Patrice Lumumba y la batalla inconclusa por la descolonización

Jeremías Pérez Rabasa

Página 12

El 2 de julio de 1925 nacía Patrice Lumumba, el dirigente que convirtió la independencia del Congo en un proyecto de soberanía real. Su asesinato marcó los límites que el colonialismo estaba dispuesto a imponer a los procesos de emancipación africanos.

Patrice Émery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el entonces Congo Belga, una de las colonias más violentas que produjo el imperialismo europeo. Bajo la dominación belga, millones de congoleños fueron sometidos a un régimen de trabajo forzado, despojo territorial, segregación y terror cuya historia todavía permanece relativamente ausente de los relatos occidentales. Fue en ese contexto donde comenzó a formarse un dirigente que entendió que la independencia no era el reemplazo de una bandera por otra.

Autodidacta, lector voraz y extraordinario orador, Lumumba emergió durante la década de 1950 como una de las principales figuras del nacionalismo congoleño. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño, una organización que rechazaba las divisiones étnicas promovidas por el colonialismo y proponía la construcción de un Estado verdaderamente soberano. Su apuesta era profundamente panafricanista, Lumumba creía que la emancipación del Congo sólo tendría sentido como parte de la liberación del continente africano.

Cuando el Congo obtuvo su independencia el 30 de junio de 1960, Lumumba se convirtió en el Primer Ministro del nuevo Estado, y asumió la presidencia Joseph Kasa-Vubu. Aunque el sistema distribuía las funciones entre ambas autoridades, fue Lumumba quien encarnó el proyecto de una soberanía plena sobre el país y sus recursos naturales. El mismo día de la asunción del cargo, Lumumba protagonizó uno de los discursos más importantes del siglo XX. Mientras el rey Balduino de Bélgica celebraba la supuesta “obra civilizadora” del colonialismo, él tomó la palabra para recordar los trabajos forzados, las humillaciones cotidianas, la violencia sistemática, la explotación de las riquezas naturales y el racismo que había estructurado la dominación colonial.

Ese discurso alteró mucho más que el protocolo de una ceremonia oficial. Desafió la narrativa con la que las antiguas metrópolis buscaban administrar el proceso de descolonización. El problema no era únicamente que el Congo se independizara, el problema era que un dirigente africano reclamara ejercer plenamente la soberanía sobre uno de los territorios más ricos del planeta, dueño de inmensos recursos minerales estratégicos para la economía mundial.

La respuesta fue inmediata. Tras una profunda crisis institucional, el presidente Kasa-Vubu anunció su destitución, decisión que Lumumba desconoció por considerarla inconstitucional. Pocos días después, el coronel Joseph-Désiré Mobutu tomó el poder mediante un golpe de Estado. Lumumba fue puesto bajo arresto, intentó reorganizar la resistencia desde el este del país, pero fue capturado por las tropas golpistas.

El 17 de enero de 1961 fue trasladado a Katanga junto con Maurice Mpolo,Ministro de Juventud y Deportes, y Joseph Okito, Vicepresidente del Senado. Allí los tres fueron torturados y ejecutados esa misma noche por un pelotón de fusilamiento con participación decisiva de autoridades belgas y del régimen secesionista katangués. Sus cuerpos fueron luego destruidos para borrar las huellas del crimen. Lumumba tenía apenas 35 años. En 2022 Bélgica restituyó a su familia el único resto conservado de su cuerpo, un diente que había sido retirado por un policía belga tras el intento de hacer desaparecer completamente sus restos.

Décadas de investigaciones demostraron la responsabilidad de autoridades belgas en la operación y revelaron también el papel desempeñado por la CIA durante el proceso que condujo a su eliminación. La muerte de Lumumba fue una advertencia dirigida al conjunto del Sur Global. La independencia política tenía límites cuando amenazaba la arquitectura internacional heredada del colonialismo. Su eliminación abrió el camino para décadas de inestabilidad, autoritarismo y saqueo de los recursos congoleños, cuyas consecuencias siguen marcando la historia de la actual República Democrática del Congo.

Con el paso del tiempo, Lumumba dejó de pertenecer exclusivamente a la historia congoleña. Su figura pasó a integrar el gran repertorio político del panafricanismo junto a Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, o Amílcar Cabral, entre otros. No porque todos compartieran las mismas estrategias, sino porque entendieron que el colonialismo no terminaba con la independencia formal. Persistía bajo nuevas formas de dependencia económica, subordinación política y jerarquización racial.

Hoy, cuando el extractivismo continúa definiendo el destino de buena parte del continente africano y las disputas por minerales críticos vuelven a colocar al Congo en el centro de la competencia global, la trayectoria de Lumumba recupera una actualidad incómoda. Sus palabras siguen interpelando un sistema internacional donde las asimetrías entre Norte y Sur permanecen vigentes bajo otros lenguajes y otros mecanismos.

Recordar su natalicio no significa convertirlo en una figura intocable, significa reconocer que buena parte de las discusiones contemporáneas sobre soberanía, justicia racial, dignidad, reparación histórica y autodeterminación de los pueblos ya estaban presentes en su pensamiento hace más de seis décadas. Por eso Patrice Lumumba continúa siendo una de las voces imprescindibles para comprender la historia africana y, al mismo tiempo, para leer críticamente el presente. Su vida recuerda que la descolonización nunca fue un acontecimiento cerrado. Es un proceso todavía inconcluso.

Carlo Ginzburg y la tradición antifascista

Marco Bresciani

Socialismo y Democracia

Carlo Ginzburg fue uno de los grandes pioneros de la microhistoria, una corriente que propone analizar los procesos sociales desde abajo, atendiendo a lo cotidiano. Su obra está atravesada por los lazos de su familia con la resistencia al fascismo y por las disputas entre las distintas vertientes antifascistas que marcaron la historia italiana de la posguerra.

Si quisiéramos captar el significado profunda de la relación de Carlo Ginzburg y su familia con el antifascismo, nada mejor que leer Invierno en los Abruzos (1944), uno de los relatos más célebres de su madre, la escritora Natalia Ginzburg.

Su padre, Leone Ginzburg —erudito de la literatura rusa y uno de los fundadores de la editorial Einaudi—, había sido condenado al confinamiento en el pueblo de Pizzoli, cerca de L’Aquila, bajo la figura de «internado civil de guerra», tanto por su militancia antifascista como por su origen judío. Para Natalia, aquellos años representaron una suerte de exilio: un mundo campesino que parecía suspendido fuera del tiempo, regido por el ritmo de las estaciones, la nieve, el sol, el sonido de las campanas de la iglesia y el calor del hogar.

Fue en ese mundo a la vez encantador y aterrador —marcado por la tienda de ramos generales de Girò, con sus velas y naranjas, y por las largas historias sobre cementerios que contaba la empleada, Crocetta— donde Leone y Natalia vivieron entre 1940 y 1943. Allí escribían y corregían pruebas de imprenta para Einaudi mientras sus hijos, Carlo, Andrea y Alessandra, jugaban en el piso. Tras la repentina caída de Benito Mussolini en el verano de 1943, Leone regresó a Roma para unirse a la Resistencia. Detenido más tarde mientras integraba la redacción clandestina del periódico antifascista Italia Libera, Leone Ginzburg murió torturado por los nazis en la prisión romana de Regina Coeli el 5 de febrero de 1944. De aquella época en Pizzoli, Natalia conservaría un recuerdo impregnado de felicidad melancólica, ensombrecido para siempre por el horror y la angustia que precedieron a aquella muerte solitaria.

