San Carlos. En 1822 saquearon Parral, en 1823 Linares, en 1825 pasaron a la Pampa argentina. En 1827, atacaron Curicó, Longaví, Cumpeo y la zona de Antuco. De vuelta en Argentina, incursionaron en las zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El 10 de julio de 1829 los Pincheira llegaron a las puertas de Mendoza. Al año siguiente alcanzaron las orillas del Maipo, en San José. El gobierno de Chile recurrió a todos los medios para derrotarlos: cerró ciudades, fortificó los pasos cordilleranos, hizo la guerra a los indígenas que los ayudaban y se buscó la alianza con sus enemigos. Solo en 1832, recurriendo a la traición, el general Manuel Bulnes logró vencerlos y tomar la cueva donde funcionaba el cuartel general del último de ellos, José Antonio Pincheira.

La “guerra social” de los campesinos chilenos fue derrotada por las fuerzas del Estado republicano, pero renació en las guerra civiles de 1851 y 1859, siendo adoptada también por otros grupos populares, como los mineros del Norte Chico, que sumándose a los insurrectos liberales aprovecharon la oportunidad para levantarse utilizando los métodos de la “guerra social”: saqueos, depredaciones y castigos a los propietarios sin distinción de bandos políticos.

En estos conflictos y en muchos otros ocurridos durante la Época Contemporánea se pueden apreciar de manera muy decantada los rasgos de toda “guerra social”: violencia extrema sobre el enemigo de clase, de raza o de religión, pero por sobre todo, violencia ejercida directamente por la masa, con un alto grado de autonomía e iniciativa propia, a veces en consenso con ciertas instituciones (partidos, movimientos, organismos estatales, jerarquías militares, civiles o eclesiásticas), pero muy frecuentemente desbordándolas.

Las ejecuciones masivas de prisioneros y la persecución despiadada de los trabajadores parisinos vencidos por las tropas de la burguesía republicana en las jornadas de junio de 1848 y los fusilamientos en masa de “comuneros” en las calles y en el cementerio Père Lachaise de la “ciudad luz” en mayo de 1871, tuvieron el sello de la “guerra social” de los ricos contra los pobres. Los “pogroms” anti judíos en el imperio ruso zarista, el genocidio armenio cometido por los turcos durante la Primera Guerra Mundial, la “solución final” implementada por el nazismo en contra de los judíos, gitanos, ciertos pueblos eslavos y otros grupos considerados como “inferiores” o “subhumanos” durante la Segunda Guerra Mundial, fueron episodios de una “guerra social” de tipo racial. Ciertos pasajes de la guerra civil rusa (combinada con intervención extranjera) después del triunfo de la Revolución de octubre, y la guerra anti campesina (“colectivización forzosa de la agricultura”) decretada por Stalin a fines de la década de 1920 en la Unión Soviética, fueron más bien de tipo clasista. Simplificando, podemos decir que en la primera se enfrentaron con saña los trabajadores revolucionarios con las fuerzas de las antiguas clases dirigentes, aristócratas y burguesas, y en la segunda la nueva clase dominante, la burocracia o nomenklatura soviética, arregló cuentas con el campesinado para someterlo definitivamente al despotismo del Estado burocrático “socialista”.

También tuvieron características de “guerra social” de clases las matanzas de cerca de medio millón de comunistas y militantes populares perpetradas en 1965 en Indonesia por los militares con la colaboración activa de numerosos civiles (musulmanes y católicos), lo que prueba que su carácter fue de tipo político y social (no racial ni religioso). El exterminio indonesio se convirtió desde entonces en el símbolo de la “guerra social” de las clases pudientes contra los sueños igualitarios de los desposeídos. “Yakarta viene”, era el siniestro presagio que los golpistas chilenos escribían en los muros de las ciudades durante los mil días de la Unidad Popular, anunciando su “guerra social” anti popular, la “guerra de los momios” de la primavera de 1973.

El genocidio de cerca de dos millones de personas (por ejecuciones y por hambrunas) provocado por el régimen de los “Jemeres rojos” en Camboya entre 1975 y 1979 aunque tuvo algunos rasgos de una “guerra social” clasista (los intelectuales y los habitantes de las ciudades eran considerados automáticamente como enemigos que debían ser exterminados), escapa a nuestra capacidad de clasificación. Tal vez la siquiatría pueda ayudar a encontrar elementos de respuesta. Conformémonos por ahora con anotar que el 25% de la población de ese país pereció como fruto de la locura ideológica de quienes pretendían hacer tabla rasa del pasado para construir una sociedad totalmente nueva.

Las “limpiezas étnicas” que provocaron la Nakba palestina luego de la creación del Estado de Israel en 1948, las operaciones de similar naturaleza implementadas en algunos territorios que habían conformado el disuelto Estado de Yugoslavia en la década de 1990, y las matanzas mutuas de hutus y tutsis en Ruanda y Burundi en las décadas de 1970 y 1990, fueron guerras esencialmente étnicas o raciales. En 1972 los tutsis asesinaron 350.000 hutus en Burundi y esto exacerbó el sentimiento anti-tutsi de la mayoría hutu de la vecina Ruanda. En los años 90 vendría la terrible revancha. En 1994 más de 800.000 tutsis fueron masacrados en este último país. El 75% de los tutsis de Ruanda sucumbió en estas matanzas. Este genocidio fue muy complejo ya que fue planificado por la mayoría de los hutus para eliminar por completo tanto a los tutsis como a los hutus moderados u opositores al gobierno. Pero también miles de hutus fueron aniquilados por los tutsis del Frente Patriótico Revolucionario. El genocidio fue simultáneamente étnico y político. La “guerra social” ruandesa superó todos los records de brutalidad e inhumanidad en un continente en que los actos de este tipo han sido abundantes desde la irrupción del colonialismo europeo. Cabe recalcar que miles de personas de ambas etnias (militares y civiles) participaron en las masacres como ejecutores o cómplices, lo que equivale a decir que el genocidio tuvo un carácter “popular”.

