Las movilizaciones estudiantiles en Chile

Farid Kahhat
AméricaEconomía

Si asumimos que un objetivo de la izquierda en América Latina es reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, existiría entonces un argumento de izquierda en favor de priorizar el gasto público en educación escolar por sobre el que se destina a la educación superior (la evidencia sugiere que la desigualdad comienza a una edad temprana, una alta proporción de quienes acceden a la educación superior proceden de los estratos medios, y a diferencia de la educación superior, la educación escolar aspira a una cobertura universal). Medido en términos per cápita, el gasto público en educación no suele cumplir con esa condición en América Latina. ¿Podría eso justificar que Chile sea el único país de América Latina en el que no existen universidades, sean estas públicas o privadas, en las que la educación sea gratuita?

Por diversas razones, la respuesta es no. La desaparición de la educación superior gratuita se produjo durante el gobierno del Pinochet. Es decir, un gobierno durante el cual se emplearon fondos públicos para rescatar bancos privados, y bajo el cual se inició un crecimiento sostenido del gasto en defensa que difícilmente puede justificarse con base en las necesidades de seguridad de Chile. Por lo demás, el gasto público en educación superior (sin mencionar el gasto destinado a investigación y desarrollo, y a diferencia de la mayor parte del gasto en defensa), crea un capital humano que eleva el potencial de crecimiento de la economía. Podría argumentarse entonces que, antes que reducir el gasto en educación superior en favor de la educación escolar, debería reducirse partidas como la de defensa en favor de la partida presupuestal destinada a la educación en su conjunto (sobre todo teniendo en consideración que la minería aún da cuenta del 62% de los ingresos por exportación, una actividad basada en recursos no renovables y cuya evolución depende de precios internacionales).

De otro lado, que el efecto distributivo del gasto público en educación superior sea menos progresivo que el del gasto público en educación escolar, no implica necesariamente que aquel tenga un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso. De cualquier modo, condicionar el gasto público por educando a su capacidad económica o su desempeño académico, no requiere eliminar la gratuidad de la enseñanza para el conjunto de los estudiantes. Sobre todo teniendo en cuenta que, según un estudio, la combinación de la eliminación de la gratuidad con un escaso escrutinio público sobre la calidad educativa, hacen que el 40% de los estudiantes que invierten en educación superior terminen perdiendo dinero. Es decir, antes que ser un medio de ascenso social, parte de la educación superior podría estar produciendo una movilidad social descendente (y tal vez también una redistribución regresiva del ingreso). Y cuando hablamos de un escrutinio público de la calidad en la educación superior, no nos referimos necesariamente a que el Estado imponga un estándar en la materia, sino a que facilite una decisión informada por parte de quienes acceden a ella (por ejemplo, exigiendo que las universidades hagan pública información que permita comparar costos e ingresos prospectivos).

Ahora bien, se han comparado las movilizaciones estudiantiles en Chile con otras protestas que tienen como base a los estratos medios de la sociedad. Pero habría que mencionar que también existen diferencias. En Chile, antes que a los nuevos movimientos sociales, los manifestantes pertenecen a una de las entidades que guarda más similitudes con una central sindical entre los estratos medios: una federación nacional de estudiantes universitarios. A diferencia del Brasil, las movilizaciones estudiantiles en Chile tienen demandas precisas (educación pública gratuita y de calidad). A diferencia de Egipto, no cuestionan la legitimidad del gobierno de turno o del orden político: de hecho, reivindican el haber contribuido a acrecentar esa legitimidad (según el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, “Acá lo que realmente ha permitido que la democracia crezca son nuestras movilizaciones”). A diferencia de Turquía, las movilizaciones en Chile no dividen de manera profunda a la sociedad: según una encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile, en 2012 el movimiento estudiantil tenía más credibilidad que el ejecutivo, el Congreso y los partidos políticos. Eso tal vez se deba a que existen más de 900.000 estudiantes universitarios, 70% de los cuales recurren al crédito para costear sus estudios, en un país con menos de 18 millones de habitantes (es decir, una proporción significativa de las familias chilenas conoce el tema por experiencia propia).

Según un informe conjunto del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el costo promedio anual en Chile de la matrícula universitaria equivale a un 22% del PIB per cápita. Ello hace que, en términos relativos, la educación superior en Chile sea una de las más caras del mundo. Y Chile además es el país de la OCDE en el que el Estado asume la proporción más baja del costo total de la educación superior.