quinta-feira, 5 de maio de 2016

Max Horkheimer: Eclipse da razão




Em meados da década de 1940, o filósofo alemão Max Horkheimer questiona como evitar que a barbárie, representada pelo nazifascismo e então recentemente derrotada na Europa, retorne ao Ocidente. Para ele, o avanço dos meios técnicos de esclarecimento foi acompanhado por um processo de desumanização, de modo que o progresso ameaça anular o próprio objetivo que deveria realizar: a ideia de homem. O foco aqui é entender como a promessa de uma sociedade mais humana desabou na barbárie e de que maneira podemos evitar recair no pesadelo nazifascista. Para o filósofo, expoente da Escola de Frankfurt, o progresso tecnológico ameaça nossa noção de humanidade, colocando também em risco as potencialidades de realização social aberta com a vitória e os sacrifícios da guerra. Seu objetivo declarado é “investigar o conceito de racionalidade subjacente à nossa cultura industrial contemporânea, a fim de descobrir se esse conceito não contém defeitos que o viciam em sua essência”.

Horkheimer toma como ponto de partida a diferenciação entre razão objetiva e razão subjetiva, sendo que a primeira se relaciona à faculdade de calcular probabilidades, de coordenar os meios com um fim, enquanto a segunda remete ao problema do destino humano, à organização da sociedade e à maneira de realização de fins últimos. Da tensão entre ambas, com o predomínio da razão objetiva em relação à subjetiva, emergiu um pensamento transformado em simples instrumento. O autor empreende, assim, uma profunda investigação sobre as intensas mudanças que o advento da industrialização, e com ela o predomínio da técnica, e da racionalização teve sobre a natureza humana, considerando também as implicações filosóficas destas mudanças

terça-feira, 3 de maio de 2016

Brasil: La clase política está sepultando la Política

Fernando de la Cuadra
El Ciudadano

A esta altura de los acontecimientos no existen muchas dudas de que el proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff será aprobado por el Senado. Lo que también resulta evidente es que los argumentos esgrimidos para justificar la casación de la mandataria no poseen base jurídica consistente y apelan indudablemente a un sentimiento de revancha política de quienes no consiguieron obtener el apoyo de la ciudadanía por medio de las urnas.

De hecho, la tesis de que el gobierno incurrió en crimen de responsabilidad utilizando el mecanismo de las llamadas “pedaladas fiscales” es una cuestión que no ha sido dirimida por los especialistas en Derecho Constitucional y lo más probable es que tal controversia jurídica continúe por mucho tiempo y se prolongue a lo largo de los años, cuando se proceda a realizar un juicio histórico de lo que sucede actualmente en Brasil. Si se descarta la dimensión jurídica de la acusación instaurada contra el ejecutivo, salta a la vista su carácter estrictamente político.

La solución para un gobierno malo no es su destitución. Problemas e ineficiencia gubernamental no pueden ser motivo para derrocar a un presidente, ya que las reglas del juego democrático son muy claras e implican que quien perdió en una contienda electoral tendrá que esperar una nueva oportunidad para convencer a los electores de que su proyecto es el mejor. Lo anterior es la base de la alternancia. No se puede desconocer esta cláusula pétrea de la democracia arguyendo que se incurrió en crímenes de responsabilidad por un mal uso de normas y procedimientos administrativos, los cuales además son objetos de las más variadas interpretaciones.

Si tanto el gobierno como la mandataria cometieron errores en la conducción del país, ello no puede en hipótesis alguna justificar una deposición, con toda la carga de dramatismo que esto representa para un sector mayoritario de la población, que observa con creciente preocupación la inestabilidad institucional y social que se apodera del país. En ese contexto, lo que se percibe en estos días sombríos es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de lo diferente.

Hace algunos años atrás Hannah Arendt señalaba que la política se basa en el respeto por la pluralidad, porque ella trata fundamentalmente de la convivencia entre personas diferentes que habitan un espacio común. La familia en ese sentido es la negación de la plaza pública en la que se discuten los destinos de la comunidad o el país. La familia representa -según la pensadora alemana- un refugio, un abrigo para el individuo que se encuentra en una soledad existencial frente a un mundo inhóspito y extraño. Es una especie de fortaleza que nos aísla del mundo exterior. Por lo mismo, el parentesco se configura como una perversión de la cosa pública que anula la consideración por la alteridad, por la diferencia y por lo plural.