Tiempo después, Carlo Ginzburg se convertiría en uno de los historiadores más influyentes de su generación, reconocido sobre todo por fundar la microhistoria y por su obra clásica, El queso y los gusanos, centrada en Menocchio, un molinero y hereje del siglo XVI. En lugar de escribir una historia política «desde arriba» o una historia social de trazo grueso, Ginzburg puso el foco en Menocchio —una figura aparentemente marginal— para explorar desde su experiencia el universo de la cultura popular.

Sin embargo, el énfasis casi exclusivo en sus innovaciones metodológicas, un lugar común en muchos de los obituarios publicados tras su fallecimiento el pasado 17 de junio, corre el riesgo de eclipsar otro aspecto crucial de su trayectoria intelectual: su compromiso indirecto pero persistente con la política o, más precisamente, con la cuestión de la revolución vista a través del prisma de la tradición antifascista. Se trata de un tema vasto y complejo que aquí solo podemos abordar mediante una serie de conjeturas preliminares.

Tradiciones antifascistas

Leone y Natalia llamaron Carlo a su hijo en memoria de Carlo Rosselli, quien, menos de dos años antes de su nacimiento —el 15 de abril de 1939—, había sido asesinado junto a su hermano Nello en una emboscada perpetrada por una organización paramilitar francesa bajo las órdenes de Mussolini. Carlo Rosselli había sido el fundador del movimiento antifascista revolucionario Giustizia e Libertà, del cual Leone Ginzburg fue una figura destacada en Turín durante la década de 1930.

Para Carlo Ginzburg, asumir un compromiso político significaba, ante todo, heredar una tradición antifascista profundamente arraigada en la memoria familiar. Sin embargo, aunque reconoció haber sido «profundamente moldeado por la tradición del antifascismo», Ginzburg también admitió que intentó resguardarse de él cuando se convirtió en una «fuerza abrumadora» dentro de las revueltas juveniles de las décadas de 1960 y 1970.

Desde el período de entreguerras en adelante, el antifascismo encarnó numerosas ideas y prácticas políticas que a menudo resultaron divergentes y, por momentos, contradictorias, tanto en Italia como en el resto del mundo. Después de 1945 se transformó en uno de los pilares constitucionales de la República Italiana. No obstante, fue capitalizado sobre todo por la cultura política comunista, que invocó su rol protagónico en la Resistencia para legitimar su inserción en la democracia parlamentaria. Más tarde, durante los años sesenta y setenta, los nuevos movimientos estudiantiles y obreros reimaginaron el antifascismo como un lenguaje de movilización ideológica orientado a la transformación radical de la sociedad italiana. En ese contexto, la militancia adoptó frecuentemente formas totalizadoras, intransigentes y, en ocasiones, violentas. «Muchas personas de mi generación», explicó Ginzburg,

quedaron completamente arrastradas por esa ola. Creo que, de alguna manera, logré mantenerme al margen y tomar un camino diferente. Creo que esta diferencia —o, si se quiere, esta lealtad a través de senderos sinuosos y poco evidentes— es, en última instancia, lo que motivó todas mis decisiones, a veces incluso de manera inconsciente.

No es tarea sencilla comprender el significado de estas posturas, incluyendo sus dimensiones inconscientes, ni desandar sus sinuosos caminos. Tampoco resulta simple desentrañar el recuerdo de Leone (1909–1944) —un padre a la vez ausente y profundamente presente en la vida de su hijo—, ni el papel central que desempeñó su madre, Natalia (1916–1991), dentro del privilegiado ecosistema social y cultural en el que Carlo creció. Del mismo modo, es complejo situar en su contexto histórico la trayectoria diversa y polifacética de uno de los mayores exponentes del oficio de historiador de las últimas décadas, más allá de las numerosas autorrepresentaciones que él mismo ofreció. En resumen, no será fácil releer a Ginzburg a través de Ginzburg, después de Ginzburg. Sin embargo, podemos comenzar revisando los contornos de su formación intelectual más amplia.

Genealogía

Los libros fundamentales de su trayectoria -Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, El mundo mágico de Ernesto de Martino, Cristo se detuvo en Éboli de Carlo Levi y Diálogos con Leucó de Cesare Pavese- apuntaban todos hacia el universo campesino, poblado por las «clases subalternas» con sus mitos y ritos. Era el mismo mundo rural por el que los populistas rusos (narodniki) habían luchado a finales del siglo XIX, buscando movilizar las tradiciones comunitarias para evitar la traumática transición al capitalismo. Su padre, Leone, nacido en Odesa en 1909 bajo el Imperio ruso, estaba profundamente imbuido de esas tradiciones. Sin duda, en muchos sentidos, esta genealogía intelectual moldeó la inclinación de Ginzburg hacia la historia del radicalismo religioso campesino entre las décadas de 1950 y 1960.

Tras ese trasfondo se perfilaban vastos procesos históricos: el milagro económico de la posguerra en Italia, el declive de una civilización agraria milenaria y el Concilio Vaticano II, un momento de profunda renovación para las doctrinas sociales y litúrgicas de la Iglesia. Fue en este contexto, plagado de tendencias contradictorias, donde tomaron forma las primeras y extraordinarias investigaciones de Ginzburg sobre los cultos agrarios europeos.

A través de los expedientes de los juicios inquisitoriales, sus primeros trabajos —entre los que se destacan Los benandanti (1966), Los constitutos de Don Pietro Manelfi (1970), El nicodemismo (1970), Juegos de paciencia (junto a Adriano Prosperi, 1975) y El queso y los gusanos (1976)— sacaron a la luz una vertiente campesina radical. Estas obras resquebrajaron el sólido bloque de las clases dominantes victoriosas y las ideologías imperantes de los siglos XVI y XVII, superando en parte la dicotomía jerárquica entre lo alto y lo bajo, y devolviendo a la historia las voces de «una religión campesina intolerante con los dogmas y las ceremonias», silenciada en última instancia por la autoridad de la Inquisición.

La fuerza disruptiva de la investigación de Ginzburg, que desenterró fragmentos y estratos profundos del radicalismo campesino, radicaba en su crítica corrosiva a las culturas de izquierda dominantes, profundamente ligadas a nociones deterministas del progreso industrial moderno. A sus ojos, esas identidades políticas eran, a su manera, «víctimas» de la ruptura histórica producida por el triunfo de la Contrarreforma: la imposición de una cultura jerárquica, la marginación de las disidencias y la eliminación de la cultura popular —en gran parte de origen precristiano— a lo largo del siglo XVII.