Abreviando nuestro recorrido, no podemos sino llamar la atención contra el uso indiscriminado de este concepto. La “guerra social” es mucho más feroz que la expresión “orgánica” de la lucha de clases o del antagonismo étnico o religioso. Mucho más que unos cuantos bombazos contra objetivos simbólicos o su proclamación en panfletos, periódicos, grafittis callejeros o mensajes en el ciberespacio. La “guerra social” estalla solo cuando las condiciones objetivas y subjetivas convierten a la sociedad en un polvorín que ninguno de los actores en pugna es capaz de controlar. Ni siquiera en su propio y racional beneficio.

Arrate. Marca la diferencia

Decálogo de la anomia argentina

Eduardo Fidanza
La Nación

Entre nosotros se ha abusado de la palabra anomia -un término acuñado por la sociología clásica- hasta convertirla en un tópico. Anomia significa ausencia de normas para regular la vida social. Sin duda su popularización -las palabras no son neutrales- es un síntoma de nuestra sociedad, que con sus comportamientos nos obliga a recaer una y otra vez en ella.

Sobre la anomia argentina escribió páginas ya clásicas Carlos Nino, cuyo concepto de "anomia boba" designa un tipo de inobservancia de la ley que no favorece a nadie y genera altos niveles de ineficiencia. La anomia que me interesa destacar, no obstante, es la que se produce por una falla estructural de la clase dirigente. Se manifiesta como un fracaso en el ejercicio de la autoridad y afecta las percepciones y los comportamientos. Se trata de una patología que se contagia del poder y se transmite a los grupos sociales. Su víctima es la gente común. Los victimarios, aquellos que ocupan posiciones de poder. La anomia boba perjudica a todos, la anomia a la que me refiero somete a la sociedad en beneficio de sus elites.

Mi descripción de la anomia argentina consta de diez rasgos o factores. El primero, y acaso el más grave, lo definió Tulio Halperín Donghi, uno de nuestros mejores historiadores, cuando concluyó: "Si hay un rasgo que caracteriza la vida política argentina es la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que en ella se enfrentan, agravada porque éstas no coinciden ni aun en los criterios aplicables para reconocer esa legitimidad".

Denegar legitimidad significa descalificar por completo al que piensa distinto. Y suponer que si prevaleciera, sólo atendería a sus intereses y dañaría al conjunto. No caben aquí la contraposición de ideas ni el intento de establecer acuerdos mínimos. La razón es un trágico leitmotiv de la cultura política argentina: cada uno percibe al que piensa distinto como un enemigo, no como un adversario.

El segundo factor, que es consecuencia del anterior, lo llamaré demarcación de territorios. Las elites argentinas, como los animales domésticos, fijan obsesivamente los límites de sus espacios de acción y pretenden reinar allí sin intromisiones ni límites. Amos de sus cotos, los líderes sectoriales construyen una leyenda edificante destinada a encubrir sus intereses. Lo que, hasta cierto punto, podría considerarse un efecto normal de la división del trabajo adquiere en la Argentina un carácter sofocante: la demarcación de territorios anula cualquier espacio compartido. Nuestras elites pretenden apropiarse de toda la renta, simbólica o material, sin contribuir al patrimonio común.

El tercer rasgo es el desacople entre poder y autoridad. Como nadie le reconoce legitimidad al otro, en la Argentina cada sector se dedica a ejercer el poder. El poder sin legitimidad se reduce a la pura fuerza. Hay que ser prepotente, avanzar, apretar, atropellar, ocupar espacios, depredar. La barra brava, el piquete y la patota simbolizan esas conductas, pero no hay que engañarse: existen en las canchas de fútbol y en las calles como en los salones y despachos más influyentes. Con cuidados argumentos o con palos, los argentinos buscan imponerse unos a otros por la fuerza. Pocas veces prevalecen la moderación y la autoridad.

El cuarto factor es la falta de consenso respecto del perfil institucional del país. La clase dirigente argentina no se pone de acuerdo acerca de qué tipo de instituciones habrán de regir la sociedad. Aquí se manifiesta la ausencia de criterios de la que hablaba Halperín. Desde hace 25 años acatamos formalmente la democracia, pero no deja de corroernos la disputa acerca de cuáles deberán ser sus características y acentos. Esa divergencia, que involucra aspectos económicos y políticos, puede rastrearse ya en los siglos XIX y XX, cuando unos plantearon la contradicción entre civilización y barbarie, y otros, entre pueblo y oligarquía.

El quinto rasgo es la utilización del Estado para fines partidarios. Este fenómeno, que es una tentación irresistible en cualquier sistema político, alcanzó en la Argentina niveles intolerables. Implica, como tantas veces se ha repetido, una confusión entre Estado, gobierno y partido. Llegar al gobierno supone apropiarse del Estado y usarlo como instrumento arbitrario de acumulación de poder. Esta malversación de la función estatal, convertida en costumbre y fuera de todo control, tiene efectos devastadores para la cultura pública. Tratemos de convencer a un votante común de que los políticos que debe elegir cumplirán su papel atendiendo al interés general y no al de su propio sector. Nadie nos va a creer.

