Bolivia parece haber encontrado, a última hora, un posible camino de salida a la larga crisis política que desde hace meses enfrenta al Gobierno de Evo Morales con la oposición. Los líderes del Congreso, presionados por una multitudinaria movilización encabezada por el propio presidente, lograron un acuerdo para convocar a un referendo constitucional el 25 de enero de 2009 y que contempla, además, celebrar elecciones generales en diciembre de ese año.
El presidente boliviano, Evo Morales, estaría dispuesto a renunciar a un nuevo mandato con tal de aprobar en el Congreso Nacional el referendo sobre la nueva Constitución. El acuerdo supone, además de la convocatoria al referendo que Morales impulsa para conseguir el respaldo a una nueva Constitución, adelantar para diciembre de 2009 las elecciones generales.
Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) han renunciado a la reelección presidencial, según ellos para que la oposición dede de chantajear la aprobación de la Ley de Referendo Dirimidor y de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El acuerdo entre oficialistas y opositores se ha producido en el mismo día de la llegada a La Paz de la multitudinaria marcha integrada por decenas de miles de seguidores del presidente, que han recorrido 200 kilómetros por el Altiplano boliviano para exigir al Congreso Nacional la convocatoria del referenco constitucional.
Los senadores del MAS, Félix Rojas, y del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Luis Vásquez Villamor, han informado al finalizar una reunión de que se han logrado importantes acuerdos para responder al pueblo boliviano concentrado en Plaza Murillo tras la marcha multitudinaria a favor del referéndum.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García, ha señalado que "se han hecho correcciones, superación de contradicciones y modificaciones en más de cien artículos presentes en la nueva Constitución", referidas a la estructura del Congreso, el régimen electoral, las autonomías, tierras, justicia indígena y el aprendizaje obligatorio de idiomas de pueblos indios, entre otros aspectos.
Según los cálculos del Gobierno, la consulta ciudadana (que tiene carácter vinculante) permitirá la aprobación de una nueva Constitución que dará más poder a los indígenas, prohibirá futuros latifundios y consolidará el control estatal sobre la economía. El texto consensuado establece la posibilidad de reelección inmediata por una sola vez, pero en el caso de Morales esto se aplicará con carácter retroactivo a su actual gestión.
A pesar del entendimiento en el ámbito político, no estaba claro hasta anoche qué alcances tuvieron los acuerdos sobre otras materias de fondo, como la descentralización autonómica, las reformas agraria y judicial, el manejo de los recursos naturales y el modelo económico que impulsa Morales, fuertemente resistido por los prefectos autonómicos que defienden su independencia política y económica del poder central.
El senador opositor derechista Carlos D'Arlach calificó al acuerdo como “un gran avance”, que atribuyó a la firmeza de la oposición, la flexibilidad del Gobierno y “el acompañamiento de gran valor de observadores internacionales”. Según fuentes de la oposición, el acuerdo contempla ajustes al texto constitucional negociados por el Gobierno sucesivamente con gobernadores regionales que piden autonomía, y con la oposición conservadora en el Congreso.
El humo blanco entre el Gobierno y la oposición estuvo precedido por violentas protestas en septiembre pasado, con el trágico saldo de una veintena de muertos y pérdidas multimillonarias. Tras las protestas, se inició un ciclo de diálogo para desbloquear el proceso de cambio constitucional, iniciado en 2006 con la elección de una Asamblea que sesionó hasta diciembre pasado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário