El lujo de unos, el colapso de todos

J. Luis Carpintero

Rebelión

La gran coartada de nuestro tiempo consiste en presentar la crisis ecológica como si fuese una culpa difusa, repartida entre millones de ciudadanos que usan demasiado coche, compran demasiado plástico o calientan demasiado la casa. Es una mentira útil.

Conviene a quienes mandan porque diluye responsabilidades. Conviene a quienes más consumen porque los convierte en parte del problema y no en su causa principal. Y conviene a un sistema que ha sabido convertir el expolio del planeta en un asunto de comportamiento individual para no hablar de poder, riqueza y privilegio.

Esto es puesto de relieve por Schrijver, Hoekstra,y Behrens, tres investigadores del Institute of Environmental Sciences (CML) de Leiden University (Países Bajos), en un estudio científico que deja al descubierto una realidad insoportable: el 10% más consumidor del mundo provoca daños ambientales anuales estimados entre 1,7 y 5,7 billones de dólares, una factura que supera las grandes necesidades de financiación climática y de biodiversidad. Traducido al lenguaje llano: una minoría vive por encima de los límites del planeta y hace pagar ese exceso al conjunto de la sociedad. Eso no es libertad de consumo. Eso es una forma de violencia estructural.

La clave está en mirar donde casi nunca se mira: arriba. No abajo. No en el hogar humilde que intenta sobrevivir, sino en el espacio social donde se concentran la renta, la riqueza, la movilidad intensiva y la capacidad de fijar las reglas. No consumen igual quienes sobreviven con salarios precarios que quienes vuelan constantemente, acumulan patrimonio, externalizan impactos y viven en un régimen material de abundancia que devora energía, agua, minerales, suelos y biodiversidad. Pretender que ambos grupos comparten la misma culpa es una forma elegante de mentira.

El artículo recuerda además que una parte sustancial de ese daño no procede solo del consumo directo, sino también de las inversiones asociadas a la riqueza. Ahí está el núcleo del problema: no solo se contamina al comprar, también se contamina al poseer.

Durante años se nos ha vendido la idea de que el planeta se salva con pequeños gestos. Separar residuos, apagar luces, reducir el plástico, evitar la pajita. Todo eso puede tener valor, pero no toca el corazón del desastre. Es un discurso cómodo porque permite una moralidad limpia sin conflicto político. Pero el conflicto existe, y es feroz. Quienes menos han contribuido a la crisis son quienes antes sufren sus consecuencias: olas de calor, subida de precios, pérdida de cosechas, degradación de agua, precariedad energética y territorios cada vez más frágiles. La catástrofe se distribuye hacia abajo, mientras los beneficios del saqueo se concentran arriba.

No hay transición ecológica posible si se mantiene intacto ese reparto obsceno. No puede pedirse sacrificio a quienes ya viven ajustados mientras se tolera que una élite materialmente privilegiada siga ocupando el espacio ecológico de decenas de personas. No puede hablarse de justicia climática mientras la austeridad se aplica como norma moral para la mayoría y el derroche continúa siendo un derecho de clase. El problema no es solo cuánto consume la gente; el problema es quién tiene permitido consumir sin límite y quién paga por ello.

Lo peor de todo es que esta desigualdad se presenta como si fuera natural, además el artículo apunta un dato decisivo: el daño ambiental atribuido al 10% más consumidor supera, en su estimación, las necesidades anuales de financiación para hacer frente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. Es una afirmación política de enorme calado, porque desmonta el argumento recurrente de la escasez presupuestaria. No falta dinero para la transición; falta voluntad para extraerlo del lugar correcto. El problema no es la imposibilidad material de actuar, sino la protección institucional de los grandes beneficiarios del modelo depredador. Hay recursos de sobra, pero están mal distribuidos, mal gravados y peor politizados.

No hay nada normal en eso. Hay captura política, hay blindaje fiscal, hay poder económico y hay una maquinaria ideológica empeñada en convertir la sobreexplotación en estilo de vida aspiracional. Se llama lujo cuando lo disfruta una minoría; se llama progreso cuando lo vende la industria; se llama crecimiento cuando lo legitima el discurso económico. Pero en realidad es desposesión.

La monetarización del daño ambiental que hace el artículo es brutal precisamente porque fuerza a poner cifras a una destrucción que el lenguaje institucional suele volver abstracta. Hablar de billones de dólares no resuelve el problema, pero impide esconderlo bajo eufemismos. Nos recuerda que la devastación ecológica no es un daño colateral inevitable, sino un coste real producido por decisiones concretas y por quienes tienen más capacidad para cambiar esas decisiones. Si el coste existe, debe pagarlo quien lo genera. Lo demás es pura impunidad.

Y aquí aparece la gran pregunta política: ¿por qué sigue siendo tan difícil aplicar una fiscalidad ambiental verdaderamente progresiva? La respuesta es sencilla y vergonzosa: porque tocar el lujo, la riqueza y el consumo de alto impacto significa enfrentarse a los intereses de quienes más influyen en la agenda pública. Se prefiere gravar conductas menores, repartir mensajes de responsabilidad general y diseñar políticas que no molesten demasiado a los grupos más poderosos. Así, la transición se convierte en decoración. Mucho discurso verde, poca redistribución. Mucha pedagogía, poca confrontación.

Pero sin confrontación no habrá justicia. Y sin justicia no habrá transición que merezca ese nombre. El artículo lo deja claro: las políticas deben orientarse a los grandes consumidores y a sus patrones de alto impacto, no a criminalizar el consumo básico de quienes ya soportan la parte dura de la crisis. Eso implica una verdad incómoda para el consenso dominante: el problema ecológico es también un problema de clase. Y mientras no se nombre así, seguirá resolviéndose a favor de quienes ya ganan demasiado.

