Clarin
Chilesustentable, Defendamos la Ciudad, Ecosistemas y Acción Ecológica, en conocimiento de la filtración de cables de la Embajada de USA en Chile, difundida en nuestro país por Ciperchile, con documentación suministrada a ese medio nacional de investigación periodística por Wikileaks, expresan su más profundo rechazo a las vergonzosas prácticas llevadas a cabo por altas autoridades del Estado.
Según la documentación oficial del embajador Paul Simons, afortunadamente detectada por Wikileaks, hubo gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para permitir la continuidad de la construcción de la termoeléctrica de AES Gener, a pesar de que existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal esa instalación energética que opera en base a carbón. La opinión pública ya sabe que la ministra de Vivienda y Urbanismo, a petición de la presidenta Bachelet, se prestó para modificar artificialmente la regulación urbanística nacional con el único propósito de viabilizar ese proyecto muy contaminante.
El embajador Simons en sus cables secretos le había dicho a Gary Locke, secretario de Comercio de su país, que el gobierno chileno había accedido muy solícitamente a solucionar los problemas que impedían la consecución del negocio de esa empresa norteamericana, llegando ese diplomático al insolente extremo de afirmar que la ministra Patricia Poblete, en su calidad de responsable de las directrices generales de zonificación, iba a desarrollar nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema y en una frase para el bronce expresó impúdicamente que la sentencia judicial era una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales.
Sara Larraín de Chilesustentable expresó : "la intervencion directa de AES-Gener, utilizando a su gobiernos y embajada para violar el estado de derecho en Chile y lograr que la presidenta, los ministros y funcionarios de turno cambien las leyes para servir a sus intereses, es inaceptable; pues degrada la institucionalidad democratica, destruye la fe publica y la legitimidad del estado como garante del Estado de Derecho. Este hecho amerita que la OECD sancione a Chile y a Estados Unidos con la suspension de su membresia en dicho bloque. Asimismo exige una sancion a ambos paises en el marco del TLC entre Chile y EEUU, pues ambos se coludieron para relajar la normativa ambiental; lo que está expresamente prohibido por dicho acuerdo internacional."
Patricio Herman de Defendamos la Ciudad señaló : "este episodio conocido y denunciado oportunamente por nosotros, deja en muy mal pie a nuestra debilucha institucionalidad y lo peor es que, gracias a la transparente labor de Wikileaks, todas las instituciones económicas que manejan las finanzas de los países en el mundo están al tanto de que la aparente seriedad que dicen tener los dirigentes políticos de este país es una farsa. Somos tan corruptos como cualquier otro país de la región, con la diferencia de que estos países no posan de ser probos e íntegros, como lo hacen los fatuos líderes chilenos. Por ello, y dado que ninguna autoridad ha dicho que Wikileaks la sacó de contexto, hoy día le hemos formulado un responsable llamado por escrito a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, cuya sede está en París, Francia, para que revise la membresía de nuestro país en esa conspicua organización internacional, ya que aquí no se cumple la exigencia de esa organización en orden a que los países que la integran deben observar altos estándares en probidad pública y respecto absoluto por el Estado de Derecho. Hay infinidad de hechos en que la Administración ha intervenido para solucionar proyectos de inversión privados ilegales con el expediente de modificar los marcos regulatorios, lo que es inaceptable. Estaremos atentos a la respuesta de la OCDE, ya que en Chile se vulneran sus propias directrices a favor del libre mercado. Una potencia extranjera, por ningún motivo, puede intervenir y ordenar a las más altas autoridades de nuestro país para que una de sus empresas pueda saltarse la legislación como tampoco juzgar peyorativamente a nuestra Corte Suprema. La soberanía de Chile, con el consentimiento pleno de la institucionalidad ejecutiva, ha sido sobrepasada con este episodio que se une a otros tantos que todos conocemos y por ello queremos que la OCDE entregue una señal clara al actual presidente Piñera en este orden de cosas."
Juan Pablo Orrego de Ecosistemas señaló : "Chile no merece ser miembro de la OCDE, ya que en el país no impera el Estado de Derecho, sino la compulsión de las grandes empresas por llevar a adelante sus negocios a cualquier costo. No solamente con la central Campiche se ha dado una total complicidad entre gobierno, empresa privada y tráfico de influencias al más alto nivel, para imponer un proyecto altamente destructivo. También están los ejemplos de Ralco, Pascua Lama, Castilla e HidroAysén, donde la ciudadanía ve con estupor cómo se cambian leyes a través de resoluciones administrativas y decretos exprés, para permitir que las empresas se salgan con la suya. Chile hoy está en manos de las corporaciones. Aunque la OCDE en varios temas deja bastante que desear, es cierto también que para estar en ella se deben cumplir una serie de regulaciones en las que claramente en la actualidad nuestro país está vulnerando flagrantemente."
Lusi Mariano Rendón de Acción Ecológica manifestó : "hoy en la tarde le enviaremos a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, el link de Ciperchile como este Comunicado de Prensa, con una corta presentación solicitándole que, con sus colaboradores inmediatos, analice la situación expuesta y poniéndonos a su disposición para que conozca de primera fuente cómo se desenvuelve nuestro país en la generación y desarrollo de sus políticas públicas. Recordemos que las organizaciones internacionales se relacionan siempre con los oficiales de los gobiernos y nunca con los representantes de la ciudadanía, de tal forma que esta es una propicia oportunidad para que la OCDE revise la permanencia de Chile en su seno, ya que está claro que sus recomendaciones generales están siendo vulneradas en nuestro país."
