quinta-feira, 26 de novembro de 2020

La tragedia de "La tragedia de los comunes"

Matto Mildenberger
Scientific American

Hace cincuenta años, Garrett Hardin, profesor de la Universidad de California, escribió un influyente ensayo en la revista Science. Hardin consideraba a todos los seres humanos pastores egoístas: nos preocupa que el ganado de nuestros vecinos paste en la mejor hierba. De manera que mandamos más vacas nuestras a consumir la hierba primero. Las llevamos primero antes de que algún otro nos robe nuestra parte. Así se crea un círculo vicioso de degradación ambiental que Hardin describió como la “tragedia de los comunes”.

Es difícil exagerar la repercusión de Hardin en el medioambientalismo moderno. Sus puntos de vista se enseñan en ecología, en economía, en ciencias políticas y estudios medioambientales. Su ensayo sigue siendo un taquillazo académico, con casi 40.000 citas. Todavía se sigue publicando en destacadas antologías ambientales.

Pero aparecen aquí algunas verdades incómodas: Hardin era un racista, eugenista, nativista e islamófobo. El Centro Legal para la Pobreza Sureña [Southern Poverty Law Center, ONG norteamericana de derechos civiles fundada en 1971] lo cataloga como reconocido nacionalista blanco. Sus escritos y su activismo político contribuyeron a inspirar el odio a los inmigrantes que hoy se disemina por los Estados Unidos.

Y promovió una idea llamada “ética del bote salvavidas”: puesto que los recursos globales son finitos, Hardin creía que los ricos deberían lanzar a los pobres por la borda para mantener su bote por encima del agua. Para crear un futuro justo y dinámico, nos hace falta, por el contrario, echar por la borda a Hardin y su defectuosa metáfora.

A quienes revisan el ensayo original de Hardin les espera una sorpresa. Sus seis páginas están repletas de apelaciones al miedo. Los subtítulos proclaman que “la libertad de engendrar es intolerable”. Opina largo y tendido acerca de los beneficios de que “los hijos de padres carentes de previsión se mueran de hambre”. Unos cuantos párrafos más tarde escribe Hardin: “Si amamos la verdad debemos negar abiertamente la validez de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Y así una y otra vez. Hardin apela prácticamente a un Estado fascista que borre el acervo génico indeseado.

O que construya un muro que deje fuera a los inmigrantes. Hardin fue un virulento nativista cuyas ideas inspiraron algunas de las ideas más desagradables contrarias a los inmigrantes. Era de la creencia de que sólo podían sobrevivir las sociedades racialmente homogéneas. Estuvo asimismo implicado en la Federación para la Reforma de la Inmigración Norteamericana (Federation for American Immigration Reform -FAIR), un grupo de odio que aclama hoy las medidas políticas racistas del presidente Trump. Hoy en día, los neonazis norteamericanos citan las teorías de Hardin para justificar la violencia racial.

Y esas no eran simples palabras en papel. Hardin presionó al Congreso para que no enviara ayuda alimentaria a países pobres, pues creía que la población de los mismos amenazaba la “capacidad de carga” del planeta. Por supuesto, mucha gente equivocada ha dejado ideas nobles tras de sí. Que esa tragedia de Hardin se avanzara como parte de un proyecto nacionalista blanco no debería condenar automáticamente sus méritos.

Pero los hechos no estaban del lado de Hardin. Para empezar, entendió mal la historia de los comunes. Tal como apuntó Susan Cox, los primeros pastos estaban bien regulados por instituciones locales. No eran lugares de pastoreo a la buena de Dios, de los que la gente se aprovechaba una y otra vez a expensas de todos los demás.

Muchos comunes se han sostenido de manera semejante a través de instituciones comunitarias. Este llamativo hallazgo fue la obra de toda una vida de Elinor Ostrom, que ganó en 2009 el Premio Nobel de Economía (técnicamente denominado Premio del Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel). Recurriendo a las herramientas de la ciencia — antes que a las del odio— Ostrom mostraba la diversidad de instituciones que han creado los seres humanos para gestionar un medio ambiente compartido.

Por supuesto, los seres humanos pueden agotar recursos finitos. Así sucede con frecuencia cuando carecemos de instituciones apropiadas para gestionarlos. Pero no le atribuyamos a Hardin el crédito de esta intuición común. Hardin no presentaba un caso científico informado. Por el contrario, estaba utilizando las inquietudes provocadas por la escasez medioambiental para justificar la discriminación racial. Debemos rechazar sus perniciosas ideas sobre una base tanto científica como moral. La sostenibilidad medioambiental no puede existir sin justicia medioambiental. ¿Estamos de verdad preparados para afirmar que sólo podemos substituir determinado número de tuberías de plomo? ¿O que sólo se pueden proteger tantos cuerpos de los contaminantes cancerígenos? ¿Qué sólo hay tantos niños cuyo futuro importe?

Y esto resulta de especial importancia cuando nos enfrentamos al cambio climático. A pesar de lo que pueda haber dicho Hardin, la crisis climática no es una tragedia de los comunes. La culpa no reside en nuestros impulsos individuales de consumir combustibles fósiles hasta la ruina de todos. Y la solución no consiste en dejar que se hundan los islotes de la Bahía de Chesapeake ni países enteros del Pacífico, sin asiento en nuestro bote salvavidas planetario.

Por el contrario, rechazar el diagnóstico de Hardin exige nombrar al verdadero culpable de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Hace treinta años disponíamos de un futuro distinto. Medidas políticas graduales sobre el clima podían haber dirigido lentamente nuestra economía hacia niveles de contaminación de carbono en suave descenso. El coste habría resultado imperceptible para la mayoría de los norteamericanos.


Pero ese futuro nos lo robaron. Lo robaron poderosos intereses contaminantes de carbono que bloquearon las medidas políticas de reforma a cada paso para preservar sus beneficios a corto plazo. Nos encerraron a todos en una economía en la que el consumo de combustibles fósiles sigue siendo una necesidad, no una elección.

Esto es lo que vuelve tan contraproducentes los ataques a los comportamientos individuales. Sí, es estupendo conducir un vehículo eléctrico (si te lo puedes permitir) y adquirir paneles solares (si no han conspirado poderosas empresas de servicios públicos de tu estado para encarecer la energía renovable). Pero la cuestión estriba en que los grupos de interés han estructurado las opciones que están a nuestra disposición. Los individuos no tienen capacidad de intervención para dirigir nuestra nave de la economía desde la cubierta de pasajeros.

Tal como nos recuerda Naomi Oreskes, historiadora de Harvard, “[los abolicionistas] vestían ropas confeccionadas con algodón recogido por esclavos. Pero eso no les convertía en hipócritas… sólo significaba que formaban también parte de la economía esclavista, y lo sabían. Por eso actuaban para cambiar el sistema, y no sólo para cambiarse de ropa”.

O, como tuiteó la representante Alexandria Ocasio-Cortez: “Vivir en el mundo tal cual es, no es un argumento en contra de construir un futuro mejor”. La verdad es que dos tercios de toda la contaminación por carbono lanzada en la historia a la atmósfera se pueden retrotraer a las actividades de solo noventa empresas. La verdadera tragedia estriba en los esfuerzos de esas grandes empresas por desbaratar con éxito la acción sobre el clima.

Nos queda muy poco tiempo. Necesitamos líderes políticos que piloten nuestra economía a lo largo de un periodo de rápida transformación económica, a una escala grande, como no se ha visto desde la II Guerra Mundial. Y para llegar a ello, vamos a tener que asegurarnos de que nuestros dirigentes nos escuchen a nosotros, y no — tal como mis colegas y yo mostramos en nuestra investigación — a las empresas de combustibles fósiles.

La esperanza nos exige partir de un compromiso incondicional de unos con otros, como pasajeros a bordo de un bote salvavidas común agitado por fuertes vientos. Al movimiento del clima le hace falta más gente en este bote, no menos. Debemos dejar espacio para todos los seres humanos si queremos acumular el poder político necesario para enfrentarnos a los amenazantes petroleros y barcazas de carbón que nos mandan grandes olas en dirección a nosotros. Se trata de un compromiso que está en el corazón de propuestas como el Green New Deal.

Cincuenta años después, hay que detener la invocación sin sentido de Hardin. Hay que dejar de decir que tenemos todos la culpa porque todos sobreutilizamos recursos compartidos. Dejemos de abogar por medidas políticas que privilegien la protección medioambiental para algunos seres humanos a expensas de otros. Y reemplacemos la errada metáfora de Hardin con una visión inclusiva de la humanidad, que se base en la gobernación democrática y la cooperación en esta época de obscuridad.

En lugar de escribir una tragedia, debemos ofrecer esperanza a cada uno de los seres humanos de la Tierra. Sólo entonces se alzará la opinión pública para silenciar a los poderosos contaminadores de carbono que tratan de robarnos nuestro futuro.

quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Chile: Genealogía y desafíos del proceso constituyente

Erika Díaz Muñoz y Fernando de la Cuadra
Terapia Política

Ya no es tan fácil prever los escenarios futuros que nos pueda mostrar Chile. Hace menos de dos años, rigiendo el actual gobierno, podían verse muchas manifestaciones ocupando los parques, plazas y calles de las principales ciudades del país, pero nada permitía presagiar que se desataría el estallido social o la rebelión popular que tomó cuenta del territorio en las proporciones que hoy conocemos. Algunas movilizaciones reclamaban por una Educación pública, gratuita y de calidad; otras exigían el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP), otras pedían el fin de las llamada zonas “de sacrificio” que siguen colocando en riesgo la vida de miles de personas que habitan en esas localidades, conviviendo a veces en condiciones deplorables en un entorno excesivamente contaminado por operaciones industriales sin control alguno.