Este fenómeno se puso claramente de manifiesto cuando un porcentaje significativo de los diputados que votaron a favor del impeachment dedicaron su decisión a la esposa, los hijos, los padres, los nietos o los sobrinos. Desaparecieron los motivos que invocaban a la nación, los ciudadanos, el pueblo soberano, la polis… La política se ha transformado en un frio cálculo personal de costo-beneficio, en una estructura de preferencias individuales en donde cada agente evalúa cuales son los mejores escenarios y decisiones para adquirir más poder, dinero y prestigio. Por eso es que la política ha terminado siendo dominada por las empresas, que imponen su lógica competitiva y su gen darwinista cuando se dedican a financiar las campañas de aquellos candidatos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y que además se comprometen a efectuar un retorno incrementado de la inversión. La política perdió su vocación de servicio público y se convirtió en un oficio de especuladores y oportunistas. La operación Lava-Jato ha mostrado en este último año como existe un vasto entramado entre las principales empresas de la construcción civil, la clase política y los altos ejecutivos del aparato gubernamental. Un fenómeno transversal, del cual muy pocos partidos políticos se han mantenido al margen.

En la actual configuración del Congreso, lo único que parece consolidado es la influencia del poder económico sobre la mayoría de los parlamentarios. La reforma política que todavía es una agenda incompleta y urgente, considera una alteración drástica para el financiamiento de campañas, de manera que la subordinación de la clase política a los intereses de las empresas pueda ser revertida o moderada a través de mecanismos de financiamiento democrático que combina un financiamiento público con los aportes de los militantes o personas físicas que deseen contribuir con un monto limitado para determinado candidato o conglomerado partidario. De esta manera, cualquier intento por reivindicar la política como una actividad que recoja los anhelos y aspiraciones de la población pasa necesariamente por el fin de la manipulación de las empresas en la vida de los partidos y de la clase política.

A lo anterior se debería sumar un fortalecimiento de las prácticas de democracia directa en la cual los ciudadanos puedan discutir y deliberar sobre aquellos aspectos que afectan su vida colectiva en temas tan relevantes como las concesiones de los servicios públicos, las privatizaciones, la construcción de obras que tienen un enorme impacto ambiental o la definición de modalidades en las que se puede realizar una impugnación presidencial luego que el sufragio universal ha expresado su decisión soberana. Mientras estos aspectos tan básicos como fundamentales no sean resueltos y superados por el conjunto de los actores políticos, la democracia brasileña continuará siendo una promesa traicionada.

quarta-feira, 27 de abril de 2016

Brasil: El sombrío escenario del post-impeachment

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment, ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.

A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector agropecuario, etc.

De consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas razonables incertezas, por la actual composición del senado y por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública.

Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.

Por otra parte, existe la posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que debe impugnar la chapa Rousseff-Temer por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional. En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea aun peor que Michel Temer y su cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso para el país.

Además existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su contra. De igual manera, Michel Temer también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Ello va a depender de la vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad jurídica y administrativa.

Lamentablemente todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente conflictividad, que ni siquiera la próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente, ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas.

sexta-feira, 15 de abril de 2016

Crisis en Brasil: “Es un golpe político encubierto de barniz jurídico”

Meritxell Freixas
El Ciudadano

Semanas clave para la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, y para el Partido de los Trabajadores (PT). Tras la aprobación por la Comisión de la Cámara de Diputados del juicio a la exmandataria, el próximo viernes será el pleno de la Cámara el que emitirá el voto a favor o en contra del impeachment.

Se habla de golpe de estado, pero también de corrupción, tanto del oficialismo como de la derecha. Esto, en medio de un clima de crisis política que divide a la sociedad brasileña y la sumerge en una profunda incertidumbre. El Ciudadano conversó con el Doctor en Ciencias Sociales y profesor de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Estácio de Sá (Brasil), Fernando de la Cuadra.

Cada vez son más fuertes las voces que hablan sobre un posible golpe de Estado inminente en el país. ¿Cómo es el clima social y político hoy?

