El presidente Hugo Chávez en el laberinto colombiano

Maurice Lemoine
Le Monde diplomatique

«El Gobierno de la república Bolivariana de Venezuela informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana Joaquín Pérez Becerra, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania.»

Pérez Becerra sobre el cual, según la versión oficial, existía una orden de arresto «código rojo» de Interpol por «terrorismo», fue extraditado el lunes 25 a Colombia, a petición del gobierno de ese país, que desea juzgarle como responsable del Frente Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Europa. El ministerio de Interior y Justicia venezolano ha comunicado que por medio de esa extradición Caracas «ratifica su compromiso inquebrantable en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de sus compromisos y de la cooperación internacional». Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, después de dar las gracias públicamente a su homólogo Hugo Chávez, ha aportado algunas precisiones sobre los detalles de la detención. Según su relato el sábado por la mañana, durante el vuelo de Pérez Becerra entre Alemania y Venezuela, Santos llamó a Chávez: «Le di el nombre y le pedí que colaborase en la detención. No lo dudó. Es otra prueba de que nuestra cooperación es efectiva» (1). Caracas no desmintió esta versión de los hechos.

Esta operación conjunta de dos países opuestos en todo y cuyas turbulentas relaciones han alimentado las crónicas de los últimos años, provoca un fuerte malestar en las organizaciones sociales y en los sectores de izquierda latinoamericanos que desde 1998 son los más activos en la defensa de la revolución bolivariana frente a quienes la atacan, en particular Colombia. La actitud del presidente Chávez se ha cuestionado y criticado, a veces en los términos más duros, tanto en Venezuela como en el extranjero. El tono de las reacciones puede resumirse de esta forma: «¿Cómo puede un gobernante que se proclama revolucionario colaborar con los servicios secretos colombianos y estadounidenses?» En efecto, la suerte reservada a Pérez Becerra plantea muchas preguntas.

Joaquín Pérez Becerra nació en Colombia y fue miembro de la Unión Patriótica (UP), un partido legal creado en 1985 cuyos miembros, militantes y dirigentes, fueron exterminados (4.000 muertos) por los paramilitares, instrumentos del terrorismo de Estado. En 1994, tras el asesinato de su esposa, Joaquín tuvo que huir de su país para salvar la vida y se exilió en Estocolmo donde, renunciando a su nacionalidad de origen, se convirtió legalmente en sueco. Al contrario de lo que afirman Bogotá y Caracas, Pérez Becerra (ya) no es colombiano.

Este superviviente de la guerra sucia, que ha rehecho su vida y ha fundado una familia, nunca abandonó la lucha política y se convirtió en director de la Agencia de Información Nueva Colombia (ANNCOL), creada en 1996 por periodistas latinoamericanos y europeos. Muy crítica con el palacio de Nariño (2), la Agencia ha denunciado sin concesiones la colusión entre los paramilitares y esferas gubernamentales, los escándalos de las «chuzadas» y los «falsos positivos» (3). ANNCOL también publica, igual que muchas otras fuentes, los comunicados de las FARC. Eso no convierte al director de ese medio alternativo en un «terrorista» alto responsable de la organización de oposición armada en el continente europeo.

Por otra parte, ¿cómo es posible que a este ciudadano –presuntamente buscado por Interpol en «alerta roja»- nunca le hayan molestado en Suecia, el país donde vive desde hace casi veinte años? ¿Cómo es posible que pudiera abordar sin problemas un avión en Frankfurt, aeropuerto europeo, donde cuesta imaginar semejante negligencia en materia de seguridad? ¿Serán Caracas y Bogotá las únicas capitales del mundo que reciben los avisos de Interpol? Según las informaciones ahora disponibles, se puede emitir una primera hipótesis: esa orden de detención no existía.

El organismo internacional Interpol no lleva a cabo investigaciones criminales y no posee «servicio de acción» Simplemente centraliza los avisos de búsqueda emitidos por las policías de los países miembros –cada uno tiene una oficina central nacional (BCN)- y en el marco de la cooperación transfronteriza los transmite a todos sus corresponsales. Por lo tanto es perfectamente posible –salvo que lo desmientan en los próximos días los gobiernos sueco y/o alemán- que la orden de detención internacional de Pérez Becerra fuera emitida y transmitida al BCN de Bogotá por la policía colombiana cuando supo, gracias a sus servicios de inteligencia, que ya se encontraba en el avión donde, entonces, ya estaba atrapado. El presidente Santos simplemente sólo tenía que llamar, dos horas antes del aterrizaje, a Chávez –que cayó en la trampa sin pensarlo-.