El significado de las derrotas del pasado, entrelazado con las del presente, se convirtió en el eje de una reflexión en la que la conciencia de los tiempos largos de la historia se combinaba con la urgencia de los tiempos cortos de la política. Cuando la ola de protestas juveniles estalló a finales de la década de 1960 —impulsada por los conflictos sociales y la certeza de que la Resistencia de 1943-1945 había quedado incompleta o había sido «traicionada»— Ginzburg se posicionó, siempre a su modo, en la órbita de la izquierda extraparlamentaria, particularmente en torno a la organización Lotta Continua de Adriano Sofri.

En una intervención característicamente aguda, publicada en la Storia d’Italia de Einaudi (su ensayo de 1973 «Folclore, magia, religión»), argumentó que, una vez que comenzaron a disiparse «los efectos de la sacudida infligida a la sociedad italiana por la lucha armada y la insurrección», la jerarquía católica lanzó «una cruzada a gran escala, aunque desplegada con medios técnicos modernos». Sin embargo, frente al surgimiento de nuevos impulsos hacia una «liberación carnavalesca», también le recordó a sus lectores que la «revolución» era, en definitiva, «una tarea larga y laboriosa».

Bajo la superficie

Una de sus obras más importantes, El queso y los gusanos, analizaba la cosmología del molinero Domenico Scandella, conocido como Menocchio, y su «deseo de un “nuevo mundo”» donde convergían un sustrato antiguo de creencias populares y expectativas milenaristas de justicia. No fue casualidad que Walter Benjamin sirviera de guía a Ginzburg en esta investigación: «A la historia nada de lo que alguna vez aconteció puede dársele por perdido», aunque solo «a la humanidad redimida le cabe por entero su pasado». Sin embargo, esta visión mesiánica y libertaria de la historia de los derrotados iba acompañada de otra radicalmente distinta —una perspectiva oscura y desesperanzada— sugerida por el epígrafe de Louis-Ferdinand Céline: «Todo lo interesante ocurre en la sombra (…) No se sabe nada de la verdadera historia de los hombres». Se podría reformular esto preguntando: por cada Menocchio que es «redimido», ¿cuántos otros han sido devorados por el olvido?

El filósofo marxista judío alemán Benjamin y el escritor francés fascista y antisemita Céline pueden parecer una pareja extraña. De hecho, la lealtad de Ginzburg a la tradición antifascista —aunque fuera por fuera de su corriente principal— le abrió un amplio espacio para el compromiso cultural sin poner en riesgo su intransigente orientación política. Quizás Ginzburg también se refería a sí mismo cuando escribió que Menocchio «sentía la necesidad de apropiarse de la cultura de sus adversarios».

Siguiendo a sus críticos marxistas —en particular a Eric Hobsbawm y Perry Anderson—, podríamos preguntarnos hasta qué punto la fascinación de Ginzburg por los perseguidos, los derrotados, los marginados y los heréticos, al moverse por un terreno profundamente marcado por la sensibilidad romántica, lo llevó al umbral de una identificación irracional, aunque nunca llegara a cruzarlo. Sin embargo, su temprana fascinación por lo que yacía bajo la superficie de la experiencia histórica se mantuvo como una constante. Articulada inicialmente en el «paradigma indiciario», más tarde evolucionó hacia una reflexión sobre el estatus epistemológico de la «distancia» y la «prueba», encontrando una expresión más completa a través de su diálogo con Marc Bloch: «Lo más profundo de la historia puede ser también lo más cierto» (Apología para la historia o el oficio de historiador).

Para comprender la trayectoria intelectual de Carlo Ginzburg y su relación con la literatura, la cultura y, en un sentido más amplio, con la política, resulta indispensable abordar el vínculo con su madre, Natalia. Como guardiana de la memoria de Leone, figura central de la editorial Einaudi de la posguerra e intelectual firmemente comprometida con la vida pública a través del Partido Comunista Italiano (PCI), Natalia ejerció una profunda influencia sobre su hijo. No solo se hizo cargo de la crianza de Carlo, de su hermano Andrea y de su hermana Alessandra, sino que también lo introdujo en los círculos de los escritores más destacados de la época, sobre todo de Italo Calvino. Del mismo modo, estimuló el talento narrativo de Carlo —un rasgo definitorio de su producción historiográfica— y lo alentó a experimentar con nuevas formas de expresión que luego se convertirían en los cimientos intelectuales y estilísticos de la microhistoria.

La carrera académica que más tarde lo llevó de Bolonia a Los Ángeles —precisamente mientras codirigía junto a Giovanni Levi la célebre colección Microstorie de Einaudi (1981–1991)— transformó y amplió el alcance de sus investigaciones. Para entonces, sus intereses se habían expandido drásticamente, tomando rumbos que implicaban una autocrítica implícita de sus posiciones anteriores. Ginzburg combatió con fuerza el neoescepticismo posmoderno, que al relativizar el estatuto de la verdad y romper su lazo con la realidad, terminaba abriendo las puertas al negacionismo del exterminio de los judíos europeos.

En su obra metodológicamente más ambiciosa, Historia nocturna (1989), la microhistoria se cruzó con una suerte de historia global avant la lettre que se extendía desde el Friuli hasta Siberia, atravesando la vasta geografía euroasiática del chamanismo en busca de conexiones históricas y morfológicas. Allí, el aquelarre de las brujas fue interpretado como una estructura de compromiso entre elementos de origen culto y folclórico, cristalizada en la región alpina occidental durante el siglo XIV a raíz de la persecución inquisitorial contra judíos, leprosos y musulmanes, extendida posteriormente a brujas y hechiceros.

Al igual que el poder taumatúrgico atribuido a los reyes de Francia e Inglaterra que Marc Bloch había desmenuzado en Los reyes taumaturgos (1924), este fenómeno equivalía a «una verdadera invención». «Después de todo», escribió Ginzburg en 1989,

la conspiración no es más que un caso extremo, casi caricaturesco, de un fenómeno mucho más complejo: el intento de transformar (o manipular) la sociedad. El creciente escepticismo sobre la eficacia y los resultados de los proyectos tanto revolucionarios como tecnocráticos nos obliga a repensar el modo en que la acción política interviene en las estructuras sociales profundas y su capacidad real para modificarlas.

Cambio intelectual

Aquellas palabras sonaban a despedida de la tradición revolucionaria europea, en la cúspide de una trayectoria que precedió a las transiciones poscomunistas de Europa del Este en 1989. En el trasfondo se cernía el recuerdo fracturado y doloroso de los Años de Plomo italianos: esa turbulenta década de violencia política, terrorismo y conflictividad social que marcó los años setenta. No fue casualidad que, durante ese período, Ginzburg utilizara las mismas herramientas filológicas que había aplicado a los registros inquisitoriales para analizar los documentos judiciales de Adriano Sofri. Sofri, exlíder de la organización de izquierda radical Lotta Continua, fue juzgado y condenado por su participación en el asesinato, en 1972, del comisario de policía Luigi Calabresi, uno de los casos de violencia política más polémicos de aquella época.