Hay una enorme tensión y expectativa de la ciudadanía sobre lo que podrá suceder a partir del viernes cuando se iniciarán los alegatos a favor y en contra de la destitución de la presidenta en el pleno de la Cámara de Diputados. Para los gobiernistas no existen pruebas contundentes de que la mandataria haya incurrido en algún hecho criminal o de responsabilidad fiscal que justifique su enjuiciamiento. Es, por lo tanto, una modalidad sui generis de golpe o una forma de neogolpismo como los que permitieron la destitución de los presidentes Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. Es un golpe político encubierto de barniz jurídico.

Para la oposición, sí existen pruebas suficientes de que la presidenta Dilma incurrió en crimen de responsabilidad fiscal al desconocer la meta presupuestaria y utilizar las llamadas “pedaladas fiscales” durante el ejercicio de 2015. Me atrevo de decir que el país se encuentra dividido en una proporción similar, a pesar de que el último estudio de opinión realizado por Datafolha apunta que el 61% de los electores consultados piensa que los diputados deberían votar a favor del impeachment, mientras que sólo un 33% señala que los parlamentarios deberían votar en contra.

Precisamente, la comisión especial parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff con 38 votos a favor y 27 en contra. ¿Cuál es el proceso para que el juicio sea aprobado definitivamente y ejecutado?

El siguiente paso es la votación en el plenario de la Cámara. De tener luz verde allí, debe seguir para el Senado, donde se instaura una Comisión que tiene 10 días para emitir un nuevo parecer. Dicho parecer es votado en el plenario del Senado, donde puede ser rechazado o aprobado por mayoría simple, es decir, por 41 senadores (son 81 en total). En el primer caso, de rechazo, el proceso es archivado y se extingue. Si es aprobado, se declara la instauración del proceso y la mandataria debe apartarse del poder por un periodo de 180 días, asumiendo transitoriamente el cargo el actual vice-presidente Michel Temer.

A partir de ese momento, el proceso se debate en el plenario del Senado que es presidido excepcionalmente por el Presidente del Supremo Tribunal Federal. Luego, se vota nuevamente en el plenario del Senado, pero en esta oportunidad se requiere una mayoría de dos tercios de los votos para aprobar la condenación definitiva, es decir, 54 de los 81 senadores. En caso de ser condenada, la presidenta es automáticamente destituida y el vice-presidente asume lo que resta del mandato. En este escenario, Dilma Rousseff quedaría impedida por ocho años de ejercer cualquier tipo de cargo público.

¿Qué probabilidades existen de que el proceso llegue hasta el final y la presidenta termine siendo destituida?

La disputa que se instaló esta semana para captar el voto de los indecisos es muy intensa y los últimos sondeos -aunque nada es seguro hasta última hora- indican que los partidarios a favor del impeachment están sumando los votos necesarios, que son 342 diputados. Diversos cálculos y estimaciones estadísticas vienen siendo realizadas por “expertos” que confirman uno u otro escenario.

Sin embargo, muchos de los periodistas especializados que acompañan diariamente las actividades en Brasilia, advierten que el resultado final sólo se va a conocer a última hora, debido a que el movimiento permanente de parlamentarios indecisos hace que algunos sean una hora a favor y otra hora en contra de la impugnación de la mandataria. Considerando lo incierto del momento, lo mejor es esperar hasta el final de la votación en la Cámara.

¿Qué tan real es el apoyo que el Partido de los Trabajadores (PT) ha perdido por parte del pueblo brasileño?

Según diversos estudios recientes, el PT ha ido perdiendo su base electoral. Pero no deja de ser una paradoja que, no obstante esta realidad aparentemente incontestable, el preferido de los electores para la próxima contienda electoral en el 2018 – según Datafolha – es el propio expresidente Lula (21%), una figura que ha sido bombardeada en las últimas semanas con diversas acusaciones de corrupción, uso indebido de influencia y obstaculización a la justicia, entre otras denuncias. Es de todas formas una ventaja relativa, pues el resto de los candidatos como Aécio Neves o Ciro Gomes no logran entusiasmar al electorado.

Lula mantiene un apoyo que se basa mayormente en su carisma que en una plataforma de cambios y en un proyecto consistente De cierta manera el PT puede haber perdido apoyo por parte de sus adherentes, pero el nombre de Lula sigue siendo, a pesar de los pesares, una marca registrada que genera apoyo entre algunos electores al momento de decidir por quien desean ser gobernados.