El sexto rasgo deriva del anterior. Es la deserción del Estado de sus funciones básicas. Hace 20 años que nuestra clase dirigente discute si el Estado debe intervenir activamente en la economía o debe limitarse a garantizar servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Pues bien: tuvimos una década para cada posición; al cabo, el Estado sigue demostrando ser un pésimo administrador de empresas y un ente fracasado para asegurar los bienes públicos.

La gente sufre cada día la ausencia del Estado. Se siente desprotegida. Intentemos convencerla de que no se repliegue, de que no se enfurezca, de que no se deprima, de que no se asuste o de que no recurra a medios ilegales para alcanzar sus objetivos. Será inútil: dirán, como se dice en la calle, "no nos queda otra".

La séptima característica es la fragmentación y pérdida de identidad de las fuerzas políticas. La decadencia de los partidos, el uso arbitrario del poder estatal, las máscaras del peronismo, los problemas del radicalismo para gobernar, la inexistencia de una derecha y una izquierda presentables, entre otros infortunios, produjeron a la vez la atomización y la disolución de las identidades políticas.

Como escribió Carlos Pagni hace unos días en este diario, la política argentina se organiza hoy en torno a ejes temáticos de coyuntura, no según la pertenencia a organizaciones con programas y proyectos. Esto es fuente de una enorme confusión. Y un campo propicio para manipular las voluntades. La gente no entiende este desbarajuste ni quiere hacer el esfuerzo para comprender, porque ya no le importa.

El octavo factor es el autismo. Las elites argentinas, enfrascadas en sus luchas facciosas, perdieron la noción de que viven en una región del mundo que, aun con sus graves problemas, considera una pérdida de tiempo (si no una imbecilidad) vivir dilapidando oportunidades, debatiendo temas del pasado, practicando la desunión y dando la espalda a la realidad internacional. El resultado es deplorable: nuestros vecinos progresan y maduran, respetan y apoyan a sus presidentes, preservan consensos básicos, ganan prestigio. Nosotros ya no somos un socio confiable para ellos. Participamos del protocolo, pero cada vez menos de la confianza y los negocios. La anomia política es una extravagancia que el mundo no está en condiciones de tolerar.

La novena característica es la desigualdad. Es cierto que trata de un problema mundial de difícil solución, pero la Argentina es el país de la región que se volvió más desigual en menos tiempo. Conserva aún altos índices relativos de desarrollo humano, aunque pierde terreno con rapidez. Y muestra un aumento notable de la mortalidad infantil y de otros indicadores similares. Cuando las elites se desentienden de la desigualdad o se acuerdan de ella en ocasiones, se generan resentimiento, frustración y violencia. Las clases sociales se separan por muros invisibles pero infranqueables. Cada grupo con sus códigos, sus recelos y sus estrategias. De un lado, los que pueden darse una vida entre digna y ostentosa; del otro, los que no poseen nada y no tienen perspectivas de mejorar. Es una caldera de odio.

Las invocaciones al rol del Estado y de la iniciativa privada, la retórica populista, las pulcras recetas liberales se proclaman en las plazas y en los simposios, pero, como se dice en el lenguaje común, "no pasa nada". Los argentinos siguen muriéndose cada día de pobreza o de violencia.

El último rasgo es un signo de los gobiernos irresponsables. Lo denomino la excitación de las apetencias individuales. ¿Qué quiere decir? Significa, dicho rápido y con sencillez, que, cuando la economía marcha bien, se reparte o se promete repartir sin prever los malos tiempos. Se induce a creer que no hay límites. Que siempre se vivirá en la abundancia. Cuando ésta cesa, cada sector se cree con el derecho de seguir reclamando la cuota prometida. La irresponsabilidad consiste en ocultar que las necesidades se atienden según los recursos disponibles y que éstos son por naturaleza fluctuantes. Los buenos gobiernos dependieron siempre de las ecuaciones, no de la demagogia.

La sociedad argentina vive momentos de crispación. La gente está harta de sus dirigentes. Hay esfuerzos sensatos para cambiar el rumbo, pero no alcanzan. Se impone la intolerancia. Parece que camináramos, para usar la expresión del poeta César Vallejo, por el "borde célebre de la violencia". Es una sensación desagradable, amenazadora. Emile Durkheim, el sociólogo que describió la anomia, pensaba que la desorganización social abre la puerta a todas las aventuras. Yo agregaría: cuando las democracias se desorganizan, suelen engendrar aventuras totalitarias. Acaso no esté de más recordarlo en estos días de furia.

Italia: Blanca Navidad sin inmigrantes

Sandro de Riccardis
Repubblica

En Coccaglio la caza de los sin papeles se hace en nombre de la Navidad. El ayuntamiento de derechas (alcalde y tres concejales de la Liga, otros tres del Pdl) ha puesto en marcha en este pequeño municipio de Brescia la operación White Christmas, como el título de la canción de Bing Crosby, para limpiar la ciudad de «extracomunitarios».