Tras los atentados del 11 de septiembre y el inicio de la «guerra contra el terrorismo» global, la atención de Ginzburg se volcó cada vez más hacia Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y las nuevas derivas tiránicas del poder basadas en «el miedo, la reverencia y el terror». Sin embargo, su fascinación por las figuras rebeldes y por la energía revolucionaria que eran capaces de inspirar estaba lejos de haberse extinguido. Podía percibirse, por ejemplo, en la sutil textura de sus escritos sobre su admirado Stendhal: «Julien Sorel [el protagonista de Rojo y negro] no es un liberal; es un jacobino anacrónico. Le rouge et le noir cuenta la historia de una derrota individual trágica, no de una revolución victoriosa».

Desde esta perspectiva, la polémica de Perry Anderson sobre la supuesta deriva de Ginzburg hacia un «liberalismo conservador» pasó por alto un punto fundamental. Ciertamente, a medida que las transformaciones globales se desplegaban y generaban repercusiones locales —con el ascenso del populismo de Silvio Berlusconi a principios de los noventa—, su fidelidad a la tradición antifascista siguió caminos aún más sinuosos y sutiles, pero sin romper jamás el hilo de su continuidad personal y política. Era una postura que el propio Ginzburg afirmaba haber aprendido al leer los Cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde el pensador sardo reconoció que «el fascismo triunfó porque fue capaz de dar una respuesta (reaccionaria) a preguntas que en sí mismas no eran reaccionarias».

Como explicó en un diálogo en 2002 con el sindicalista y veterano antifascista Vittorio Foa -exmiembro de Giustizia e Libertà y amigo de su padre, Leone-, Ginzburg se cuidaba de distinguir el radicalismo de pensamiento del radicalismo de acción. Esta fue una de las lecciones duraderas que extrajo de los Años de Plomo. Mientras tanto, su batalla contra el neoescepticismo lo había conducido hacia un proyecto intelectual muy diferente al de sus inicios, desplazando gradualmente su enfoque desde la cuestión de la «revolución» hacia la función moderna de la mentira política y la «conspiración». Cada vez más preocupado por la propaganda política y sus dispositivos de manipulación de masas, centró su atención en lo que una obra casi olvidada de 1934 del psicólogo ruso Wladimir Drabovitch había denominado «la fragilidad de la libertad y la seducción de las dictaduras», un libro que Ginzburg había redescubierto y releído en sus últimos años.

En este presente sombrío marcado por figuras como Donald Trump o Vladímir Putin y por las fake news -fenómenos que parecen prosperar en el terreno cultivado por las vertientes más extremas de la deconstrucción-, Ginzburg siguió insistiendo, hasta sus últimos días, en la necesidad de buscar la verdad como una condición previa e irrenunciable para la libertad individual.

El lujo de unos, el colapso de todos

J. Luis Carpintero

Rebelión

La gran coartada de nuestro tiempo consiste en presentar la crisis ecológica como si fuese una culpa difusa, repartida entre millones de ciudadanos que usan demasiado coche, compran demasiado plástico o calientan demasiado la casa. Es una mentira útil.

Conviene a quienes mandan porque diluye responsabilidades. Conviene a quienes más consumen porque los convierte en parte del problema y no en su causa principal. Y conviene a un sistema que ha sabido convertir el expolio del planeta en un asunto de comportamiento individual para no hablar de poder, riqueza y privilegio.

Esto es puesto de relieve por Schrijver, Hoekstra,y Behrens, tres investigadores del Institute of Environmental Sciences (CML) de Leiden University (Países Bajos), en un estudio científico que deja al descubierto una realidad insoportable: el 10% más consumidor del mundo provoca daños ambientales anuales estimados entre 1,7 y 5,7 billones de dólares, una factura que supera las grandes necesidades de financiación climática y de biodiversidad. Traducido al lenguaje llano: una minoría vive por encima de los límites del planeta y hace pagar ese exceso al conjunto de la sociedad. Eso no es libertad de consumo. Eso es una forma de violencia estructural.

La clave está en mirar donde casi nunca se mira: arriba. No abajo. No en el hogar humilde que intenta sobrevivir, sino en el espacio social donde se concentran la renta, la riqueza, la movilidad intensiva y la capacidad de fijar las reglas. No consumen igual quienes sobreviven con salarios precarios que quienes vuelan constantemente, acumulan patrimonio, externalizan impactos y viven en un régimen material de abundancia que devora energía, agua, minerales, suelos y biodiversidad. Pretender que ambos grupos comparten la misma culpa es una forma elegante de mentira.

El artículo recuerda además que una parte sustancial de ese daño no procede solo del consumo directo, sino también de las inversiones asociadas a la riqueza. Ahí está el núcleo del problema: no solo se contamina al comprar, también se contamina al poseer.

Durante años se nos ha vendido la idea de que el planeta se salva con pequeños gestos. Separar residuos, apagar luces, reducir el plástico, evitar la pajita. Todo eso puede tener valor, pero no toca el corazón del desastre. Es un discurso cómodo porque permite una moralidad limpia sin conflicto político. Pero el conflicto existe, y es feroz. Quienes menos han contribuido a la crisis son quienes antes sufren sus consecuencias: olas de calor, subida de precios, pérdida de cosechas, degradación de agua, precariedad energética y territorios cada vez más frágiles. La catástrofe se distribuye hacia abajo, mientras los beneficios del saqueo se concentran arriba.

No hay transición ecológica posible si se mantiene intacto ese reparto obsceno. No puede pedirse sacrificio a quienes ya viven ajustados mientras se tolera que una élite materialmente privilegiada siga ocupando el espacio ecológico de decenas de personas. No puede hablarse de justicia climática mientras la austeridad se aplica como norma moral para la mayoría y el derroche continúa siendo un derecho de clase. El problema no es solo cuánto consume la gente; el problema es quién tiene permitido consumir sin límite y quién paga por ello.

Lo peor de todo es que esta desigualdad se presenta como si fuera natural, además el artículo apunta un dato decisivo: el daño ambiental atribuido al 10% más consumidor supera, en su estimación, las necesidades anuales de financiación para hacer frente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. Es una afirmación política de enorme calado, porque desmonta el argumento recurrente de la escasez presupuestaria. No falta dinero para la transición; falta voluntad para extraerlo del lugar correcto. El problema no es la imposibilidad material de actuar, sino la protección institucional de los grandes beneficiarios del modelo depredador. Hay recursos de sobra, pero están mal distribuidos, mal gravados y peor politizados.

No hay nada normal en eso. Hay captura política, hay blindaje fiscal, hay poder económico y hay una maquinaria ideológica empeñada en convertir la sobreexplotación en estilo de vida aspiracional. Se llama lujo cuando lo disfruta una minoría; se llama progreso cuando lo vende la industria; se llama crecimiento cuando lo legitima el discurso económico. Pero en realidad es desposesión.

La monetarización del daño ambiental que hace el artículo es brutal precisamente porque fuerza a poner cifras a una destrucción que el lenguaje institucional suele volver abstracta. Hablar de billones de dólares no resuelve el problema, pero impide esconderlo bajo eufemismos. Nos recuerda que la devastación ecológica no es un daño colateral inevitable, sino un coste real producido por decisiones concretas y por quienes tienen más capacidad para cambiar esas decisiones. Si el coste existe, debe pagarlo quien lo genera. Lo demás es pura impunidad.