Sólo hay otra explicación posible en el caso de que la orden de detención existiera previamente: las acusaciones presentadas eran demasiado inconsistentes para que la policía y el gobierno suecos se planteasen acusar y extraditar a su ciudadano. O entonces habría que asumir la teoría (sorprendente, pero señalada por Chávez) de una conspiración ¿Estocolmo?-Washington-Bogotá-Interpol-CIA que habría esperado pacientemente un viaje de Pérez Becerra a Venezuela para sacar la orden de debajo de la mesa y poner a Venezuela en un apuro: «Si le extradito, soy el malo, si no le extradito, también soy el malo» (4).

Sin embargo Pérez Becerra fue «expedido» en cuarenta y ocho horas a Colombia, sin que la justicia venezolana examinase su caso. ¿Tanta prisa forma parte de la costumbre? Desde 2005 Caracas reclama a Bogotá la extradición de Pedro Carmona Estanga, expresidente de la patronal reclamado por tomar el poder ilegalmente y disolver todos los poderes públicos durante el golpe de Estado de abril de 2002; parece que la justicia colombiana se da más tiempo de «reflexión» antes de tomar una decisión.

Durante su detención en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Pérez Becerra estuvo sometido a un aislamiento total: Ninguno de sus interlocutores tuvo en cuenta sus documentos de identidad suecos; tampoco tuvo derecho a asistencia jurídica ni a ponerse en contacto con la embajada sueca. En esas condiciones, este asunto se parece de hecho al secuestro, en plena Caracas el 13 de diciembre de 2004, por parte de un comando colombiano que se beneficiaba de complicidad local, de Rodrigo Granda –que realmente era miembro de la comisión Internacional de las FARC-, un asunto que en aquel momento provocó una dura (y justificada) reacción del presidente Chávez.

Nadie puede negar seriamente que el acercamiento entre Colombia y Venezuela, desde la llegada al poder de Santos el 7 de agosto de 2010, constituye una evolución positiva. Ya era muy larga la lista de los incidentes que durante la presidencia de Álvaro Uribe culminó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países en noviembre de 2007 y julio de 2010. Se estableció una tregua. Por razones económicas Bogotá necesita una normalización: debido al episodio del cierre de las fronteras, las exportaciones colombianas a Venezuela bajaron de 6.000 millones de dólares en 2008 a 1.400 millones en 2010.

Por su parte la República Bolivariana, que necesita esas importaciones, también tiene todo el interés en que su vecino ponga fin a la campaña que, en perfecta sintonía con Washington, ha intentado presentar a Venezuela como «cómplice del terrorismo» y «narco-Estado». Así, buscando cada uno sus ventajas, ambos presidentes dan -¡en apariencia!- más señales de buena voluntad. Y en nombre de la razón de Estado parecía difícil –incluso imposible- para Hugo Chávez rechazar la extradición solicitada mientras que Juan Manuel Santos acababa de conceder prioridad a la del (presunto) narcotraficante venezolano Walid Makled.

Makled, riquísimo hombre de negocios, en su época de gloria fue propietario de la compañía aérea Aeropostal y controlaba más de un tercio de los puertos y aeropuertos venezolanos. En 2008, sus dos hermanos Alex y Abadalá fueron detenidos con 400 kilos de cocaína y Makled huyó para escapar de la orden de arresto que había contra él, siendo detenido finalmente, el 18 de agosto de 2010, en Cúcuta (Colombia). Venezuela reclama su extradición desde el 26 de agosto (además del tráfico de drogas está acusado de tres asesinatos en el país), y el 6 de octubre también reclamó su extradición Estados Unidos, que le considera un «capo» particularmente importante.

Con la complicidad de las autoridades colombianas Makled, desde una prisión de «alta seguridad» particularmente permisiva, pasa su tiempo concediendo entrevistas a los medios de comunicación colombianos y venezolanos (de oposición, por no decir «uribistas»), explicando que se benefició de complicidades, civiles y militares, al más alto nivel de la República bolivariana y que participó en la financiación de una u otra campaña electoral, según la ocasión. También ha precisado que prefiere que le extraditen a Estados Unidos y que está dispuesto a «negociar al 100% con la justicia estadounidense».