En segundo lugar, en la mencionada encuesta de intención de voto, aparece Marina Silva (19%), una ex militante del PT y ex ministra de Medio Ambiente del Gobierno Lula y que ahora ha creado su propio partido llamado Rede Sustentabilidade. Es decir, si el PT parece haber perdido apoyo popular, Lula y Marina Silva mantienen un apoyo significativo que quizás mayormente se basa en el carisma que despliegan ambas personalidades que en una plataforma de cambios y en un proyecto consistente que permita sacar a Brasil de la actual crisis sistémica (económica, política, moral) en la cual se encuentra.

¿Podría mantener Lula este liderazgo hasta las elecciones de 2018? ¿Cuál es el apoyo de la sociedad brasileña al exmandatario?

Es el candidato mejor posicionado en las encuestas (21%), pero considero que ello no es suficiente para liderar un proceso de reconstrucción nacional como el que Brasil necesita. El porcentaje de rechazo a Lula es muy alto y el 53% de los entrevistados afirmaron que no votarían por él de ninguna manera.

Además, existe una alta probabilidad de que Lula sea denunciado en nuevas causas que se han ido acumulando, tanto en el marco de la Operación Lava-Jato (Petrobras) como también del periodo en que fue presidente de la República (2003-2010). Considero que el futuro de Lula es incierto y que ese 21% que sustenta hoy puede desvanecerse si queda comprobado que incurrió en actos ilícitos durante su Gobierno o en otras instancias en que fue construyendo un poder casi incontestado de 35 años dentro del PT, etapa que algunos cientistas políticos han calificado de ‘ciclo Lulista’. Si nos encontramos al final de este ciclo, los días venideron lo dirán con mayor claridad.

quinta-feira, 17 de março de 2016

Los grandes desafíos del ministro Lula

Esther S. Sieteiglesias
Diario La Razón

¿Cómo valora el movimiento de Lula da Silva? ¿Entra en el Gobierno brasileño para protegerse de la Justicia?

Solo en parte, porque el fuero privilegiado que le otorga a Lula asumir el cargo como Ministro de la Casa Civil sólo le evita seguir en el proceso a cargo del juez Sergio Moro, en el Tribunal de Curitiba, Estado de Paraná. Ese “blindaje” no le sirve del todo, pues las investigaciones deberán pasar a manos del Tribunal Supremo Federal, instancia que tiene absoluta autonomía del Gobierno y que bajo ninguna hipótesis permite sospechar que participaría de algún tipo de colusión con Lula, el Gobierno o el Partido de los Trabajadores. Existen demasiadas evidencias de que Lula no contará con el beneplácito de los magistrados, que han demostrado que el principio de isonomía funciona –aunque sea tardíamente- en la República de Brasil. En todo caso es un movimiento complejo, pues la oposición ya está preparando una batería de acciones legales en todos los estados del país para impedir que el ex presidente asuma dicha cartera ministerial, con el argumento de que el ex mandatario se encuentra en estos momentos inhabilitado para ejercer cualquier cargo público debido a que está siendo investigado por la Justicia.

Al frente de este importante ministerio, ¿qué podrá hacer el ex presidente Lula?

Si Lula llega a asumir efectivamente este jueves el Ministerio de la Casa Civil, tendrá que resolver dos importantes desafíos. El primero es evitar que prosiga el "impeachment" contra la presidenta Rousseff. El Gobierno y sus partidarios, esperan que Lula haga gala de sus habilidades de articulador y consiga el apoyo de un sector mayoritario del PMDB (partido de la base aliada) y de otros partidos para bloquear en la Cámara de Diputados la apertura del pedido de impugnación del mandato y, por el contrario, consiga que dicho proceso sea archivado en forma definitiva. El segundo gran desafío que tiene Lula es lograr que la economía brasileña salga de la crisis recesiva y de “un salto hacia adelante” a través de la la vuelta ael crecimiento por vía de políticas neo desarrollistas con aumento de la inversión, generación de empleo y mantenimiento de las políticas sociales que han sido el sello de las administraciones del PT desde 2003. Por cierto, ambas tareas son muy difíciles y existe una alta probabilidad de que Lula fracase en su esfuerzo, comprometiendo seriamente su imagen política y sus pretensiones de ser el candidato favorito en las próximas elecciones presidenciales de 2018.

