Las protestas colectivas vividas a lo largo de estos últimos meses, encarnadas en el movimiento 15-M, las acampadas y las movilizaciones contra los recortes sociales, son una muestra del profundo malestar ante el peligro de ruptura social que estamos viviendo en estos momentos. En una sociedad donde la exclusión social, la precariedad, el paro y la perdida de derechos son una realidad creciente, la política realizada desde nuestras instituciones ha desplazado el centro de atención de las medidas para crear ocupación y proteger a los más afectados por la crisis al debate sobre el déficit público. Un debate preñado de un fuerte déficit democrático, impuesto desde instancias no democráticas y que pretende profundizar en un nuevo modelo de sociedad marcado por la falta de equidad y justicia social. En nuestra realidad, las dos herramientas más evidentes de este proceso son en estos momentos la Ley de Presupuestos y la Ley Ómnibus, impulsadas por el gobierno de CIU. Dos leyes no refrendadas en ningún programa electoral ni por ningún proceso de negociación previo.
El malestar está en la base de la protesta social; la creatividad y la generosidad es la que la ha dado forma y contenido, y la actuación pacífica propia de la desobediencia civil ha sido su signo de identidad más claro. La reacción frente esta protesta por parte de medios y políticos se ha caracterizado primero por la sorpresa, en la medida que no lo entendían; después por la preocupación, en la medida que los impugnaba, seguida por la represión más descarnada, en la medida que no lo aceptaban, y ahora, finalmente, por la criminalización. Asistimos en este último sentido, a partir de unos incidentes totalmente condenables, a la estigmatización política de una protestas que ha señalado los principales problemas de nuestro país fuera de los consensos políticos y mediáticos imperantes. En la medida que las instituciones representativas obedecen a los dictados realizados desde instituciones que la población no ha escogido (como el FMI, los mercados financieros o las agencias de rating), la democracia se vacía de contenido a ojos de una parte creciente de la población; en la medida que las protestas sociales pacificas reclaman un retorno a la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas, estas protestas toman una clara dimensión de defensa de la democracia. No al contrario.
Los firmantes de este manifiesto condenan en este sentido la criminalización mediática y política que toma la parte por el todo y que se realiza desde la pretensión de transformación social más radical que ha vivido nuestro país desde el inicio de nuestra democracia, así como saludamos la capacidad de respuesta que está mostrando una parte creciente de la población. Una criminalización que deviene discurso de amenaza contra ciudadanos pacíficos y contra aquellos que, como Arcadi Oliveres, les dan apoyo. La protesta y la revuelta han sido las bases constitutivas de la conquista de nuestras libertades; su criminalización y persecución sólo pueden ser el prologo de su perdida.
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