Seumas Milne
The Guardian
En lo que constituye un verdadero golpe político, los tories y los liberal-demócratas están imponiendo una batería de medidas radicales careciendo de mandato democrático para llevarlas a cabo.
La salvajada desvelada hoy por George Osborne no sólo representa el mayor programa de recorte del gasto público desde los años 20 del siglo pasado. Cuando la niebla de que se rodea el ministro de finanzas comenzó a despejarse, el alcance de la ambición política subyacente a ese programa resultó manifiesto. La coalición liderada por los conservadores se está sirviendo de la crisis económica no sólo para disponer a su antojo del Estado, sino para reordenar la sociedad.
Esto va a ser la terapia de choque en Gran Bretaña. Es la culminación del proyecto conservador de desmantelamiento del núcleo mismo del Estado de bienestar –Osborne ha hablado hoy de "reestructurar los servicios públicos— que comenzó hace más de 30 años.
Ni los conservadores ni sus socios liberal-demócratas tienen un mandato para hacer tal cosa, ni para tomar el tipo de decisiones que han venido tomando en manifiesta violación de sus compromisos de campaña electoral: desde la abolición de la asistencia infantil universal hasta la transformación privatizadora de arriba hacia abajo del Servicio Nacional de Salud. Contra este tipo de cosas votó la mayoría en las elecciones del pasado mes de mayo.
De modo que los dirigentes de la coalición liberal-conservadora se han servido de la absurda pretensión de que el país se halla a pique de la bancarrota para forzar una batería de cambios devastadores, cada uno de los cuales, tomado en sí mismo, podría llegar a constituir el foco de una larga batalla política. No ofrece duda: es una especie de golpe político. Con el resultado de una toma caótica de decisiones: un recorte del 16% en el presupuesto de la BBC impuesto a media noche junto a un acuerdo del Ministerio de Defensa que promete más portaviones sin que se prevean más aviones.
Pero en lo tocante a coreografía, los chicos de Bullingdon, Osborne y David Cameron –un antiguo empresario de relaciones públicas y un maestro de las maniobras políticas en la sombra— han jugado al despiste. Meses de filtraciones sobre imponentes recortes y anuncios cuidadosamente graduados en el tiempo sobre posibles asaltos a los ingresos de las clases medias –desde ayudas para los hijos hasta apoyos para el material escolar— han ido preparando a la opinión pública para el paquete de recortes hoy presentado con la engañosa consigna: "todos estamos juntos en esto".
Llegó incluso un momento en que algún espabilado partidario de la coalición se avilantó a sugerir que esta era una especie de administración orientada a la izquierda. Cuando Nick Clegg insistía en la pretendida progresividad del programa de la coalición liberal-conservadora, no pocos comentaristas de derecha refunfuñaron que no habría el menor recorte de gastos públicos.
Ahora se ha impuesto la brutal realidad. Los distintos entes públicos directamente dependientes del gobierno procederán a un recorte medio del 19% en los próximos cuatro años. El recorte mayor, de unos 18 mil millones de libras esterlinas, se calla por sabido, afectará al gasto social y de bienestar orientado a las capas más pobres de este país.
La retórica generalmente tiesa de Osborne comenzó a patinar visiblemente cuando entró en una serie de precisiones técnicas, el impacto de las cuales era todo menos técnico. Por ejemplo: las ayudas a la incapacidad se recortan en otro año, más recortes en las ayudas para vivienda y un recorte neto drástico en los créditos fiscales asociados a los hijos.
Quienes al final pagarán la factura del desplome causado por los bancos serán las mujeres, las familias y los enfermos, además de los adolescentes de clase baja y los trabajadores del sector público. Millones y millones de personas. Claro que Cameron y Osborne esperan que los consejos locales carguen con las culpas de unos recortes del 30%; que las universidades carguen con las culpas de unos recortes del 40% en la financiación de la enseñanza superior; y que los operadores locales se hagan responsables de un recorte del 20% en los subsidios para autobuses.
En lo tocante a gasto social y bienestar, el cálculo es cínicamente expedito. Los más pobres y vulnerables han perdido todo favor político, mientras que se mima a los militares y a la mayoría de los pensionistas, gentes que acuden mayoritariamente a votar y que por eso mismo son comparativamente tratadas con guante de seda.
La insistencia de Osborne ayer de que quienes tienen "las espaldas más anchas" han de "cargar con el mayor peso" y de que estos recortes afectan sobre todo a los más ricos es totalmente ridícula. Una afirmación de parecido tenor realizada cuando presentó sus presupuestos en junio no tardó en revelarse como lo exactamente opuesto a la verdad.
Las propias cifras del ministro de finanzas muestran que el 10% más pobre soportará la mayor carga de los recortes de gasto anunciados ayer. Incluso tomando en consideración todas las medidas de gasto y todas las medidas fiscales, los más pobres son los segundos afectados entre todos los grupos de ingresos, y eso sólo porque los cálculos del gobierno hinchan indebidamente el impacto en el 10% más rico al incluir la tasa fiscal laborista del 50%.
Y si hablamos de los ricos en serio, obviamente los recortes y los cambios fiscales de la coalición liberal-conservadora apenas les afectan. La recaudación bancaria de Osborne apenas iguala el recorte en las ayudas a los niños, mientras que los impuestos a las empresas se reducirán años tras año. Y quienes realmente causaron la crisis que provocó un agujero en las finanzas públicas se les pide que paguen… ¡prácticamente nada!
Ello es que cerca de un millón de puestos de trabajo en el sector público y en el sector privado se pederán como resultado directo de las medidas anunciadas por el ministro de finanzas. Y lo que es potencialmente más desastroso aún, al encoger la demanda en la economía, los recortes de Cameron y Osborne amenazan con devolverla a la recesión en un momento en que los gobiernos de los principales países con los que Gran Bretaña tiene intercambio comercial están haciendo exactamente lo mismo.
El propio FMI, que el mes pasado apoyó el programa de recortes de la coalición liberal-conservadora, argumenta en cambio ahora que la austeridad fiscal británica podría acabar yugulando drásticamente el crecimiento aun si se hiciera aisladamente. Y en el contexto de la manía de austeridad a escala europea, lo más probable es que el impacto deflacionario sea harto peor. Si eso se traduce luego en menor recaudación fiscal y en mayor desempleo, entonces el gobierno tendrá que proceder o a ulteriores recortes o a un giro de 180 grados, tan dramático como humillante.
Por ahora, Cameron y Osborne se están escorando hacia el sector privado, dispuestos a rescatarlo a lomos de la falsedad mil veces repetida y públicamente aceptada, según la cual fue la prodigalidad laborista la que creó el déficit que la coalición liberal-conservadora se ve ahora obligada a enjugar. En realidad, la escalada del déficit presupuestario no hace sino reflejar la del déficit medio de los 33 países más desarrollados entre 2007 y 2009 (del 1% del PIB en 2007 al 9% en 2009), cuando la recaudación fiscal se desplomó y se dispararon los subsidios en la estela de la crisis de 2008.
Pero la capacidad de los laboristas para encabezar la creciente oposición pública a los recortes y para ofrecer una alternativa de inversiones públicas y crecimiento está destruida por sus propios compromisos de campaña electoral con una disminución del déficit a ritmos temporales arbitrarios, y no según la evolución de la economía. Que es lo que está haciendo ahora mismo Osborne. Eso es lo que hay que enmendar y superar lo antes posible, si se quiere que la loca política de clase puesta en marcha ayer por la coalición liberal-conservadora descarrile.
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