quinta-feira, 11 de julho de 2013

Obama obliga a burócratas a espiarse unos a otros

David Brooks
La Jornada

El presidente Barack Obama emitió hace dos años una orden que obliga a empleados federales a espiar a sus colegas y reportar cualquier comportamiento sospechoso que pudiera representar una amenaza interna a la seguridad nacional, y califica cualquier filtración no autorizada de información oficial de acto que asiste al enemigo.

El llamado Programa de Amenaza Interna (Insider Threat Program, ITP) impulsado por Obama es una iniciativa sin precedente para suprimir toda filtración de información del gobierno federal, con un alcance más allá de las agencias de seguridad nacional e inteligencia, incorporando a casi toda la burocracia de la rama ejecutiva, incluyendo los cuerpos de paz, la administración del Seguro Social, el Departamento de Educación y el de Agricultura, reveló la cadena de periódicos McClatchy.

Aunque el programa se enfoca en prevenir filtraciones de material oficial secreto, las definiciones son tan ambiguas y amplias que ofrecen enorme latitud para abordar la divulgación no autorizada de cualquier información, no sólo materiales clasificados, reporta McClatchy al obtener documentos oficiales que detallan el desarrollo e implementación de la orden ejecutiva.

Comportamientos de alto riesgo

El programa ordena además a millones de empleados federales vigilar a sus colegas para detectar personas o comportamientos de alto riesgo, y si no los reportan enfrentan castigos, incluyendo acusaciones criminales. Para algunas partes de la burocracia, toda filtración no autorizada a los medios es considerada el equivalente a espionaje, reporta McClatchy.

Uno de los documentos relacionados con el ITP en el Departamento de Defensa, fechado el primero de junio de 2012, afirma que la filtración es equivalente a asistir a los enemigos de Estados Unidos. Ese documento de estrategia antifiltración señala que los administradores encargados de seguridad tienen que castigar y hasta revocar la autorización de acceso a información secreta de cualquier empleado que viole esas normas, algo que en esencia pone fin a sus carreras. Más aún, los empleados deben entregarse a sí mismos o a colegas si fracasan en reportar violaciones de esas normas.

En algunos departamentos del gobierno, bajo esos programas, se han girado instrucciones a empleados para detectar entre sus colegas comportamientos “sospechosos” o de “alto riesgo”, que incluyen experiencias de vida que pueden convertir a un colega en una amenaza interna. Esos comportamientos o experiencias podrían ser estrés, divorcio, problemas financieros o frustraciones con colegas o con la organización, trabajar más allá de los horarios normales o viajes fuera de lo común.

El programa fue lanzado en octubre de 2011, después de que el soldado Bradley Manning filtró cientos de miles de documentos clasificados a Wikileaks. El propósito del programa es tener mayor control sobre acceso y manejo de esa información, para prevenir más filtraciones, así como para evitar más Mannings en el futuro.

Dos años después, eso obviamente fracasó, cuando hace poco mas de un mes Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, filtró documentos secretos sobre programas masivos de vigilancia de las comunicaciones de millones de ciudadanos en éste y otros países alrededor del mundo.

Por otro lado, hay indicaciones de un cambio significativo en la opinión pública que podría representar otro revés en los esfuerzos del gobierno de Obama para condenar a Snowden. Después de semanas en que sondeos registraban una opinión pública dividida sobre los actos del filtrador, una encuesta nacional de la Universidad Quinnipiac presentada este miércoles encontró que, por un amplio margen, ahora una mayoría (55 por ciento contra 34) consideran a Snowden más un denunciante (whistleblower) que un traidor (como lo ha calificado el gobierno estadunidense).

Además se revirtió de manera dramática la tendencia en que una mayoría consideraba aceptable el sacrificio de libertades civiles a cambio de seguridad, y ahora, por 45 a 40, los votantes opinan que dichas libertades se han limitado demasiado en los esfuerzos antiterroristas.

“El giro masivo en la opinión pública sobre libertades civiles y esfuerzos antiterroristas gubernamentales, y la percepción publica de que Snowden es más denunciante que traidor son la reacción publica y aparente shock ante los extremos a que el gobierno ha llegado para intentar evitar incidentes terroristas en el futuro... Además el veredicto de que Snowden no es un traidor va en contra de la casi unificada percepción del establishment político de la nación”, comentó Peter Brown, del instituto de encuestas de Quinnipiac.

El propio Snowden rechazó tajantemente las acusaciones del gobierno estadunidense y algunos medios de que ha actuado como espía y que posiblemente había entregado materiales secretos a los gobiernos de China y/o Rusia, reportó Glenn Greenwald, columnista de The Guardian, quien habló con el fugitivo en dos ocasiones en los últimos días. “Nunca pasé informaciones a ninguno de los dos gobiernos, y ellos nunca tomaron algo así de mi laptop”, afirmó Snowden.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), principal organización nacional de defensa de libertades ciudadanas, continúa una campaña masiva de decenas de miles de sus afiliados para reclamar nuestro control del gobierno y nuestra privacidad si ciudadanos ordinarios actúan sobre la información extraordinaria que Edward Snowden ha revelado.

Como parte de la campaña, el director de cine Oliver Stone –entre otras figuras destacadas– grabó un video acusando que la máquina gigantesca de vigilancia del gobierno se está comiendo a nuestra libertad. Afirma que “la pregunta es si nosotros controlamos al gobierno o si el gobierno nos controla a nosotros.”

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