Sabemos cómo funciona esa justicia en este tipo de casos. A cambio de «revelaciones» reales o inventadas que sirven a la política de Washington (y no sólo en materia de narcotráfico), el acusado puede ver cómo le ofrecen remisiones de condena particularmente tentadoras. Es lo que ha explicado perfectamente el presidente Chávez cuando ha declarado: «El juego del imperio consiste en ofrecer a ese hombre muchas facilidades, incluida su protección, para que empiece a vomitar todo lo que quiera contra Venezuela y su presidente» (5). De ahí el interés de juzgarle en Caracas y –en todo caso muchos lo esperan en la base «chavista»- de sacar a la luz, si el proceso confirma su existencia, las redes de corrupción que gangrenan Venezuela en todos los niveles. Por lo tanto ése es un gran regalo que hace Santos al gobierno bolivariano cuando, a pesar de las intensas presiones de Estados Unidos, anunció el 13 de abril que se extraditaría a Makled a Venezuela (sin embargo, en este momento Makled continúa en Colombia).

Razón de Estado, pues. Cruel pero necesaria, según la fórmula consagrada. Pero ahí aprieta el zapato –y doblemente- Porque a pragmático, pragmático y medio. Santos no ha salido de la nada. Ministro de Defensa del presidente Uribe, participó activamente en el establecimiento de su mortífera política de «seguridad democrática» y está implicado directamente en el escándalo de los «falsos positivos». Desde su llegada a poder ha tomado sus distancias y no pierde una ocasión para desmarcarse de su predecesor (al que sirvió bien), ofreciendo a bajo coste una imagen de «moderado». Finalmente, bastante más sutil que Uribe, «juega» (en todos los sentidos de la palabra) al apaciguamiento con Venezuela. ¿Entonces se ha convertido en un nuevo un «amigo»? ¿Venezuela verá reducirse el nivel de agresión al que Colombia la ha sometido hasta ahora? Lo dudamos profundamente.

Ciertamente Colombia ha anunciado la extradición de Makled a Caracas, pero las autoridades colombianas han informado de que antes autorizarían el interrogatorio por parte de los funcionarios estadounidenses. Por lo tanto podemos esperar próximamente (es decir, antes de las elecciones presidenciales venezolanas de 2012) «revelaciones escandalosas» que, corroboren o no las que el traficante hará a la justicia de su país, alimentarán los medios de comunicación y la «comunidad internacional» con un delicioso veneno made in USA. En una palabra, la bomba de relojería que Caracas pretendía neutralizar no se ha desactivado en absoluto.

Ni mucho menos. En Londres, por otra parte, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) anuncia la presentación pública, el 10 de mayo, de una obra titulada The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of Raúl Reyes (Los documentos de las FARC: Venezuela, Ecuador y los archivos secretos de Raúl Reyes). Según se anuncia el libro incluirá un análisis del material contenido en los tres USB y en los discos duros de los dos ordenadores encontrados cerca del cuerpo del responsable de las relaciones internacionales de las FARC, Raúl Reyes, después de su muerte en un bombardeo en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008. Cuestionables e indefendibles en el plano jurídico, los miles de documentos en cuestión, supuestamente certificados por Interpol, ya sirvieron ampliamente, por el sesgo de los medios de comunicación partidarios de «la causa» para acreditar la teoría según la cual Caracas (igual que Quito) aporta un apoyo financiero masivo, político y militar, a la guerrilla (6).

Así pues los «ordenadores mágicos» un poco olvidados en los últimos tiempos resurgirán con brío. El informe irá acompañado, precisa el IISS, de un CD-ROM con sus e-mails más importantes. ¡Formidable! ¡Se trata de documentos que no pueden ser más inéditos! Sin duda sorprenderán al capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, redactor del informe de la división antiterrorista de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la policía colombiana sobre el material informático «perteneciente al ex-guerillero», quien a finales de 2008, ante la justicia de Colombia y a petición de su homólogo ecuatoriano, reveló bajo juramento que el «ordenador» de Reyes no contenía «ningún mensaje electrónico». Ahí sólo se encuentran los ficheros de Word con las «copias de mensajes» (7) que cualquiera ha podido introducir desde entonces: el informe de Interpol dedicado a ese material precisa que miles de esos ficheros fueron creados, modificados o suprimidos tras caer en las manos del ejército y después en las de la policía colombianos (8).

Naturalmente cuando se reactive esta «campaña» que previsiblemente inundará los medios de comunicación –y hará pasar a un segundo plano los avances sociales del gobierno bolivariano- Santos siempre podrá objetar a «su amigo Chávez» que no es responsable de las publicaciones de IISS. Pero fue él mismo, entonces ministro de Defensa y a las órdenes de sus patronos Uribe y George W. Bush, quien organizó, en 2008, la manipulación y difusión de los «archivos de Raúl Reyes» a los cuatro vientos.

