La trama golpista despierta los miedos del gobierno Lula

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

El historiador carioca Carlos Fico ha afirmado en casi toda su producción sobre el proceso político brasileño y el Golpe de Estado de 1964, que las Fuerzas Armadas siempre han tratado de justificar jurídicamente las intervenciones y con ese propósito buscan el apoyo de especialistas en materias constitucionales para sustentar legalmente la intervención militar.

De hecho, hace ya un tiempo se había filtrado la información de que algunos connotados juristas se encontraban elaborando un documento que le diera sustentación legal a la frustrada injerencia de las Fuerzas Armadas para impedir que el presidente electo Lula da Silva asumiera el poder el 1 de enero de 2023.

El Ministro de Justicia, Anderson Torres, sería el encargado para dar el soporte jurídico de las medidas golpistas a ser adoptadas. El documento conocido como “Minuta del Golpe” fue recibida por Bolsonaro en noviembre de 2022, días después de perder la segunda vuelta en las elecciones ante el candidato Lula da Silva, del Pacto Democrático “Brasil de Esperanza”. Dicho texto le fue entregado por el ex asesor Filipe Martins y por el abogado Amauri Saad, integrantes del alto escalón del comité de civiles y militares que tramaban -a partir de la derrota en las urnas- la interrupción del itinerario electoral trazado en la Constitución.

Esa minuta decretaría la detención de algunos ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Morais y Gilmar Mendes, así como del Presidente del Senado Rodrigo Pacheco. Junto con ello, se anularían las elecciones y se convocaría a la realización de un nuevo pleito en una incierta fecha futura. Luego de algunas modificaciones realizadas por el ex presiente Bolsonaro al texto, éste convocó a los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Marina y al entonces Ministro de Defensa, para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas a dicha propuesta. Según propia declaración posterior a la Policía Federal del Comandante en Jefe del Ejército, General Freire Gomes, él se habría opuesto a esta iniciativa y advirtió al propio Bolsonaro que no adhería a estas ideas de quiebre institucional y que, en caso de proseguir con la iniciativa golpista, tendría que detenerlo. Parece poco creíble dicha declaración, toda vez que luego de tal advertencia, el General Freire Gomes fue visto amigablemente en otras reuniones con el Presidente Bolsonaro y el resto de los Comandantes.

Con posterioridad al descubrimiento de la Minuta de Golpe original, fue encontrado un segundo documento que postula la instauración del Estado de Sitio a partir de la aplicación de la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una medida que sería accionada por las Fuerzas Armadas en caso de necesidad para asegurar la “restauración del Estado Democrático de Derecho en Brasil”.

Toda esta trama secreta para imponer un estado de excepción en la Nación, fue planeada durante dos meses en el Palácio da Alvorada, bajo iniciativa del candidato derrotado que no aparecía públicamente, pero que conspiraba en las sombras. Lo que ahora sabemos y ha quedado al descubierto, es producto de que el ministro Alexandre de Moraes decidió levantar el sigilo de las transcripciones obtenidas por la Policía Federal durante los interrogatorios a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y a otros militares de alta patente que se vieron involucrados en la intentona golpista.

Por lo mismo, resulta inexplicable que justamente cuando la conspiración golpista se encuentra totalmente desclasificada, denunciada y sus principales implicados arriesgando procesos de condenación en la justicia, el gobierno, contrariamente a lo esperado, ha decidido asumir una postura de extrema cautela y hasta de temor excesivo por las posibles consecuencias que pudieran tener los juicios a los mentores del golpe de Estado fracasado, con el ex presidente Jair Bolsonaro a la cabeza.

En ese contexto, Lula suspendió todos los actos alusivos a la conmemoración de los 60 años del Golpe Militar que iban a suceder el próximo el 1 de abril, los cuales ya estaban planificados con mucha antelación. En dichos actos, el gobierno se proponía realizar pedidos de disculpas públicas a las víctimas de la dictadura instalada en 1964. Bajo el eslogan de “60 años del Golpe de Estado 1964-2024, sin memoria no hay futuro”, el Ministerio de los Derechos Humanos encabezaba una coordinación interministerial para exaltar la lucha de los militantes perseguidos, torturados y ejecutados por el régimen militar.

Estas actividades de profundo simbolismo y de reparación histórica, fueron vetadas por el Presidente Lula da Silva en su tentativa de evitar enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, precisamente en la actual coyuntura de investigación y punición de los actos golpistas perpetrados por Bolsonaro y sus cómplices dentro de los cuarteles militares. Hace unos días atrás Lula ya había advertido a algunos de sus correligionarios del Partido de los Trabajadores que no deseaba “remover las cicatrices del pasado”, una declaración cuestionada por muchos militantes que experimentaron en carne propia la represión y la violencia desatada por el régimen de excepción imperante hasta 1985.

Organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil también recibieron con mucho malestar las expresiones del presidente y en una nota difundida a la opinión pública, más de 150 entidades reunidas en torno de la Coalición Brasil por Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Democracia calificaron las declaraciones del Ejecutivo como equivocadas y defendieron que rememorar esa fecha no significa remover el pasado, sino que implica discutir el futuro del país: “Repudiar vehementemente el Golpe de 1964 es una forma de reafirmar el compromiso de punir los golpes también del presente y eventuales tentativas futuras”.

Por lo mismo, es casi imposible no asociar los ataques golpistas que culminaron el 8 de enero del año pasado, con el sentimiento de impunidad que todavía cubre a los autores del Golpe de 1964. La memoria, en este caso, no debe hacer grandes esfuerzos para constatar que muchos de los protagonistas de ese periodo tenebroso de la historia brasileña se encuentran actualmente apoyando las embestidas golpistas de sectores de las Fuerzas Armadas y grupos de extrema derecha. Lo cierto es que los cuatro años del gobierno del ex capitán empoderaron a los militares en puestos estratégicos del aparato de Estado, lo cual fortaleció a los defensores del golpismo entre las filas castrenses. Bolsonaro reactivó en los militares un deseo de poder que siempre estuvo presente, aunque a veces por las circunstancias políticas se encontraba en estado latente o larvado.

Temiendo que este deseo de poder de los militares se pueda expresar en cualquier momento, la actual gestión de Lula asumió un papel extremadamente conciliatorio para vincularse con los militares. Debido a lo anterior, el gobierno viene concediendo muchos beneficios a las Fuerzas Armadas como el aumento del presupuesto para la compra de equipos y material de guerra, reajuste salarial, planos previsionales y de salud exclusivos y un conjunto de otros beneficios económicos para sus integrantes.

Volviendo al ámbito de los Derechos Humanos, el gobierno también desistió de la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos luego de ser discutida, en este sentido, una iniciativa elaborada por el Ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Esta idea surgió después que el Ministro Almeida quedará impresionado con la experiencia chilena después de visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en su paso por Santiago en septiembre del año pasado, con motivo de las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Por último, la Comisión para la Justicia y la Verdad de Muertos y Desaparecidos creada durante el periodo de la Presidenta Dilma Rousseff, y que fue extinguida durante el gobierno Bolsonaro, todavía no ha sido repuesta por el actual gobierno, contrariando uno de sus compromisos de campaña. Aquellos que tenían la expectativa que el tercer mandato de Lula pudiera establecer un nuevo marco de relaciones con las Fuerzas Armadas, reforzando su carácter profesional e institucional fuera de la política interna, tendrán que resignarse a ver frustradas dichas aspiraciones, pues la amenaza que siguen representando los militares como “poder moderador” va a continuar pendiendo como una espada de Damocles sobre la democracia y la vida de los brasileños.

Nuestra condición ecosistémica

Adolfo Estrella

El Desconcierto

La arrogancia y la ignorancia acerca de nuestra condición ecosistémica ha causado mucho daño. Nuestros espacios de vida están mal diseñados, no respetan las leyes de la naturaleza. Los mega incendios se producen por un déficit de consideración ecológica en general y ecosistémica en particular y constituyen un desastre total no sólo urbano y humano.

Los mega incendios recientes, desaparecidos ya de la débil y manipulada memoria colectiva, han puesto en evidencia -una vez más- nuestra fragilidad ecosistémica, coincidente con la precaria y desregulada expansión urbana de las ciudades chilenas. No cabe duda que los incendios tienen un componente intencional en su ignición concreta, pero este origen no es el mayoritario en relación al conjunto de sus causas.

Las probabilidades de combustión y propagación dependen de muchos factores, entre las que se encuentran las condiciones climáticas, junto con la existencia de abundantes interfaces urbano-rurales degradadas. En estos espacios se han producido en Chile el 60% de los mega incendios de las últimas décadas. Y no hay ningún programa nacional ni de precaución ni de reparación de daños adecuado a la magnitud de lo que se avecina.

Insistir en la intencionalidad como causa de los incendios sirve para liberar tensiones y hacer declaraciones enfáticas buscando efectos mediáticos, pero, como señala Jaime Hurtubia, funciona “como un escudo” para evitar señalar causas y responsabilidades mayores, haciendo perder un tiempo social y político del que no disponemos.