En el último periodo también se habían producido protestas por discriminaciones arbitrarias en el uso del agua para regadío agrícola y por los altos cobros del servicio de agua potable, cuya concesión está entregada a manos privadas. A esto se sumaba el malestar acumulado por las enormes y lentas listas de espera para atención en los Hospitales de la red pública de Salud, mientras la atención privada, inalcanzable para la gran mayoría de la población, se financia mediante cotizaciones de un porcentaje mínimo de afiliados al Sistema de Salud Privada. Por otra parte, la represión sistemática realizada por parte de la policía uniformada (Carabineros) que enfrentaba las expresiones del sentir popular como un “estado de guerra”, ha venido aumentando la indignación de las grandes mayorías de la población chilena.

En dicho escenario, fueron apareciendo con mayor frecuencia y convicción, los lienzos y banderas llamando a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impuesta por Pinochet, nacida en medio de un contexto dictatorial, bajo el imperio de la Doctrina de Seguridad Nacional y el sistema económico neoliberal de los Chicago boys.

Todo este movimiento fue creciendo como un alud, pero no era perceptible a simple vista. Como sabemos, éste finalmente se expresó en una rebelión que sumó todo el descontento acumulado, cuando jóvenes estudiantes secundarios dijeron ¡basta! al alza de los pasajes del tren subterráneo Metropolitano (el Metro) de Santiago. Quedó de manifiesto que la evasión masiva del pago de los pasajes, saltando los torniquetes para ingresar a las estaciones de Metro, ya no se trataba de una reivindicación propia de los estudiantes por y para ellos, sino era el reflejo de un malestar generalizado en la población, en contra de los abusos desde el Estado y el empresariado y, en definitiva, una lucha por alcanzar la merecida dignidad. Fue finalmente esta búsqueda por mejores condiciones de vida y por mayor dignidad lo que rebasó la paciencia de la población ese 18 de octubre de 2019.

De manera tal que las y los estudiantes no quedaron solos. A pesar de la represión de la cual fueron víctima, continuaron las movilizaciones callejeras y siete días después, el 25 de octubre, la Alameda Bernardo O’Higgins, principal Avenida en Santiago, acogió la más masiva marcha y concentración que se había realizado en muchos años. Se calcula que casi un millón y medio de personas se concentraron en torno al lugar que simbólicamente se le ha denominado desde entonces, la Plaza de la Dignidad. Algo similar, aunque a menor escala, se iba produciendo en otras ciudades a lo largo de Chile.

Fue tomando forma el movimiento, pero costó vidas humanas, mutilación de ojos, privaciones de libertad, lesiones y torturas a manifestantes, de parte de fuerzas represivas que, durante el estado de excepción -decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera- estaban formadas principalmente por Carabineros y militares, que salieron a las calles con tanquetas y fusiles.

A diferencia del periodo que antecedía a esta rebelión popular, las luchas emprendidas por la población ya no eran aisladas. Desde este modo, podría decirse que fue aumentando la conciencia acerca de que el Estado neoliberal que heredamos de la Dictadura después de 17 años de autoritarismo, entre 1973 y 1990, era la principal causa no sólo de un sistema económico de libre mercado, sino que también era el origen de la falta de garantías para acceder al real ejercicio de los derechos humanos, tanto individuales como sociales.

Si bien Chile ha suscrito y ratificado Convenios internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el país no los respeta en su Carta Magna. Ello ha sido así, con la complicidad del Tribunal Constitucional que no le otorga una jerarquía supra constitucional a los Tratados, Convenios ni Pactos internacionales de Derechos Humanos. Ese mismo Tribunal es el que ha reconocido que si bien el principio económico de otorgarle un papel subsidiario al Estado de Chile no está expresamente consagrado en la Constitución vigente desde 1980, rige transversalmente dicho cuerpo normativo. Define que, en virtud de este principio, “al Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios”.


En las diversas ciudades del país y en los barrios de Santiago, comenzaron a constituirse Cabildos y Asambleas autoconvocadas, para conversar, entre vecinos y organizaciones sociales, acerca de las causas del malestar social, el vínculo entre la difícil realidad de las injusticias, marginalidad y enormes desigualdades económico-sociales, para concluir que uno de los cambios imperiosos a ser levantado consistía en la instauración de una nueva Constitución política.

Esta percepción se sustenta en la certeza de que la institucionalidad heredada de la dictadura ha representado el marco jurídico para validar tanta legislación que ha socavado la confianza en las principales instituciones del Estado. También, que dicho encuadre ha permitido e incentivado una excesiva e inagotable ambición de grupos económicos nacionales y transnacionales que han estado explotando no sólo a trabajadores y trabajadoras, sino también los recursos naturales del país. Ha surgido la indignación al constatar que una gran cantidad de jóvenes carecen de expectativas laborales y de desarrollo humano, que adultos mayores reciben pensiones miserables, aunque hayan trabajado 30 o 40 años, lo que les obliga a seguir laborando para poder sobrevivir o que muchas familias vivan hacinadas y en ciudades altamente segmentadas socialmente.

Las múltiples manifestaciones, paros laborales y estudiantiles, sendos Informes de Comisiones de Derechos Humanos que visitaron Chile, condenando las violaciones de esos derechos ,y una efervescencia permanente en el ambiente, llevó a que la dirigencia de la mayoría de los partidos políticos respondieran llegando a un Acuerdo que , en términos generales, consistía en que se convocaría a un Plebiscito para determinar si se aprobaba o rechazaba dictar una nueva Constitución Política, y si el órgano llamado a redactarla sería una Convención Mixta, conformada en un 50% por Parlamentarios y el otro 50% por ciudadanos/as o, por el contrario, se elegiría una Convención Constitucional sólo conformada por ciudadanos/as, es decir, el resultado de un ejercicio de soberanía popular plena y, además paritaria, esto es, permitiendo que se eligieran igual número de mujeres que de hombres como constituyentes.

Dicho Acuerdo se plasmó en algunas disposiciones que reformaron la Constitución, ya que ésta no sólo era ilegítima en su origen dictatorial, sino además no contemplaba procedimiento alguno para ser reemplazada por otra, por ejemplo, a través de un plebiscito. En un principio, se había fijado fecha para el 16 de abril de 2020, a fin de realizar el mencionado acto plebiscitario. Sin embargo, al haber surgido la pandemia por Covid-19, debió postergarse hasta el 25 de octubre del mismo año dicha votación popular no obligatoria. Los resultados arrojados en este Plebiscito dieron un amplio triunfo a la opción por la aprobación de una Nueva Constitución (78.3%) y también fue significativa la alternativa de que ella sea elaborada por una Convención Constitucional (79%). 

Si bien el triunfo por este gran paso fue masivamente celebrado, es sabido que el Acuerdo de los partidos y la norma constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019, que convocó al plebiscito (Ley N° 21.200) tiene grandes escollos que salvar. Entre ellos: la Convención Constitucional, que será electa el 11 de abril de 2021, deberá dictar un Reglamento para regir su propio funcionamiento, aprobado por 2/3 de sus miembros, hecho que pone en riesgo la posibilidad de dar apertura y transparencia al actuar de la Convención, la que debiera estar sujeta a control social durante su funcionamiento, de entre 9 y 11 meses. Por igual quorum, que en los hechos seria de un 67% de sus miembros, tendrían que aprobarse las disposiciones que formarán el contenido de la nueva Constitución, lo que resulta muy difícil, considerando la información con que se cuenta sobre las posiciones políticas de derecha, de centro e izquierda en Chile y el peso que cada uno de estos sectores posee en la configuración política chilena.

De manera general es posible afirmar que se busca que la nueva Constitución consagre un Estado Social de derechos, donde prime el bien común por sobre el individual, que contemple y garantice de manera supra constitucional los derechos humanos individuales y sociales, que las instituciones públicas ejerzan sus funciones con enfoque de derechos y de género, que distribuya de una forma mucho más equilibrada el poder en la sociedad chilena, que la soberanía realmente radique en el pueblo, facilitando de modo expreso la participación social y política de los y las habitantes del país, que los cargos de elección popular contemplen un mecanismo de revocación, etc.

Así, el período que viene se caracteriza por tener múltiples elecciones populares, lo que complica el escenario, además de las dificultades que implica tomar los resguardos necesarios para evitar más contagios de Covid-19. Efectivamente, resulta muchísimo más complejo realizar Cabildos y Asambleas ciudadanos/as en esta etapa. Para ejemplificar lo señalado, baste saber que el día 11 de abril de 2021 existirá una votación popular para elegir a: Los y las Convencionales Constituyentes, a Gobernadores /as Regionales y, a nivel comunal o local, a Alcaldes y Concejales.

Existen proyectos de ley en el Congreso Nacional con mociones para que haya participación representativa de los pueblos originarios del territorio en la Convención Constitucional, mayores facilidades en los requisitos exigidos para que candidatos/as independientes puedan serlo e ir postulando en pactos electorales, para que, en los hechos, puedan llegar a ser electos y no existan sólo listas de partidos políticos, ya que la militancia en éstos es minoritaria y los partidos también han disminuido su popularidad.

Será preciso que los programas de quienes sean candidatos/as a cargos comunales. contemplen mecanismos facilitadores para que vecinos/as y organizaciones sociales realmente participen en el adecuado seguimiento de los planteamientos y acuerdos a los que vayan arribando los y las miembros de la Convención Constitucional que resulte electa el 11 de abril de 2021. Dicha Convención Constitucional deberá entregar la Propuesta de Constitución al Presidente de la República, a más tardar, en abril de 2022 y entre los meses de junio y julio de ese año, se realizará el Plebiscito que aprobará o rechazará dicho Proyecto. En caso de rechazarse, quedaría vigente la Constitución que rige desde 1980.