Se ha escogido este nombre porque la operación terminará el 25 de diciembre. Y también, explica el concejal de Seguridad Claudio Abiendi, de la Lega, que ha ideado la operación, porque «para mí la Navidad no es la fiesta de la acogida, sino de la tradición cristiana, de nuestra identidad». De modo que hasta el 25 de diciembre en Coccaglio, con poco menos de 7.000 vecinos de los que 1.500 son extranjeros, los guardias van casa por casa a llamar al timbre de unos 400 «extracomuntarios». Son los que tienen el permiso de residencia caducado hace seis meses y deben haber iniciado los trámites para la renovación. «Si no demuestran que lo han hecho» dice el alcalde Franco Claretti «su residencia será revocada de oficio».

La idea de la operación que toma el nombre de la Navidad surgió a raíz de que se aprobara el decreto sobre seguridad que da más poderes al alcalde. Este ha pedido a sus funcionarios que comprueben los datos de los extranjeros empadronados. En este pueblo, en diez años, los «extracomunitarios» han pasado de 177 en 1998 a 1.562 en 2008, más de la quinta parte de la población. Los más numerosos son los marroquíes, los albaneses y los ciudadanos de la antigua Yugoslavia. «No tenemos criminalidad» quiere puntualizar Claretti, «sólo queremos empezar a hacer limpieza».

Hasta junio, y durante 36 años, en Coccaglio ha gobernado la izquierda. «No es más que propaganda» dice el ex alcalde Luigi Lotta, de centroizquierda. «Yo dejé un pueblo unido, sin problemas de integración. El único suceso sangriento de los últimos años, una pelea entre kosovares que ni siquiera vivían aquí, se ha producido con la nueva administración».

La idea de relacionar la caza de indocumentados con la Navidad ha provocado las protestas de muchos ciudadanos. «Soy creyente, estudié en los salesianos. ¿Dónde estaba esa gente el domingo pasado? Yo estaba en Brescia, escuchado al papa» replica Abiendi, que declara ser «uno de los fundadores de la Liga Norte, en 1992». Luego enumera los resultados de la operación «Blanca Navidad»: «Desde el 25 de octubre hemos hecho 150 inspecciones. Los indocumentados son cerca del 50 % de los interpelados». Los alcaldes de la Lega de los municipios vecinos ven con interés el modelo de Coccaglio, y dos de ellos (el de Castelcovati y el de Castrezzato) ya lo han copiado. El pasado 24 de octubre, en la primera convención de alcaldes de la Lega celebrada en Milán, la White Christmas obtuvo el respaldo decidido del estado mayor del partido. «El ministro [del Interior] Maroni es un hombre práctico» dice Claretti, «nos ha dado consejos para tomar las medidas evitando los consabidos recursos judiciales». Sobre la referencia a la Navidad, el alcalde acepta las críticas. «Quizá no ha sido muy afortunada. Pero la operación termina precisamente ese día».

Corrupção é maior em países sob conflito

Sarah Germano

Opera Mundi

Países em conflito aparecem como os mais corruptos do mundo, segundo dados do Índice de Percepção de Corrupção, da ONG Transparência Internacional, divulgado hoje em Berlim. Somália, Afeganistão, Birmânia, Sudão e Iraque ocupam os primeiros lugares do ranking. De acordo com o relatório, o Brasil teria subido cinco posições, figurando agora no 75º lugar entre os 180 países analisados.

Segundo o relatório, os países sob conflitos recentes ou com regimes autoritários são os que mais sofrem com a corrupção, enquanto os que têm uma longa tradição de estabilidade política e democracia não precisam tanto lidar com o problema. "Quando instituições essenciais são fracas ou inexistentes, a corrupção sai do controle e a espoliação dos recursos públicos alimenta a insegurança e a impunidade", diz o comunicado da organização.

Em países em conflito, o aumento da corrupção se dá justamente por uma necessidade urgente de comprar armamentos, de acordo com o professor Hector Luis Saint-Pierre, do departamento de política internacional da Unesp (Universidade Estadual Paulista). “Geralmente, estas nações não podem fazer uma importação direta e normal. Precisam comprar armamentos por meios clandestino, pelos quais entram em esquemas de corrupção”, explica ele. As melhores notas foram recebidas por países como Nova Zelândia, Dinamarca e Suécia – o que, segundo declarações da presidente da Transparência Internacional na Alemanha, Sylvia Schenk, à agência de notícias espanhola EFE, são uma amostra dos resultados da estabilidade política e de “uma longa tradição de mecanismos para a solução de conflitos e instituições sólidas”. “Normalmente, a estabilidade política permite um controle mais eficaz sobre esse aspecto. São administrações nas quais a própria burocracia é orgulhosa de sua função”, complementa Saint-Pierre.

No entanto, Fabiano Angélico, coordenador de atividades da ONG Transparência Brasil, que luta contra a corrupção no país (sem ligações com a Transparência Internacional), critica o cálculo feito para organizar o ranking. “Em primeiro lugar, não consideramos que esses números indiquem alguma coisa. Temos fortes críticas a essa metodologia”, adverte. Angélico explica que o índice da entidade alemã é composto a partir de 13 pesquisas de opinião, nenhuma delas do Brasil. Entre as fontes incluídas, estão o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento da Ásia e da África. “São opiniões de fora, a respeito de fenômenos muito complexos, e não há nenhuma espécie de correlações”, comenta o coordenador, que classifica esse método como um “conjunto de ‘achismos’”.