Y aquí aparece la gran pregunta política: ¿por qué sigue siendo tan difícil aplicar una fiscalidad ambiental verdaderamente progresiva? La respuesta es sencilla y vergonzosa: porque tocar el lujo, la riqueza y el consumo de alto impacto significa enfrentarse a los intereses de quienes más influyen en la agenda pública. Se prefiere gravar conductas menores, repartir mensajes de responsabilidad general y diseñar políticas que no molesten demasiado a los grupos más poderosos. Así, la transición se convierte en decoración. Mucho discurso verde, poca redistribución. Mucha pedagogía, poca confrontación.

Pero sin confrontación no habrá justicia. Y sin justicia no habrá transición que merezca ese nombre. El artículo lo deja claro: las políticas deben orientarse a los grandes consumidores y a sus patrones de alto impacto, no a criminalizar el consumo básico de quienes ya soportan la parte dura de la crisis. Eso implica una verdad incómoda para el consenso dominante: el problema ecológico es también un problema de clase. Y mientras no se nombre así, seguirá resolviéndose a favor de quienes ya ganan demasiado.

La pregunta de fondo es moral, pero necesaria para la sociedad: ¿Qué significa vivir bien en un planeta finito? La respuesta de las élites contemporáneas parece ser que es vivir mucho mejor que los demás y descargar el coste en terceros. Esa respuesta es incompatible con cualquier idea positiva de convivencia, democracia y sostenibilidad. Un sistema que permite a una minoría sobrepasar los límites biofísicos mientras el resto hereda la cuenta del desastre es un sistema inviable. No porque no funcione económicamente, sino porque funciona demasiado bien para unos pocos y demasiado mal para todos los demás.

Conviene decirlo sin miedo: el problema no es que falte conciencia ecológica; el problema es que sobra privilegio. Y mientras el debate ambiental siga evitando nombrarlo, seguirá siendo un teatro de buenas intenciones y malas estructuras. La salida no pasa por pedir más sacrificios a los mismos de siempre. Pasa por reducir el poder de consumo de quienes más dañan, gravar con fuerza el lujo material y la riqueza contaminante, y redistribuir el coste de la transición donde realmente se genera el daño.

La crisis ecológica no es una tragedia abstracta. Es una desigualdad organizada. Es el resultado de un modelo que ha convertido el planeta en una mina y la justicia en un eslogan. Y mientras no se rompa ese pacto de impunidad, seguiremos discutiendo sobre sostenibilidad en un mundo cada vez menos habitable, pero muy rentable para los que ya han decidido que el colapso siempre ocurrirá en casa de otro.

FIFA, una mafia que garantiza el autoritarismo de Trump

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Está comenzando la Copa del Mundo 2026 y la fiesta del futbol deja una vez más un sabor amargo entre los amantes de este deporte. Por todo lo visto antes de la inauguración oficial, la actual Copa del Mundo se destaca por la secuencia de barbaridades cometidas en contra de los derechos fundamentales de sus participantes, dentro y fuera de la cancha.

Por cierto, la FIFA cada vez se parece más a un grupo de mafiosos y corruptos que solo se interesan por apropiarse de los millonarios recursos que genera el futbol, no importándole las condiciones restrictivas a la democracia que imponen los países anfitriones. La anterior Copa de 2022 fue realizada en Catar, país administrado por una monarquía absolutista e teocrática que desde mediados del siglo XIX se encuentra bajo el poder discrecional de una única familia, la dinastía Al Thani.

La presente edición de la Copa del Mundo se realizará en tres países, siendo que uno de ellos es gobernado por un psicópata aspirante a transformarse en un tirano con dimensión global. Desde antes que comenzara la Copa, las restricciones del gobierno de Estados Unidos han violado todas las normas de fraternidad universal que deberían representar el espíritu a ser simbolizado por el rey de los deportes.

En una medida inexplicable, el Departamento de Migración norteamericano impidió el ingreso de un árbitro, Omar Artan -ciudadano de Somalia y considerado el mejor juez de África-, bajo el pretexto de que representaría un riesgo para la seguridad interna de la nación. Al respecto, el comunicado oficial de la FIFA antes de condenar esta medida arbitraria, solo se limita a declarar que, en este caso, el gobierno anfitrión es quien decide si puede o no conceder la visa para el ingreso de cualquier ciudadano en ese país.

Las restricciones impuestas por la agencia migratoria también vienen impactando en las posibilidades de ingreso de los equipos de varios países, siendo el caso de Irán el más grave. Según las autoridades de Estados Unidos, las visas para los jugadores y la delegación de ese país ya fueron emitidas, pero estas mismas visas condicionan a que el equipo iraní se hospede en territorio mexicano (Tijuana) y viaje durante el mismo día del partido hacia el territorio estadounidense, regresando ese mismo día a la ciudad mexicana. Todavía está por verse cuál será el trato dispensado a la delegación de Irán en la frontera, pues la política migratoria del ICE se ha caracterizado por su extrema truculencia y imprevisibilidad.

Ya el atacante y estrella del equipo de Irak, Aymen Hussein, fue sometido injustamente a un interrogatorio de 8 horas en el Aeropuerto de Chicago, cuando intentaba junto al resto de su delegación entrar al territorio de Estados Unidos para comenzar con los preparativos y entrenamientos necesarios para enfrentar los correspondientes partidos del Grupo I.

El propio Departamento de Estado ha anunciado que los hinchas de Irán y Haití se encuentran totalmente prohibidos de ingresar al país, mientras que participantes de otros países (Senegal y Costa de Marfil) obtendrán sus visas con restricciones o validad limitada. Para los hinchas de estos países y para muchos otros posibles viajeros, la serie de obstáculos administrativos y monetarios impuestos por las autoridades norteamericanas va a significar resignarse a ver la Copa por las pantallas de televisión. Además, los fanáticos que provienen de Argelia, Túnez o Cabo Verde deberán desembolsar valores que podrán llegar a los 15 mil dólares por persona si desean obtener el permiso necesario para ver los juegos. Junto con ello, el miedo a ser abordados por el terrorífico ICE y ser expulsados del país, está provocando la renuncia de gran cantidad de seguidores del fútbol para asistir a los partidos en vivo. Por lo mismo, las empresas de turismo y los hoteles ya se están quejando de tener una caída notable en las reservas de habitaciones durante los días del evento, frustrando las expectativas que existían antes del inicio de la Copa.

Toda esta política restrictiva se aplica a pesar de que Estados Unidos firmó un documento de compromiso con la FIFA para facilitar la concesión de visas o simplificar los procedimientos actualmente vigentes, de forma de no discriminar entre los diversos y eventuales participantes del gigante evento, sea entre los grupos de atletas o sea entre el público asistente.

Contraria y sorprendentemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha dedicado a lisonjear al abusivo presidente Trump concediéndole un bizarro Premio FIFA de la Paz, el que le fue entregado el mismo día del sorteo de los grupos, en una actitud de sumisión y abyección que debería avergonzar a cualquier dirigente deportivo que posea un mínimo de pudor y decoro. No es gratuito precisamente que la portada de la revista deportiva L´équipe retrata a Infantino como una marioneta ridícula manipulada por Trump.

