Descargar la crisis sobre los migrantes

Ricardo Jiménez
ALAI

Italia se convierte en el primer país del mundo en imponer un impuesto al envío de remesas por parte de los inmigrantes a sus familias y países de origen. Es parte de su paquete de medidas anti crisis publicado en agosto pasado y vigente desde septiembre. El impuesto impone un pago de 2% a todos los envíos por parte de personas que no estén acreditadas en registros de pago fiscal o de pensiones, es decir, castiga a los irregulares o a quienes por ahorrar no están registrados. Pero no sólo eso ya que se trata de un impuesto “regresivo”, o sea, hecho para castigar a los más pobres dentro de los ya castigados, poniendo un mínimo de pago de 3 euros a los envíos cuyo 2% de pago sea menor que los 3 euros, elevando de hecho, en ese caso, el monto del impuesto.

“Descargar la crisis sobre los migrantes”, esta parece ser la consigna neoliberal de los Estados que han renunciado flagrantemente a su obligación de garantizar derechos a los excluidos. Estados de residencia, ricos y del norte, como los Estados Unidos y Europa, que vienen incrementando su deportación, criminalizándolos, encarcelándolos y violando sus derechos humanos. Las cifras de la última década y todos los estudios especializados demuestran que con estas medidas no se disminuye la inmigración, sino que aumenta su segmento irregular y se incrementan las víctimas de tráfico ilegal y trata de personas. No puede ser de otro modo cuando no se quiere asumir la causa estructural fundamental de las llamadas “presiones migratorias”, la desigualdad, concentración y exclusión económica, social, cultural y ambiental.

De hecho, no se trata realmente de no querer inmigrantes, porque son imprescindibles, razones demográficas así lo imponen, ya que vienen a realizar masivamente trabajos de servicios y productivos que precisan trabajadores jóvenes y no calificados, en países que por el contrario cuentan con poblaciones envejecidas y altamente calificadas que ya no quieren realizar esos trabajos. Pero, sobre todo, se trata de una razón económica, son “más baratos” que trabajadores equivalentes de la propia población, y lo son, justamente porque tienen menos derechos o simplemente no tienen derechos. Así, razones de “competitividad” y “rentabilidad” mantienen la esquizofrenia perversa de un discurso anti inmigrante, pero con una práctica que de hecho necesita y cuenta con ellos, sólo que “abaratados”, sin derechos, des-ciudadanizados.

De un golpe, se borra con el codo de la real voluntad política las declaraciones hechas con la mano de los discursos de buena crianza, por los cuales Italia se había comprometido públicamente a “proteger y fomentar las remesas”, proponiendo incluso al G-8, en el 2009, el objetivo “5X5”, para reducir en 5 años un 5% del costo de los envíos, uno de esos programas de “moda” que cuentan con el apoyo del Banco Mundial y deslumbran en boca de agencias de cooperación y entidades internacionales, y que ya vemos donde ha llegado.

El caso de Perú

Pero los Estados de salida también juegan su parte. Muchos de ellos han hecho de la “exportación de mano de obra barata” un indicador imprescindible, aunque metódicamente silenciado, de sus desempeños económicos “exitosos”. Renunciando a su obligación de garantizar derechos y asumiendo una visión mercantilista de estos no ciudadanos o menos ciudadanos. El Perú, por ejemplo.

Precisamente, según cifras oficiales de Italia, Perú está en el séptimo lugar en la lista de los 15 que más montos de remesas reciben desde ese país, con 191 millones de euros anuales. El año pasado los emigrados peruanos enviaron a su país más de 2.500 millones de dólares, elevando la calidad de vida de más de 700 mil hogares y casi 3 millones de familiares que viven en Perú, al tiempo que aportaban no menos de 300 millones de dólares directamente al fisco por pago de IGV. Sus remesas equivalen a la mitad de la Inversión extranjera directa, y a su totalidad, si se le descuentan utilidades. Colombia cuenta con un impuesto de 0.4% para la recepción de remesas y el Perú incluye a las remesas en el pago del ITF que supera al de Colombia con un 0.7%. Pero no sólo eso, los emigrados son también la mitad de los turistas que recibe el Perú y pagan con las tarifas de trámites el 56% de los sueldos y gastos de los servicios consulares que deben usar, absolutamente insuficientes, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las entidades especializadas públicas y civiles. Y todo eso sin contar con el aporte que representa el hecho de al menos 1 millón de empleos y 2 millones de usuarios de servicios sociales a los que el Estado peruano simplemente les negó la garantía de esos derechos y debieron buscárselos por sí mismos en otros países.