Chilesustentable, Defendamos la Ciudad, Ecosistemas y Acción Ecológica, en conocimiento de la filtración de cables de la Embajada de USA en Chile, difundida en nuestro país por Ciperchile, con documentación suministrada a ese medio nacional de investigación periodística por Wikileaks, expresan su más profundo rechazo a las vergonzosas prácticas llevadas a cabo por altas autoridades del Estado.
Según la documentación oficial del embajador Paul Simons, afortunadamente detectada por Wikileaks, hubo gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para permitir la continuidad de la construcción de la termoeléctrica de AES Gener, a pesar de que existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal esa instalación energética que opera en base a carbón. La opinión pública ya sabe que la ministra de Vivienda y Urbanismo, a petición de la presidenta Bachelet, se prestó para modificar artificialmente la regulación urbanística nacional con el único propósito de viabilizar ese proyecto muy contaminante.
El embajador Simons en sus cables secretos le había dicho a Gary Locke, secretario de Comercio de su país, que el gobierno chileno había accedido muy solícitamente a solucionar los problemas que impedían la consecución del negocio de esa empresa norteamericana, llegando ese diplomático al insolente extremo de afirmar que la ministra Patricia Poblete, en su calidad de responsable de las directrices generales de zonificación, iba a desarrollar nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema y en una frase para el bronce expresó impúdicamente que la sentencia judicial era una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales.
Sara Larraín de Chilesustentable expresó : "la intervencion directa de AES-Gener, utilizando a su gobiernos y embajada para violar el estado de derecho en Chile y lograr que la presidenta, los ministros y funcionarios de turno cambien las leyes para servir a sus intereses, es inaceptable; pues degrada la institucionalidad democratica, destruye la fe publica y la legitimidad del estado como garante del Estado de Derecho. Este hecho amerita que la OECD sancione a Chile y a Estados Unidos con la suspension de su membresia en dicho bloque. Asimismo exige una sancion a ambos paises en el marco del TLC entre Chile y EEUU, pues ambos se coludieron para relajar la normativa ambiental; lo que está expresamente prohibido por dicho acuerdo internacional."
Patricio Herman de Defendamos la Ciudad señaló : "este episodio conocido y denunciado oportunamente por nosotros, deja en muy mal pie a nuestra debilucha institucionalidad y lo peor es que, gracias a la transparente labor de Wikileaks, todas las instituciones económicas que manejan las finanzas de los países en el mundo están al tanto de que la aparente seriedad que dicen tener los dirigentes políticos de este país es una farsa. Somos tan corruptos como cualquier otro país de la región, con la diferencia de que estos países no posan de ser probos e íntegros, como lo hacen los fatuos líderes chilenos. Por ello, y dado que ninguna autoridad ha dicho que Wikileaks la sacó de contexto, hoy día le hemos formulado un responsable llamado por escrito a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, cuya sede está en París, Francia, para que revise la membresía de nuestro país en esa conspicua organización internacional, ya que aquí no se cumple la exigencia de esa organización en orden a que los países que la integran deben observar altos estándares en probidad pública y respecto absoluto por el Estado de Derecho. Hay infinidad de hechos en que la Administración ha intervenido para solucionar proyectos de inversión privados ilegales con el expediente de modificar los marcos regulatorios, lo que es inaceptable. Estaremos atentos a la respuesta de la OCDE, ya que en Chile se vulneran sus propias directrices a favor del libre mercado. Una potencia extranjera, por ningún motivo, puede intervenir y ordenar a las más altas autoridades de nuestro país para que una de sus empresas pueda saltarse la legislación como tampoco juzgar peyorativamente a nuestra Corte Suprema. La soberanía de Chile, con el consentimiento pleno de la institucionalidad ejecutiva, ha sido sobrepasada con este episodio que se une a otros tantos que todos conocemos y por ello queremos que la OCDE entregue una señal clara al actual presidente Piñera en este orden de cosas."
Juan Pablo Orrego de Ecosistemas señaló : "Chile no merece ser miembro de la OCDE, ya que en el país no impera el Estado de Derecho, sino la compulsión de las grandes empresas por llevar a adelante sus negocios a cualquier costo. No solamente con la central Campiche se ha dado una total complicidad entre gobierno, empresa privada y tráfico de influencias al más alto nivel, para imponer un proyecto altamente destructivo. También están los ejemplos de Ralco, Pascua Lama, Castilla e HidroAysén, donde la ciudadanía ve con estupor cómo se cambian leyes a través de resoluciones administrativas y decretos exprés, para permitir que las empresas se salgan con la suya. Chile hoy está en manos de las corporaciones. Aunque la OCDE en varios temas deja bastante que desear, es cierto también que para estar en ella se deben cumplir una serie de regulaciones en las que claramente en la actualidad nuestro país está vulnerando flagrantemente."
Lusi Mariano Rendón de Acción Ecológica manifestó : "hoy en la tarde le enviaremos a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, el link de Ciperchile como este Comunicado de Prensa, con una corta presentación solicitándole que, con sus colaboradores inmediatos, analice la situación expuesta y poniéndonos a su disposición para que conozca de primera fuente cómo se desenvuelve nuestro país en la generación y desarrollo de sus políticas públicas. Recordemos que las organizaciones internacionales se relacionan siempre con los oficiales de los gobiernos y nunca con los representantes de la ciudadanía, de tal forma que esta es una propicia oportunidad para que la OCDE revise la permanencia de Chile en su seno, ya que está claro que sus recomendaciones generales están siendo vulneradas en nuestro país."
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