Lula da Silva es muy querido en Brasil, ¿cree usted que la presidenta Rousseff le hace ministro para mejorar su popularidad?

Sí, efectivamente Lula es muy querido en Brasil, pero especialmente en los sectores populares que han sido los principales beneficiarios de las políticas asistencialistas de transferencia de renta condicionada impulsadas por los diversos gobiernos del PT. Pero existe un porcentaje no despreciable de brasileños que sospechan que Lula y su familia se enriquecieron durante los últimos años y las manifestaciones del último domingo representan una demostración de que el malestar provocado por la corrupción y el asalto a los cofres públicos -siendo un problema transversal a todos los partidos- se agudizó en este último periodo principalmente debido a la gestión del Gobierno y de los vínculos sospechosos que se generaron entre éste, los partidos de la coalición y las empresas contratistas. El caso Petrobras viene a corroborar el nivel de compromiso entre importantes funcionarios del Gobierno, líderes de partidos y gerentes de las empresas en desvíos millonarios de recursos. La delación premiada del senador Delcídio do Amaral (ex líder del gobierno en el Congreso) está provocando un torrente de acusaciones, principalmente entre sus ex correligionarios del PT.

Con Lula al frente, ¿pasa Rousseff a un segundo plano?

A pesar de este escenario complejo y adverso, la presidenta Dilma y miembros de su Gobierno confían en que el ex presidente Lula podrá superar los escollos que se vislumbran en el camino a partir de su carisma personal y de su gran capacidad de persuasión y negociación. Un problema –muy serio por lo demás- derivado de la decisión de nombrar a Lula en un cargo de indiscutible importancia política, es que la presidenta virtualmente abdica de su papel de primera mandataria y cede a Lula la función de gobernar y poner “orden en la casa”, con el riesgo de transformarse en poco tiempo en una mera figura decorativa que circula por los corredores del Palacio de Planalto. No creo que la nominación de Lula le permita mejorar su popularidad, que ya se encuentra muy deteriorada. A lo más, le permitirá un respiro de corto plazo en medio de la crisis, pero cuyas proyecciones en un futuro cercano son bastante grises, considerando entre otros elementos, que la oposición está convencida en acabar con su mandato lo más rápido posible y que la recesión económica puede mantenerse por otro par de años.

Los votantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores, ¿están contentos con este movimiento?

En el clima de polarización que se ha apoderado del país en este último periodo, un sector de la militancia apoya incondicionalmente al partido y al Gobierno, es un nosotros contra ellos, las fuerzas progresistas y populares contra las fuerzas golpistas y reaccionarias. Sin embargo, un sector crítico de las acciones del PT, tanto a nivel de ciertos líderes como de su militancia, observan con preocupación la pérdida de orientación en que se encuentra el proyecto petista, producto de su política pragmática y de abandono de sus principios ético-políticos en que se enaltecía el papel del sujeto colectivo, de las bases partidarias, de la honestidad y la vocación pública de sus militantes y, especialmente, de sus dirigentes. Este proceso de descomposición del partido no es nuevo, aunque se profundizó efectivamente desde que el PT asumió el Gobierno. Desde ese 1 de enero de 2003 muchas figuras emblemáticas y militantes del conglomerado han renunciado a sus filas ya sea para formar otras organizaciones (PSOL, REDE) ya sea para renunciar definitivamente a la vida partidaria.

¿Esperaban algo más de sus políticos, sobre todo tras los escándalos de corrupción?

Muchos de los militantes del PT están decepcionados, no solo de la corrupción sino también de la política de ajuste que impulsa el Gobierno para contener los gastos. Pero en el actual contexto de confrontación que existe en Brasil, se presenta un falso dilema del tipo o estoy a favor del Gobierno, del PT y la democracia o estoy con los golpistas que quieren retrotraer las conquistas populares. Insisto en el hecho de que este es un falso dilema, porque los gobiernos del PT no han sido ni revolucionarios ni anti-capitalistas. Sus políticas se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar como un ciclo socialdemócrata imperfecto, en el cual se despliegan un conjunto de acciones de perfil asistencialista y de protección social que buscan crear mayores condiciones de igualdad y justicia social entre los brasileños. Todo ello realizado en un marco de respeto a las instituciones y observancia de la ley y la Constitución.