La pregunta de fondo es moral, pero necesaria para la sociedad: ¿Qué significa vivir bien en un planeta finito? La respuesta de las élites contemporáneas parece ser que es vivir mucho mejor que los demás y descargar el coste en terceros. Esa respuesta es incompatible con cualquier idea positiva de convivencia, democracia y sostenibilidad. Un sistema que permite a una minoría sobrepasar los límites biofísicos mientras el resto hereda la cuenta del desastre es un sistema inviable. No porque no funcione económicamente, sino porque funciona demasiado bien para unos pocos y demasiado mal para todos los demás.

Conviene decirlo sin miedo: el problema no es que falte conciencia ecológica; el problema es que sobra privilegio. Y mientras el debate ambiental siga evitando nombrarlo, seguirá siendo un teatro de buenas intenciones y malas estructuras. La salida no pasa por pedir más sacrificios a los mismos de siempre. Pasa por reducir el poder de consumo de quienes más dañan, gravar con fuerza el lujo material y la riqueza contaminante, y redistribuir el coste de la transición donde realmente se genera el daño.

La crisis ecológica no es una tragedia abstracta. Es una desigualdad organizada. Es el resultado de un modelo que ha convertido el planeta en una mina y la justicia en un eslogan. Y mientras no se rompa ese pacto de impunidad, seguiremos discutiendo sobre sostenibilidad en un mundo cada vez menos habitable, pero muy rentable para los que ya han decidido que el colapso siempre ocurrirá en casa de otro.

FIFA, una mafia que garantiza el autoritarismo de Trump

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Está comenzando la Copa del Mundo 2026 y la fiesta del futbol deja una vez más un sabor amargo entre los amantes de este deporte. Por todo lo visto antes de la inauguración oficial, la actual Copa del Mundo se destaca por la secuencia de barbaridades cometidas en contra de los derechos fundamentales de sus participantes, dentro y fuera de la cancha.

Por cierto, la FIFA cada vez se parece más a un grupo de mafiosos y corruptos que solo se interesan por apropiarse de los millonarios recursos que genera el futbol, no importándole las condiciones restrictivas a la democracia que imponen los países anfitriones. La anterior Copa de 2022 fue realizada en Catar, país administrado por una monarquía absolutista e teocrática que desde mediados del siglo XIX se encuentra bajo el poder discrecional de una única familia, la dinastía Al Thani.

La presente edición de la Copa del Mundo se realizará en tres países, siendo que uno de ellos es gobernado por un psicópata aspirante a transformarse en un tirano con dimensión global. Desde antes que comenzara la Copa, las restricciones del gobierno de Estados Unidos han violado todas las normas de fraternidad universal que deberían representar el espíritu a ser simbolizado por el rey de los deportes.

En una medida inexplicable, el Departamento de Migración norteamericano impidió el ingreso de un árbitro, Omar Artan -ciudadano de Somalia y considerado el mejor juez de África-, bajo el pretexto de que representaría un riesgo para la seguridad interna de la nación. Al respecto, el comunicado oficial de la FIFA antes de condenar esta medida arbitraria, solo se limita a declarar que, en este caso, el gobierno anfitrión es quien decide si puede o no conceder la visa para el ingreso de cualquier ciudadano en ese país.

Las restricciones impuestas por la agencia migratoria también vienen impactando en las posibilidades de ingreso de los equipos de varios países, siendo el caso de Irán el más grave. Según las autoridades de Estados Unidos, las visas para los jugadores y la delegación de ese país ya fueron emitidas, pero estas mismas visas condicionan a que el equipo iraní se hospede en territorio mexicano (Tijuana) y viaje durante el mismo día del partido hacia el territorio estadounidense, regresando ese mismo día a la ciudad mexicana. Todavía está por verse cuál será el trato dispensado a la delegación de Irán en la frontera, pues la política migratoria del ICE se ha caracterizado por su extrema truculencia y imprevisibilidad.

Ya el atacante y estrella del equipo de Irak, Aymen Hussein, fue sometido injustamente a un interrogatorio de 8 horas en el Aeropuerto de Chicago, cuando intentaba junto al resto de su delegación entrar al territorio de Estados Unidos para comenzar con los preparativos y entrenamientos necesarios para enfrentar los correspondientes partidos del Grupo I.

El propio Departamento de Estado ha anunciado que los hinchas de Irán y Haití se encuentran totalmente prohibidos de ingresar al país, mientras que participantes de otros países (Senegal y Costa de Marfil) obtendrán sus visas con restricciones o validad limitada. Para los hinchas de estos países y para muchos otros posibles viajeros, la serie de obstáculos administrativos y monetarios impuestos por las autoridades norteamericanas va a significar resignarse a ver la Copa por las pantallas de televisión. Además, los fanáticos que provienen de Argelia, Túnez o Cabo Verde deberán desembolsar valores que podrán llegar a los 15 mil dólares por persona si desean obtener el permiso necesario para ver los juegos. Junto con ello, el miedo a ser abordados por el terrorífico ICE y ser expulsados del país, está provocando la renuncia de gran cantidad de seguidores del fútbol para asistir a los partidos en vivo. Por lo mismo, las empresas de turismo y los hoteles ya se están quejando de tener una caída notable en las reservas de habitaciones durante los días del evento, frustrando las expectativas que existían antes del inicio de la Copa.

Toda esta política restrictiva se aplica a pesar de que Estados Unidos firmó un documento de compromiso con la FIFA para facilitar la concesión de visas o simplificar los procedimientos actualmente vigentes, de forma de no discriminar entre los diversos y eventuales participantes del gigante evento, sea entre los grupos de atletas o sea entre el público asistente.

Contraria y sorprendentemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha dedicado a lisonjear al abusivo presidente Trump concediéndole un bizarro Premio FIFA de la Paz, el que le fue entregado el mismo día del sorteo de los grupos, en una actitud de sumisión y abyección que debería avergonzar a cualquier dirigente deportivo que posea un mínimo de pudor y decoro. No es gratuito precisamente que la portada de la revista deportiva L´équipe retrata a Infantino como una marioneta ridícula manipulada por Trump.