Así pues, el jefe del Estado colombiano gana en todos los campos. Ni «el imperio» ni la derecha venezolana agradecerán al presidente Chávez que haya actuado en el sentido de sus intereses. En el colmo de la ironía y el cinismo, incluso se ha podido oír a Rafael Uzcátegui, secretario general del partido de oposición Patria Para Todos (PPT, dos diputados) cómo se preocupa: «El país se pregunta quién es el presidente de Venezuela: ¿Hugo Chávez o Juan Manuel Santos?» (9). En cambio en la izquierda aparece una fractura que implica a los más fieles apoyos de la revolución bolivariana y que considera que se han traicionado sus ideales, su internacionalismo y su solidaridad con Pérez Becerra.

Honradamente nadie puede pedir a Caracas que apoye a las guerrillas. El conflicto colombiano debe arreglarse en Colombia, entre colombianos (con una mediación aceptada por todos los contendientes, llegado el caso). Por su parte Venezuela puede considerar legítimamente que no tiene por qué sufrir por la guerra interna, de la que no es responsable, que desgarra a su vecino. Pero no hace mucho tiempo (en enero de 2008) que, analizándola en su realidad profunda, Chávez invitaba a la comunidad internacional a que dejase de calificar a las FARC (y al Ejército de Liberación Nacional, ELN) como «grupos terroristas» y a que reconociera las razones políticas de su lucha armada. ¿Quién habría podido imaginarse entonces a la patria de Bolívar extraditando a un periodista, exiliado en Europa, cuyo único pecado es rasgar el velo de silencio que cubre la mayor parte de Colombia?

Finalmente, Venezuela no es a la única que hay que interpelar… Este lamentable incidente no habría llegado a producirse si, desde antes de su partida de Suecia, el viaje de Pérez Becerra no se hubiera detectado y señalado. Sabemos que desde 2010, en el marco de una campaña de intimidación –la Operación Europa-, Colombia ha desplegado sus servicios de inteligencia en el viejo continente. Los cuales no sólo vigilan a los colombianos exiliados, a sus amigos latinoamericanos u otros y a los periodistas «mal pensantes», sino que incluso han llegado a espiar, con la intención de neutralizar su influencia o desacreditarlos, a la comisión de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a los eurodiputados «no simpatizantes» (del gobierno colombiano), a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, etc.

El 25 de octubre de 2010, en Madrid, una veintena de miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas presentaron una denuncia contra el ex-presidente Uribe porque las habían espiado, pinchado sus líneas telefónicas, perseguido y amenazado. Cinco días después en Bruselas y por los mismos motivos –vigilancia, toma de fotografías y vídeos, robos de documentos y discos duros de ordenadores, amenazas durante viajes efectuados a Colombia en el marco de proyectos de cooperación europea- las víctimas de este tipo de prácticas también emprendieron acciones legales.

Hasta la fecha ni la UE ni su Parlamento –que sólo sueña con rematar la negociación de un tratado de libre comercio con el país andino- han investigado sobre esas acciones ilegales de Bogotá. Si, como es su deber, lo hubieran hecho, sin duda Pérez Becerra no estaría encerrado en la actualidad, igual que muchos otros presos políticos, en una cárcel de Colombia. Ya sólo podemos esperar una actuación vigorosa de Suecia, que el 27 de abril pidió explicaciones a Venezuela por no haber recibido información de la detención y extradición de su ciudadano.

Del «asunto Pérez Becerra» tenemos, de momento: una derecha venezolana que se divierte y cuenta puntos, una izquierda bolivariana alterada y dividida, y por lo tanto débil, un superviviente de la UP en manos de sus verdugos y un Santos que dirige el baile a nivel regional. El balance no es nada satisfactorio.

Notas

(1) El Tiempo, Bogotá, 25 de abril de 2010.

(2) Palacio presidencial colombiano.

(3) Chuzadas: escuchas telefónicas organizadas al más alto nivel del Estado; «falsos positivos»: asesinatos del ejército colombiano de ciudadanos corrientes a los que después presentaban como guerrilleros muertos en combate (la justicia tiene entre manos más de 3.000 casos).

(4) Radio Nacional de Venezuela, Caracas, 30 de abril de 2011.

(5) El Nacional, Caracas, 8 de noviembre de 2010.

(6) Léase « La Colombie, Interpol et le cyberguérillero » y « Emissaire français en Colombie », Le Monde diplomatique, respectivamente julio de 2008 y mayo de 2009.

(7) Canal Uno (Bogotá) y El Nuevo Herald (Miami), respectivamente, el 1 de noviembre y 5 de diciembre de 2008.

(8) « Informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia, OIPC-Interpol », Lyon, mayo de 2008, páginas 31 a 35.

(9) El Nuevo Herald, 30 de abril de 2011.