La marca del patrimonialismo y la corrupción endémica existente en el país también contaminó al gobierno y al partido creando una estructura burocrática llena de privilegios que estableció relaciones fraudulentas con las grandes empresas y que se enriqueció a costa de las aspiraciones ciudadanas de una vida más digna. Pienso que en un futuro próximo esta tergiversación subterránea, dramática, de los principios ético-políticos puede llevar a la decadencia del partido en términos de tener un papel irrelevante en el escenario político. A no ser que un profundo proceso de autocrítica le permita al PT recuperar su legado original junto con una renovación dialéctica de su proyecto, que lo posicione nuevamente como la gran esperanza de justicia social e inclusión para la enorme mayoría del pueblo brasileño.

domingo, 13 de março de 2016

El cambio climático agrava la desigualdad entre ricos y pobres

Ecodiario

Un estudio revela que el cambio climático y el poder que ejerce sobre los recursos naturales de la Tierra, agrava la desigualdad entre comunidades ricas y pobres. Como ejemplo, los expertos señalan que el cambio climático está obligando a algunas especies migratorias de peces a cambiar su ruta hacia los polos, lo que significa un gran cambio para las personas cuyo sustento depende de los peces. "Lo que encontramos es que los recursos naturales como el pescado están siendo empujados por el cambio climático y afecta a quién tiene acceso a ellos", ha señalado uno de los autores del trabajo, Malin Pinsky.

Así ha señalado que, cuanto más fuerte sea la conservación orientada a la gestión del recurso natural en una comunidad, mayor será el valor de dichos recursos naturales y si esos recursos aumentan o disminuyen. De este modo, si las comunidades y los países más ricos son más propensas a tener una gestión fuerte de los recursos, estos grupos tienen más probabilidades de beneficiarse, lo que agrava la desigualdad.

La riqueza se está desplazando

Pinsky y sus co-autores han explicado que "la riqueza inclusiva" -en peces, plantas y árboles y otras especies importantes para los seres humanos- se está desplazando fuera de las zonas templadas y hacia los polos ya que las temperaturas globales aumentan. La riqueza inclusiva no es solamente la suma de los activos de capital de una comunidad, incluyendo los activos naturales como el pescado o los árboles, sino también la salud humana y la educación, así como los activos construidos como carreteras, edificios y fábricas. Dado que el clima cambia de manera desigual de lugar en lugar, los recursos naturales migran -o se reproducen- de forma desigual.

Su trabajo, publicado en Nature Climate Change utiliza datos que Pinsky desarrolló en sus estudios sobre la migración de peces y una fórmula matemática desarrollada por el economista Eli Fenichel de la Universidad de Yale, para ilustrar la relación entre el movimiento de los recursos y el movimiento de la riqueza.

Para ilustrar su punto, los autores establecieron un modelo con dos comunidades ficticias, Northport y Southport, cada una dependiente en cierta medida de una pesquería en particular. Luego, los autores imaginaron escenarios de interacción entre las dos comunidades, la acción de sus peces y entre sí.

"Tendemos a pensar en el cambio climático sólo como un problema de la física y la biología. Pero la gente reacciona también y, por el momento, no tenemos una buena comprensión de los impactos de la conducta humana sobre los recursos naturales afectados por el cambio climático", ha apuntado el científico.

Uno de los próximos proyectos para el equipo se inclinará hacia el lado humano de la ecuación. Los expertos pasarán parte de la primavera y el verano hablando con personas involucradas en la pesca comercial en gran parte de la costa este de Estados Unidos.

quarta-feira, 9 de março de 2016

Las trampas de una polarización peligrosa

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Las tormentas de marzo

Una conocida canción de Tom Jobim tiene ese sugestivo estribillo con tono melancólico “son las aguas de marzo, cerrando el verano…”. Pero lo que está sucediendo en Brasil con el inicio del mes no tiene nada de evocador ni romántico, sino más bien se presenta con un horizonte lleno de nubarrones y tempestades. Son más bien tiempos tormentosos.