Por lo mismo, la pregunta que queda suspendida es la siguiente: ¿Será posible organizar una actividad deportiva de confraternización universal, en países que se destacan por su carácter despótico y antidemocrático? Para la FIFA la respuesta es simple. Claro que se puede, si el evento significa la obtención ganancia y lucro para enriquecer el bolsillo de los delincuentes de cuello y corbata que controlan el organismo.

En rigor, Gianni Infantino y el grupo de mafiosos que lo rodea han mostrado hasta ahora un silencio cobarde por las aberrantes políticas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para impedir la entrada de árbitros, jugadores, cuerpo técnico, personal de apoyo y, sobre todo, de los principales actores que sustentan el espectáculo, el público que llena los estadios. Al final, la constatación más triste es ver que la entidad que dirige el fútbol mundial se transformó en un rehén del narcicismo y la megalomanía de Trump, mostrándose incapaz de proteger la autonomía y soberanía de su propio torneo y velando por el respeto de las personas que debieran ser los verdaderos protagonistas de la fiesta del fútbol.

Como Hitler en las Olimpiadas de Berlín en 1936, el presidente Trump desea transformar la Copa del Mundo en un palco de su ambición personal para autoproclamarse como el dueño del planeta y sellar con su alma de déspota las jornadas deportivas que, por bien o por mal, seducen y entusiasman a una parte significativa de la humanidad.

Reparações: A África desafia o eurocentrismo

Panashe Chigumadzi

Outras Palavras

Avança a luta do continente para obter indenizações que amenizem séculos de colonização e escravismo. Além da resistência à responsabilização financeira relevante, há um tabu atávico a quebrar. Como pode uma coisa reivindicar algo?

No mês passado, durante as comemorações do 25º aniversário da Lei Taubira, que reconheceu na França o tráfico de africanos escravizados como crime contra a humanidade, Emmanuel Macron fez o impensável: tornou-se o primeiro presidente francês a pronunciar publicamente a palavra “reparações”.

Desde 1825, quando a França puniu o Haiti por ousar declarar-se a primeira república soberana negra do mundo ocidental, extorquindo 150 milhões de francos como compensação pela perda do que considerava “propriedade” escravizada, as reparações aos povos e nações negras têm sido politicamente “impensáveis”.

O historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot argumentou, de forma memorável, que a revolução haitiana de 1804 foi o evento “impensável” por excelência – uma reivindicação de soberania negra que o Ocidente não conseguia compreender nem tolerar. Por isso, procurou esmagá-la.

Impulsionado pelas mudanças na realidade geopolítica e pelas crescentes demandas da África por soberania econômica, Macron invocou o termo “reparações” dez vezes como parte de uma tentativa preventiva de moldar os termos do diálogo antes que a União Africana (UA) adote sua posição comum sobre o tema que Gana sedie uma conferência global acerca do assunto, este mês.

O presidente francês fez essas declarações uma semana após a cúpula África-França em Nairóbi – uma tentativa de seu país de recuperar influência, em meio aos impactos de uma série de expulsões no Sahel . Feita ao lado do presidente de Gana, John Dramani Mahama – o principal defensor das reparações na União Africana – a intervenção de Macron ocorreu apenas dois meses depois de a França ter se abstido na votação da resolução da ONU proposta por Gana, que declarava o tráfico de africanos escravizados o crime mais grave contra a humanidade.

O que Macron não abordou foi o que as reparações realmente implicariam: o que a França pagaria, a quem e quando. Acima de tudo, evitou a questão de saber se a França devolveria a indenização imposta ao Haiti em 1825. Em vez disso, as propostas se concentraram em uma comissão, um memorial e a revogação formal do Código Negro de 1685 , que classificava os africanos como “móveis“. Gestos simbólicos, certamente. Mas não restituição.

Isso vai ao cerne do que eu chamo de exceção africana nas reparações globais. O Ocidente demonstrou repetidamente sua disposição em pagar reparações pela perda do que antes considerava sua propriedade africana – mas nunca pelas perdas impostas às pessoas africanas.

Em 1833, o Império Britânico pagou 20 milhões de libras em reparações aos proprietários de escravos por seus “bens perdidos”. Em 2013, a Grã-Bretanha pagou 19,9 milhões de libras às vítimas da tortura e dos abusos do movimento Mau Mau, embora continuasse a negar sua própria responsabilidade. Em 2021, a Alemanha descreveu seu acordo referente ao genocídio dos povos Nama e Herero, ocorrido entre 1904 e 1908, como “ajuda ao desenvolvimento” . No entanto, países ocidentais pagaram reparações a pessoas não negras e reconhecem a soberania do Ocidente – incluindo o Acordo de Luxemburgo de 1952 com Israel e o acordo com nipo-americanos, concedido pela Lei das Liberdades Civis de 1988.

A exceção africana não é simplesmente uma falha moral. É uma característica estrutural de uma ordem jurídica internacional que, desde o caso da fábrica de Chorzów em 1928 – uma disputa entre a Alemanha e a Polônia que estabeleceu as reparações como consequência obrigatória de atos ilícitos entre Estados soberanos – concede reparações àqueles que reconhece como soberanos, mas nunca a pessoas e países negros. Isso ocorre porque a Europa recusa-se a ir além da independência de bandeira e reconhecer sua antiga “propriedade” como soberana.

Haiti e França são exemplos paradigmáticos da exceção africana. Em 2003, quando o presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, exigiu US$ 21 bilhões em restituição pela indenização de 1825, ele levantou uma questão fundamental: como a “propriedade” pode exigir seu valor de volta? A resposta – um golpe de Estado apoiado pelos EUA e pela França – foi a negação definitiva da soberania negra.

As reparações continuavam sendo “impensáveis” quando Gana apresentou sua proposta de resolução à ONU. Baseando-se no Quadro de Reparações da UA, “Um Crime Não Preclui, 1441-presente” – que idealizei e redigi como relatora do comitê de especialistas em reparações da UA – a resolução invocou o princípio jurídico pan-africano da obrigação contínua, consubstanciado no ditado “um crime não preclui”. Cento e vinte e três Estados votaram a favor; três votaram contra, enquanto 52 se abstiveram.

A UE rejeitou o princípio de que “um crime não preclui” como “jurisprudência regional” fora do alcance universal do direito internacional. A ironia é gritante: o direito internacional não descende de Deus, mas da história. O Tratado de Vestfália de 1648 – mitificado como o nascimento da soberania moderna – foi ele próprio um acordo regional europeu, posteriormente universalizado pela escravização, pelo colonialismo e pelo apartheid.

Com base no Quadro da UA, a resolução do Gana esclarece a situação: a data de nascimento da soberania moderna e do sistema capitalista racial moderno não é 1648. Ela remonta a 1441, quando, na costa da atual Mauritânia, o navegador português Antão Gonçalves capturou 12 africanos, dando início à era do tráfico de pessoas.

Está nas bulas papais do Vaticano – Dum Diversas (1452) , Romanus Pontifex (1455) , Inter Caetera (1493) – que reduziu os africanos à “escravidão perpétua” e codificou a Doutrina da Descoberta, que autorizou a conquista europeia. Foi, como nos lembram Sylvia Wynter e Mahmood Mamdani, em 1492, quando Colombo “descobriu” o “Novo Mundo” e a Espanha expulsou judeus e muçulmanos da Península Ibérica. Foi no direito internacional que codificou a condição de propriedade dos africanos, por meio da Peça das Índias (1513) portuguesa, do Asiento de Negros (1518) espanhol, da carta régia da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (1621), do Código de Escravos de Barbados (1661) inglês e do Código Negro (1685) francês.

A escravidão é ancestral. Como demonstraram estudiosas feministas negras como Jennifer L. Morgan e Bibi Bakare-Yusuf, o inédito foi o sistema racializado de escravização que reduziu os africanos à condição de propriedade perpétua por meio do princípio partus sequitur ventrem – segundo o qual o status segue o útero. Codificado na Virgínia em 1662, esse princípio estabeleceu a escravização hereditária através do útero das mulheres negras, independentemente da paternidade.

Como escreveu o presidente americano Thomas Jefferson, pai de seis filhos escravizados, em 1819 : “Considero uma mulher que dá à luz um filho a cada dois anos mais lucrativa do que o melhor homem da fazenda. O que ela produz é um acréscimo ao capital.” Assim como a África tornou-se o centro mundial de acumulação de capital, o útero das mulheres negras se tornou o centro da reprodução desse capital. Sem soberania sobre nossos úteros, que soberania significativa podemos reivindicar?

Ao reduzir pessoas negras à condição de propriedade perpétua, a escravização racializada posicionou pessoas negras como os últimos não-soberanos do mundo. Raça é soberania. Esta é a armadilha global das reparações: a ordem jurídica internacional pós-1928 exige que a vítima seja soberana para receber reparações, mas os crimes da escravidão, do colonialismo e do apartheid dependem da destruição sistemática da soberania negra.

Em última análise, a exceção africana demonstra que as reparações não são simplesmente um imperativo moral, mas uma questão geopolítica de soberania. Não é coincidência que a França anuncie reparações sem pagamento – invocando a linguagem da justiça enquanto evita o seu custo – justamente quando as crescentes reivindicações africanas por soberania ameaçam os seus interesses econômicos. Não podemos esperar que o Ocidente nos considere soberanos.

O principal desafio para o movimento global de reparações para a população negra no século XXI é construir influência geopolítica em todo o continente africano, na diáspora africana e na maioria do Sul Global que apoiou a resolução. Uma fonte substancial de influência é o fato de a África deter 30% dos minerais críticos conhecidos no mundo – incluindo cobalto, lítio, manganês e terras raras – dos quais dependem a transição verde e a infraestrutura de IA do Ocidente. Sem reparações, não deveria haver acesso às cadeias de suprimento de minerais críticos da África.

Outra fonte de influência reside em instituições como a UA, a Comunidade do Caribe (Caricom) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que estão construindo uma coordenação comercial e financeira Sul-Sul que vai além do alcance dos antigos impérios escravistas. Sem reparações, não deveria haver participação na integração comercial e econômica do Sul global.

Assim como o Haiti se emancipou tornando o custo da escravidão intoleravelmente alto, o movimento de reparações do século XXI deve mudar o foco da persuasão moral para a imposição de custos geopolíticos. O que foi “impensável” por dois séculos só se tornará “pensável” quando o custo da recusa for maior do que o custo da reparação.

Bolsonaro y las consecuencias de una traición

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Para salir del centro de las atenciones por sus vínculos con el “banquero” Daniel Vorcaro, jefe del grupo criminal asociado a la mayor estafa financiera de la historia republicana, el senador Flavio Bolsonaro recurrió a un encuentro con Donald Trump para discutir –según él- algunos temas importantes para el país. Después de la mentada visita, el gobierno de Estados Unidos tomó 3 medidas que impactan de lleno en la mantención de la soberanía e independencia de Brasil.

La primera de ellas fue atribuirle el estatus de terroristas a dos facciones del narcotráfico local, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), lo cual puede significar que las instituciones norteamericanas, como la DEA, pueden intervenir en territorio brasileño para combatir a ambos grupos, caracterizados ahora por el gobierno Trump como narcoterroristas.

La segunda arremetida ha sido contra los controles que ha venido ejerciendo el gobierno sobre la actuación desproporcionada de las big techs y sus plataformas digitales, ya que existe el riesgo permanente de la difusión de contenidos criminales en las redes sociales, lo cual nada tiene que ver con la libertad de expresión, como erróneamente alegan los funcionarios estadounidenses.

La tercera medida ha sido la aplicación de un nuevo y elevando arancel de 25% a los productos importados por ese país. A pesar de que la Secretaria de Comercio Exterior dice estar evaluando hace más de un año aplicar las reglas tarifarias punitivas contra el gobierno brasileño, resulta sospechoso que solo ahora vengan a anunciar la aplicación del “tarifazo” sobre las exportaciones brasileñas y presionar para la extinción del PIX, que estaría afectando a las diversas empresas de tarjetas de crédito con sede en Norteamérica. El documento de esa Secretaria cita más de 20 veces la plataforma electrónica de transacciones financieras que fue creada por el Banco Central para facilitar las transferencias de dinero entre personas físicas y empresas, sin ningún costo adicional para los usuarios.

De esta forma, los hijos del ex presidente condenado y preso por tentativa de Golpe de Estado, continúan requiriendo a un desequilibrado como Donald Trump para que imponga medidas coercitivas a la nación brasileña., con el objetivo de influir en el próximo pleito electoral. Ciertamente esta jugada desesperada del Clan Bolsonaro para boicotear al gobierno de Lula tendrá consecuencias, pues de ser aplicadas efectivamente las políticas de intervención y las sanciones tarifarias por parte de Estados Unidos, la situación económica, la soberanía y la democracia brasileña se verán comprometidas, con enormes costos para la población.

Su impostura ha sido denunciada de inmediato por diversos sectores de la vida política y el presidente Lula lo ha acusado directamente de “cometer una traición a la patria”, pues efectivamente su encuentro con Trump obedece al claro propósito de perjudicar la estabilidad del país para obtener el apoyo electoral de los sectores que se vean afectados con los procesos inflacionarios, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo que sobrevengan a la crisis económica que el conjunto de dichas puniciones pueden generar.

Esta iniciativa de carácter oportunista promovida por la extrema derecha, probablemente va a influir para que sectores de votantes independientes o que se identifican con una derecha moderada, se inclinen finalmente por apoyar en las urnas al actual mandatario. Si Flavio Bolsonaro decidió renunciar a ser un candidato para presidente de la República y transformarse en un postulante a regente para administrar una colonia de los Estados Unidos, los electores le darán la espalda, desenmascarando su narrativa de encarnar un pretendiente moderado a la jefatura del gobierno.

Por el contrario, es cada vez más evidente para la mayoría de los ciudadanos que su postura representa un completo embuste, percibiendo a dicho personaje como un sujeto entreguista, subordinado a los intereses de la nación del norte. En un estudio realizado a 100 mil grupos de WhatsApp y Telegram, monitoreados por la empresa de análisis de datos Palver, se constató que el 81% de las publicaciones y post en esas plataformas consideran que Bolsonaro es culpable directa o indirectamente de las amenazas que recaen sobre el PIX y de las nuevas tarifas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, se viene utilizando masivamente en las redes sociales el término “Tariflavio” para asociar el excesivo aumento de los aranceles impuesto al país, con la reciente visita del senador al presidente Donald Trump.

Por su parte, el gobierno brasileño pretende reiniciar negociaciones con la administración estadounidense y ser espera que la próxima reunión Cumbre del G7 en Évain-les-Bains entre el 15 y el 17 de junio, sea una oportunidad para que el presidente Lula se encuentre con su homólogo norteamericano para tratar de neutralizar las sanciones que le han sido impuestas a Brasil.

En cuanto al hijo del ex capitán, se trata de un candidato sin ningún peso intelectual, ni estatura moral, ni preparación para asumir los destinos de la nación, acorralado por antiguos escándalos de fraude (rachadinhas), por los vínculos con las milicias que aterrorizan a la población en las principales capitales, por sus negocios y corruptelas con empresarios inescrupulosos y, ahora último, por su campaña para perjudicar a Brasil solo pensando en favorecer los intereses propios y de su familia.

Resistencia boliviana

Daniel Gatti

Brecha

Comenzaron hace siete semanas, pero luego las movilizaciones se fueron extendiendo hasta abarcar sectores de lo más diversos: campesinos, indígenas, grupos ambientalistas, cooperativistas mineros, comisiones vecinales, maestros rurales; a punto estuvieron incluso de alcanzar a la Policía. Unos protestaban contra una ley agraria que apuntaba a convertir tierras de propiedad comunal en propiedades individuales; otros, contra la llamada gasolina basura, un combustible de pésima calidad importado con el pretexto de abaratar su precio y que acabó arruinando decenas de miles de vehículos, vendido, además, a precio de oro; otros reclamaban aumentos de sueldos ante una inflación creciente; otros, el restablecimiento de un impuesto a las grandes fortunas, eliminado en una de las primeras decisiones del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, asumido en noviembre.

Las protestas fueron escalando, a pesar de que el Senado, para largar lastre, dejó sin efecto –al menos por un tiempo– la ley de contrarreforma agraria. Los campesinos aimaras decidieron seguir saliendo a las calles. Y lo mismo hicieron el grueso de los mineros, y los maestros, y las federaciones sindicales, a pesar de los intentos del gobierno de dividir a esos sectores pactando con algunos de sus componentes. La Central Obrera Boliviana se sumó a las protestas a través de la convocatoria a una huelga general. Una bandera pasó a unificar el movimiento: el reclamo de renuncia del presidente.

Cuando llegó al Palacio Quemado, Rodrigo Paz Pereira no era, de los dos candidatos que disputaron el balotaje, el que estaba más a la derecha. En una elección huérfana de postulantes de izquierda o progresistas, aparecía como un moderado que debió gran parte de su ascenso y su posterior triunfo a los votos prestados que le llegaron desde las bases de un Movimiento al Socialismo atomizado y en acelerada descomposición. También lo ayudaba que su compañero de fórmula, el vicepresidente Edmond Lara, un ex policía que había hecho campaña contra la corrupción en los cuadros policiales y en buena parte de la dirigencia política nacional, le permitiera conectar con sectores populares.

Pero pasados apenas seis meses de su victoria, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, puro producto de la «casta» política boliviana, no ve ahora con malos ojos que algunos comiencen a llamarlo «el Milei del Altiplano», una denominación que, en noviembre, le calzaba mucho más a su rival de entonces, Jorge Tuto Quiroga, habitué de las peregrinaciones a Buenos Aires para reunirse con el libertario argentino. El «capitalismo para todos» (ese oxímoron que Paz prometió en campaña) pronto reveló su esencia: leyes, decretos, gestos simbólicos fueron dando la pista de que lo que se proponía Paz era la restauración en el poder de las élites tradicionales.

«Traición», gritaron algunos de los que le habían prestado sus votos en noviembre. «Dijo que no iba a privatizar, que no iba a prestar plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por diez años. La gente no creía que era un gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro. Pero terminó siendo como cualquier gobierno afiliado a Donald Trump», constató desde La Paz el periodista boliviano Jaime Iturri.

Y así es: desde Washington ha fluido el apoyo al boliviano. También desde la Argentina mileísta, desde el Chile gobernado por José Antonio Kast, de Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras. Hay un nuevo Plan Cóndor en marcha en América Latina, otra vez con epicentro en Estados Unidos, pero ahora con una narrativa en la que el nuevo enemigo interior serían los «narcotraficantes» asociados al «terrorismo», apuntó por estos días la militante social boliviana María Galindo. Recordó también que Bolivia es, junto con Chile y Argentina, parte de ese «triángulo del litio» cuyo control Estados Unidos considera vital para su propia seguridad estratégica.

Esta semana, al ratificarle su respaldo al acosado Paz, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en Washington durante la Conferencia de las Américas que las protestas bolivianas eran parte de un «golpe de Estado financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado», y que su país contribuiría, llegado el caso, con la «defensa del orden constitucional amenazado por la chusma».

El relato mainstream sobre las movilizaciones sociales bolivianas incluye responsabilizarlas a ellas, y no a las políticas del gobierno, del desabastecimiento que estaría «acuciando» a La Paz y a otras ciudades, y hasta de muertes en hospitales «causadas» por los bloqueos de rutas. Otro de los cartones ligadores es Evo Morales, mencionado como «líder» del movimiento a pesar de que este ha tenido como epicentro La Paz y El Alto, muy lejos del Chapare, donde el expresidente se refugia desde hace un par de años.

Por el momento Paz no ha puesto todos los huevos en la canasta de la represión. A que lo haga lo están instando Tuto Quiroga, el también expresidente Carlos Mesa, el capitán retirado y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes y otros dirigentes de extrema derecha. Representantes de las élites empresariales de Santa Cruz de la Sierra «le han ofrecido que gobierne desde esa ciudad, lejos de las hordas populares e indígenas».

También le prometieron apoyarlo si se decide a declarar el estado de excepción en la capital y sus alrededores, donde está la mayoría de los 50 puntos de bloqueo persistentes en el país. El presidente se ha limitado, por ahora, a cambiar su gabinete.

La fuerza del movimiento, escribió Galindo, radica en su horizontalidad, en el hecho de que «no tiene dirección única, ni mando, ni cabeza visible única». «Si es capaz de armar una agenda política colectiva inteligible para el conjunto de la sociedad […], puede lograr instalar un gran antecedente» y dejar atrás las divisiones que lo han debilitado en los últimos tiempos. Sería también la única posibilidad de garantizar, de cierta manera, que las derechas en sentido amplio no se salgan con la suya y descarguen sobre los rebeldes la responsabilidad de una crisis que les es por completo ajena.

John Maynard Keynes salvó al capitalismo de sí mismo

Joseph Stiglitz

The Economist

Hace doscientos cincuenta años, Estados Unidos era en gran medida una economía agraria, afectada, por supuesto, por el clima, pero sin ciclos económicos propiamente dichos. Estos surgieron con el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX. Y así comenzaron las profundas fluctuaciones de la era moderna, siendo las dos peores la Gran Depresión de la década de 1930 y la Gran Recesión que comenzó en 2008. Afortunadamente, John Maynard Keynes, el gran economista del siglo XX, nos demostró que no teníamos por qué sufrir estas disfunciones del capitalismo. El gobierno podía hacer algo al respecto.

Como dice el refrán, la necesidad agudiza el ingenio. Para cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia en 1933, Estados Unidos ya había perdido cuatro valiosos años sumiéndose cada vez más en la depresión. Roosevelt no podía esperar a que Keynes explicara qué hacer. Intervino con decisión, incluso podría decirse que con intuición. Algunos aspectos de su programa siguen siendo controvertidos; a pesar de que la tasa de desempleo alcanzó un máximo cercano al 25% durante la Gran Depresión, la mayoría de economistas y empresarios afirmaban: «Déjelo en manos del mercado. Se corregirá solo con el tiempo». Pero, como bromeó Keynes, en el largo plazo, todos estaremos muertos.

El libro de Keynes de 1936, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, constituyó una revolución intelectual. Contrariamente a las doctrinas predominantes de la época, argumentó que los mercados, si se dejaban a su suerte, podían permanecer estancados en largos periodos de desempleo profundo. Incluso si existieran "fuerzas" autorreguladoras que impulsaran la economía hacia el pleno empleo, estas actuarían con demasiada lentitud por sí solas para evitar graves dificultades económicas. Explicó por qué la política monetaria -favorecida por muchos economistas conservadores cuando se consideraba necesaria la intervención- sería ineficaz en una profunda recesión. Y lo que es más importante, ofreció una solución: el gasto público podía estimular la demanda y sacar a la economía del estancamiento.

La buena noticia era que la constitución tenía la flexibilidad suficiente para permitir que estas nuevas ideas se pusieran a prueba y demostraran su valía, aunque los Padres Fundadores no pudieron haber previsto este papel fundamental del gobierno. En aquellos tiempos, el gobierno era mucho más pequeño. Durante la primera mitad del siglo XIX, el gobierno federal recaudaba apenas el 2% del PIB y no existía un Banco Central hasta la creación de la Reserva Federal en 1913. El gobierno central no contaba ni con los recursos ni con las herramientas necesarias para estabilizar un sistema capitalista inherentemente inestable.

Keynes no era un radical de izquierdas; no le preocupaba demasiado la desigualdad, creía en la economía de mercado y creía que su intervención propuesta -no una revolución, sino una pequeña "solución"- salvaría la situación.

Sin embargo, muchos desconfiaban de Keynes porque justificaba la necesidad de un gobierno más grande. Algunos ideólogos de derecha hubieran preferido que el país permaneciera en una depresión antes que la intervención del gobierno. Según su perspectiva, si el gobierno podía hacer eso, ¿quién sabe qué más podría hacer? Podría garantizar a todos una pensión mínima, atención médica y educación. Y esas cosas podrían requerir impuestos superiores a las ínfimas cantidades que pagaban los estadounidenses. Esto era especialmente peligroso -para los antepasados ​​de los oligarcas multimillonarios de hoy- porque unos 20 años antes Estados Unidos había adoptado la 16.ª Enmienda a la Constitución, que permitía la imposición de un impuesto sobre la renta.

En retrospectiva, el pragmatismo de Roosevelt y las ideas de Keynes salvaron al capitalismo de los propios capitalistas. Si estos últimos se hubieran salido con la suya, los fracasos del capitalismo sin restricciones, una economía asfixiada por una depresión aparentemente interminable, probablemente habrían significado que no hubiera sobrevivido a las presiones democráticas. En cambio, el presidente John F. Kennedy, bajo la influencia de destacados economistas keynesianos (entre ellos John Kenneth Galbraith, Robert Solow y Paul Samuelson), adoptó las políticas keynesianas como la piedra angular de su marco económico.

A lo largo de la década de 1970, con el país enfrentando inflación (entonces, como ahora, causada en gran medida por aumentos sin precedentes en los precios del petróleo), la derecha afirmaba que Keynes estaba obsoleto. Mientras que Keynes había enfatizado el papel del gobierno en el sostenimiento de la demanda total (o agregada) para que la economía se mantuviera en pleno empleo, Ronald Reagan cambió el enfoque para enfatizar la oferta. Los conservadores argumentaban que si los impuestos eran bajos y las regulaciones laxas, la dinámica del mercado aseguraría el crecimiento con pleno empleo. Eran tan optimistas que incluso afirmaban que las reducciones en las tasas impositivas impulsarían tanto crecimiento que aumentarían los ingresos fiscales. Por supuesto, eso no sucedió.

En las décadas siguientes, Estados Unidos sufrió repetidas recesiones, algunas bastante profundas, demostrando con contundencia que los mercados sin restricciones no eran buenos para autorregularse. Durante la Gran Recesión y, sobre todo, durante la pandemia de COVID-19, las intervenciones keynesianas -el gasto público- demostraron ser enormemente eficaces.

Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, la batalla política continúa. A principios de la década de 1990, se intentó aprobar una enmienda para lograr un presupuesto equilibrado, una disposición que prácticamente habría impedido la implementación efectiva de políticas keynesianas. Afortunadamente, fue rechazada por un estrecho margen. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se produjo un resurgimiento de las políticas de oferta, con una importante reducción de impuestos a las corporaciones y a los multimillonarios. Estas políticas fracasaron, al igual que las anteriores de Reagan: los déficits aumentaron y el impulso al crecimiento fue mínimo, si es que hubo alguno.

Si la constitución se hubiera creado en el siglo XXI, sabiendo que el gobierno tiene la capacidad de garantizar el pleno empleo en la economía, probablemente lo habría estipulado. Lo más cerca que estuvimos fue con la Ley de Empleo de 1946, que creó el Consejo de Asesores Económicos en la Casa Blanca, que presidí durante la presidencia de Bill Clinton. Esta ley comprometía a Estados Unidos a “fomentar… las condiciones que permitan el acceso a un empleo útil para quienes sean capaces, estén dispuestos y busquen trabajo”. A pesar de contar con las herramientas para lograr esta misión, con demasiada frecuencia, y para muchos, hemos fracasado.

Flavio Bolsonaro, el desplome de un corrupto

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Daniel Vorcaro se ha transformado en el amigo más tóxico de la clase política y de los jueces brasileños. En efecto, son muchos los personajes de la escena política y judicial que se han beneficiado de su generosidad a cambio de influencia y futuros favores en la línea de crédito del “banquero”, actualmente transformado más bien en el jefe de un enorme esquema destinado a fraudar a usuarios, entes públicos, fondos del seguro social y el Banco de Brasilia, al cual le vendió una extensa y billonaria cartera de cuentas deficitarias.

La historia que se conoce hasta ahora es que, liderando un entramado complejo, Vorcaro captó recursos de cientos de clientes e inversionistas a través de captaciones en Depósitos de Renta Fija (CDB) prometiendo tasas de interés espectaculares, muy por encima de los valores promedios existentes en el mercado financiero brasileño. Es decir, tomaba el dinero de clientes de su Banco Master, a sabiendas de que no tenía como sustentar esos compromisos, lo que finalmente transformaba todas las operaciones en un simple fraude, tanto para los inversionistas como, posteriormente, para el Banco de Brasilia al cual le transfirió irregularmente esa cartera de clientes creedores del Banco Master. De esta manera, Vorcaro hizo desaparecer y consiguió también distribuir decenas de millones de reales entre sus “amigos de la vida”, como el senador Ciro Nogueira o su “hermano” Flavio Bolsonaro, producto del robo sistemático perpetrado por el banquero a sus clientes y a otras instituciones financieras.