O analista conta que nem todos os países são entrevistados por todas as 13 enquetes e, para entrar no ranking, cada país têm de ter no mínimo três respondidas. “Isso já distorce completamente”, diz Angélico. Para ele, o método faz com que o resultado seja muito questionável, e usa como exemplo para isso o próprio Brasil, que subiu 5 posições. “Mas qual medida foi tomada [no último ano]? Nenhuma”, questiona. Quando perguntado se a relação entre corrupção e conflitos armados era válida, Angélico diz que algumas das correlações estabelecidas no documento fazem sentido. “Acho que tem a ver com a área de conflito, claro, assim como uma comparação com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) tem uma fortíssima relação. Mas são coisas um pouco óbvias. A corrupção é tanto mais presente quanto menos controle você tem, e numa região de guerra você tem decisões arbitrárias. Isso é definição de corrupção e, segundo os estudiosos, esse é o ambiente nos lugares de guerra. É um pouco óbvio”, conclui.

América Latina

O Brasil obteve nota 3,7, numa escala que vai de 0 a 10 – sendo que, quanto menor a nota, maior é o nível de corrupção do local. Nos lugares que se aproximam do máximo, segundo Schenk, "praticamente não se pode conseguir nem uma consulta médica sem subornar alguém". A maioria dos países, no entanto, fica abaixo da média, 5.

Entre os demais países latino-americanos, somente Chile e Uruguai, com 6,7 pontos cada um, e Costa Rica, com 5,3 pontos, superaram a barreira crítica dos cinco pontos marcada por Schenk. O pior classificado entre os latino-americanos é a Venezuela, com 1,9 pontos. Um pouco mais acima, estão Paraguai, com 2,1 pontos, e Equador, com 2,2 pontos.

Para Saint-Pierre, estes são países com grande concentração de riqueza, grande diferenças sociais onde tais diferenças têm o poder de corromper. “Os países que são marcadamente menos corruptos são também aqueles que têm menor diferença social. A classe mais alta tem uma acomodação para se manter na opulência. E isso passa a fazer parte da própria cultura”, resume.

Se agrava la crisis entre Perú y Chile

Carlos Noriega

Página 12

El presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje y exigió una investigación. García utiliza el caso para sumar apoyos en momentos de alto descontento social.

La crisis diplomática entre Perú y Chile sigue agravándose como consecuencia del caso del suboficial de la fuerza aérea peruana, Víctor Ariza, acusado de espiar para Santiago. Ayer, el presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje, el que calificó como “un acto repulsivo que no corresponde a un país democrático”. Sin embargo, el presidente peruano matizó sus acusaciones aclarando que no señalaba a la presidenta Michelle Bachelet de ser la responsable del espionaje. “Queremos creer que esto que ha pasado es parte de algunos sectores (chilenos) que todavía conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas y no del gobierno (de Chile) en su conjunto”, señaló García, quien aseguró que este hecho afecta la unidad sudamericana y “deja muy mal parado a Chile ante el mundo”.

En su breve mensaje dado en el Palacio de Gobierno luego de reunirse con el Consejo de Seguridad nacional, García exigió al gobierno de Bachelet investigar el caso. Pero su exigencia no encontró eco en Santiago. “No aceptamos imputaciones de ninguna clase. Chile no tiene nada que ver con este caso”, fue la respuesta del canciller chileno, Mariano Fernández, quien dijo que su gobierno no tiene nada que investigar.

Aunque Chile niega cualquier vinculación con el militar peruano detenido por vender secretos militares a ese país, el gobierno de Lima asegura tener las pruebas –pagos girados al espía peruano desde Santiago y correos electrónicos intercambiados entre el militar peruano y sus contactos chilenos– que confirman el espionaje y la entrega de información a Chile, y anunció que entregará esa información al gobierno chileno para que investigue el caso y a la Interpol para que verifique que el espionaje sí se produjo. García calificó el espionaje como un acto de “debilidad” y de “temor” de Chile. “Solamente el que se siente menos espía”, lanzó García, quien recordó, como un antecedente, el caso de espionaje chileno al consulado argentino de Punta Arenas, ocurrido en noviembre de 2003. Con este recuerdo, García pretendió dejar sin piso la respuesta del gobierno chileno, que asegura que ese país no practica el espionaje.

Según ha trascendido, el suboficial Víctor Ariza, que habría sido reclutado por Chile hace siete años, no habría actuado solo. Otros miembros de la fuerza aérea peruana están siendo investigados en relación con este caso de espionaje. Ariza habría sido investigado desde 2007, pero, por alguna razón que la fuerza aérea no ha explicado, el caso se encarpetó hasta este año. Las autoridades peruanas incautaron la computadora de Ariza y documentos que tenía en su poder, donde se habría encontrado información sobre los pagos hechos a Ariza desde Chile y correos electrónicos que confirmarían el espionaje. Ha trascendido que Ariza, que como suboficial recibía un sueldo mensual de 660 dólares, habría cobrado tres mil dólares mensuales por su labor de espía, además de pagos extraordinarios, que llegaban hasta los diez mil dólares, según la calidad de la información que entregaba.

