AgenciasMientras Bagua entra a un tiempo de tensa calma -con el retorno de 800 indígenas a sus comunidades donde reflexionarán sobre lo sucedido para proseguir con su lucha- el rojo del conflicto llega a la capital peruana, donde los últimos acontecimientos amenazan con desatar una grave crisis política.
Al menos, las declaraciones del Gobierno peruano son tremendistas. Mientras el presidente Alan García acusa veladamente a Venezuela y Bolivia de un complot internacional, el premier Yehude Simon habla de asonadas golpistas, preparadas tanto para el trágico fin de semana pasado, como para el jueves, día en que se anunció una jornada nacional de protestas.
"El presidente García es el responsable de la matanza", dijo en conferencia de prensa el líder sindical de la CGTP, Mario Huamán, al llamar a la protesta, que incluirá una marcha en Lima y será acompañada por los indígenas con un "paro amazónico".
Huamán anunció además un paro nacional si el Gobierno mantiene sus medidas en favor de inversionistas extranjeros en hidrocarburos y minerales y continúa la persecución al líder indígena Alberto Pizango, a quien el Gobierno ha responsabilizado de las muertes, y quien no ha hecho apariciones públicas, señalándose que estaría en Lima.
A Pizango se le acusó de huir a Bolivia, lo que es descartado por los indígenas que lo secundan. Por ello, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, aseveró que Pizango no ha huido del país y se encuentra en Lima. "No es un delincuente, no es culpable de nada, él está dialogando con nosotros", aseveró, desvirtuando así la "conexión boliviana" que el Gobierno peruano asegura.
En tanto, la ministra Mercedes Cabanillas, dijo que la "Jornada de lucha" del jueves sería parte de un plan antidemocrático y denunció que "en septiembre va a ser la segunda intentona para derrocar al presidente Alan García". En tono enérgico además se refirió a Pizango: "El que la hace la paga, ese crimen no va a quedar impune, por muy nativo que sea".
Desfile en el Congreso. En el transcurso del lunes, estaba previsto que una serie de autoridades gubernamentales llegaran al Congreso, dado que algunas fuerzas parlamentarias han solicitado la destitución de Simon y Cabanillas, por el manejo que han tenido del conflicto, el que derivó a una jornada violenta y una crisis política grave.
El premier Simon declaró "sentirse culpable" por la muerte de una veintena de policías, según él, porque no permitió el uso de "armas mortales" en el operativo policial de despeje de una carretera, el que finalmente desencadenó el principal y más grave de los enfrentamientos entre indígenas y policías. Simon también criticó a la prensa extranjera por la cobertura que ha hecho del conflicto.
Sin embargo, el premier previamente reconoció que ''el Gobierno no supo comunicarse directamente con las comunidades, pensó que las buenas acciones o los buenos deseos de progreso y desarrollo de la Amazonía se podían hacer desde la capital sin una comunicación como debería haber sido''.
Poder Judicial. Otro frente aparte ha sido el rol de los tribunales, a los que se les ha hecho variadas exigencias tanto por parte del Gobierno como de los indígenas. Al respecto, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, dijo que la institución que él representa "tiene que guardar un equilibrio absoluto, no puede con su lenidad fomentar la impunidad, pero tampoco puede, con su precipitación, aupar una cacería de brujas. Su papel es pacificador”, sostuvo.
Además, Villa Stein aseguró que la jueza Norma Carbajal Chávez no demoró el trámite que permite la orden de detención contra Alberto Pizango.
Nenhum comentário:
Postar um comentário