Por lo mismo, la pregunta que queda suspendida es la siguiente: ¿Será posible organizar una actividad deportiva de confraternización universal, en países que se destacan por su carácter despótico y antidemocrático? Para la FIFA la respuesta es simple. Claro que se puede, si el evento significa la obtención ganancia y lucro para enriquecer el bolsillo de los delincuentes de cuello y corbata que controlan el organismo.

En rigor, Gianni Infantino y el grupo de mafiosos que lo rodea han mostrado hasta ahora un silencio cobarde por las aberrantes políticas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para impedir la entrada de árbitros, jugadores, cuerpo técnico, personal de apoyo y, sobre todo, de los principales actores que sustentan el espectáculo, el público que llena los estadios. Al final, la constatación más triste es ver que la entidad que dirige el fútbol mundial se transformó en un rehén del narcicismo y la megalomanía de Trump, mostrándose incapaz de proteger la autonomía y soberanía de su propio torneo y velando por el respeto de las personas que debieran ser los verdaderos protagonistas de la fiesta del fútbol.

Como Hitler en las Olimpiadas de Berlín en 1936, el presidente Trump desea transformar la Copa del Mundo en un palco de su ambición personal para autoproclamarse como el dueño del planeta y sellar con su alma de déspota las jornadas deportivas que, por bien o por mal, seducen y entusiasman a una parte significativa de la humanidad.

Reparações: A África desafia o eurocentrismo

Panashe Chigumadzi

Outras Palavras

Avança a luta do continente para obter indenizações que amenizem séculos de colonização e escravismo. Além da resistência à responsabilização financeira relevante, há um tabu atávico a quebrar. Como pode uma coisa reivindicar algo?

No mês passado, durante as comemorações do 25º aniversário da Lei Taubira, que reconheceu na França o tráfico de africanos escravizados como crime contra a humanidade, Emmanuel Macron fez o impensável: tornou-se o primeiro presidente francês a pronunciar publicamente a palavra “reparações”.

Desde 1825, quando a França puniu o Haiti por ousar declarar-se a primeira república soberana negra do mundo ocidental, extorquindo 150 milhões de francos como compensação pela perda do que considerava “propriedade” escravizada, as reparações aos povos e nações negras têm sido politicamente “impensáveis”.

O historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot argumentou, de forma memorável, que a revolução haitiana de 1804 foi o evento “impensável” por excelência – uma reivindicação de soberania negra que o Ocidente não conseguia compreender nem tolerar. Por isso, procurou esmagá-la.

Impulsionado pelas mudanças na realidade geopolítica e pelas crescentes demandas da África por soberania econômica, Macron invocou o termo “reparações” dez vezes como parte de uma tentativa preventiva de moldar os termos do diálogo antes que a União Africana (UA) adote sua posição comum sobre o tema que Gana sedie uma conferência global acerca do assunto, este mês.

O presidente francês fez essas declarações uma semana após a cúpula África-França em Nairóbi – uma tentativa de seu país de recuperar influência, em meio aos impactos de uma série de expulsões no Sahel . Feita ao lado do presidente de Gana, John Dramani Mahama – o principal defensor das reparações na União Africana – a intervenção de Macron ocorreu apenas dois meses depois de a França ter se abstido na votação da resolução da ONU proposta por Gana, que declarava o tráfico de africanos escravizados o crime mais grave contra a humanidade.

O que Macron não abordou foi o que as reparações realmente implicariam: o que a França pagaria, a quem e quando. Acima de tudo, evitou a questão de saber se a França devolveria a indenização imposta ao Haiti em 1825. Em vez disso, as propostas se concentraram em uma comissão, um memorial e a revogação formal do Código Negro de 1685 , que classificava os africanos como “móveis“. Gestos simbólicos, certamente. Mas não restituição.

Isso vai ao cerne do que eu chamo de exceção africana nas reparações globais. O Ocidente demonstrou repetidamente sua disposição em pagar reparações pela perda do que antes considerava sua propriedade africana – mas nunca pelas perdas impostas às pessoas africanas.

Em 1833, o Império Britânico pagou 20 milhões de libras em reparações aos proprietários de escravos por seus “bens perdidos”. Em 2013, a Grã-Bretanha pagou 19,9 milhões de libras às vítimas da tortura e dos abusos do movimento Mau Mau, embora continuasse a negar sua própria responsabilidade. Em 2021, a Alemanha descreveu seu acordo referente ao genocídio dos povos Nama e Herero, ocorrido entre 1904 e 1908, como “ajuda ao desenvolvimento” . No entanto, países ocidentais pagaram reparações a pessoas não negras e reconhecem a soberania do Ocidente – incluindo o Acordo de Luxemburgo de 1952 com Israel e o acordo com nipo-americanos, concedido pela Lei das Liberdades Civis de 1988.

A exceção africana não é simplesmente uma falha moral. É uma característica estrutural de uma ordem jurídica internacional que, desde o caso da fábrica de Chorzów em 1928 – uma disputa entre a Alemanha e a Polônia que estabeleceu as reparações como consequência obrigatória de atos ilícitos entre Estados soberanos – concede reparações àqueles que reconhece como soberanos, mas nunca a pessoas e países negros. Isso ocorre porque a Europa recusa-se a ir além da independência de bandeira e reconhecer sua antiga “propriedade” como soberana.

Haiti e França são exemplos paradigmáticos da exceção africana. Em 2003, quando o presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, exigiu US$ 21 bilhões em restituição pela indenização de 1825, ele levantou uma questão fundamental: como a “propriedade” pode exigir seu valor de volta? A resposta – um golpe de Estado apoiado pelos EUA e pela França – foi a negação definitiva da soberania negra.

As reparações continuavam sendo “impensáveis” quando Gana apresentou sua proposta de resolução à ONU. Baseando-se no Quadro de Reparações da UA, “Um Crime Não Preclui, 1441-presente” – que idealizei e redigi como relatora do comitê de especialistas em reparações da UA – a resolução invocou o princípio jurídico pan-africano da obrigação contínua, consubstanciado no ditado “um crime não preclui”. Cento e vinte e três Estados votaram a favor; três votaram contra, enquanto 52 se abstiveram.

A UE rejeitou o princípio de que “um crime não preclui” como “jurisprudência regional” fora do alcance universal do direito internacional. A ironia é gritante: o direito internacional não descende de Deus, mas da história. O Tratado de Vestfália de 1648 – mitificado como o nascimento da soberania moderna – foi ele próprio um acordo regional europeu, posteriormente universalizado pela escravização, pelo colonialismo e pelo apartheid.

Com base no Quadro da UA, a resolução do Gana esclarece a situação: a data de nascimento da soberania moderna e do sistema capitalista racial moderno não é 1648. Ela remonta a 1441, quando, na costa da atual Mauritânia, o navegador português Antão Gonçalves capturou 12 africanos, dando início à era do tráfico de pessoas.