Ariza fue detenido el 30 de octubre, pero el caso recién se conoció el jueves 12, en momentos en que Alan García se encontraba fuera del Perú, asistiendo a la cumbre presidencial del Foro Económico Asia-Pacífico en Singapur, donde coincidió con Bachelet. No se ha aclarado si cuando García viajó ya estaba informado del tema o si se enteró recién cuando el caso de espionaje se hizo público. Si el presidente no fue informado, eso revelaría un serio conflicto entre el gobierno y las fuerzas armadas, que habrían ocultado esa información para filtrarla a la prensa cuando García estaba fuera del país. Y si García estaba al tanto del caso de espionaje desde un inicio, se mantiene sin explicación quién y por qué –y si el presidente estaba informado o no de esa filtración– hizo público el caso precisamente cuando el presidente peruano se iba a reunir con su par chilena. La revelación no sólo frustró la cita entre ambos, sino que también les ha dado a los militares argumentos para presionar por la compra de armas. Aunque con este caso de espionaje, que demoraron siete años en desbaratar, los militares han visto golpeada su imagen, el asunto ha favorecido a los sectores castrenses interesados en incrementar la compra de armamento. Y el presidente García ha usado el caso de espionaje como una oportunidad de ganar apoyo apelando a la defensa de la soberanía nacional, en momentos en que su gobierno enfrenta un creciente descontento y protestas sociales.

As ideias italianas no Brasil

Luiz Sérgio Henriques
Gramsci e o Brasil

Presidente da Fundação Instituto Gramsci, em Roma, e ensaísta de mérito reconhecido internacionalmente, Giuseppe Vacca reaparece entre nós com um novo título que é quase uma provocação, no melhor sentido da palavra. Retirando do limbo uma expressão que entre os marxistas teve historicamente o sentido de uma “capitulação de classe” ou coisa pior, Vacca defende explicitamente, para as esquerdas, a atualidade de uma estratégia reformista não só para o seu país, como também, é de se presumir, para a generalidade dos países em que se trava a luta política em termos efetivamente contemporâneos. A marca deste novo reformismo é a explícita assimilação das tarefas de governo e das responsabilidades a elas inerente: e, segundo o paradigma que abraça, cujos antepassados mais distintos remontam aos anos trinta do século passado, classe e nação não se põem como termos antagônicos, mas aparecem reconciliados: partidos e movimentos que interpretam o antagonismo social estão desafiados a atuarem no plano no interesse nacional, dando respostas positivas — no quadro do Estado Democrático de Direito — aos problemas de toda a sociedade.

O novo reformismo de que fala Vacca afasta-se assim de qualquer veleidade maximalista e, muito consequentemente, deve afirmar-se doravante mais ou menos polemicamente contra uma esquerda dita alternativa ou radical, mas sem capacidade de governo e de síntese política própria das funções dirigentes. Fornece, mais amplamente, alguns critérios para avaliar a história do século XX, que não deve ser vista como um mero terreno de contraposição entre capitalismo e socialismo, entendidos como “campos” que combateram mortalmente guerras abertas ou “frias”, com a vitória final de um deles.

De resto, o reformismo que interessa ao autor tem seu ato de nascimento, nos anos 1930, como uma alternativa à “guerra civil europeia” entre nazistas e bolcheviques, quando a experiência comunista das frentes populares — retirado o caráter instrumental que tal política teve quase sempre sob a política stalinista — pôde colaborar, em alguns momentos decisivos, com socialistas, tal como aconteceu na Itália e sobretudo na França. E é a luz deste projeto que o autor reinterpreta contribuições vitais, como os Cadernos do cárcere, de Antonio Gramsci, ou um texto comparativamente de menor alcance, mas nem por isso menos importante do ponto de vista político, como as togliattianas Lições sobre o fascismo, de 1935.

Mas o autor pretende ainda sair do âmbito restrito da tradição comunista e, num movimento que dá fôlego ao seu pensamento, alude explicitamente ao “universalismo rooseveltiano”: à visão da luta contra o fascismo de que era portadora a elite política americana e, também, à visão desta mesma elite sobre as relações internacionais que deveriam se seguir à derrota do fascismo. Não é aqui diminuída a importância da URSS no combate ao fascismo: “apenas” se reconhece, realisticamente, que aquele modelo político, nascido sob o particular signo da “revolução passiva” staliniana, só pela força poderia se expandir aos países do entorno soviético, sem dispor de nenhuma força de atração sobre os países ocidentais. Mas não só isso. O autor alude a experiências concretas da socialdemocracia e do trabalhismo no período entre as duas guerras, muito especialmente no caso da Inglaterra, da Bélgica e da Suécia. Bem antes do modelo keynesiano que se generalizaria nos “anos dourados” do capitalismo do segundo pós-guerra, os reformistas destes países lançaram as sementes do reformismo moderno, ao distinguirem as possibilidades de uma nova regulação do mundo da economia, até então estruturado segundo os procedimentos do liberalismo e as regras “espontâneas” do mercado.

É neste quadro que se insere uma das teses mais significativas do livro. Vacca propõe-se ir além do “finalismo socialista” e da filosofia da história determinista que lhe é inevitavelmente conexa. A experiência daquelas três socialdemocracias e, mais em geral, as diversas tentativas de domar o mercado capitalista em crise fizeram nascer a ideia de que “capitalismo e socialismo referem-se a dois planos diversos da realidade e não são comparáveis: o capitalismo é um modo de produção, o socialismo é um critério de regulação do sistema econômico, que, portanto, não se contrapõe ao primeiro, mas propõe-se orientá-lo. Para superar este falso dilema, foi necessário elaborar o conceito de regulação, e, naturalmente, não estamos falando de elaboração puramente intelectual, mas de experiência histórica concreta. Aproximamo-nos, assim, do ato de nascimento do reformismo: a crise dos anos trinta e a invenção de um ‘modo de regulação’ do desenvolvimento alternativo ao do velho liberalismo, que entra em colapso” (p. 191).

