Rebelión
Las tormentas de marzo
Una conocida canción de Tom Jobim tiene ese sugestivo estribillo con tono melancólico “son las aguas de marzo, cerrando el verano…”. Pero lo que está sucediendo en Brasil con el inicio del mes no tiene nada de evocador ni romántico, sino más bien se presenta con un horizonte lleno de nubarrones y tempestades. Son más bien tiempos tormentosos.
La semana pasada fue un enjambre de acontecimientos. Ya el jueves había salido en circulación la revista Isto É, con la filtración de las denuncias realizadas por el senador Delcídio do Amaral, militante del PT y ex líder del gobierno en el Senado, dentro de la figura jurídica conocida como “delación premiada” la cual fue instaurada por el Ministerio Público para obtener mayores informaciones de los involucrados en el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras. En estas declaraciones, Delcídio acusa tanto al ex presidente Lula como a la actual mandataria Dilma Rousseff de intentar obstaculizar las investigaciones realizadas por la justicia, por medio de la presión ejercida para que los jueces a cargo del proceso liberen a algunos de los detenidos en el marco de la Operación Lava-Jato (lavado de autos) que ya se encuentra en su vigésima cuarta etapa.
Cuando el viernes en la mañana la Policía Federal irrumpió en el departamento donde reside el ex presidente Lula da Silva, en San Bernardo, trasladando de manera compulsoria al ex presidente hacia una sede de la Policía Federal instalado en el Aeropuerto de Congonhas, São Paulo, para que prestase declaraciones sobre acusaciones de corrupción, aceptación de coimas y tráfico de influencias. Los supuestos delitos se habrían cometido a cambio de información privilegiada y del favor en la aprobación de licitaciones que beneficiaron a determinadas empresas contratistas, algunas de las cuales (OAS y Odebrecht) le donaron en compensación una importante suma de recursos para la compra de dos sitios en la localidad de Atibaia y un departamento en el Balneario de Guarujá, ambos localizados en el Estado de São Paulo. La noticia de la conducción coercitiva de Lula para prestar esclarecimientos cayó como una bomba en la prensa y en las redes sociales, que estuvieron todo el día difundiendo informaciones sobre lo sucedido y sus posibles desdoblamientos.
Lo cierto es que la llegada de la Policía Federal en el departamento de Lula a las 7 de la mañana fue truculenta. Los funcionarios venían con una orden del juez Sergio Moro, para conducir al ex presidente de forma coercitiva, lo cual representaría una acción totalmente innecesaria. Lula nunca se había negado a declarar, pero había entrado con una medida cautelar en la Justicia por la cual se anulaba cualquier orden de llevarlo a declarar de manera compulsoria. El juez Moro revertió esta decisión judicial y utilizó a la Policía Federal para proceder como órgano ejecutor de una orden arbitraria y prepotente. El debate fue instalado entre los especialistas, algunos de los cuales esgrimen el principio de isonomia por el cual, según la Constitución, nadie está por encima de la ley. El problema es que la acción del juez Moro fue desproporcionada para una figura que nunca había evitado su presencia en un tribunal, en caso de ser convocado. Por lo mismo gana fuerza la versión de que dicha intimación responde más bien a una campaña en contra del ex presidente Lula con la intención de que éste no pueda ser el candidato de la situación para las próximas elecciones a ser realizadas en octubre del 2018.
El clima de enfrentamiento y polarización se ha instalado en el país. La oposición promete obstruir la pauta del Congreso hasta que la comisión de impeachment sea constituida, adicionando al pedido de casación de mandato de la presidenta las últimas declaraciones de ex líder del gobierno. En efecto, con la delación premiada del senador Amaral la derecha ha retomado su agenda en la cual se refuerza la centralidad de abrir un proceso de destituir a la presidenta por medio de este recurso. Junto con ello, la oposición ha convocado a manifestaciones en todo el territorio para el próximo domingo 13, con las cuales espera robustecer la adhesión de la ciudadanía con relación a la inviabilidad del actual gobierno y su reemplazo por uno de transición, encabezado por el actual vice-presidente Michel Temer (PMDB).
Por su parte, el ejecutivo y los partidos de la base aliada también han llamado a manifestarse a favor de la presidenta Dilma y de las conquistas sociales y democráticas efectuadas en los últimos 13 años de mandato del Partido de los Trabajadores. La convocación a las fuerzas que apoyan al gobierno es fundamental para dirimir la voz de las calles y demostrar que la presidenta no se encuentra aislada y sin capacidad de respuesta frente a la agresiva arremetida de la derecha. Y es que existe la convicción de casi todos los sectores del espectro político que una batalla importante para acelerar o neutralizar el proceso de impugnación pasa por la correlación de fuerzas que se exprese en las calles y plazas de las principales ciudades del país. Además, la despropositada conducción coercitiva del ex presidente Lula le ha permitido al PT movilizar y reanimar a su militancia, que se encontraba un poco paralizada y expectante frente a los casos de corrupción que se ventilan casi diariamente en los medio de prensa.