Diariamente se producen docenas de incendios de origen humano, accidentales e intencionales, pero unos pocos se transforman en incendios mayores y de esos muy pocos en mega incendios. Sin embargo, estos últimos son los que producen los daños más importantes. Los mega incendios han aumentado de manera exponencial en todo el mundo, no sólo en Chile. Es imprescindible salir de un localismo con anteojeras incapaz de ver los contextos mayores en los cuales se desenvuelve lo particular.

Dadas las urgencias y las dimensiones de las cadenas causales de estos y otros muchos desastres, el enfoque debe ser ecosistémico, es decir, precisando las condiciones estructurales que posibilitan la generación y propagación de incendios y, a la vez, las soluciones estatales y comunitarias de precaución, resiliencia y resistencia frente a un fenómeno que reúne todas las condiciones para ir en aumento.

Por definición, un enfoque ecosistémico requiere de una mirada de conjunto, es decir, necesita aquello que rutinariamente se afirma, pero nunca se cumple: la famosa perspectiva sistémica. En este caso en su dimensión socio ecológica. Mirada imposible si los espacios quemados no se corresponden con unas divisiones administrativas ajenas a las diferencias bioclimáticas y geomorfológicas que tanto influyen en la propagación de los incendios y su posterior reparación. Nuestros municipios han sido diseñados sin tomar en cuenta las características de los biomas y las ecorregiones donde se instalan. Las divisiones administrativas no coinciden con las divisiones de la naturaleza y eso es grave.

Una expansión urbana caótica, salvaje y clasista combinada con sequías prologadas, altas temperaturas, poca humedad y abundantes monocultivos forestales entretejidos con viviendas precarias, junto con conductas, individuales y colectivas, irresponsables por parte de las propias comunidades afectadas, constituyen los factores propiciadores de tormentas de fuego perfectas.

Estos eventos seguirán repitiéndose a menos que se reoriente el diseño y rediseño de nuestras ciudades con una visión ecosistémica, seria, vinculante, propositiva y no meramente declarativa. Como siempre, en las cuestiones que afectan a las crisis ecológicas que tenemos ante nuestros ojos, los diagnósticos están hechos, las causas y responsabilidades están inventariadas y las posibles vías de acción están claras. El déficit es de proyectos y voluntades políticas que se propongan cambiar lo que el diagnóstico define como negativo.

La interacción, la con-vivencia y la codependencia de componentes bióticos y abióticos en un lugar determinado, es el rasgo común a las múltiples definiciones de ecosistema, a partir de la proposición fundacional que hizo Arthur Tansley en 1935. Como muchos conceptos en esta época de exceso informativo y banalización del saber, el de ecosistema se ha gastado, por uso y abuso, perdiendo la consistencia y la radicalidad que tuvo cuando nació y señaló la ineludible interacción de la vida consigo misma y con lo no viviente y, al mismo tiempo, la fragilidad de ambas.

Desde hace tiempo se habla de “gestión de los ecosistemas” o de “provisión de servicios ecosistémicos” como parte de la ideología y estrategias del “desarrollo sostenible”, es decir, se ha convertido en un concepto inocuo y “técnico”, algo administrable de acuerdo a lógicas de eficiencia y eficacia. La naturaleza y los ecosistemas se han convertido en algo a tener en cuenta, algo “a cuidar”, “a conservar” del mismo modo que el “medioambiente” y el “paisaje”, en tanto son los escenarios para la acción de los actores económicos guiados por una razón utilitarista y cortoplacista.

Pero “ecosistema” es una categoría que excede el campo de la disciplina ecológica y de la economía, y se abre a un espacio empírico y existencial de amplio alcance. Los ecosistemas son la premisa o condición de la vida, natural y social, es decir, incluye a las células y a las ciudades, a los protozoos y a las empresas, a los hongos y las escuelas.

Cuando el concepto de ecosistema incorpora a los sistemas sociales nos habla del intercambio de energía, materiales e información, pero también nos habla de identidad, de pertenencias, de cultura, de política, de ética, de historia, de memoria, de cogniciones, de significados, de interpretaciones, de afectos, de deseos… actuando en la compleja malla de la vida natural y social. Los ecosistemas tejen la trama de la vida y en ella estamos imbricados. Los seres humanos somos parte de ella. No ocupamos ninguna meta posición privilegiada y éticamente superior. La visión ecosistémica nos ayuda a salir del estrecho punto de vista antropocéntrico, arrogante y banal, que tanto perjuicio ha causado a todos.

Desgraciadamente, vivimos en ecosistemas muy antropizados: los hábitats humanos dominan sobre los hábitats de otras especies a las que he hemos desplazado o simplemente exterminado. Los lugares que ocupamos son muy poco atractivos para la mayoría de las otras formas de vida. Somos los únicos seres sobre la Tierra que producimos basura, es decir, residuos, frente a los cuales la naturaleza no sabe qué hacer. Somos un ruido incómodo en la sinfonía de la vida.