Son muchos los desafíos que se presentan en el horizonte, pero estamos convencidos que la disposición y la voluntad de lucha de todas y todos quienes han participado en este proceso por una nueva Constitución, permitirá mantener viva la llama por ocupar los espacios de participación y organización que ayuden a construir una nueva Carta Magna, que represente en forma fidedigna los anhelos y esperanzas del pueblo chileno.

terça-feira, 17 de novembro de 2020

Brasil: La interminable lucha por recuperar la dignidad


Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia

A pesar de você, amanhã há de ser outro dia...
Chico Buarque 

Los resultados de las últimas elecciones municipales permiten aventurar tres conclusiones con relación al escenario que se vislumbra para los próximos meses y pensando en las futuras contiendas y “batallas por las ideas” que se presentan en el país. Lo primero es que los candidatos apoyados por Bolsonaro en las capitales y las principales ciudades del país fracasaron indudablemente y la tendencia es que aquellos que pasaron a segunda vuelta -Crivella en Rio de Janeiro y Capitán Wagner en Fortaleza-, no obtengan los votos necesarios en función de las articulaciones que ya se producen entre sus adversarios para sumar a las fuerzas democráticas. En São Paulo, el candidato del Bolsonarismo tuvo un desempeño más que mediocre, obteniendo poco más del 10% de las adhesiones.

Una segunda constatación, es que los partidos del llamado “Centrão” ganaron en un número significativo de municipios dispersos por todo el país, aunque como ya hemos señalado en columnas anteriores, el apoyo de este sector al ex capitán es meramente instrumental y fisiológico, razón por la cual no es esperable que el gobierno se sustente sobre una plataforma tan endeble y caprichosa como la que ofrecen este conglomerado un tanto amorfo de partidos.

La tercera comprobación, es que la izquierda y los sectores progresistas experimentaron una recuperación en las capitales y en centros urbanos medianos, en gran medida impulsados por una agenda que levanta los temas de la diversidad sexual, la identidad racial y la equidad de género. A pesar de la incesante campaña promovida por los sectores más retrógrados del gobierno que combaten la llamada “ideología de género”, muchas de las alcaldesas y concejalas electas son mujeres negras con amplio trabajo en sus respectivas comunidades. Un caso emblemático, es el de Mônica Benício -la viuda Marielle Franco asesinada en marzo de 2018-que fue electa concejal en Rio de Janeiro, con más de 22 mil votos por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el mismo al que pertenecía Marielle al momento de ser ultimada por milicianos.

La cuestión central que se coloca a partir de este escenario, es que el ciclo de la anti-política -que le permitió a Bolsonaro navegar en la marea ultraderechista que emergió intempestivamente en 2018- parece estar llegando a un punto de agotamiento y declinio. Candidatos truculentos que montaron sus campañas en torno a un discurso de odio y mentiras, fueron penalizados por la mayoría de los electores. Perdieron y perderán en el segundo turno del día 29 de noviembre, como ya está siendo constatado en las diversas indagaciones sobre intención de voto realizadas en estos días.
 


Otro factor que ha afectado el apoyo de la población a candidaturas cercanas al gobierno se asocia con el desprecio que este ha asumido con relación al uso de mascarillas y al distanciamiento social como una actitud elemental para prevenir el contagio entre personas. Un estudio efectuado por la Universidad de Brasilia muestra que muchos de los electores del ex capitán le están retirando su apoyo en función del papel displicente e irresponsable que ha tenido el gobierno para enfrentar el Covid-19, ya sea mintiendo sobre posibles remedios para curar o mitigar sus efectos (Cloroquina) como en el trato vejatorio que ha tenido el presidente al sentenciar que frente al virus los brasileños se han comportado como “Un país de maricones” (sic). La banalización de la muerte y la visión necropolítica impuesta por el bolsonarismo posee un límite en la subjetividad ciudadana y a pesar de todos los males históricos que aquejan a los brasileños desde la época del Imperio y la República atrofiada, un fulgor de lucidez emerge al final, cuando parece que la deshumanización de los más pobres, de los excluidos, de los indígenas, de los negros, de los invisibilizados, ya es una tarea concluida y sancionada por un orden natural.

El negacionismo de Bolsonaro, del gabinete y de su grupo ideológico, desconociendo la gravedad de una pandemia que ya ha infectado a casi 6 millones de habitantes y ha causado la muerte de más de 166 mil personas, sólo puede generar un crecimiento del malestar que se viene incubando en la población, a lo cual hay que sumarle los altos índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la arremetida de la criminalidad urbana que no cesa de acumular víctimas, especialmente entre los más vulnerables.

Al igual que otras naciones de América Latina, Brasil se encuentra en estos momentos en una dura lucha por recuperar la dignidad, pese a la herencia nefasta dejada por la esclavitud y la desigualdad acumulada. Sobre el mito de la “democracia racial”, Brasil ha montado una estructura socioeconómica perversa que no ha hecho más que penalizar a los sectores más explotados y más fragilizados históricamente. Esta es su marca de nacimiento y su trayectoria secular, su relato aberrante y su tragedia, la cual debe ser reescrita nuevamente por las fuerzas mayoritarias que siendo traicionadas y sucumbiendo a los intereses patrimonialistas de unos pocos, se deben levantar una vez más para consolidar sus derechos y su calidad de ciudadanos con la legítima esperanza de un futuro mejor.

quinta-feira, 5 de novembro de 2020

El termómetro electoral en un contexto de cambios


Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia

El próximo 15 de noviembre -feriado por ser el día en que se conmemora la Proclamación de la República- se realizarán las elecciones municipales en Brasil. Dichas elecciones se encuentran enmarcadas por dos hechos. Primero, por un contexto internacional influido por el triunfo de Joe Biden, el candidato demócrata que nunca contó con la simpatía de Bolsonaro. hasta el último momento manifestó su claro apoyo a la reelección de Donald Trump con el cual siempre tuvo una actitud de admiración y hasta de sumisión. Es con certeza una derrota para el ex capitán que se inspiraba en el discurso agresivo, ultraconservador, racista y misógino de su mentor del norte.

En función de lo anterior, cabe hacerse la pregunta respecto a las consecuencias que tendrá la inminente victoria del representante demócrata en las relaciones futuras entre ambos mandatarios y en la descomposición de la política exterior agresiva que se fue urdiendo a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca. De hecho, el gobierno de Bolsonaro se ha mostrado en todo momento como un adulador y apoyador incondicional de la estrategia intervencionista de Estados Unidos en torno a Venezuela, permitiendo incluso que su Secretario de Estado, Mike Pompeo, en visita al estado de Roraima, demarcase el papel que debería desempeñar Brasil en su relación con el país vecino.

En segundo lugar, la jornada electoral del próximo 15 de noviembre, permitirá ir definiendo el escenario futuro de lo que resta del gobierno Bolsonaro y predecir las posibilidades de obtener éxito en sus pretensiones de perpetuarse en el poder por otros 4 años a partir de 2022. El presidente se dice confiado en que ese día será ratificada la preferencia que tendría por parte de la mayoría de la población del país. Sin embargo, según un estudio publicado recientemente bajo el título de O Brasil dobrou à direita, el cientista político Jairo Nicolau sostiene que después de la “espectacular” victoria en 2018, la tendencia observada en los últimos 2 años es que el apoyo a Bolsonaro y a la coalición que lo sustenta ha ido declinando sistemáticamente.

En su libro Nicolau advierte que desde que ganó la elección, Bolsonaro se ha dedicado a pulverizar su relación con los partidos que le daban sustento, renunciando al partido que él mismo había fundado, el Partido Social Liberal (PSL) e intentando organizar otro referente con el nombre de Alianza por Brasil, lo cual ha sido, según las palabras del académico, “el mayor fracaso en la historia de la formación de partidos políticos en Brasil”.

Junto con ello, el ex capitán se ha enfrentado y reñido con aliados que otrora eran muy importantes en la captación de un electorado descontento con la política progresista de los gobiernos del PT. Nos referimos a los gobernadores de São Paulo y Rio de Janeiro, que han construido un discurso con fuerte apelo a las clases medias que se han sentido excluidas de las políticas inclusivas desplegadas por las administraciones anteriores. De perder la próxima contienda municipal en este último estado, el mandatario estará evidenciando su decadencia en el reducto electoral de él, de sus hijos, de sus correligionarios y de los milicianos que vienen controlando su base de votantes durante los últimos años.

A pesar de su reciente aproximación al conglomerado de partidos que se articula en torno del llamado Centrão, Bolsonaro no puede contar con el apoyo categórico de una masa bastante gelatinosa de partidos que responden fundamentalmente a intereses de corto plazo, de un fisiologismo sin pudor ni escrúpulos, que le puede dar la espalda a cualquier momento, dependiendo de la lectura instrumental que realicen de la coyuntura política.

Otro grupo más ideológico sobre los que intenta apoyarse el ex capitán es precisamente el de sus compañeros de armas, que se encuentran compitiendo en gran número para disputar un cargo de alcalde, vice alcalde o concejal. En total son 6.700 miembros de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro y efectivos de la Policía Militar que aspiran a transformarse en dirigentes de los gobiernos municipales. Probablemente el triunfo de Bolsonaro ha sido un gran estímulo para que muchos representantes de la policía y la familia militar se sientan en condiciones de salir victoriosos en la futura disputa electoral. Si a ello le sumamos el número de funcionarios castrenses en los diversos ministerios, el resultado es que la cifra de uniformados en las estructuras del ejecutivo y el legislativo es enorme, como no se había visto antes en la historia brasileña, ni siquiera en los tiempos de la anterior dictadura militar (1964-1985).

Algunos pueden argumentar que elecciones municipales no implican la realización de un test o plebiscito para medir el apoyo del gobierno Bolsonaro, aunque es muy probable que esta vez la postura de la “anti política” promovida por el ex capitán sea interpelada por los ciudadanos que han visto deteriorarse su calidad de vida en los últimos dos años. En el 2018 ser contra los políticos tradicionales se transformó en la moda y suponía una especie de cruzada en la lucha contra la corrupción. En la actualidad, la corrupción también está instalada en el seno del gobierno y de los partidos que son su base de apoyo.

A pesar de las mentiras y fake news divulgadas diariamente por su gabinete de odio, los electores de Bolsonaro tenderán a disminuir inevitablemente en lo que resta de su mandato. Además, ahora cuentan con el “efecto demostración” de la fracasada reelección de Trump, lo cual puede transformarse en una señal de la futura contienda en la escena brasileña. Con la pandemia todavía cobrando la vida de miles de personas, la economía en recesión y la pobreza en aumento, las intenciones del ejecutivo de perpetuarse en el poder se verán ciertamente comprometidas. Ello introduce un componente fundamental que debiera ser considerado por las fuerzas democráticas a la hora de construir un proyecto de unidad que permita el desmonte de esta nefasta etapa de irrupción neofascista que pretende instalarse definitivamente en la República.

segunda-feira, 26 de outubro de 2020

El negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo


Boaventura de Sousa Santos
Rebelión


La pandemia del nuevo coronavirus ha puesto en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse consolidado en los últimos cuarenta años, especialmente en el llamado Norte global. Las principales certezas fueron: el triunfo final del capitalismo sobre su gran competidor histórico, el socialismo soviético; la prioridad de los mercados en la regulación de la vida no sólo económica sino también social, con la consiguiente privatización y desregulación de la economía y las políticas sociales y la reducción del papel del Estado en la regulación de la vida colectiva; la globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución; la brutal flexibilización (precariedad) de las relaciones laborales como condición para aumentar el empleo y el crecimiento económico. En general, estas certezas constituían el orden neoliberal. Este orden se nutrió del desorden en la vida de las personas, especialmente aquellos que llegaron a la edad adulta durante estas décadas.

 

Vale la pena recordar que la generación de jóvenes que entraron en el mercado laboral en la primera década de 2000 ya ha experimentado dos crisis económicas, la crisis financiera de 2008 y la actual crisis derivada de la pandemia. Pero la pandemia significó mucho más que eso. Demostró, en particular, que: es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos; que la globalización puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no produce bienes esenciales; que los trabajadores en empleos precarios son los más afectados por no tener ninguna fuente de ingresos o protección social cuando termina el empleo, una experiencia que el Sur global conoce desde hace mucho tiempo; que las alternativas socialdemócratas y socialistas han vuelto a la imaginación de muchos, no solo porque la destrucción ecológica provocada por la expansión infinita del capitalismo ha llegado a límites extremos, sino porque, después de todo, los países que no han privatizado ni descapitalizado sus laboratorios parecen ser los más eficaces en la producción y más justos en la distribución de vacunas (Rusia y China).

 

No es de extrañar que los analistas financieros al servicio de aquellos que crearon el orden neoliberal ahora predigan que estamos entrando en una nueva era, la era del desorden. Es comprensible que así sea, ya que no saben imaginar nada fuera del catecismo neoliberal. El diagnóstico que hacen es muy lúcido y las preocupaciones que revelan son reales. Veamos algunos de sus rasgos principales. Los salarios de los trabajadores en el Norte global se han estancado en los últimos treinta años y las desigualdades sociales no han dejado de aumentar. La pandemia ha agravado la situación y es muy probable que dé lugar a un gran malestar social. En este período, hubo, de hecho, una lucha de clases de los ricos contra los pobres, y la resistencia de los hasta ahora derrotados puede surgir en cualquier momento. Los imperios en las etapas finales de la decadencia tienden a elegir figuras de caricatura, ya sea Boris Johnson en Inglaterra o Donald Trump en los Estados Unidos, que sólo aceleran el final. La deuda externa de muchos países como resultado de la pandemia será impagable e insostenible y los mercados financieros no parecen ser conscientes de ello. Lo mismo sucederá con el endeudamiento de las familias, especialmente de la clase media, ya que este fue el único recurso que tuvieron para mantener un cierto nivel de vida. Algunos países han optado por la vía fácil del turismo internacional (hoteles y restaurantes), una actividad por excelencia presencial que sufrirá de incertidumbre permanente. China aceleró su trayectoria para volver a ser la primera economía del mundo, como lo fue durante siglos hasta principios del siglo XIX. La segunda ola de globalización capitalista (1980-2020) ha llegado a su fin y no se sabe lo que viene después. La era de la privatización de las políticas sociales (a saber, la medicina) con amplias perspectivas de lucro parece haber llegado a su fin.

 

Estos diagnósticos, a veces esclarecedores, implican que entraremos en un período de opciones más decisivas y menos cómodas que las que han prevalecido en las últimas décadas. Anticipo tres caminos principales. Designo el primero como el negacionismo. No comparte el carácter dramático de la evaluación expuesta anteriormente. No ve ninguna amenaza para el capitalismo en la crisis actual. Por el contrario, cree que se ha fortalecido con la crisis actual. Después de todo, el número de multimillonarios no ha dejado de aumentar durante la pandemia y, además, ha habido sectores que han visto aumentar sus beneficios como resultado de la pandemia (véase el caso de Amazon o tecnologías de la comunicación, zoom, por ejemplo). Se reconoce que la crisis social va a empeorar; para contenerla, el Estado sólo tiene que fortalecer su sistema de "ley y orden", fortalecer su capacidad para reprimir las protestas sociales que ya han comenzado a suceder, y eso sin duda aumentará, ampliando el cuerpo de policía, readaptando al ejército para actuar contra los "enemigos internos", intensificando el sistema de vigilancia digital, ampliando el sistema penitenciario. En este escenario, el neoliberalismo seguirá dominando la economía y la sociedad. Se admite que será un neoliberalismo modificado genéticamente para poder defenderse del virus chino. Entiéndase, un neoliberalismo en tiempo de intensificación de la guerra fría con China y por lo tanto combinado con algún tribalismo nacionalista.

 

La segunda opción es la que más se corresponde con los intereses de los sectores que reconocen que se necesitan reformas para que el sistema pueda seguir funcionando, es decir, para que se pueda seguir garantizando el retorno del capital. Designo esta opción por el gatopardismo, en referencia a la novela Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958): es necesario que existan cambios para que todo siga igual, para que lo esencial esté garantizado. Por ejemplo, el sector de la salud pública debería ampliarse y reducir las desigualdades sociales, pero no se piensa en cambiar el sistema productivo o el sistema financiero, la explotación de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza o los modelos de consumo. Esta posición reconoce implícitamente que el negacionismo puede llegar a dominar y teme que, a largo plazo, esto conduzca a la inviabilidad del gatopardismo. La legitimidad del gatopardismo se basa en una convivencia que se ha establecido en los últimos cuarenta años entre el capitalismo y la democracia, una democracia de baja intensidad y bien domesticada para no poner en cuestión el modelo económico y social, pero que aún garantiza algunos derechos humanos que dificultan la negación radical del sistema y la insurgencia anti-sistémica. Sin la válvula de seguridad de las reformas, acabará la mínima paz social y, sin ella, la represión será inevitable.

 

Sin embargo, hay una tercera posición que designo como transicionismo. Por el momento, que habita en la angustiosa inconformidad que surge en múltiples lugares: en el activismo ecológico de la juventud urbana, en todo el mundo; en la indignación y resistencia de los campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes y pueblos de los bosques y regiones ribereñas ante la impune invasión de sus territorios y el abandono del Estado en tiempos de pandemia; en la reivindicación de la importancia de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres, a veces en el anonimato de las familias, ahora en las luchas de los movimientos populares, ahora frente a gobiernos y políticas de salud en varios países; en un nuevo activismo rebelde de artistas plásticos, poetas, grupos de teatro, raperos, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades, un vasto grupo que podemos llamar artivismo. Esta es la posición que ve en la pandemia la señal de que el modelo civilizado que ha dominado el mundo desde el siglo XVI ha llegado a su fin y que es necesario iniciar una transición a otro u otros modelos civilizadores. El modelo actual se basa en la explotación ilimitada de la naturaleza y de los seres humanos, en la idea de un crecimiento económico infinito, en la prioridad del individualismo y la propiedad privada, y en el secularismo. Este modelo permitió impresionantes avances tecnológicos, pero concentró los beneficios en algunos grupos sociales al tiempo que causó y legitimó la exclusión de otros grupos sociales, de hecho mayoritarios, a través de tres modos principales de dominación: explotación de los trabajadores (capitalismo), legitimación del racismo de masacres y saqueos de razas consideradas inferiores y la apropiación de sus recursos y conocimientos (colonialismo) y el sexismo legitimando la devaluación del trabajo de cuidado de las mujeres y la violencia sistémica contra ellas en los espacios domésticos y públicos (patriarcado).

 

La pandemia, al mismo tiempo que empeoró estas desigualdades y discriminaciones, ha hecho más evidente que, si no cambiamos el modelo civilizatorio, nuevas pandemias seguirán plagando a la humanidad y el daño que causarán a la vida humana y no humana será impredecible. Dado que no se puede cambiar de un día a otro el modelo civilizatorio, se debe empezar a diseñar directivas de transición. De ahí la designación de transicionismo.

 

En mi opinión, el transicionismo, a pesar de ser una posición por ahora minoritaria, es la posición que me parece llevar más futuro y menos desgracia para la vida humana y no humana del planeta. Por lo tanto, merece más atención. Partiendo de ella, podemos anticipar que entraremos en una era de transición paradigmática hecha de varias transiciones. Las transiciones se producen cuando un modo dominante de vida individual y colectiva, creado por un determinado sistema económico, social, político y cultural, comienza a revelar crecientes dificultades para reproducirse al mismo tiempo que, dentro de ella, comienzan a germinar cada vez menos marginalmente, los signos y prácticas que apuntan a otras formas de vida cualitativamente diferentes. La idea de la transición es una idea intensamente política porque presupone la existencia alternativa entre dos horizontes posibles, uno distópico y otro utópico. Desde el punto de vista de la transición, no hacer nada, que es característico del negacionismo, implica de hecho una transición, pero una transición regresiva hacia un futuro irreparablemente distópico, un futuro en el que todos los males o disfunciones del presente se intensificarán y multiplicarán, un futuro sin futuro, ya que la vida humana se volverá inviable, como ya lo es para muchas personas en nuestro mundo.