Sin embargo, todavía encima de todo, hay a quienes todo esto les parece poco. Y además les quieren hacer cargar con la responsabilidad por el “desarrollo” de sus localidades de origen. Desconociendo o restando relevancia a sus aportes, hechos con sacrificios enormes de sus derechos humanos, y a los indicadores antes mencionados, se habla de que sus remesas “no serían productivas” y que son "co-responsables” del empleo y el desarrollo que el Estado ha sido incapaz de garantizar en sus localidades de origen. Es la renuncia explícita y flagrante a la obligación del Estado a garantizar derechos.

Sobre este enfoque ideológico, en los últimos 10 años, la política del Estado peruano hacia sus emigrados ha tenido como pilar una visión mercantilista en que se concibe a sí mismo como “mediador” entre el emigrado y los negocios privados que, mediante la obtención de ganancia, transforman al emigrado en “cliente” que mediante pago puede acceder a productos como “seguros de remesas”, “créditos productivos”, "cursos de capacitación", etc. En Perú existe un “exitoso” programa en que entidades de micro finanzas prestan créditos a los que reciben remesas con dineros que a una tasa preferencial les presta el Banco de la Nación, para que a su vez estas entidades presten a los receptores de remesas, sin embargo, no existen estudios ni informes de los sobre costos que implica que el Banco de la Nación, en vez de prestar ese dinero directamente a los receptores de remesas, financie a tasas preferenciales las prestaciones de créditos, a través de entidades privadas intermediarias que obtienen una utilidad adicional que encarece todo el proceso.

Para el emigrado que no puede pagar, prácticamente nada, un “Fondo de Ayuda Humanitaria” con 80 centavos de sol (menos de 1 sol) al año para cada emigrado. Una Ley de incentivos migratorios para el retorno que sólo se otorga a quienes han sido "exitosos" y pueden a su regreso montar negocios o ganar salarios altos aportando al Estado. En tres años, 2007 a 2009, ha beneficiado a 385 retornados de 76.501. En fin, baste dejar que este paradigma ideológico hable por la boca de un ex congresista y actual parlamentario andino, con expresiones que ahorran todo comentario: “Es importante motivar el retorno del migrante, sea momentáneo o permanente, pues en ambos casos genera ingresos para el país…”.

Los Estados de Alabama y Arizona en Estados Unidos criminalizan la irregularidad y aumentan las deportaciones de peruanos, acelerando la tendencia sostenida al incremento de las mismas en los últimos 10 años, afectando a 12.000 peruanos en la última década. Y hay quienes piensan que el Estado peruano, como respuesta, debe proponerles una réplica del programa de “co-desarrollo” "3x1" mexicano, para que ellos, los que están sufriendo criminalización, persecución, encarcelamiento y deportación, asuman la obligación de poner un dólar por cada 3 dólares que ponga el Estado peruano en proyectos para llevar desarrollo a sus localidades de origen. Mientras la realidad de los sistemas migratorios muestran la necesidad de co-responsabilidad de todos los actores involucrados para encontrar soluciones sustentables y con derechos a la crisis migratoria, los Estados de salida y residencia nos siguen mostrando una feroz “co-irresponsabilidad”, una persistente visión mercantilista y una dolorosa negación de los derechos humanos y ciudadanos de los migrantes, convertidos mágicamente, por el poder simbólico de la palabra tecnocrática, de excluidos del desarrollo y sus derechos, en “culpables” y “co-responsables” de los mismos. Es el "crimen perfecto" neoliberal contra los migrantes.

¿Será que la hegemonía ideológica neoliberal ha sido tan profunda que simplemente ya no tiene cabida un enfoque de derechos en la política pública migratoria peruana? ¿O todavía no es demasiado tarde para que el Estado peruano asuma sus obligaciones, los incluya como ciudadanos, y garantice sus legítimos e irrenunciables derechos?