Se de regulação se trata — e regulação capaz de expressar e induzir níveis sempre mais altos de produção material da vida e de sociabilidade humana —, os defensores da estratégia reformista devem ter a percepção de que uma teoria geral das crises é possível e não deriva de, ou desemboca em, uma visão rupturista ou catastrófica da política e da economia. Esta teoria geral, segundo o autor, está presente nos escritos de Antonio Gramsci, especialmente quando focalizam a primeira grande guerra e os anos que se seguem como um período de crise continuada, cuja raiz última reside no contraste entre o caráter cada vez mais internacional da economia e as soluções políticas mesquinhamente nacionais que se implementaram, e muitas vezes hoje ainda se implementam, na tentativa de sanar os desequilíbrios globais.

A esquerda italiana — pelo menos aquela parte da esquerda em nome da qual quer falar o autor — tentou continuadamente sair do âmbito do reformismo comunista nacional, encarnado pelo velho PCI, e adotar a Europa como cenário das suas ações e iniciativas. Falhas e deficiências à parte, este ainda é o horizonte mais plausível para uma nova regulação democrática dos fatos econômicos, bem como uma fonte de inspiração para a esquerda de outros quadrantes: sem abdicar do interesse nacional e das iniciativas que se devem tomar imediatamente no âmbito do Estado-nação, a busca de uma perspectiva cosmopolita, supranacional, é parte constitutiva da nova investigação em curso. E achar em cada caso a melhor combinação entre interesse nacional e forças que se movimentam externamente é um elemento da regulação democrática que deve ser conscientemente assumido, tendo em vista o cenário de desastre que conclui estes anos de (des)regulação neoliberal dos mercados e supremacia dos “espíritos animais” do capitalismo.

A insistência no termo “democracia” aqui não é casual. O último grande impacto das “ideias italianas” entre nós foi por ocasião do eurocomunismo de Berlinguer e do Gramsci filtrado pela tradição togliattiana, e isso nos já distantes anos setenta. Foi quando, por exemplo, circulou amplamente nos círculos da esquerda, muito especialmente do então PCB, a expressão berlingueriana da “democracia (política, não ‘burguesa’) como valor universal”. Certa ou erradamente, para o bem ou para o mal, a cultura política do novo partido em ascensão na esquerda guardava muito pouca relação com aquele conjunto de ideias, que propunha uma reforma democrática do caráter “prussiano” do capitalismo e da sociedade brasileira como a estratégia mais plausível de superação dos muitos elementos de atraso mantidos na peculiar modernização conservadora que atravessa a nossa história e que, não por acaso, se viu reforçada com o regime de 1964.

Acredito que o livro de Vacca dá um alento renovado àquelas ideias e reata o fio um tanto perdido nestes tempos de desorientação. Refiro-me especialmente aos muitos momentos em que assinala a democracia como o único terreno político no qual todos os atores — de direita, centro ou de esquerda — devem se mover, ou até devem ser levados por força das coisas a se mover, no caso de as suas culturas e valores carregarem vestígios mais ou menos fortes de concepções autoritárias da política, o que está longe de ser incomum na esquerda.

O Estado Democrático de Direito surge assim como uma forma alta de convivência, não como reflexo ilusório da dominação burguesa ou do “indivíduo abstrato” próprio da sua sociabilidade. Produto de duríssimas lutas históricas, esse tipo de Estado, na visão de Vacca, desconhece “classes gerais” e refuta a apropriação da máquina do Estado por uma classe ou um partido que supostamente represente uma classe ou bloco de classes portadoras do “sentido último” da história. Só reconhece partidos, associações e outras formas de subjetividade constitucionalmente definidas, estimulando classes e grupos sociais que neles legitimamente se reconheçam a elaborarem visões diferentes do bem-comum, cuja disputa privilegie o elemento consensual e hegemônico, em detrimento do elemento força ou violência. Assume-se sempre e tão-só o governo, incide-se inevitavelmente sobre relações de força na sociedade, mas não se busca um abstrato “poder” a partir do qual se reorganize arbitrariamente o mundo, extremando autoritariamente o político. Mudanças constitucionais são possíveis, mas na forma democrática do Estado não se toca. Consenso e liberdades, hegemonia e pluralismo democrático são termos incontornáveis da moderna disputa política e da investigação teórica mais avançada, a não ser que se opte anacronicamente por autoritarismos mais ou menos disfarçados.

Todo este novo reformismo de Vacca, ao apresentar cristalinamente as razões mais seguras de uma esquerda democrática, passa a impressão de que não fala apenas da Itália ou da Europa e seus problemas. Fala também, e ao mesmo tempo, da nossa história presente de brasileiros e sul-americanos.

Mercado de carbono y calentamiento global

Alejandro Nadal
La Jornada

Para enfrentar el problema del calentamiento global existen soluciones reales. Pero ninguna de ellas es favorecida por los centros de poder corporativo o sus aliados en los gobiernos, porque implican sacrificios de rentabilidad para los principales emisores de gases invernadero. Por eso el mercado de carbono es sistemáticamente presentado como el instrumento más efectivo para encarar este grave problema. Es más, parece ser la respuesta dominante: corporaciones gigantes, gobiernos y hasta organizaciones ambientalistas apoyan esta solución.

¿Qué es el mercado de bonos de carbono y cómo funciona? Es un mecanismo diseñado para reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se supone que genera incentivos para que las empresas que emiten GEI limiten sus niveles de contaminación atmosférica.

El mercado es organizado por una autoridad administrativa que fija un nivel máximo de emisiones permitidas. Ese volumen de contaminación permitida es asignado entre los diferentes agentes emisores (por ejemplo, de acuerdo con sus niveles históricos de contaminación), de tal manera que cada compañía tiene ahora un tope de emisiones que no debe rebasar. Si sus emisiones son inferiores, una empresa puede vender el volumen no utilizado a las que rebasaron el volumen permitido. Se supone que esto genera un sistema de incentivos y castigos, que conduce a reducir el costo de transitar hacia un sistema de menores emisiones.

El mercado de carbono no es una fantasía. El Protocolo de Kyoto (PK) estableció las bases para construir mercados de cuotas permitidas de emisiones de carbono. En Europa ya funciona el mercado más grande emisiones de carbono, el sistema de comercio de derechos de emisión (EU ETS). Estados Unidos está algo rezagado, pero el mercado puede crecer exponencialmente si el Senado aprueba la ley Waxman-Markey. Y las corporaciones de todas las ramas de la economía y muchos gobiernos presionan para que sea el principal componente del acuerdo sucesor del PK.

Este mecanismo de mercado se baña en las aguas de la ideología neoliberal y responde a la creencia de que los mercados asignan eficientemente los recursos. La crisis económica y financiera global ya debería haber enfriado el entusiasmo del pensamiento vulgar por las virtudes del libre mercado y la privatización.

El mercado de bonos de carbono tiene grandes defectos, que lo convierten en un obstáculo para alcanzar buenos resultados en materia de reducción de emisiones de GEI. La idea central del mercado de carbono es que todas las reducciones de emisiones son equivalentes. Es decir, como los gases en la atmósfera siempre se están mezclando, es lo mismo reducir una tonelada de CO2 en Oaxaca que en Milán. Por eso se pueden intercambiar los derechos a emitir gases invernadero entre agentes tan diferentes como una planta termoeléctrica, una siderúrgica o una granja porcícola. De entrada, esa premisa es un error: las reducciones de emisiones no son iguales ni desde el punto de vista de equidad, ni desde el punto de vista tecnológico.

Para empezar, las reducciones de emisiones en un país con un ingreso per cápita de 2 mil dólares anuales no son equivalentes a las de un país con un ingreso per cápita de 30 mil dólares anuales. No es lo mismo reducir las emisiones de metano generadas por un búfalo de un campesino en Bangladesh, que las de un Cadillac que circula por Park Avenue, para recordar el célebre ejemplo de Anil Agarwal.

Por otro lado, existen proyectos que sientan las bases para mayores reducciones en el futuro. Algunas reducciones de emisiones tienen un efecto multiplicador para inducir contracciones adicionales en otros sectores de la vida social y económica. En cambio, otros recortes de emisiones simplemente corresponden a ganancias en eficiencia que son consecuencia de rutinas de modernización, como cuando se introducen mejoras que debían haberse adoptado hace mucho. Es decir, el mercado de carbono puede contribuir a retrasar la reducción global de emisiones. En lugar de favorecer las innovaciones e inversiones de largo plazo en el marco de una estrategia integral, el sistema de mercado de carbono constituye una ensalada de medidas de todo tipo, sin prioridades y sin jerarquía.

Esto es clave porque la economía mundial está fuertemente anclada en su adicción a los combustibles fósiles. La infraestructura industrial y del transporte descansa tan profundamente en tecnologías integradas al consumo de combustibles fósiles, que sólo una transformación similar a la que se dio en los sistemas económicos entre 1850 y 1930 permitirá alcanzar las reducciones de emisiones que la comunidad científica está recomendando. Lo que se necesita es una transformación sistémica. No hay tiempo para parches por aquí y remiendos por allá.

El mercado de carbono proporciona una salida falsa al problema del calentamiento global. Es injusto y es ineficaz. Y lo peor es que cierra el paso a una discusión seria sobre las alternativas que permitirían alcanzar los resultados que recomienda la comunidad científica.

Honduras: Zelaya renuncia a volver al poder tras elecciones

Agencias

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha anunciado que renuncia a volver al poder y que va a impugnar los resultados de las elecciones previstas para el próximo día 29. En un discurso desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado desde hace más de un mes, Zelaya ha tildado de "ilegal" el proceso electoral impulsado por el presidente de facto, Roberto Micheletti, y ha asegurado que los comicios no serán suficientes para solucionar la crisis política en la que está inmersa Honduras.

En la extensa carta de cinco páginas dirigida a Obama, y en la que exige "una pronta respuesta", Zelaya explica que el acuerdo firmado el pasado 30 de octubre y que deja en manos del Congreso Nacional su restitución, "queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto". "Reafirmo mi decisión de que a partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia de la república para encubrir este golpe de Estado", ha declarado el mandatario derrocado leyendo una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. "Bajo estas condiciones no podemos respaldar las elecciones", ha manifestado. "Procederemos a impugnarla legalmente en nombre de millares de hondureños y de cientos de candidatos que sienten que esta competencia es desigual", ha añadido el presidente depuesto hondureño.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró el pasado miércoles una comisión que se encargará de, a petición del Congreso, analizar y emitir un dictamen jurídico sobre la posible restitución en la presidencia de Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio y único presidente reconocido por la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que expulsó a Honduras de su seno poco después del golpe de Estado, ocurrido el pasado 28 de junio, ha dicho que no reconocerá el resultado de los comicios del 29 de noviembre si Zelaya no es restituido, una cuestión sobre la que debería decidir en los próximos días el Congreso del país.