 

Por el contrario, la transición apunta a un horizonte utópico. Y dado que la utopía por definición nunca se logra, la transición es potencialmente infinita, pero no menos urgente. Si no empezamos ahora, mañana puede ser demasiado tarde, como nos advierten los científicos del cambio climático y el calentamiento global, o los campesinos quienes están sufriendo los efectos dramáticos de los fenómenos meteorológicos extremos. La característica principal de las transiciones es que nunca se sabe con certeza cuando comienzan y cuando terminan. Es muy posible que nuestro tiempo sea evaluado en el futuro de una manera diferente a la que defendemos hoy. Incluso puede llegar a considerar que la transición ya ha comenzado, pero sufre bloqueos constantes. La otra característica de las transiciones es que no es muy visible para quienes la viven. Esta relativa invisibilidad es el otro lado de la semi-ceguera con la que tenemos que vivir el tiempo de transición. Es un tiempo de prueba y error, de avances y contratiempos, de cambios persistentes y efímeros, de modas y obsolescencias, de salidas disfrazadas de llegadas y viceversa. La transición sólo se identifica completamente después de que haya ocurrido.

 

El negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo se enfrentarán en un futuro próximo, y la confrontación probablemente será menos pacífica y democrática de lo que nos gustaría. Una cosa es cierta, el tiempo de las grandes transiciones ha sido inscrito en la piel de nuestro tiempo y es muy posible que contradiga el verso de Dante. Dante escribió que la flecha que se ve venir viene más lentamente (che saetta previsa viene più lenta). Estamos viendo la flecha de la catástrofe ecológica viniendo hacia nosotros. Viene tan rápido que a veces se siente como si ya estuviera clavada en nosotros. Si es posible eliminarla, no será sin dolor.

segunda-feira, 12 de outubro de 2020

Gobierno Bolsonaro es la expresión de un país que no queremos ver


Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia


El pasado fin de semana en un debate con un grupo de amigos y amigas brasileñas, una compañera, abogada y actriz, argumentaba que el gobierno Bolsonaro no representa la identidad de Brasil, su música diversa y maravillosa, su arte popular diseminada en cientos de expresiones regionales y locales, desde la artesanía de Mestre Vitalino hasta los trabajos en cuero que se aprecian en Rio Grande do Sul, la poesía romántica y desenfadada de un Vinicius de Moraes o los versos modernistas de un Carlos Drummond de Andrade o la novela lirica de una Clarice Linspector. Tampoco este gobierno representaría, el candomble, la capoeira, la literatura de cordel o el batuque que retumba permanentemente en barrios y pueblos de este país continente. Este Brasil que es la patria idolatrada, admirada, no es el país de los brutos, de aquellos que tienen repulsión por la inteligencia, de los que atacan a negros, homosexuales y migrantes. Eso no es, de ninguna manera “Nosso Brasil”, concluía mi amiga.

Sin embargo, este otro Brasil cavernario, que se escondía e invisibilizaba detrás del rostro amable, festivo y creativo de la nación que encantaba al mundo con sus músicas, sus bailes, su carnaval y su fútbol-arte, digo este otro Brasil de las alcantarillas y del odio, de la brutalidad y la grosería también es “Nosso Brasil”. Lamentablemente, hay que hacerse cargo de ese otro país casi desconocido después del ciclo social demócrata que se instauró a partir de 1992, luego del impeachment de Fernando Collor de Melo. Ese Brasil que coexistía en estado larvado en los rincones olvidados de este gran territorio, que vivía entre los ruralistas del Pantanal mattogrosense o entre los grupos supremacistas blancos de los Estados del Sur (Rio Grande, Santa Catarina y Paraná), fue creciendo inclusive entre los sectores medios de Rio de Janeiro, ciudad de Tom Jobim, Nara Leão, Baden Powell y del bossa nova, donde surge políticamente Jair Bolsonaro. Y, sobre todo, es la misma ciudad que lo mantuvo durante 30 años en el cargo de Diputado Federal, a través de consecutivas reelecciones.

Los toscos, los prejuiciosos, los predadores también convivían con los brasileños afables y empáticos en este extenso pedazo de tierra; los burdos, los ordinarios, los retrógrados eran actores sociales que seguían realizando su vida lejos de los noticiarios, las revistas y las redes sociales virtuales. Y existieron antes, por supuesto. No es posible entender el Golpe de 1964 sin considerar las manifestaciones de esos sectores retardatarios que en la llamada “Marcha por la familia” imploraban a los militares para lanzarse en la asolada golpista y destituir al gobierno progresista de João Goulart. No hay que olvidar tampoco que Brasil es una nación esclavista, cuya marca y herencia perversa sigue permeando a los sujetos políticos y sociales de la contemporaneidad, como lo describe con tanto oficio y rigurosidad el historiador Sidney Chalhoud en su libro “La fuerza de la esclavitud” (A força da escravidão).

Son los herederos aggiornados de estos mismos sectores que emergieron de las penumbras y los sótanos de la historia para conspirar y deponer el gobierno de Dilma Rousseff e instalar a un vicepresidente traidor y sin cualidades, excepto la de ser un fantoche que proporcionara el ambiente necesario para nutrir a la serpiente que se estaba incubando.

El triunfo de Bolsonaro hace casi 2 años, representó la destrucción del dique civilizatorio inquebrantable que se pensaba – erróneamente - la nación había construido para un futuro promisorio. Con él asomó lo peor de la política brasileña, los acuerdos bajo cuatro paredes, el fisiologismo más abyecto, las milicias haciéndose cargo de la “seguridad ciudadana”, los pastores evangélicos enrumbando su ganado hacia el pentecostalismo de la prosperidad, los ministros militares ignorantes e incompetentes tomando cuenta de casi todos los ministerios, los predadores destruyendo la selva amazónica, el Pantanal, los páramos, el cerrado mineiro y la mata atlántica.


En el último aspecto, la acelerada destrucción de la floresta y los incendios criminales que se vienen produciendo en el Amazonas y ahora en la región del Pantanal, sitúan a Brasil como el principal enemigo del medioambiente a escala global. Este año de 2020 se muestra como el periodo más trágico para los ecosistemas brasileños, para la biodiversidad y para las poblaciones indígenas que habitan en esos territorios. Si el año pasado una extensa parte del país fue cubierta por el humo producido por las quemadas intencionales causadas por los productores de ganado y soja, este año las consecuencias de dichas quemadas serán mucho más graves y con efectos deplorables y catastróficos para el conjunto de la región y del planeta.

Para el ex embajador y ex Ministro de Hacienda Rubens Ricupero, la imagen simpática y positiva que tenía Brasil en el concierto internacional de naciones se ha ido desfigurando hasta transformarse en la actualidad como una triste sombra de lo que fue en el pasado: “Ahora todo está siendo destruido por nada, sin ganar nada a cambio. Es algo gratuito, absurdo y sin sentido”.

Ni esta catástrofe natural ni la tragedia humanitaria causada por el Covid-19 -que ya suma más de 150 mil fallecidos- parece impactar a los electores del ex capitán, que actualmente cuenta con el apoyo del 40% de los votantes. Esta es la verdadera tragedia de Brasil, tener una población que continúa adhiriendo a un gobierno que se ha propuesto destruir las bases de aquello que intentaba transformarse en una comunidad de destino más justa y solidaria, con mayores posibilidades de realización y mejores oportunidades de inclusión por vía de la educación (Escuela para Todos, PROUNI), la salud (SUS), la vivienda (Minha Casa, Minha Vida), el acceso al agua (Cisternas para el Semiárido), el consumo básico (Bolsa familia), etc. En síntesis, en un proyecto que apuntaba hacia la construcción de una Ciudadanía digna y diversa, que profundizara los logros obtenidos con mucho esfuerzo por las sucesivas administraciones del Partido de los Trabajadores. Ahora todo aquello es denigrado como una fórmula del “marxismo internacional” que puso sus garras en el país. ¡Cuánta ignorancia!!

Ciertamente, para quienes nos ubicamos en el campo democrático popular, resulta sumamente decepcionante constatar que existe una parte significativa de la población brasileña que es incapaz de percibir el tamaño de retroceso y estulticia que encierra el actual gobierno, personificado en una figura grotesca, perversa y odiosa como Bolsonaro. Eso implica que no hay que restarse de la autocrítica de como el país llegó a este punto de degradación y simultáneamente, como pensar los caminos imperiosos que es preciso edificar para salir cuanto antes de este atolladero histórico. Hay, por lo tanto, que recuperar el Brasil justo y empático, este territorio donde también habita “la Alma Grande y Generosa” que quieren destruir los profetas de la muerte. Esa es una tremenda tarea que hay que emprender ahora mismo, antes que el país del prejuicio, la ignorancia y la odiosidad acabe con todos/as sus habitantes y con todas las formas de vida. Entiendo ahora aquello que mi amiga deseaba expresar y es que Brasil es mucho más que esa estupidez y agresividad que se aprecia en el día a día de la acción gubernamental, sus habitantes son mucho más magnánimos y cálidos de toda esa bazofia que aparece en los discursos oficiales y en las declaraciones aberrantes del inquilino transitorio del Palacio do Planalto.