La arrogancia y la ignorancia acerca de nuestra condición ecosistémica ha causado mucho daño. Nuestros espacios de vida están mal diseñados, no respetan las leyes de la naturaleza. Los mega incendios se producen por un déficit de consideración ecológica en general y ecosistémica en particular y constituyen un desastre total no sólo urbano y humano.

Pero, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, somos, como humanos, seres ecosistémicos, a la vez históricos y biológicos. Nuestra coexistencia, implica una co-pertenencia y una co-dependencia ineludible en relación a todos los otros entes del mundo. “Existir es coexistir”, dice Timothy Morton. Nuestra condición ecosistémica nos brinda posibilidades y, a la vez, nos impone límites. La conciencia de posibilidades y constricciones para la acción debería haber hecho de nosotros seres razonables, ponderados y precavidos. No obstante, estamos destruyendo, mediante un productivismo y un consumismo desbordado, las propias condiciones de posibilidad de vida en la Tierra, no sólo la nuestra. Llevamos décadas de advertencias, pero seguimos jugando al aprendiz de hechicero. Las consecuencias están a la vista, para quien quiera verlas.

Se ensancha la brecha dentro del MAS

Olivia Arigho-Stiles

Jacobin América Latina

El conflicto entre Evo Morales y Luis Arce por la presidencia de Bolivia en 2025 no solo divide al Movimiento Al Socialismo, sino también a los movimientos sociales y sindicatos que forman su base.

Junto a las bulliciosas fiestas callejeras del carnaval, a finales de febrero se celebraron en toda Bolivia las tradicionales ceremonias de ch’alla. Durante las mismas se quema incienso y se ofrecen bendiciones de hojas de coca y alcohol a la Pachamama en rituales que afirman los lazos de reciprocidad entre la gente y la Madre Tierra. Pero hoy, además del inoportuno chaki (resaca) festivo, la profundización de la fractura política y social se suma al dolor de cabeza de la izquierda y los movimientos progresistas de Bolivia.

Desde que en 2020 el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder de la mano de Luis Arce, el expresidente Evo Morales estuvo alineando a su base de apoyo con la esperanza de volver a ser presidente. Pero en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó que los presidentes solo pueden mantenerse en el poder un máximo de dos mandatos y que la reelección indefinida «no es un derecho humano». La sentencia asestó un golpe catastrófico a las ambiciones presidenciales de Evo.

Desde entonces, Morales viene acusando a Arce, su exministro de Economía y estrecho aliado, de orquestar un intento de ilegalizar su posible nuevo acceso a la presidencia, declarando en X (antes Twitter) que está en marcha un «golpe judicial».

Lucha electoral

Para forzar elecciones en el Poder Judicial (que de acuerdo con la Constitución plurinacional deberían haberse celebrado en diciembre), a finales de enero Evo Morales movilizó a sus bases en el corazón cocalero de Cochabamba, impulsando bloqueos a lo largo de las carreteras que conectan esa ciudad con el centro de negocios de Santa Cruz. Los bloqueos, que combinan la exigencia de elecciones judiciales con otras reivindicaciones locales, provocaron escasez de alimentos y combustible y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Huáscar Salazar, economista y miembro del Centro de Estudios Populares de Bolivia, afirma que hay pocas esperanzas de conciliación entre los dos bandos. «Lo que estamos viviendo en este momento es esa pulseada, en la que Evo y Arce se disputan la sigla del Movimiento al Socialismo y, sobre todo, la candidatura a la presidencia de ese partido para 2025».

Y agrega: «El problema es que esta pulseada está teniendo tremendas consecuencias para las organizaciones de base, cada vez más divididas en sus estructuras internas; pero también es un problema que esta disputa está sucediendo en medio de una crisis económica cada vez más palpable de la que nadie quiere hacerse cargo». El dramático aumento de los bloqueos este mes, así como su distribución geográfica, puede verse en una infografía elaborada por Mauricio Fonda, activista de datos abiertos residente en Bolivia.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los cargos electos del MAS se reparten entre las líneas arcista y evista. Las elecciones al Poder Judicial que debían celebrarse el año pasado se han estancado debido al desacuerdo sobre los candidatos preseleccionados acordados por la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS. En Bolivia, los magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se eligen por sufragio directo cada seis años.

Con este estado de cosas, quienes salen ganando son los arcistas, porque la actual composición del Tribunal Constitucional Plurinacional viene favoreciendo sus intereses, como ocurrió con el reciente fallo sobre la elección de Morales. Y la condición de mandatario de Arce le da mucha más influencia sobre las instituciones del Estado, que utilizó en su beneficio.

La reelección de Morales es una cuestión irresuelta desde 2017 y estuvo en el centro del golpe de 2019. La Constitución prohíbe que alguien ocupe la presidencia durante más de dos mandatos consecutivos. En 2016, Morales perdió por poco un referéndum que habría anulado la Constitución y le habría permitido presentarse de nuevo. Entonces llevó la decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que le era favorable, que dictaminó que la reelección era un derecho humano y anuló el referéndum.

Muchos bolivianos consideraron esto como una farsa legal y antidemocrática, lo que fue un factor importante en la movilización contra Evo de las clases medias urbanas y los movimientos sociales opositores en octubre de 2019, cuando un golpe de Estado permitió a la evangélica de extrema derecha Jeanine Áñez hacerse con la presidencia de facto.

Con el respaldo de Morales, Arce fue elegido presidente en octubre de 2020, después de que finalmente se celebraran elecciones, un año después del golpe. El actual conflicto entre arcistas y evistas se centra en el control del propio MAS, que en las últimas dos décadas se consolidó como un partido de gobierno duradero.

Los antagonismos sociales y el MAS

Los recientes bloqueos son un indicador de que Evo Morales aún puede movilizar a una base amplia y motivada. Los bloqueos tienen una larga y eficaz historia en Bolivia y son una característica de la mayoría de los conflictos sociales. En 1999, durante la Guerra del Agua de Cochabamba, una coalición de campesinos, trabajadores de fábricas y activistas comunitarios se unieron para bloquear las carreteras en respuesta a una nueva ley neoliberal que habría privatizado el agua.

Del mismo modo, después del violento golpe de Estado de Luis García Meza en 1980, los campesinos bloquearon las carreteras para impedir que los militares avanzaran por el campo expandiendo una grave represión. Más recientemente, en 2019, mineros y movimientos campesinos bloquearon las carreteras fuera de las ciudades para obligar a Áñez a convocar elecciones tras casi un año de un gobierno golpista caracterizado por el fraude, la corrupción y las masacres.

Los bloqueos surgen de una facción del MAS. Es importante señalar que el MAS no es tanto un partido político ortodoxo como una coalición cambiante de fuerzas sociales diferentes y a veces antagónicas en la base. La refundación de Bolivia como Estado «plurinacional» en 2009 se vio como un reflejo de sus elementos sociales plurales, un remedio para lo que el intelectual marxista boliviano René Zavaleta Mercado denominó una «sociedad abigarrada», compuesta por diferentes modos de producción, temporalidades históricas y formas de gobierno dentro de los confines de un Estado-nación (colonial).

Pero, en la última década, las divisiones en el MAS jugaron un papel destructivo en los movimientos de mineros cooperativistas, cocaleros, campesinos y trabajadores urbanos, que están fragmentados y a menudo tienen liderazgos paralelos.

Una crisis económica inminente

Uno de esos movimientos es la poderosa confederación sindical campesina, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyas lealtades están repartidas. Los simpatizantes de Morales, como el actual líder Ponciano Santos, prometieron reanudar los bloqueos si no se atiende su demanda de elecciones judiciales. Santos fue elegido el año pasado en medio de un congreso nacional de la CSUTCB que acabó en reyertas y sillazos entre evistas y arcistas, y muchos elementos de la confederación no reconocen su autoridad. El año pasado, durante el congreso del MAS, Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, fueron expulsados del partido.

Y a los problemas políticos de Arce se suma el sombrío panorama económico de Bolivia. Desde el año pasado hay una aguda escasez de dólares y el peso boliviano se ha devaluado. Como señala el economista Stasiek Czaplicki Cabezas, la devaluación representa una caída del 20% del valor de los ahorros en moneda local, lo que plantea un futuro de inseguridad financiera para muchos bolivianos, en particular para las clases medias. Todo ello suma presiones contra Arce, el economista formado en la Universidad de Warwick que se vio obligado a defender sus credenciales económicas.

Los candidatos presidenciales para las elecciones de 2025 deben decidirse este año, por lo que ambas partes intensifican la presión para dirigir de forma integral el aparato del MAS. Pero el prolongado conflicto está extendiendo su toxicidad a través de los movimientos sociales de Bolivia, dividiendo a las bases. Mientras tanto, las disputas en torno a las elecciones judiciales erosionan la fe pública en los órganos democráticos del Estado, mermando la legitimidad de cualquiera de los bandos que finalmente se alce con la victoria. En 2024, la política boliviana está más polarizada que nunca.

Milei y los 11 principios del nazismo

Sandra Russo

Página 12

Esta semana circularon profusamente por las redes los 11 principios de la propaganda de Josef Goebbels. Ya habían hecho su regreso en tiempos de Macri. Por aquel entonces, Durán Barba había dicho que Hitler era “un genio”, pero al consultor el que le dio de comer fue Goebbels y su fórmula.

No obstante, en 2016, ser nazi tenía costo social. Era otro país, y los derechos ganados en un modelo de país igualador y vanguardia en derechos humanos estaba muy fresca. Hablamos de derechos humanos tal como se entienden en todo el mundo. En 2016 no cayó bien en el establishment político y mediático aquel elogio a Hitler. Era “demasiado”. El mundo y esta sociedad en particular gozaban todavía de los anticuerpos históricos, que la pandemia y todo lo que sucedió después deshizo. Ya no hay anticuerpos, Hay, más bien, estímulos y estimuladores.

Todo se alteró entre la llegada de Macri al poder y hoy, que Milei entre otras cosas parece el inconsciente de Macri. Vuelven a circular como explicativos los 11 principios de Goebbels, pegándonos el latigazo de reconocer paso a paso lo que se ha puesto en marcha hace veinte años y hoy supura. Regímenes como el que asoma en la Argentina, ya muy lejos del Estado de Derecho, en una retirada consentida de los valores que nos hicieron Nación. Nadie votó la desintegración, pero a esta altura seguimos sin saber qué se votó.

El movimiento disolvente al que Milei desde que asumió quiere empujar a los gobernadores, ese convite a asistir a su monólogo, corre paralelo a una concepción goebbelsiana en términos de estrategias de manipulación masiva para generar un clima de guerra interno contra un enemigo generado artificialmente. La extorsión es material y simbólica: si no firman, serán narrativamente los responsables del inevitable fracaso de Milei. La psicopateada perfecta para un chico de primaria.

Esos 11 principios, ahora, en perspectiva, con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles y el estado del mundo en una etapa renazificada pero con objetivos muy diferentes a los de los regímenes totalitarios del siglo XX, son algo más. Son un manual al que es más que obvio que se ha recurrido en los tanques de pensamiento de la ultraderecha, y cuyo funcionamiento uno puede comprobar cualquier día y sobre cualquier tema, en boca de miles de comunicadores, dirigentes políticos, activistas o personas comunes. Los apretamos mucho para enumerarlos, así sabemos de qué estamos hablando:

Principio 1, de simplificación y de enemigo único: adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar a un enemigo único; principio 2, del método de contagio: reunir a muchos enemigos en un enemigo único; principio 3, de la trasposición: cargar sobre el enemigo los propios errores o defectos; principio 4, de la exageración y desfiguración: convertir cualquier anécdota en una amenaza grave; principio 5, de vulgarización: la propaganda debe ser popular, partir del nivel menos inteligente de sus destinatarios; principio 6, de orquestación: propaganda de pocas ideas que se repetirán mucho; principio 7, de renovación: emitir constantemente información y argumentos a un ritmo que cuando el enemigo esté contestando a uno, el público ya esté interesado en otra cosa; principio 8, de verosimilitud: construir argumentos a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias; principio 9, de silenciamiento: acallar los temas en los que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al enemigo; principio 10, de transfusión: la propaganda siempre parte de algo preexistente ya instalado, odios o prejuicios tradicionales; principio 11, de unanimidad: convencer a mucha gente de que “piensa como todo el mundo”.

Un párrafo largo, pero vale la pena. No todo se puede comprimir, no todo se puede mandar a un link. El listado produce escalofríos porque reconocemos muchas de las cosas que venimos padeciendo desde hace veinte años y que nos han arrastrado hasta este disparate trágico. Veinte años tienen muchos pibes que lo votaron.

Para esta región, el imperio se vale hasta del prototipo del realismo mágico: las explicaciones sobre la realidad en estos lugares siempre ha exhibido un plus distorsionado para dar cuenta, precisamente, de la distorsión del poder, de su inmovilidad.

El único cambio que vale la pena y que expresa la necesidad latinoamericana de los de abajo es que el poder cambie de caras y de nombres, pero sobre todo de beneficiarios. Lo que decía Milei y no hizo. Su farsa. El único cambio que vale la pena es el que va hacia un escenario en el que haya muchas más legisladoras como Natalia Zaracho, luchadores, aspirantes al poder popular, en condiciones de igualdad con representantes de otros sectores. Mondino, Lula tampoco terminó el secundario.

Lo demás es propaganda iletrada y repetitiva ofrecida a cobayos sin defensas. Y todos somos cobayos sin defensas cuando no entendemos el mundo en el vivimos, ni el mundo en el que viven los otros.