Desde la fundación del Banco Master en octubre de 2019, Vorcaro fue construyendo una red de influencia basada en aportes millonarios a diversos actores de la vida política institucional de la República. Entre otros, comprometió a dos ministros del Supremo Tribunal Federal (Alexandre de Moraes y Dias Toffoli) a los cuales repasó generosas cifras de millones de reales, al primero, a través de “Consultorías” realizadas por la oficina de abogados de la esposa de Moraes y, al segundo, por medio de la inversión en un resort que es propiedad de la familia del ministro del STF, socio de ese emprendimiento inmobiliario.

También consta en el proceso contra el banquero pagos a parientes del ex ministro de Justicia de Lula, Ricardo Lewandowski y de Guido Mantega, quien consiguió una audiencia entre Vorcaro y el presidente Lula da Silva. Desembolsos millonarios también fueron efectuados para establecer relaciones cordiales con gobernadores, presidentes de partidos del centrão y otros miembros relevantes de la vida pública nacional.

La magnificencia demostrada por Vorcaro no es más que la expresión de la compra de influencia ramificada entre un conjunto significativo de actores de la escena política e institucional, haciendo uso -como ya apuntamos- del dinero generado por medio del mayor fraude bancario cometido en la historia del país, el cual se calcula que llegaría a la exorbitante cifra de 60 mil millones de reales (cerca de 12 mil millones de dólares). Ese es un pasivo que ahora tendrá que compensar el conjunto de la sociedad brasileña.

La reciente revelación de las conversaciones entre Vorcaro y el hijo del excapitán mostraron una intimidad de la cual este último siempre renegaba. Hasta horas antes de que salieran a la luz las donaciones que hiciera Vorcaro para financiar la película Dark Horse, sobre la vida de Jair Bolsonaro, el senador Flavio afirmaba que conocía a Vorcaro solo por las noticias vehiculadas en la prensa. El compromiso original es que ese último entregaría 134 millones de reales a la productora Go Up Entertainment para hacer esa película, en varias cuotas (14 en total), dependiendo del flujo de caja del Banco Master y sus empresas asociadas.

Flavio Bolsonaro, que insistía en desconocer su proximidad con Vorcaro -inclusive para los propios correligionarios y apoyadores cercanos de su candidatura-, se llevó una ingrata sorpresa cuando fue interrogado por un periodista del sitio Intercept, al cual le respondió de forma ríspida y agresiva, “eso es mentira, eres un militante…”. Minutos después fueron difundidas las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre ellos, extraídas del celular de Vorcaro por la Policía Federal, en una de las cuales el senador solicitaba la transferencia del resto los valores comprometidos por el banquero para la realización de dicha película (solo se habían depositado hasta ese momento 61 millones). En uno de esos diálogos divulgados por Intercept, Flavio le escribe a Vorcaro: “Hermano, estoy y estaré contigo siempre, no existen medias palabras entre nosotros”. Esto sucedió un día antes de que el banquero fuera detenido por la Policía Federal cuando intentaba huir del país en su avión particular con destino a Dubai.

Por su parte, la productora de la mencionada hagiografía fílmica del ex capitán, anunció que no recibió ese volumen de dinero de Vorcaro o del Banco Master, lo que automáticamente genera la interrogante de hacia donde fueron a parar una parte significativa de los 61 millones de reales (10,5 millones de dólares) que habrían sido contratados para la realización de la mencionada película.

En este momento, la Policía Federal investiga si ese dinero fue destinado para alimentar la cuenta de Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas después de abandonar el país, perdiendo en el intertanto su mandato de diputado y su correspondiente salario. Seguidamente se supo que Eduardo es el productor en Estados Unidos de la película y que los recursos para el hermano menor de Flavio fueron depositados en la cuenta de un Fondo de Inversiones Havengate Development Fund LP, administrado por el abogado de Eduardo en Estados Unidos, Paulo Calixto.

¿Y qué impacto tendrá este vínculo entre un candidato a presidente con un mafioso del sistema financiero? Una primera consecuencia del affaire Flavio ha sido la pérdida de confianza en una persona que mantuvo en secreto su estrecha relación con el banquero. Asesores cercanos al candidato señalan que luego de las reiteradas veces que dijo desconocer a Vorcaro, será muy difícil desmontar la imagen de mentiroso frente a sus colaboradores y ante el electorado. La quiebra de confianza también es irreversible, pues si Flavio Bolsonaro escondió su lazo con el banquero a gente muy cercana, puede hacer lo mismo en muchos otros asuntos.

Es decir, un sector del centrão que se encaminaba hacia una alianza estable con el representante del bolsonarismo, ahora se encuentra evaluando postergar la decisión de un apoyo definitivo e incondicional a la espera del resultado que arrojen las próximas encuestas de intención de voto, que represente un reflujo comprometedor luego del impulso que venía tomando la campaña del hijo mayor del ex presidente. Con razón, los miembros del centrão observan con preocupación las consecuencias de este escándalo sobre el electorado, especialmente sobre el casi 20 por ciento que puede definir la contienda del 4 de octubre. Las últimas encuestas realizadas todavía no han permitido captar el impacto del caso “BolsoMaster” sobre las preferencias del electorado brasileño, pero se presume que el mismo podría ser muy relevante.

Líderes y dirigentes de partidos de la base aliancista como el Partido Progresistas, Unión Brasil o Republicanos están a la espera de los nuevos pronósticos electorales para confirmar si continúan en campaña o si piensan en una alternativa para salvar a la derecha, aunque sea a última hora. En definitiva, para estos aliados la crisis producida por esta revelación del vínculo entre Vorcaro y Flavio necesariamente marca una inflexión descendente en su carrera presidencial. Por cierto, ello tendrá fuertes implicaciones en los recursos disponibles y el tiempo disponible en televisión para difusión de la campaña. El actual dilema para los partidos del centrão es que, hasta la presente hora, Flavio Bolsonaro se vislumbra como el único capaz de competir en equilibrio de votantes con relación al presidente Lula. Su caída puede representar el fin da las aspiraciones de la derecha para retomar el control de la máquina del gobierno y sus políticas de fisiologismo, profundización de los privilegios y saqueo de los cofres públicos.