Mientras tanto, como emulando al general franquista José Millán-Astray, quien le gritó a Miguel de Unamuno la frase innoble de ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!, el ex capitán parece desear lo mismo para Brasil, destruyendo cualquier atisbo de inteligencia nacional y condenando el país al atraso y la servidumbre, para erigir malignamente el imperio de la devastación absoluta, el reino de Tánatos, el gobierno de la necropolítica.

sexta-feira, 18 de setembro de 2020

Brasil: un país enfermo y ardiendo en llamas


José Drumond Saraiva
El Clarín de Chile


El país está enfermo y ardiendo en llamas. La pandemia del Covid- 19 ha exterminado la vida de 134 mil 106 brasileños/as, mientras 4 millones 419 mil 083 de personas infectadas por el coronavirus desde los inicios de la Covid-19 han copado los recintos asistenciales. En las últimas 24 horas, 987 personas han muerto a causa de la pandemia y 36 mil 820 personas contagiadas siguen abultando las terribles cifras y el colapso hospitalario continúa.

La Covid-19 desnudó en toda su crudeza las abismantes desigualdades sociales entre las élites y los desposeídos. La cantidad de muertos y contagiados por coronavirus es altamente mayor en la población negra y los sectores de extrema pobreza. En su mayoría, estos hombres, mujeres y niños brasileños no tienen acceso al agua potable y a una vivienda digna. El aumento de casos de tuberculosis, sarampión y cachumba o paperas en estos sectores, es otra muestra de la desigualdad social.

Y como si esto fuera insuficiente, el país está en llamas. Los incendios en El Pantanal –reserva creada para preservar la biodiversidad- destruyen miles y miles de kilómetros cuadrados, matando animales y arrasando con nuestra flora y fauna. Sin embargo, Bolsonaro ha dicho a la prensa internacional que “la historia de la amazonia en llamas es una mentira que debemos combatir”.

Pero esto no es todo! La enfermedad de la indiferencia y el odio, también afecta a la sociedad brasileña. Indiferencia a las altas cifras de infectados y de fallecidos. Odio a todos quienes no piensan como los que gobiernan el país. Odio contra los que no creen en sus sistemáticas tesis negacionistas como: los indios son vagos y ocupan mucho espacio en nuestros bosques, la tierra es plana, las mascarillas no protegen contra el coronavirus, para qué vacunas si tenemos hidrocloroquina.

La pandemia avanza a pasos agigantados por los territorios del Brasil y la militarización del Ministerio de Salud ha transformado a este ministerio en un verdadero cuartel. Sin embargo y pese a la desastrosa gestión del ministro interino de Salud, general Eduardo Pazuello, Bolsonaro lo ratificó en su cargo. El día 16 de septiembre 2020, en medio de la ceremonia de ratificación del general ministro de Salud, Bolsonaro volvió a defender el uso de la cloroquina y llamó a la apertura inmediata de todas las escuelas del país.

quinta-feira, 17 de setembro de 2020

Brasil: Académicos de Derecho amenazados y perseguidos en la Universidad



Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia


El gobierno de extrema derecha del ex capitán Bolsonaro continua en su arremetida contra la cultura, la educación y los profesores de Brasil. En una acción administrativa autoritaria e ilegítima -que ya se está transformando en un caso emblemático nacional- el actual rector/interventor de la Universidad Federal de Ceará (UFC), ha instaurado un Proceso Administrativo Disciplinario (PDA) en contra de cinco académicos de la Facultad de Derecho, bajo la acusación de “insubordinación grave” y con una indicación de despido que debe ser concluido en los próximos 60 días.

Las dos académicas y los tres académicos que se encuentran respondiendo al proceso son Beatriz Xavier, Cynara Mariano, Felipe Braga Albuquerque, Gustavo Machado Cabral y Newton Albuquerque, todos con una significativa participación en la lucha por la democratización de la Universidad, luego de que el actual rector/interventor, Cándido Albuquerque, fuera escogido por el presidente Bolsonaro entre una lista tríplice, en la cual éste figuraba con un número de votos significativamente inferior al de los otros dos miembros de la terna enviada para la aprobación del Ejecutivo (obtuvo solamente el 4.6% de los votos). Claramente, la decisión del ex capitán de preferir al actual interventor se basó en el carácter servil y en el apoyo incondicional prometido por el interventor en ejercicio, el que hasta el momento ha sido cuestionado y rechazado por la inmensa mayoría de los diversos estamentos (docentes, alumnos y funcionarios) de esa Casa de Estudios Superiores.

En un trecho de la declaración difundida por la Asociación de Docentes de la Universidad Federal de Ceará (ADUFC) se puede leer que toda la acusación refleja una “notoria naturaleza de persecución política, teniendo en cuenta que, además de la actuación de los/as profesores/as en el movimiento docente de la UFC, se suma el hecho de que ellos habían disputado con el propio interventor y el actual Director de la Facultad de Derecho las últimas elecciones para elegir la dirección de la Facultad”.

Este intento grosero por cercenar el libre pensamiento y la expresión de opiniones discordantes en el espacio universitario, viene siendo denunciado vehementemente por diversas categorías de docentes, profesionales, partidos políticos y organizaciones sociales del Estado de Ceará y de Brasil en general, constituyéndose en un nuevo campo de luchas contra la embestida del gobierno de extrema derecha que pretende destruir por la fuerza cualquier indicio de disidencia en los múltiples ámbitos de la vida intelectual y cultural de la nación brasileña.

Las expresiones de solidaridad con los/as cinco académicos/as siguen creciendo como una gran cadena que se ha ido extendiendo velozmente por todo el país, en la medida en que la sociedad comienza a enterarse en estos días respecto de la arbitrariedad y el abuso cometido por parte de las autoridades –dígase ilegitimas- que actualmente administran dicha Universidad.

En resumen, podemos señalar que en muchas de las declaraciones de apoyo a los/as docentes se resalta que desde hace mucho tiempo el rector impuesto discrecionalmente por la presidencia, se ha dedicado a ejercer sus funciones en forma despótica, antidemocrática y antirrepublicana, con el único propósito de amedrentar cualquier expresión de disidencia dentro del claustro universitario, así como de coartar e intimidar a los y las profesoras en el uso de su legítimo derecho de opinar y de tener la libertad de cátedra necesaria para mostrar los abusos cometidos por un gobierno represivo y con un claro sello neofascista.

domingo, 9 de agosto de 2020

Hacia un nuevo paradigma de Estado

Javier Tolcachier
Rebelión

Pensar y construir un nuevo modelo de Estado no es ningún desvarío trasnochado sino una necesidad ante la evidente la caducidad de esquemas instalados hace poco más de doscientos años. Un tiempo considerable para un ciclo, si se toma en cuenta la aceleración histórica que atraviesa la humanidad.

Tal como sucedió en su momento con las monarquías y se verifica aún hoy en varios Estados en los que formalmente éstas subsisten, la institucionalidad estatal establecida presenta un funcionamiento de muy baja intensidad, en el que el ritual permanece pero ha perdido su alma.

Sin embargo, no es un asunto tan sencillo pensar y construir un futuro diferente. La dificultad reside por un lado en la resistencia de lo residual, pero también en el hecho de que nuestro modo de ver las cosas se ha forjado en un mundo de Estados, incluso viendo nacer muchos en la última oleada independentista de la posguerra en África y Asia. Voy a tratar de aportar a esta conversación desde una escueta perspectiva histórica latinoamericano-caribeña.

Antes de entrar en las propuestas, quiero apuntar brevemente las lógicas que han operado en la condición de origen de los Estados actuales, que como veremos, no se condicen con las aspiraciones de desarrollo humano, entendidas como evolución dentro de los marcos culturales e históricos actuantes. 

La matriz burguesa, colonial, patriarcal y las revoluciones recientes

Como todos sabemos, los Estados actuales surgen inspirados en la independencia estadounidense (1776) y en la Revolución Francesa (1789). En ambos casos, paralelo al principio de libertades individuales, las constituciones santificaron el principio de la propiedad. Tal es así que la esclavitud, pilar de la economía colonial, más allá de las declaraciones, recién fue abolida efectivamente a partir de la mitad del siglo XIX. 

Algo similar sucedió en relación a las mujeres, que recién pudieron participar en la vida política -y todavía con enormes restricciones-, a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea: la base sobre la cual se fundaron los actuales Estados fue el ascenso burgués, la explotación colonial y el patriarcado.

A pesar de su clamor independentista, la institucionalidad de los estados de América Latina y el Caribe durante el XIX y el XX se miró en el espejo de lo que era considerado un “modelo civilizado”, es decir, aquel impuesto por las oligarquías locales, siempre con la mirada puesta en el Norte y por el poder neocolonial, con la mirada siempre puesta en las riquezas del Sur.

Mirada vigilante y entrometida que tuvo como sello permanente evitar todo disenso y toda rebeldía. Rebeldía con la que la revolución cubana pudo perforar el muro neocolonial, adoptando a partir de entonces un modelo de socialismo centralista, alejado del multipartidismo liberal.

Más recientemente, en los albores del nuevo milenio se producen tres revoluciones constitucionales, en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Éstas reformulan la institucionalidad reivindicando los derechos de las poblaciones marginadas en el camino hacia democracias populares participativas.

Todas ellas se asientan en principios de autodeterminación, paz y justicia social, adoptando en el caso de Bolivia y Ecuador, en conexión con las características de sus poblaciones, conceptos como la plurinacionalidad, que abre la puerta a la incidencia de las culturas indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho pleno en la vida social y política en esos países.

Al mismo tiempo, todas estas constituciones refrendadas democráticamente mediante plebiscitos, incorporan una lógica de participación y contraloría ciudadana, superando la falta de real representatividad en el decadente esquema liberal. En todas ellas hay además una fuerte pretensión de fortalecer la autonomía local articulando el poder popular con los estamentos del Estado.

El avance positivo que este nuevo modelo representa para el pueblo se refleja en la férrea resistencia que enfrenta por parte de los poderes establecidos. En todos los casos, la oligarquía y el imperio se han esforzado por impedir primero, por poner trabas después y ahora por vaciar de hecho y contra todo derecho, las premisas de estas nuevas constituciones. 

En la actualidad se está fraguando en el hermano Chile la posibilidad de una nueva revolución constitucional, la que tiene enormes posibilidades de configurarse desde el pueblo mismo, a pesar de las enormes trabas que ponen el oscuro legado dictatorial y las fuerzas económicas corporativas. 

Nos toca pensar hoy más allá y colocar nuevos horizontes revolucionarios para la acción que retomen los elementos más evolutivos de estas últimas constituciones y propongan profundizar sus características humanistas con nuevos elementos. 

Contenidos que sean acordes al futuro que se quiere construir, pero también que permitan adaptación incidente en las rasantes transformaciones que se verifican en el planeta en la actualidad. Propuestas que recojan el sentir de las generaciones jóvenes, de una mayor horizontalidad y paridad y de una definitiva despatriarcalización social. 

Una institucionalidad acorde al futuro

Entendemos que el papel de la institucionalidad es formalizar un marco de funcionamiento común, que posibilite el libre desarrollo de todas y todos los habitantes. Por tanto, los futuros Estados deben poner en duda y contrarrestar la concentración de la riqueza, que indudablemente conspira contra la libertad de opción de las mayorías. 

El derecho de todo ser humano a existir debe ser garantizado a través de un ingreso o renta universal, pensado no solo como base de subsistencia para las mayorías excluidas sino también ampliando la autonomía para decidir a cada persona en situación de dependencia. 

La garantía social de existencia y la nivelación socioeconómica entre sectores, asiento necesario para la igualdad de oportunidades vitales, es un paso ineludible hacia la reducción del dolor que produce la carencia y para una mayor libertad de elegir el tipo de vida que se quiere. 

La redistribución de riquezas que se requiere debería ser encarada, a pesar del sufrimiento infligido por la expoliación necolonial y la explotación oligárquica, no desde un espíritu revanchista destinado a fracasar, sino desde la exigencia de reparación histórica que ensanche la senda hacia la reconciliación social. 

Lo mismo debe decirse sobre la necesidad de desmonopolizar la comunicación. Una democracia verdadera no puede admitir la espantosa concentración de los medios de difusión, que ejercen de hecho el control social a través de la manipulación informativa. 

Por otro lado, la nueva institucionalidad debe transformar el concepto actual del Estado como detentor del monopolio de la violencia para que éste pase a tener un carácter conciliador, de mediación y armonización de los conflictos, abandonando el rol de padre controlador y castigador. 

Constituciones para un mundo de diversidades

El mundo que hoy adviene es un mundo de diversidades, por lo que las nuevas revoluciones constitucionales deben apuntar a conformarse alrededor de la convergencia de esta diversidad. La idea del Estado-Nación surgió de la premisa de absorber la diferencia y de forjar un espíritu uniforme, con un proyecto que pretendió forzadamente la adopción de una identidad común, negando facetas culturales propias preexistentes. Está a las claras que pese a la presión uniformizante, el factor cultural de los sometidos y los dominadores continúa existiendo y pretender su inexistencia impide comprender y acometer adecuadamente las tensiones que genera. 

En este sentido, el reconocimiento de la plurinacionalidad es un gran avance. Sin embargo, también debemos reconocer que hay una interculturalidad manifiesta, lo que permite pensar en forjar una nueva identidad común que recoja lo mejor de cada cultura, que fomente el diálogo y la paridad entre culturas, sin imposiciones supremacistas. 

De este proceso de interculturalidad ya en marcha, se desprende la posibilidad de una identidad latinoamericana y caribeña con múltiples ingredientes culturales, a partir de la cual se pueda crear un nuevo tipo de nación, primero regional, integrada, hermanada, solidaria y cooperante y luego, aspirar a una fusión planetaria en el marco de una Nación Humana Universal. 

Paz, No Violencia y desmilitarización

Este transcurso solo puede ser guiado por ideales de paz y no violencia entre los pueblos. Por ello es imperativo dar pasos decididos hacia la desmilitarización. En la historia latinoamericana, las fuerzas armadas, lejos de haber sido un resguardo de soberanía, han fungido como un poder de desestabilización interno. 

Las transnacionales, en la lógica de la penetración neoliberal, se han hecho con los recursos naturales, han endeudado a Estados y poblaciones; las plataformas digitales extraen y usan los datos personales, explotan a distancia a los trabajadores condenándolos al precariado; los recursos que deberían servir para mejorar la salud y la educación son evadidos y fugados al exterior de los países. Es evidente que ninguna institución militar es efectiva para defender la soberanía arrebatada.

Por lo demás, tanto la policía como los ejércitos educan a sus componentes en una lógica de disciplinamiento, lo que es poco compatible con las prácticas democráticas. La realidad es que ejércitos y policía se nutren habitualmente de los sectores excluidos de la sociedad, por lo que es posible pensar que a través de la construcción de sociedades inclusivas, equitativas y protectoras, las personas ya no quieran reprimir, matar o morir en conflictos bélicos que sirven siempre a los intereses del poder. 

Un nuevo paradigma de Estado transformará las actuales fuerzas armadas en Cuerpos de Paz, promoviendo su desarme progresivo, estrategias de protección civil no violentas y una democratización en su conformación, apuntando incluso a la elección directa de sus autoridades. 

Hacia el poder comunal

Quiero también referirme a un aspecto de máxima centralidad en la configuración de una imagen futura y es el tema de la descentralización. Descentralización que debe trascender el carácter administrativo para pasar a ser una transferencia de poder real a la base social. 

Hoy existe en el mundo una tendencia a la desestructuración de formas anteriores y a la reconfiguración de la organicidad en nuevas matrices. Es posible entonces aprovechar esta tendencia mayor de manera consciente y elaborar estrategias para la transferencia creciente del poder de decisión y acción a las comunas, los municipios y los territorios como paso ineludible para recuperar la soberanía arrebatada por una superestructura estatal cada vez más alejada de la base social. 

Esta reconfiguración institucional, para no caer en una atomización secesionista y conservar un carácter de conjunto, debe pensarse en términos federativos, en las que los municipios puedan expresar las necesidades particulares de sus habitantes y colaborar con otros en la búsqueda de soluciones y proyectos compartidos. 

La imagen del poder comunal no solo permite una mayor incidencia democrática y un contralor más efectivo por parte del pueblo mismo, sino que también coloca el tema de la reconstitución del tejido y los lazos en la misma base social como un primario. 

La recomposición de las relaciones humanas en el seno de la comunidad reviste máxima importancia estratégica ya que provee una respuesta existencial certera a la indefensión y el desarraigo al que nos condena el individualismo. Respuesta que, por su parte, colabora como barrera al avance de integrismos retrógrados, los que utilizan la contención humana y el sentido de pertenencia como una de los principales canales para ganar adeptos. 

En la transición hacia sociedades de poder descentralizado, proponemos forjar fuertes alianzas entre lo público y lo comunitario, que valoricen y potencien la enorme energía popular que es la que en definitiva, sostiene a nuestras sociedades. 

La constitución social, expresión de la dinámica histórica de la intencionalidad humana

Por último, mencionar el carácter dinámico que tiene toda constitución social, motorizada por el surgimiento permanente de nuevas generaciones, cuya posibilidad de crítica tiende a renovar el paisaje humano y desplazar lo establecido. 

De este modo, toda construcción social debe favorecer la irrupción de nuevas sensibilidades generacionales, abriendo plenamente los espacios para que éstas se expresen, colocando las premisas vigentes en estado de revisión crítica y transformación. 

Así, el Estado no será una camisa de fuerza limitante a la que los seres humanos deben obedecer, sino la expresión misma de la intencionalidad humana, que va plasmando su íntima necesidad de evolución a través de la dinámica histórica.

sábado, 4 de julho de 2020

Queremos respirar: la condición negra en tiempos de Bolsonaro y la pandemia

Editorial
Esquerda Online

Desde que asumió el cargo, Jair Bolsonaro ha tratado de poner en práctica un proyecto neofascista basado en un discurso de muerte, la adopción de medidas autoritarias destinadas a retirar las limitadas libertades democráticas existentes y el cierre dictatorial del régimen político. Además, el gobierno actúa para eliminar los derechos sociales, destruir y privatizar los servicios públicos y el medio ambiente, y proteger los privilegios y beneficios de los grandes capitalistas.

En condiciones económicas y sanitarias normales, este proyecto ya daría lugar a la profundización del genocidio de la juventud negra, la degradación de las condiciones de vida y la generación de pérdidas, dolor y sufrimiento para la gran mayoría de los trabajadores. En tanto, la crisis sanitaria resultante de la pandemia y, además del impacto en la salud de las personas, lanza la economía brasileña, que ya estaba estancada, a lo que será la mayor caída anual de su historia.

En este contexto, y potenciado por el discurso de la muerte del presidente y algunos gobernadores, la policía está amplificando el número de asesinatos de jóvenes negros y pobres en las periferias y las favelas. En 2019, 5.804 personas murieron por la acción policial en todo el país. Y, para tener una idea, los registros de 2020 indican, para el estado de Río de Janeiro, un crecimiento del 43% de las personas muertas por la policía en servicio. Esto lleva a la alarmante marca de una muerte cada cuatro horas, entre las que se encuentra el asesinato del niño João Pedro, con un disparo de rifle en la espalda, mientras jugaba con sus amigos dentro de su casa.

Tan terrible es la situación que el 5 de junio, el Ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, se vio obligado a emitir un mandato judicial que prohibía, por razones humanitarias, las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro mientras dure la pandemia. El estado de São Paulo, a su vez, se enfrenta a la mayor serie de asesinatos en la historia de la policía desde 2001. Y en el estado de Ceará, gobernado por Camilo Santana del PT (Partido de los Trabajadores), la letalidad policial se duplicó después del comienzo de la pandemia.

