Esperanzar, un verbo para aquellos que luchan

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

En su libro Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido, Paulo Freire nos brinda con la génesis de su concepción sobre lo que vendría a llamar esperanzar. En sus páginas, el pensador pernambucano sostiene que el concepto de esperanzar implica mucho más que la simple esperanza pasiva, de esperar pacientemente que la realidad se comporte de una manera consonante con nuestras aspiraciones. Por lo mismo, dicha espera se puede transformar inevitablemente en desesperanza. Y esta desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo.

Ello quiere decir que, aun siendo fundamental y necesaria, la esperanza no es suficiente para alterar el orden de las cosas. Lo que Freire nos apunta es que, en cuanto necesidad ontológica, la esperanza necesita anclarse en la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana.

Por el contrario, para Freire esperanzar es un verbo activo, transformador y profundamente político. Consiste en mantener permanentemente una actitud que nos impulsa a la acción, a la transformación del mundo. En ese sentido, la esperanza no es un optimismo ingenuo ni un capricho, ella representa una necesidad vital para ser y reinventar la realidad. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir atrás, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es llevar adelante. Esperanzar no solo significa avanzar. Supone, sobre todo, avanzar con los otros, juntarse con los otros para hacer las cosas de una manera diferente.

Esperanzar es una resistencia frente a la resignación o el fatalismo, es un acto de voluntad, de lucha por el cambio social. Esperanzar es en definitiva esperar, pero luchando. La esperanza se relaciona dialécticamente con la lucha, que es aquello que nos va a permitir sintetizar o catalizar en la conjugación de esperanzar.

En términos de contexto electoral, en la primera encuesta Datafolha después de la última jornada, Bolsonaro aparece para la segunda vuelta con el 52 por ciento de los votos válidos y el presidente Lula con el 48 por ciento. En otra encuesta de la empresa AtlasIntel/Bloomberg el senador también figura al frente del presidente Lula con un registro de 52.8 por ciento de las preferencias de los votos válidos, mientras que el jefe del ejecutivo suma 47.2 por ciento, una diferencia de 5.6 puntos porcentuales. ¿Es posible cambiar este escenario? Si claro. Y pensamos que ello es posible por varios motivos.

Primero, porque es completamente factible revertir estas previsiones, considerando que en la primera vuelta más de 33 millones de potenciales votantes no comparecieron a las urnas. Los mismos representan el 21 por ciento del total de electores inscritos. Si a lo anterior se suman los votos en blanco (1.84%) y los votos nulos (2.93), son otros 6 millones de sufragios en disputa. Obviamente, no es una tarea fácil transformar ese enorme caudal de votos en apoyo automático al actual presidente, pero precisamente la noción de Esperanzar nos permite mantener viva la convicción de que existen millones de brasileños que se movilizarán en las calles, parques, plazas y ferias para cambiar el actual cuadro electoral.

Efectivamente, ya se encuentran movilizados cientos de miles de ciudadanos que han decidido hacer campaña movidos por la aspiración de la urgencia y la creencia en la factibilidad de revertir el resultado de las urnas originado en la primera vuelta: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaos, han sido palco de multitudinarias manifestaciones a favor de la candidatura de Lula y en defensa de la democracia y la justicia social. Son miles los militantes que forman la fuerza activa de los partidos de izquierda y centro izquierda que forman la base electoral de apoyo a la reelección de Lula. Si los partidos de la alianza pueden garantizar la movilización en las calles, por otra parte, también en las redes sociales el trabajo se ha intensificado, especialmente entre la generación más joven. Existe hoy día una generación de jóvenes diputados y diputadas recién electos que mantienen un diálogo activo con sus seguidores, de su mismo o de diversos otros segmentos etarios. Entre ellos destaca la diputada electa por Minas Gerais, Ana Elisa, quien solamente cuenta con 21 años y sorprende por su madurez política y su reconocida capacidad para encantar a sus interlocutores.