Está nas bulas papais do Vaticano – Dum Diversas (1452) , Romanus Pontifex (1455) , Inter Caetera (1493) – que reduziu os africanos à “escravidão perpétua” e codificou a Doutrina da Descoberta, que autorizou a conquista europeia. Foi, como nos lembram Sylvia Wynter e Mahmood Mamdani, em 1492, quando Colombo “descobriu” o “Novo Mundo” e a Espanha expulsou judeus e muçulmanos da Península Ibérica. Foi no direito internacional que codificou a condição de propriedade dos africanos, por meio da Peça das Índias (1513) portuguesa, do Asiento de Negros (1518) espanhol, da carta régia da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (1621), do Código de Escravos de Barbados (1661) inglês e do Código Negro (1685) francês.

A escravidão é ancestral. Como demonstraram estudiosas feministas negras como Jennifer L. Morgan e Bibi Bakare-Yusuf, o inédito foi o sistema racializado de escravização que reduziu os africanos à condição de propriedade perpétua por meio do princípio partus sequitur ventrem – segundo o qual o status segue o útero. Codificado na Virgínia em 1662, esse princípio estabeleceu a escravização hereditária através do útero das mulheres negras, independentemente da paternidade.

Como escreveu o presidente americano Thomas Jefferson, pai de seis filhos escravizados, em 1819 : “Considero uma mulher que dá à luz um filho a cada dois anos mais lucrativa do que o melhor homem da fazenda. O que ela produz é um acréscimo ao capital.” Assim como a África tornou-se o centro mundial de acumulação de capital, o útero das mulheres negras se tornou o centro da reprodução desse capital. Sem soberania sobre nossos úteros, que soberania significativa podemos reivindicar?

Ao reduzir pessoas negras à condição de propriedade perpétua, a escravização racializada posicionou pessoas negras como os últimos não-soberanos do mundo. Raça é soberania. Esta é a armadilha global das reparações: a ordem jurídica internacional pós-1928 exige que a vítima seja soberana para receber reparações, mas os crimes da escravidão, do colonialismo e do apartheid dependem da destruição sistemática da soberania negra.

Em última análise, a exceção africana demonstra que as reparações não são simplesmente um imperativo moral, mas uma questão geopolítica de soberania. Não é coincidência que a França anuncie reparações sem pagamento – invocando a linguagem da justiça enquanto evita o seu custo – justamente quando as crescentes reivindicações africanas por soberania ameaçam os seus interesses econômicos. Não podemos esperar que o Ocidente nos considere soberanos.

O principal desafio para o movimento global de reparações para a população negra no século XXI é construir influência geopolítica em todo o continente africano, na diáspora africana e na maioria do Sul Global que apoiou a resolução. Uma fonte substancial de influência é o fato de a África deter 30% dos minerais críticos conhecidos no mundo – incluindo cobalto, lítio, manganês e terras raras – dos quais dependem a transição verde e a infraestrutura de IA do Ocidente. Sem reparações, não deveria haver acesso às cadeias de suprimento de minerais críticos da África.

Outra fonte de influência reside em instituições como a UA, a Comunidade do Caribe (Caricom) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que estão construindo uma coordenação comercial e financeira Sul-Sul que vai além do alcance dos antigos impérios escravistas. Sem reparações, não deveria haver participação na integração comercial e econômica do Sul global.

Assim como o Haiti se emancipou tornando o custo da escravidão intoleravelmente alto, o movimento de reparações do século XXI deve mudar o foco da persuasão moral para a imposição de custos geopolíticos. O que foi “impensável” por dois séculos só se tornará “pensável” quando o custo da recusa for maior do que o custo da reparação.

Bolsonaro y las consecuencias de una traición

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Para salir del centro de las atenciones por sus vínculos con el “banquero” Daniel Vorcaro, jefe del grupo criminal asociado a la mayor estafa financiera de la historia republicana, el senador Flavio Bolsonaro recurrió a un encuentro con Donald Trump para discutir –según él- algunos temas importantes para el país. Después de la mentada visita, el gobierno de Estados Unidos tomó 3 medidas que impactan de lleno en la mantención de la soberanía e independencia de Brasil.

La primera de ellas fue atribuirle el estatus de terroristas a dos facciones del narcotráfico local, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), lo cual puede significar que las instituciones norteamericanas, como la DEA, pueden intervenir en territorio brasileño para combatir a ambos grupos, caracterizados ahora por el gobierno Trump como narcoterroristas.

La segunda arremetida ha sido contra los controles que ha venido ejerciendo el gobierno sobre la actuación desproporcionada de las big techs y sus plataformas digitales, ya que existe el riesgo permanente de la difusión de contenidos criminales en las redes sociales, lo cual nada tiene que ver con la libertad de expresión, como erróneamente alegan los funcionarios estadounidenses.

La tercera medida ha sido la aplicación de un nuevo y elevando arancel de 25% a los productos importados por ese país. A pesar de que la Secretaria de Comercio Exterior dice estar evaluando hace más de un año aplicar las reglas tarifarias punitivas contra el gobierno brasileño, resulta sospechoso que solo ahora vengan a anunciar la aplicación del “tarifazo” sobre las exportaciones brasileñas y presionar para la extinción del PIX, que estaría afectando a las diversas empresas de tarjetas de crédito con sede en Norteamérica. El documento de esa Secretaria cita más de 20 veces la plataforma electrónica de transacciones financieras que fue creada por el Banco Central para facilitar las transferencias de dinero entre personas físicas y empresas, sin ningún costo adicional para los usuarios.

De esta forma, los hijos del ex presidente condenado y preso por tentativa de Golpe de Estado, continúan requiriendo a un desequilibrado como Donald Trump para que imponga medidas coercitivas a la nación brasileña., con el objetivo de influir en el próximo pleito electoral. Ciertamente esta jugada desesperada del Clan Bolsonaro para boicotear al gobierno de Lula tendrá consecuencias, pues de ser aplicadas efectivamente las políticas de intervención y las sanciones tarifarias por parte de Estados Unidos, la situación económica, la soberanía y la democracia brasileña se verán comprometidas, con enormes costos para la población.

Su impostura ha sido denunciada de inmediato por diversos sectores de la vida política y el presidente Lula lo ha acusado directamente de “cometer una traición a la patria”, pues efectivamente su encuentro con Trump obedece al claro propósito de perjudicar la estabilidad del país para obtener el apoyo electoral de los sectores que se vean afectados con los procesos inflacionarios, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo que sobrevengan a la crisis económica que el conjunto de dichas puniciones pueden generar.

Esta iniciativa de carácter oportunista promovida por la extrema derecha, probablemente va a influir para que sectores de votantes independientes o que se identifican con una derecha moderada, se inclinen finalmente por apoyar en las urnas al actual mandatario. Si Flavio Bolsonaro decidió renunciar a ser un candidato para presidente de la República y transformarse en un postulante a regente para administrar una colonia de los Estados Unidos, los electores le darán la espalda, desenmascarando su narrativa de encarnar un pretendiente moderado a la jefatura del gobierno.