La semana pasada fue un enjambre de acontecimientos. Ya el jueves había salido en circulación la revista Isto É, con la filtración de las denuncias realizadas por el senador Delcídio do Amaral, militante del PT y ex líder del gobierno en el Senado, dentro de la figura jurídica conocida como “delación premiada” la cual fue instaurada por el Ministerio Público para obtener mayores informaciones de los involucrados en el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras. En estas declaraciones, Delcídio acusa tanto al ex presidente Lula como a la actual mandataria Dilma Rousseff de intentar obstaculizar las investigaciones realizadas por la justicia, por medio de la presión ejercida para que los jueces a cargo del proceso liberen a algunos de los detenidos en el marco de la Operación Lava-Jato (lavado de autos) que ya se encuentra en su vigésima cuarta etapa.

Cuando el viernes en la mañana la Policía Federal irrumpió en el departamento donde reside el ex presidente Lula da Silva, en San Bernardo, trasladando de manera compulsoria al ex presidente hacia una sede de la Policía Federal instalado en el Aeropuerto de Congonhas, São Paulo, para que prestase declaraciones sobre acusaciones de corrupción, aceptación de coimas y tráfico de influencias. Los supuestos delitos se habrían cometido a cambio de información privilegiada y del favor en la aprobación de licitaciones que beneficiaron a determinadas empresas contratistas, algunas de las cuales (OAS y Odebrecht) le donaron en compensación una importante suma de recursos para la compra de dos sitios en la localidad de Atibaia y un departamento en el Balneario de Guarujá, ambos localizados en el Estado de São Paulo. La noticia de la conducción coercitiva de Lula para prestar esclarecimientos cayó como una bomba en la prensa y en las redes sociales, que estuvieron todo el día difundiendo informaciones sobre lo sucedido y sus posibles desdoblamientos.

Lo cierto es que la llegada de la Policía Federal en el departamento de Lula a las 7 de la mañana fue truculenta. Los funcionarios venían con una orden del juez Sergio Moro, para conducir al ex presidente de forma coercitiva, lo cual representaría una acción totalmente innecesaria. Lula nunca se había negado a declarar, pero había entrado con una medida cautelar en la Justicia por la cual se anulaba cualquier orden de llevarlo a declarar de manera compulsoria. El juez Moro revertió esta decisión judicial y utilizó a la Policía Federal para proceder como órgano ejecutor de una orden arbitraria y prepotente. El debate fue instalado entre los especialistas, algunos de los cuales esgrimen el principio de isonomia por el cual, según la Constitución, nadie está por encima de la ley. El problema es que la acción del juez Moro fue desproporcionada para una figura que nunca había evitado su presencia en un tribunal, en caso de ser convocado. Por lo mismo gana fuerza la versión de que dicha intimación responde más bien a una campaña en contra del ex presidente Lula con la intención de que éste no pueda ser el candidato de la situación para las próximas elecciones a ser realizadas en octubre del 2018.

El clima de enfrentamiento y polarización se ha instalado en el país. La oposición promete obstruir la pauta del Congreso hasta que la comisión de impeachment sea constituida, adicionando al pedido de casación de mandato de la presidenta las últimas declaraciones de ex líder del gobierno. En efecto, con la delación premiada del senador Amaral la derecha ha retomado su agenda en la cual se refuerza la centralidad de abrir un proceso de destituir a la presidenta por medio de este recurso. Junto con ello, la oposición ha convocado a manifestaciones en todo el territorio para el próximo domingo 13, con las cuales espera robustecer la adhesión de la ciudadanía con relación a la inviabilidad del actual gobierno y su reemplazo por uno de transición, encabezado por el actual vice-presidente Michel Temer (PMDB).

Por su parte, el ejecutivo y los partidos de la base aliada también han llamado a manifestarse a favor de la presidenta Dilma y de las conquistas sociales y democráticas efectuadas en los últimos 13 años de mandato del Partido de los Trabajadores. La convocación a las fuerzas que apoyan al gobierno es fundamental para dirimir la voz de las calles y demostrar que la presidenta no se encuentra aislada y sin capacidad de respuesta frente a la agresiva arremetida de la derecha. Y es que existe la convicción de casi todos los sectores del espectro político que una batalla importante para acelerar o neutralizar el proceso de impugnación pasa por la correlación de fuerzas que se exprese en las calles y plazas de las principales ciudades del país. Además, la despropositada conducción coercitiva del ex presidente Lula le ha permitido al PT movilizar y reanimar a su militancia, que se encontraba un poco paralizada y expectante frente a los casos de corrupción que se ventilan casi diariamente en los medio de prensa.

¿A quién le conviene la polarización?

