Un callejón sin salida

Editorial
El Mostrador

Dominado por una visión autoritaria de la solución del conflicto educacional y sin ninguna habilidad ni empatía para manejar temas complejos ni situaciones de crisis, el actual gobierno ha hecho retroceder la paz social del país al nivel más preocupante desde que se recuperó la democracia en 1990.

En todas partes la paz social no es producto sólo de la fuerza legítima de que está investido el Estado, sino principalmente por la adhesión de sus ciudadanos a procedimientos institucionalizados y conductas que valoran el diálogo como fuente del sentido común acerca de las cosas. La fuerza siempre será la última razón en una sociedad democrática.

En nuestro país, la educación, combustible central de las movilizaciones sociales, carece hace mucho de un sentido común para toda la sociedad y, justo es decirlo, ello no es responsabilidad solo de este gobierno. Lo que sí es claro que entre la satisfacción de la derecha por el modelo de gestión educacional heredado de la dictadura y la baja convicción de los gobiernos de la Concertación para haber enfrentado los costos políticos de una reforma educacional profunda, tarde o temprano los problemas iban a reventar por fuera de la agenda política.

El conflicto actual es en realidad una continuidad de aquel producido el año 2006, donde fuera de toda previsión y de la mano de los actores más débiles del sistema educativo, los estudiantes secundarios, el tema se introdujo en la agenda política del gobierno de Michelle Bachelet.

Hoy son los mismos actores generacionales, con nuevos dirigentes, más experimentados y con demandas temáticas que ya sobrepasan largamente lo meramente educativo. La experiencia de haber logrado entonces cambiar la LOCE por la LEGE para que luego todo siguiera igual, les produjo no desesperanza, sino la convicción de que debían negociar desde la fuerza.

Solo así se explica que hoy exista una mesa de diálogo a la que todos llegan con las pistolas cargadas. El gobierno enviando leyes penales al Congreso, los estudiantes movilizados horas antes de conversar, en marchas públicas.

Sin embargo, la lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales. La victoria de hoy del gobierno puede ser la derrota estratégica del Estado mañana si prevalece el mensaje que, aparentemente de manera inconciente impulsa el gobierno: junten rabia.

En Chile ha habido un esfuerzo grande en el pasado, de todos los sectores, por dotar al sistema político de mecanismos de diálogo, que desactiven los automatismos de violencia que antaño lo llevaron a verdaderas tragedias sociales. Que llevaron no solo al Golpe de Estado de 1973, y sus enormes secuelas de violencia inducida por agentes estatales, sino también a la primacía de las concepciones de que "solo la lucha y la calle da lo que las leyes niegan" en vastos ambientes juveniles. Porque el desafecto democrático nunca es unilateral sino también el resultado de una mala educación cívica práctica.

En todas partes son los gobiernos, de cualquier signo que sean, los que tienen la primera obligación de sentar a sus ciudadanos a conversar sus demandas, y de generar las mejores condiciones para que ello ocurra. Más aún si tales demandas, como ocurre con la educación en Chile, expresan un sentido social y valores de fuerte connotación comunitaria y tienen el apoyo de la mayoría.

Los gobiernos son entes políticos representativos, y pese a la variedad de orientaciones doctrinarias que puedan tener, se constituyen para la gestión de la sociedad hacia el bien común. Jamás pueden transformarse en sistemas gerenciales o empresariales fríos, que tratan a sus ciudadanos como consumidores y los envían a una oficina de reclamos cuando protestan por algo.

Lo que está ocurriendo y los procedimientos en práctica son educación cívica. Por ello no parece razonable transformar el escenario en un callejón sin salida, ni responsable hacer de la negociación un acto de humillación y escarmiento de los jóvenes. Eso es exactamente lo que deteriora los contextos sociales y, a la larga, lesiona la cohesión del país.