Las luchas de Marielle Franco permanecen más vigentes que nunca

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

El próximo 14 de marzo se cumple un año más (6 años) desde que Marielle Franco y Anderson Gomes fueron alevosamente asesinados en una calle del barrio de Estácio, región central de Rio de Janeiro. Los dos matadores, Ronnie Lessa, Élcio Vieira de Queiroz y el ex bombero Maxwell Simões Corrêa, continúan presos a la espera del juicio que será realizado con la participación de un jurado popular. A ellos se agregó en esta última semana, el nombre de Edilson Barbosa dos Santos, denunciado por haber desmontado y destruido el auto Cobalt blanco utilizado por los homicidas.

Qué se sabe hasta ahora con relación a la pregunta que desde hace mucho tiempo viene incomodando a la justicia, los investigadores policiales, la prensa y la opinión pública: ¿Quién mandó matar a Marielle Franco y por qué? A partir de la delación premiada efectuada en noviembre del año pasado por el autor de los disparos a la concejala y su chofer, el ex policial militar Ronnie Lessa, se espera que en los próximos días sea difundido oficialmente – por el Director de la Policía Federal – el nombre del o los mandantes del asesinato y las razones que tuvo o tuvieron para encomendar este atentado.

El nombre de quien ordenó esta acción criminal que se ha filtrado extraoficialmente es el del Consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, quien viene desmintiendo categóricamente las acusaciones que pesan en su contra. La expectativa en torno a los vínculos del Clan Bolsonaro con el o los mandantes del crimen sigue siendo alta, considerando que quien ejecutó a Marielle y Anderson era vecino y amigo del ex presidente y un conspicuo miembro de las milicias vinculadas a la familia del ex capitán.

El otro sospechoso de ser un mandante de ambas muertes es Marcelo Siciliano, un ex concejal del Partido Progresista, estrecho aliado del Coronel Mauro Cid, ex ayudante de órdenes del entonces presidente Bolsonaro. Cid ahora se encuentra en libertad condicional, después de llegar a un acuerdo con la justicia a través de la delación premiada, en donde asumió y comprobó su participación en muchas de las acciones ilícitas realizadas por el Ejecutivo durante el gobierno anterior (Preparación de la minuta de Golpe de Estado, conspiración junto a otros militares contra el Estado Democrático de Derecho, retención de joyas y venta ilegal de relojes de lujo obsequiados al Estado brasileño por otros países, falsificación de certificados de vacuna contra el Covid, difusión de fake news sobre la urnas electrónicas para cuestionar las elecciones de 2022, participación en las llamadas milicias digitales y un largo etcétera).

También aparece como un posible mandante de las ejecuciones, el ex policial militar y luego miliciano, Orlando Oliveira de Araújo, más conocido como Orlando da Curicica. Este personaje ha sido apuntado por un testigo como el verdadero autor intelectual de los delitos, pero hasta el momento no existe la confirmación oficial de su participación en dichas acciones

 La elucidación de los asesinatos de Marielle y Anderson se tornan cada vez más apremiantes en la medida que la actual administración se ha comprometido a esclarecer todas las dimensiones de este crimen bárbaro y dado que, además envuelven a poderosos personajes políticos de la sociedad fluminense y de las milicias que controlan una parte importante del territorio del Estado de Rio de Janeiro.

Por otra parte, las luchas desplegadas por la concejala Marielle Franco continúan totalmente vigentes en el Brasil actual. Como hemos señalado en una columna anterior, Marielle no solamente realizaba una labor extraordinaria entre sus electores, sino que también se fue transformando en una referencia nacional entre todos aquellos que eran y siguen siendo objeto de discriminación y violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales y las milicias (El asesinato de Marielle Franco continúa en la impunidad).

En lo que va corrido del año, las fuerzas policiales ya han matado a un número considerable de habitantes en territorios dominados por el tráfico, muchas de las cuales han sido ultimadas en falsos enfrentamientos con las fuerzas de represión. Según los datos recabados por el Grupo de Actuación Especial en Seguridad Pública del Ministerio Público de São Paulo, solamente en el primer bimestre de este año 134 personas ya fueron ejecutadas. Esto significa que el número de muertes cometidas por policías militares en ese Estado aumentó en un 94 por ciento con relación al mismo periodo de 2023. Valga destacar que el gobernador de São Paulo, Tarsicio de Freitas, es hasta el día de hoy un fuerte aliado del ex presidente Bolsonaro y mantiene entre sus equipos administrativos a muchos adherentes de las huestes de extrema derecha que apoyaron la intentona golpista del 8 de enero de 2023.