Las acusaciones cruzadas de que tanto el gobierno como la oposición están haciendo todos los esfuerzos posibles para dividir al país se escuchan ininterrumpidamente. Pero, ¿quién sale ganando con esta radicalización en aumento? Ciertamente el clima de enfrentamiento favorece a los sectores que quieren derrocar al gobierno, pues la violencia política puede fortalecer el discurso de ingobernabilidad y estimular a los grupos más virulentos de la oposición a invocar a los militares como una fuerza restauradora del orden y la paz social.

Por otra parte, cualquier observador externo de la política y la sociedad brasileña puede pensar naturalmente que el proyecto del actual gobierno y el de la oposición son diametralmente opuestos, pero la realidad desmiente dicho supuesto. Ambos se pueden encuadrar dentro de un ciclo socialdemócrata imperfecto, que sin alterar radicalmente las bases estructurales del desarrollo económico, político y social del país, se han propuesto profundizar los programas asistencialistas y de protección social de los sectores más vulnerables. Sin duda los esfuerzos e iniciativas de los gobiernos del PT en estos 13 años son bastante más significativos que aquellos realizados por las anteriores administraciones del PSDB, pero en todo caso nada que permita sostener que se encuentra en curso una transformación substantiva del padrón de desarrollo imperante desde que Brasil recuperó la democracia hace poco más de treinta años.

De hecho, independiente de la voluntad de integración y desarrollo regional impulsado por el Estado brasileño en los últimos años, los principales beneficiarios de las grandes obras de infraestructura realizadas en diversos países del continente (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela) han sido las mayores empresas contratistas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Mendes Junior, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, entre otras. Los grupos financieros también han experimentado enormes ganancias en el último tiempo, algunos de los cuales tiene una agresiva política de expansión de sus actividades en la región (Bradesco, ITAÚ, Unibanco, BTG Pactual). Por último, es evidente que la política económica impulsada en este segundo mandato de la presidenta Dilma se encuentra muy alejada de sus promesas de campaña en torno a una mayor inclusión social y mejor distribución de la renta. ¿Por qué últimamente se han declarado tantas huelgas en Brasil? Probablemente porque el gobierno está eliminando los derechos de los trabajadores, flexibilizando el empleo, privatizando el sistema previsional, reduciendo los salarios, aumentando los impuestos al consumo.

Entretanto, si no bastasen los problemas del campo político, el gobierno también enfrenta enormes dificultades en el ámbito económico. La reciente divulgación de los principales indicadores de desempeño económico del país, han renovado la artillería de la oposición. Los datos revelan que el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 3.8% en 2015 y las previsiones son de que dicho producto también va a caer en torno de un 3% durante 2016. Además el déficit primario registrado en 2015 llegó a ser de 115 millones de reales (cerca de 30 millones de dólares). Según los especialistas, esta cifra fue fundamentalmente el resultado de una desaceleración de la recaudación pública causada por la recesión que tuvo una caída del 6.4 por ciento con relación al año anterior, mientras que los gastos aumentaron en un 2,2 por ciento. En este contexto, el nivel de desempleo sigue aumentando, con estimativas de que llegue a superar el 10 por ciento en el presente año. El congelamiento de los salarios, el aumento de los bienes de primera necesidad y la inestabilidad laboral son apenas una pequeña muestra de los aspectos que han empeorado la calidad de vida de los brasileños.

La política en Brasil se ha transformado en una gran Caja de Pandora de intrigas, corrupción e ilegalidades y la vorágine de los acontecimientos torna temerario presagiar el epilogo de esta tragedia. Desde que se iniciaron las manifestaciones en junio del 2013, el país ha experimentado un ciclo de agitación política, con momentos de mayor o menor intensidad y polarización en los enfrentamientos, con un alto grado de conflictividad en muchas ocasiones, por ejemplo, como sucedió durante la contienda electoral de 2014 en que fue reelecta Dilma Rousseff. Es por lo mismo difícil augurar con certeza los escenarios que se presentan en el futuro, pero como lo han indicado diversos especialistas -inspirándose en Gramsci- tal parece ser que con el agotamiento del ciclo socialdemócrata, Brasil se encuentra actualmente en una etapa de transición en que lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no emerge clara y totalmente. Los próximos meses serán fundamentales para resolver algunas claves de esta incógnita.