Por otro lado, sólo en el mes de mayo, la reducción de la actividad económica eliminó millones de puestos de trabajo. Y, desde su inicio, la crisis ha tenido un profundo impacto en los ingresos de las familias más pobres, especialmente las que viven del trabajo informal. La mayoría de estas familias han sido apoyadas por el beneficio social de la ayuda de emergencia, en la cantidad de 600 reales (algo más de 100 dólares) conquistado después de una intensa lucha de la oposición contra la propuesta inicial del gobierno de un beneficio de sólo 200 reales. Aun así, la prestación pagada a 63,4 millones de personas no ha llegado a la mayoría de los que la necesitan y no es suficiente para garantizar el mantenimiento de las familias en cuarentena y el desempleo.

El racismo estructural y la pandemia

A la profundización de la violencia policial contra la población negra y la degradación de las condiciones económicas que experimenta la clase obrera se añade, como tercera dimensión de la política de muerte del gobierno de Bolsonaro, la falta de control intencional sobre la expansión de las contaminaciones y las muertes por el nuevo coronavirus. Mientras escribimos estas líneas, hay 1,4 millones de casos confirmados y casi 58.000 muertes por Covid-19. Pero algunos expertos calculan que el número de infectados puede ser de cinco a diez veces mayor que el número de casos confirmados.

El virus, que llegó al país a través de los miembros de las elites y las clases medias, afecta ahora especialmente a los moradores de las periferia. En la ciudad de São Paulo, por ejemplo, el contagio en los barrios de trabajadores pobres y negros es hasta cinco veces mayor que en los barrios de clase media. El contagio continúa su marcha expansiva y se extiende hacia el interior del país.

Y justo en el momento más grave de la expansión de la pandemia, y cuando en diferentes estados el sistema de salud está a punto de colapsar, los gobernadores y alcaldes de todo el país se lanzan a reabrir negocios, centros comerciales, gimnasios, iglesias, empeorando aún más el hacinamiento del transporte público y generando condiciones favorables para la propagación del virus y la expansión del contagio.

De esto se desprende que, desgraciadamente, a pesar de estar debilitado, Bolsonaro ha conseguido imponer su política de muerte en el país. Se impone la dura y cruda realidad del capitalismo brasileño de naturalizar la rentabilidad de los grandes empresarios y especuladores, lo que contrasta con la dramática situación que vive la gran mayoría de los trabajadores, especialmente la población negra. En esta naturalización de muertes por covid-19, la matriz racista del capitalismo brasileño y del Estado vuelve a funcionar, y con toda su fuerza, es decir: las vidas de los negros tienen poco o ningún valor.

Los registros oficiales muestran que un joven negro es asesinado cada veintitrés minutos en Brasil. Esto corresponde a una masa de 22.850 jóvenes negros de las periferias y favelas brasileñas asesinados cada año. Un verdadero genocidio, que ha sido denunciado durante décadas por los movimientos negros. Un genocidio que resiste al tiempo y a los ciclos políticos e impregna el mandato de los diferentes gobiernos, que no dio tregua ni siquiera durante los trece años de gobiernos petistas – cuando se combinó, contradictoriamente, con la aplicación de políticas de promoción de la igualdad racial, como la política de cupos raciales para el acceso a las universidades públicas.

Mientras haya racismo no habrá democracia

El levantamiento negro iniciado tras el asesinato racista de George Floyd por el policía Derek Chauvin se apoderó de todos los Estados Unidos y puso en marcha, bajo la dirección del pueblo negro, y especialmente de las mujeres negras, una inmensa masa de explotados y oprimidos.

En términos programáticos, el levantamiento antirracista masificó la demanda del derecho de los negros y las mujeres negras a una vida libre de violencia y brutalidad policial, la demanda de la reducción de los recursos destinados a las corporaciones policiales y la reorientación de estos recursos hacia la educación y los servicios de salud pública y para garantizar una vivienda digna, especialmente para los afroamericanos. El levantamiento también puso en la agenda la noción del carácter sistémico del racismo y, por lo tanto, la comprensión de que sólo puede superarse mediante cambios estructurales en el capitalismo estadounidense.

Bajo la influencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, una ola de protestas antirracistas se apoderó de Europa y llegó a Israel y Palestina. El lema «la vida de los negros importa» se ha globalizado y la comprensión de que la violencia policial contra los negros y otros grupos humanos racializados en diferentes partes del mundo es un problema sistémico ha adquirido la conciencia de sectores más amplios que sólo pequeños nichos en la vanguardia de los activistas antirracistas, socialistas, antifascistas y del movimiento social. Los actos de derribo de estatuas de antiguos comerciantes de esclavos y colonizadores han puesto de relieve la expansión de una difusa conciencia anticolonial y antiimperialista en amplios sectores de la juventud.

En Brasil, el choque de conciencia provocado por el levantamiento de los negros americanos no demostró la fuerza que se expresaba en Europa, sino que ayudó a impulsar las acciones de calle que habían iniciado los partidarios organizados, en São Paulo, Porto Alegre y Brasilia, contra el fascismo, en defensa de la democracia y de Fuera Bolsonaro, dándoles un tono más negro y añadiendo, con cierto énfasis, las banderas de la lucha antirracista. Esta combinación de cosas hizo posible ampliar el debate y dio más visibilidad a la cuestión racial en Brasil. Y cada vez más iniciativas nuevas de los movimientos negros están surgiendo.

Es importante destacar que ya antes del levantamiento en los Estados Unidos, una serie de colectivos que actuaban en las periferias desde antes de la pandemia, formados principalmente por moradores de la comunidad, venían realizando acciones solidarias, recolectando dinero, provisiones, productos de limpieza, máscaras, e incluso organizando el cuidado de los infectados por el covid-19 en las favelas. Estas iniciativas dirigen sus esfuerzos hacia el mantenimiento de la vida de los negros, suministrando a través de la auto-organización del pueblo negro y la clase obrera los medios de reproducción social negados por el Estado.

También fue importante el giro que dieron las organizaciones tradicionales de los movimientos sociales del país para apoyar estas acciones. El MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) por ejemplo, distribuye bajo su coordinación toneladas de alimentos producidos en asentamientos rurales. El MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) actuó en la organización del registro de las familias más necesitadas para que pudieran recibir la ayuda e incluso registrarse para recibir el ingreso de emergencia. Y muchos sindicatos de todo el Brasil también están organizando campañas de solidaridad.

Avanzando en la lucha antirracista

El Manifiesto «Mientras haya racismo no habrá democracia», lanzado por la Coalición Negra por Derechos, ya reúne alrededor de 60 mil firmas, y puede desempeñar un papel importante en la organización de acciones antirracistas en el país. Más que eso, el manifiesto saca a la superficie un debate que nunca ha sido tomado con la centralidad que merece la mayoría de las organizaciones y dirigentes que luchan por los derechos y la democracia en el país acerca de la combinación entre el carácter estructural del racismo y la forma «normal» de funcionamiento de la democracia brasileña. Y avanza programáticamente con respecto a la noción de que, además de la defensa de una democracia que dialoga con el racismo estructural, es necesario llevar a cabo un conjunto de transformaciones estructurales, de orden político, económico y social, que permitan la formación de una verdadera y sustantiva democracia sin racismo.

En la disputa política y programática sobre la comprensión del racismo brasileño y sobre los medios para su erradicación, merece mucha atención. La Red Globo, las ONG financiadas por grandes empresas y los influenciadores digitales sin ningún compromiso con las luchas sociales se lanzan abiertamente a esta disputa. Defienden que es posible luchar contra el racismo a través de pequeñas acciones individuales, o luchar contra la desigualdad a través de donaciones de grandes empresas – irrisorias en comparación con su capital – manteniendo la misma estructura social desigual y racista que nos trajo aquí. El Manifiesto «Mientras haya racismo no habrá democracia», afortunadamente, apunta en otra dirección, que merece ser desarrollada y estimulada. Y cuanto más lo sea, más organización colectiva y acciones prácticas se generarán a su alrededor.

En el contexto de esta disputa programática, merece destacarse la histórica participación de Silvio de Almeida en el programa Roda Viva, de la Red Cultura, el pasado lunes (22 de junio). Silvio subrayó el carácter estructural del racismo, sin dejar margen para soluciones individualistas. Y cuando dice que «Ser antirracista es, por lo tanto, incompatible con la defensa de las políticas de austeridad» y que «Ser antirracista es incompatible con todo lo que no sea la defensa del SUS (Sistema Único de Salud)», por la autoridad intelectual que conquistó, contribuye a la popularización de un programa de lucha y transformación antirracista que apunta a la imposibilidad de superar el racismo sin superar la desigualdad social y el sistema de explotación y opresión capitalista que genera esa desigualdad. Esta lucha política programática que se desarrolla hoy en las periferias, en la academia, en las organizaciones políticas y en los movimientos sociales, tendrá un alto perfil en las elecciones municipales de este año. Para ayudar a movilizar y organizar a los negros, que constituyen la mayoría de los trabajadores de nuestro país, y para señalar un camino político para superar el racismo, es fundamental que la agenda antirracista esté a la cabeza de los programas de los partidos de izquierda, pero también es vital que se amplíen los espacios para las candidaturas de negros.

En este sentido, una gran noticia viene de Belo Horizonte/Minas Gerais, donde el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) ya se definió por la pre-candidatura de Áurea Carolina, mujer negra, madre y militante antirracista, actualmente diputada federal por el partido, o también la noticia de que Renata Souza, diputada del PSOL en Río de Janeiro, ha anunciado su pre-candidatura para la alcaldía de Río de Janeiro. Al igual que en el movimiento Vidas Negras Importan, una vez más las mujeres negras se sitúan a la vanguardia de la transformación social y la reorganización política de nuestro país y del mundo.