Otro tema sobre el que seguramente Marielle estaría comprometida en su denuncia dice relación con el feminicidio, un problema endémico en Brasil. En efecto, la violencia contra la mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas se encuentra presente ya hace varias décadas. Desde el asedio moral y sexual hasta el feminicidio, diferentes dimensiones de estas violencias marcan la experiencia de vida de miles de mujeres en todo el país. En el último informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública se constata que durante el primer semestre de 2023 el número de estupros y feminicidios registraron un aumento de 14.9% y 3.0% respectivamente, con relación a igual periodo de 2022. Ello a pesar de que desde el año 2015 existe una Ley del Feminicidio que reconoce y penaliza la especificidad de esta violencia.

La violencia ejercida contra miembros de la comunidad LGBTQIA+ era otro fenómeno sobre el cual actuaba con enorme dedicación Marielle. Con relación a esta temática, según la información levantada por el Grupo Gay Bahía (GGB), la organización LGBT más antigua de América Latina, la cifra de muertes violentas de esta población fue de 257 vidas segadas durante el año pasado. Este preocupante índice mantiene a Brasil en la cúspide como la nación más letal por causa de la homotransfobia en el mundo. Según la organización GGB, estos números podrían ser aún mayores, debido a que trabajan con cifras extraoficiales colectadas en sitios de Internet o denuncias directas y también porque en muchas oportunidades es omitida la orientación sexual o identidad de género relacionada con estas muertes.

Diseñadores: Roberta Baroni y Mauro Soh

El legado de Marielle Franco

Estas y otras cuestiones formaban parte de las preocupaciones y del trabajo parlamentario de Marielle. De acuerdo con un levantamiento realizado por la Cámara Municipal de Rio, en solo 13 meses de ocupar el cargo de concejala, Marielle elaboró 118 propuestas, entre proyectos, requerimientos, mociones, oficios y enmiendas. De ellos se destacan 17 proyectos de ley, especialmente en defensa de los Derechos de la Mujer (Comisión de la cual era presidenta), por el fin de la violencia policial y miliciana en las comunidades, en proyectos de inclusión de los grupos LGBTQIAP+ y en programas de inserción de los pobladores de las comunidades más carentes.

Por lo mismo, las batallas interminables emprendidas de Marielle dejan un legado enorme. Primero, la creación del Instituto Marielle Franco en 2019 que ha asumido los compromisos de vida y las banderas que ella enarboló durante su mandato. Para eso el Instituto viene desplegando una serie de actividades, primero, para dilucidar la verdad sobre los crímenes cometidos contra Marielle y Anderson y, simultáneamente, se ha propuesto la “misión de inspirar, conectar y potencializar a las mujeres negras, personas LGBTQIA+ y periféricas para seguir moviendo las estructuras de la sociedad por un mundo más justo e igualitario” (Instituto Marielle Franco).

Posteriormente, en el año 2020 fueron ratificados un conjunto de compromisos por parte de actores políticos y de la sociedad civil que recogen el legado dejado por la concejala del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Estos compromisos incluyen la lucha antirracista, la reivindicación de los derechos de las mujeres, los grupos LGBTQIAP+, las mejorías en los servicios de educación, salud y vivienda, la justicia ambiental y climática, además de una constelación de demandas de los pobladores de comunidades pobres (favelas) y de los habitantes de las periferias.

Como señaló apropiadamente la diputada estadual Renata Sousa, también del PSOL, “Marielle era demasiado grande para que una sola persona representase toda su lucha. La grandeza de Marielle representa la lucha por una nueva sociedad. Y el principal recado dejado por ella es que la humanidad no se deshumanice. Marielle está presente en todas las luchas contra las desigualdades sociales, en especial contra las desigualdades de género, raza y clase”.

El día 14 de marzo también se ha transformado en el “Día Marielle Franco – Día de lucha contra el genocidio de la Mujer Negra”, que ya se ha instalado en el calendario oficial de actividades del Estado de Rio de Janeiro. Esta fecha también puede adquirir un carácter nacional en caso de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley enviado por el Presidente Lula da Silva en marzo del año pasado.

En estos seis años desde su martirio, el rostro de la concejala aparece en millares de camisetas, murales y grafitis no solo en Brasil, sino que por todo el planeta. Homenajes a su vida y a su obra se vienen realizando en diversos países y a la demanda por justicia se suman todas las luchas que Marielle asumió durante su corta y fecunda vida.

Por eso repetimos junto con todos quienes se inspiran en el trabajo realizado por Marielle Franco, que las semillas sembradas por ella permanecerán en el pensamiento y en la acción de miles de ciudadanos que claman al unísono: Que la lucha continué aproximando a los luchadores. Marielle presente!!