Por el contrario, es cada vez más evidente para la mayoría de los ciudadanos que su postura representa un completo embuste, percibiendo a dicho personaje como un sujeto entreguista, subordinado a los intereses de la nación del norte. En un estudio realizado a 100 mil grupos de WhatsApp y Telegram, monitoreados por la empresa de análisis de datos Palver, se constató que el 81% de las publicaciones y post en esas plataformas consideran que Bolsonaro es culpable directa o indirectamente de las amenazas que recaen sobre el PIX y de las nuevas tarifas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, se viene utilizando masivamente en las redes sociales el término “Tariflavio” para asociar el excesivo aumento de los aranceles impuesto al país, con la reciente visita del senador al presidente Donald Trump.

Por su parte, el gobierno brasileño pretende reiniciar negociaciones con la administración estadounidense y ser espera que la próxima reunión Cumbre del G7 en Évain-les-Bains entre el 15 y el 17 de junio, sea una oportunidad para que el presidente Lula se encuentre con su homólogo norteamericano para tratar de neutralizar las sanciones que le han sido impuestas a Brasil.

En cuanto al hijo del ex capitán, se trata de un candidato sin ningún peso intelectual, ni estatura moral, ni preparación para asumir los destinos de la nación, acorralado por antiguos escándalos de fraude (rachadinhas), por los vínculos con las milicias que aterrorizan a la población en las principales capitales, por sus negocios y corruptelas con empresarios inescrupulosos y, ahora último, por su campaña para perjudicar a Brasil solo pensando en favorecer los intereses propios y de su familia.

Resistencia boliviana

Daniel Gatti

Brecha

Comenzaron hace siete semanas, pero luego las movilizaciones se fueron extendiendo hasta abarcar sectores de lo más diversos: campesinos, indígenas, grupos ambientalistas, cooperativistas mineros, comisiones vecinales, maestros rurales; a punto estuvieron incluso de alcanzar a la Policía. Unos protestaban contra una ley agraria que apuntaba a convertir tierras de propiedad comunal en propiedades individuales; otros, contra la llamada gasolina basura, un combustible de pésima calidad importado con el pretexto de abaratar su precio y que acabó arruinando decenas de miles de vehículos, vendido, además, a precio de oro; otros reclamaban aumentos de sueldos ante una inflación creciente; otros, el restablecimiento de un impuesto a las grandes fortunas, eliminado en una de las primeras decisiones del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, asumido en noviembre.

Las protestas fueron escalando, a pesar de que el Senado, para largar lastre, dejó sin efecto –al menos por un tiempo– la ley de contrarreforma agraria. Los campesinos aimaras decidieron seguir saliendo a las calles. Y lo mismo hicieron el grueso de los mineros, y los maestros, y las federaciones sindicales, a pesar de los intentos del gobierno de dividir a esos sectores pactando con algunos de sus componentes. La Central Obrera Boliviana se sumó a las protestas a través de la convocatoria a una huelga general. Una bandera pasó a unificar el movimiento: el reclamo de renuncia del presidente.

Cuando llegó al Palacio Quemado, Rodrigo Paz Pereira no era, de los dos candidatos que disputaron el balotaje, el que estaba más a la derecha. En una elección huérfana de postulantes de izquierda o progresistas, aparecía como un moderado que debió gran parte de su ascenso y su posterior triunfo a los votos prestados que le llegaron desde las bases de un Movimiento al Socialismo atomizado y en acelerada descomposición. También lo ayudaba que su compañero de fórmula, el vicepresidente Edmond Lara, un ex policía que había hecho campaña contra la corrupción en los cuadros policiales y en buena parte de la dirigencia política nacional, le permitiera conectar con sectores populares.

Pero pasados apenas seis meses de su victoria, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, puro producto de la «casta» política boliviana, no ve ahora con malos ojos que algunos comiencen a llamarlo «el Milei del Altiplano», una denominación que, en noviembre, le calzaba mucho más a su rival de entonces, Jorge Tuto Quiroga, habitué de las peregrinaciones a Buenos Aires para reunirse con el libertario argentino. El «capitalismo para todos» (ese oxímoron que Paz prometió en campaña) pronto reveló su esencia: leyes, decretos, gestos simbólicos fueron dando la pista de que lo que se proponía Paz era la restauración en el poder de las élites tradicionales.

«Traición», gritaron algunos de los que le habían prestado sus votos en noviembre. «Dijo que no iba a privatizar, que no iba a prestar plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por diez años. La gente no creía que era un gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro. Pero terminó siendo como cualquier gobierno afiliado a Donald Trump», constató desde La Paz el periodista boliviano Jaime Iturri.

Y así es: desde Washington ha fluido el apoyo al boliviano. También desde la Argentina mileísta, desde el Chile gobernado por José Antonio Kast, de Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras. Hay un nuevo Plan Cóndor en marcha en América Latina, otra vez con epicentro en Estados Unidos, pero ahora con una narrativa en la que el nuevo enemigo interior serían los «narcotraficantes» asociados al «terrorismo», apuntó por estos días la militante social boliviana María Galindo. Recordó también que Bolivia es, junto con Chile y Argentina, parte de ese «triángulo del litio» cuyo control Estados Unidos considera vital para su propia seguridad estratégica.

Esta semana, al ratificarle su respaldo al acosado Paz, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en Washington durante la Conferencia de las Américas que las protestas bolivianas eran parte de un «golpe de Estado financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado», y que su país contribuiría, llegado el caso, con la «defensa del orden constitucional amenazado por la chusma».

El relato mainstream sobre las movilizaciones sociales bolivianas incluye responsabilizarlas a ellas, y no a las políticas del gobierno, del desabastecimiento que estaría «acuciando» a La Paz y a otras ciudades, y hasta de muertes en hospitales «causadas» por los bloqueos de rutas. Otro de los cartones ligadores es Evo Morales, mencionado como «líder» del movimiento a pesar de que este ha tenido como epicentro La Paz y El Alto, muy lejos del Chapare, donde el expresidente se refugia desde hace un par de años.

Por el momento Paz no ha puesto todos los huevos en la canasta de la represión. A que lo haga lo están instando Tuto Quiroga, el también expresidente Carlos Mesa, el capitán retirado y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes y otros dirigentes de extrema derecha. Representantes de las élites empresariales de Santa Cruz de la Sierra «le han ofrecido que gobierne desde esa ciudad, lejos de las hordas populares e indígenas».

También le prometieron apoyarlo si se decide a declarar el estado de excepción en la capital y sus alrededores, donde está la mayoría de los 50 puntos de bloqueo persistentes en el país. El presidente se ha limitado, por ahora, a cambiar su gabinete.

La fuerza del movimiento, escribió Galindo, radica en su horizontalidad, en el hecho de que «no tiene dirección única, ni mando, ni cabeza visible única». «Si es capaz de armar una agenda política colectiva inteligible para el conjunto de la sociedad […], puede lograr instalar un gran antecedente» y dejar atrás las divisiones que lo han debilitado en los últimos tiempos. Sería también la única posibilidad de garantizar, de cierta manera, que las derechas en sentido amplio no se salgan con la suya y descarguen sobre los rebeldes la responsabilidad de una crisis que les es por completo ajena.