Ojarasca
Nada es casualidad en la actual embestida contra los territorios de los pueblos indios en México. Se hicieron con tiempo las leyes para perpetrar el despojo; y ahora se promueven conflictos intercomunitarios para dividir a la población; se organizan consultas amañadas e ilegítimas; el capital trasnacional impone sus reglas al Estado; las empresas constructoras llegan invariablemente custodiadas por fuerzas policiacas e incluso por el ejército, pues solas, lo saben, no podrían introducir la maquinaria con la que depredarán un bosque, realizarán la perforación de una mina, desviarán el agua de un río o se robarán el viento.
Estamos presenciando la peor ofensiva contra los pueblos indios en toda la historia, que en realidad es contra la nación entera, pero como es en sus territorios donde se encuentran los recursos naturales, tan de ellos, es ahí donde se concreta la barbarie que viene con el anuncio del “progreso”.
El capital, ni hablar, sí tiene un manual. Un recorrido por algunos estados de la República permite ver lo rudimentario de las estrategias empresariales y de los gobiernos de cualquier filiación. Las implicaciones son macroeconómicas, pero los operadores inician el trabajo de casa en casa, ofreciendo espejitos por oro.
Rupestres
En la misma semana dos historias ejemplificaron el escenario de la confrontación inducida. En Real de Catorce, San Luis Potosí, y en Tepoztlán, Morelos, se pretenden imponer dos proyectos. En el primero las minas y en el segundo una carretera. En ambos lugares les ofrecieron a los lugareños 150 pesos por su beneplácito y por crear un grupo adversario al que se opone al proyecto. En Catorce son los empleados de la mina los que van casa por casa para convencerlos; en Tepoztlán, los trabajadores de la constructora Tradeco son los que “contratan” a gente de dentro y de fuera del poblado para que digan “sí a la autopista”.
En la misma semana dos historias ejemplificaron la confrontación inducida. En Real de Catorce y en Tepoztlán se pretenden imponer dos proyectos. En el primero las minas y en el segundo una carretera. En ambos lugares les ofrecieron a los lugareños 150 pesos por su beneplácito y por crear un grupo adversario al que se opone al proyecto.
Las maniobras empresariales y gubernamentales recuerdan al PRI que nunca se fue, pero también a los partidos que llegaron después y perfeccionaron la estrategia. A los pobladores de Real de Catorce les aseguran que “los huicholes les quieren quitar sus tierras” para, literalmente, ponerlos a pelear. Y en una asamblea abierta queda al desnudo la vileza de cinco proyectos mineros que pretenden instalarse en el centro sagrado de Wirikuta, lugar en el que no habitan los wixáritari pero al que peregrinan para recolectar el jíkuri (peyote) y para dejar sus ofrendas.
A la asamblea celebrada en Real de Catorce, con la presencia de cuerpos policiacos debido al clima de tensión generado, se presentó una delegación de wixaritari para disipar las dudas. Sebastián Carrillo, presidente de bienes comunales de Bancos de San Hipólito y miembro del Consejo Regional Wixárika, dice: “Amamos la tierra de corazón en estas partes de Wirikuta. Nosotros no venimos a quitarles ni un pequeño terreno. Hay un reconocimiento de que es suyo. Nos quieren poner a pelar, pero les hacemos la invitación de que caminemos juntos”.
El foro informativo se pronuncia mayoritariamente por el “no a la minas”, pero una a una llegan las personas señaladas por el resto de recibir dinero de las empresas. La decena de personas se distribuye en el auditorio. No se hablan entre ellos, sólo intercambian miradas al momento en que deciden tomar la palabra e increpar al auditorio: “Si no es en las minas, entonces dónde vamos a trabajar”. Se les promete la creación de empleos, pero, refutan en el foro, de las tres mil 100 personas afectadas por la minería, sólo 166 personas podrán aspirar a que las contraten, lo cual, evidentemente, no resuelve el problema de falta de trabajo. Además, dice otra, “aquí podemos crear alternativas sin permitir que las minas contaminen nuestra agua y nuestro aire”.
A cientos de kilómetros de distancia y con un par de días de diferencia, se intentó celebrar en Tepoztlán una asamblea de comuneros. Al auditorio rodeado de policías llega un contingente de más de 300 personas con carteles que dicen “Sí a la autopista”, una ampliación de 21 kilómetros de carretera por 60 metros de ancho, para lo cual se están expropiando, sin consulta ni autorización de los comuneros, 125 hectáreas de territorio de Tepoztlán.
Las personas con carteles llegan y se van juntas, todo el tiempo con ánimo provocador. El comunero Guillermo Hernández explica que los manifestantes ni siquiera son habitantes de Tepoztlán, sino gente que invadió la zona de reserva ecológica El Tescal, ubicada en los límites de Jiutepec y Cuernavaca, y que edificó 14 colonias. Son gente humilde a la que el gobierno del perredista Graco Ramírez promete que les reconocerá como válida la venta ilegal de tierra comunal, acusa.
Las tierras que contempla la ampliación de la carretera son altamente cultivables y pertenecen a la reserva ecológica otorgada en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Pero nada de eso importa, como tampoco el hecho de que Wirikuta haya sido incorporado en 1988 a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la Unesco, y en 1994 declarado Área Natural Protegida.
En estos tiempos son tantos los casos de despojo en territorio mexicano que cuando se termina de hacer una cuenta ya se sumaron más minas, carreteras, centros turísticos, proyectos inmobiliarios y lo que falte. El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, es nombrado en no pocas asambleas como “la mano intermediaria”, el que llega con el discurso zapatista y acaba promoviendo el divisionismo y la confrontación. Es su trabajo.
Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, resume así la situación: “A diferencia de los setentas, en la actualidad ya no son los gobiernos dictatoriales los preferidos por el capital, sino las democracias y, si son multiculturales, mejor, pues cuentan con más legitimidad, y al identificarse con el pueblo garantizan la “paz social”, situación que permite al capital financiero imponer más proyectos que a una dictadura nacionalista. Para que este tipo de gobiernos sean funcionales al capital, necesitan una única condición: que no pretendan distribuir equitativamente la riqueza del país entre todos sus habitantes; pueden incluso impulsar políticas de apoyo social, pero no acabar contra el colonialismo que sufren los pueblos.”
Nenhum comentário:
Postar um comentário