¿A quién le conviene la polarización?
Las acusaciones cruzadas de que tanto el gobierno como la oposición están haciendo todos los esfuerzos posibles para dividir al país se escuchan ininterrumpidamente. Pero, ¿quién sale ganando con esta radicalización en aumento? Ciertamente el clima de enfrentamiento favorece a los sectores que quieren derrocar al gobierno, pues la violencia política puede fortalecer el discurso de ingobernabilidad y estimular a los grupos más virulentos de la oposición a invocar a los militares como una fuerza restauradora del orden y la paz social.
Por otra parte, cualquier observador externo de la política y la sociedad brasileña puede pensar naturalmente que el proyecto del actual gobierno y el de la oposición son diametralmente opuestos, pero la realidad desmiente dicho supuesto. Ambos se pueden encuadrar dentro de un ciclo socialdemócrata imperfecto, que sin alterar radicalmente las bases estructurales del desarrollo económico, político y social del país, se han propuesto profundizar los programas asistencialistas y de protección social de los sectores más vulnerables. Sin duda los esfuerzos e iniciativas de los gobiernos del PT en estos 13 años son bastante más significativos que aquellos realizados por las anteriores administraciones del PSDB, pero en todo caso nada que permita sostener que se encuentra en curso una transformación substantiva del padrón de desarrollo imperante desde que Brasil recuperó la democracia hace poco más de treinta años.
De hecho, independiente de la voluntad de integración y desarrollo regional impulsado por el Estado brasileño en los últimos años, los principales beneficiarios de las grandes obras de infraestructura realizadas en diversos países del continente (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela) han sido las mayores empresas contratistas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Mendes Junior, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, entre otras. Los grupos financieros también han experimentado enormes ganancias en el último tiempo, algunos de los cuales tiene una agresiva política de expansión de sus actividades en la región (Bradesco, ITAÚ, Unibanco, BTG Pactual). Por último, es evidente que la política económica impulsada en este segundo mandato de la presidenta Dilma se encuentra muy alejada de sus promesas de campaña en torno a una mayor inclusión social y mejor distribución de la renta. ¿Por qué últimamente se han declarado tantas huelgas en Brasil? Probablemente porque el gobierno está eliminando los derechos de los trabajadores, flexibilizando el empleo, privatizando el sistema previsional, reduciendo los salarios, aumentando los impuestos al consumo.
Entretanto, si no bastasen los problemas del campo político, el gobierno también enfrenta enormes dificultades en el ámbito económico. La reciente divulgación de los principales indicadores de desempeño económico del país, han renovado la artillería de la oposición. Los datos revelan que el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 3.8% en 2015 y las previsiones son de que dicho producto también va a caer en torno de un 3% durante 2016. Además el déficit primario registrado en 2015 llegó a ser de 115 millones de reales (cerca de 30 millones de dólares). Según los especialistas, esta cifra fue fundamentalmente el resultado de una desaceleración de la recaudación pública causada por la recesión que tuvo una caída del 6.4 por ciento con relación al año anterior, mientras que los gastos aumentaron en un 2,2 por ciento. En este contexto, el nivel de desempleo sigue aumentando, con estimativas de que llegue a superar el 10 por ciento en el presente año. El congelamiento de los salarios, el aumento de los bienes de primera necesidad y la inestabilidad laboral son apenas una pequeña muestra de los aspectos que han empeorado la calidad de vida de los brasileños.
La política en Brasil se ha transformado en una gran Caja de Pandora de intrigas, corrupción e ilegalidades y la vorágine de los acontecimientos torna temerario presagiar el epilogo de esta tragedia. Desde que se iniciaron las manifestaciones en junio del 2013, el país ha experimentado un ciclo de agitación política, con momentos de mayor o menor intensidad y polarización en los enfrentamientos, con un alto grado de conflictividad en muchas ocasiones, por ejemplo, como sucedió durante la contienda electoral de 2014 en que fue reelecta Dilma Rousseff. Es por lo mismo difícil augurar con certeza los escenarios que se presentan en el futuro, pero como lo han indicado diversos especialistas -inspirándose en Gramsci- tal parece ser que con el agotamiento del ciclo socialdemócrata, Brasil se encuentra actualmente en una etapa de transición en que lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no emerge clara y totalmente. Los próximos meses serán fundamentales para resolver algunas claves de esta incógnita.
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