Un segundo elemento que debe ser considerado para el balotaje, es que Flavio Bolsonaro carga con la herencia funesta del gobierno de su padre Jair, responsable por un número significativo de muertes durante la pandemia del Covid19, por su desastrosa gestión económica, por el cierre de muchos servicios y políticas sociales en beneficio de los sectores más pobres, por el estímulo a la devastación de los ecosistemas del país, por el aumento del uso de armas de fuego, por el feminicidio y la violencia criminal, y por un largo etcétera. En esa medida, es posible que muchos de los electores que son de derecha, pero que no son bolsonaristas, se enfrenten al dilema de elegir entre el presidente Lula, que les va a proporcionar estabilidad y cumplimiento de las reglas del juego democrático y una ultraderecha radical que puede fácilmente patear el tablero, violar la Constitución, desconocer la soberanía popular e instalarse en el poder por el tiempo que estimen conveniente, 20 o más años, según ellos mismos vienen amenazando. En ese caso, la propia derecha tradicional no tendrá condiciones de participar en un próximo litigio electoral, ya que el designio autoritario que pretende imponerse va a eliminar la consagrada alternancia en el poder que rige en las sociedades democráticas. Es, por lo tanto, fundamental explicar a este elector de derecha las consecuencias de aquello que puede llegar a ser una dinastía de la extrema derecha, liderada por el Clan Bolsonaro.

Además, este neofascismo que encarna el primogénito y heredero político del ex capitán, es -excepto su anticomunismo visceral- completamente diferente del nazismo alemán y del fascismo italiano, pues como ya comentamos en una columna anterior (Las bases históricas del bolsonarismo), la actual ultraderecha es esencialmente entreguista y subordinada a los intereses de la camarilla Trump, la doctrina Donroe y la agenda MAGA, con su esperpéntico Escudo de las Américas. Su plan tampoco posee los valores patrioteros de Plinio Salgado y sus militantes Integralistas ni el componente nacionalista de los militares golpistas de 1964.

Entusiasmado con el triunfo en primera vuelta, el senador Bolsonaro ya ha advertido que espera cambiar la Constitución de 1988 y entregar los recursos minerales, acuíferos y forestales del país a los Estados Unidos. La abdicación de la soberanía nacional también puede un factor que genere un rechazo entre los electores, durante la hora crítica de definir el futuro del país.

Un tercer factor a ser considerado es que hasta ahora el presidente Lula y Flávio Bolsonaro no se han enfrentado en ningún debate cara a cara, lo cual puede inclinar la balanza hacia el presidente, pues su desempeño deberá ser mejor que el del candidato de la extrema derecha, un sujeto sin mayor preparación y que no posee ideas claras sobre lo que vendrá a ser su gestión de gobierno. Sus ideas se restringen a mentiras sobre el control de la violencia criminal, el combate a la corrupción y la implementación de cambios que hasta ahora no ha explicado en qué consisten. Su consigna sobre el cambio es solo eso, un eslogan completamente vacío de contenido. De esta manera, Lula tendrá la oportunidad de desenmascarar la ausencia de un proyecto en la ultraderecha bolsonarista, excepto su anhelo de implementar un Estado autoritario militarizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, de grupos paramilitares y de aquellas huestes sediciosas que participaron moral y/o presencialmente en la tentativa de golpe del 8 de enero de 2023.

Como el presidente Lula lo ha señalado en diversas declaraciones, lo que se encuentra en disputa en esta elección no es solamente la soberanía de Brasil sobre sus recursos naturales y sobre su territorio. Es también una encrucijada sobre el futuro democrático del país y las libertades fundamentales que han sido adquiridas con tanto esfuerzo desde el fin de la dictadura civil-militar. Ante este panorama nebuloso, la idea de esperanzar les permitirá a los ciudadanos que luchan por un mejor porvenir, tener la fuerza necesaria para enfrentar y resistir las amenazas neofascistas que acechan las conquistas políticas y sociales del pueblo brasileño en el presente vértice histórico.

El octubre chileno de Donald Trump

Ariel Dorfman

Página 12

Un presidente maligno y monomaníaco, insondablemente impopular, afronta comicios que podrían restringir su poder y dominio futuro del país. Cuenta, es cierto, con muchos recursos: una Corte Suprema sumisa y una avalancha de noticias falsas acusando a sus oponentes de ser comunistas antipatriotas, así como el mando absoluto de las Fuerzas Armadas y un colosal apoyo financiero de una oligarquía que ha prosperado gracias a sus políticas neoliberales. Nada de esto, ni siquiera el intento de intimidar a los votantes, parece suficiente para disuadir a un electorado harto de su autocracia. Pese a que las encuestas indican una derrota venidera, este déspota delirante, enceguecido por cortesanos aduladores, no cree posible que el inminente referéndum vaya en contra de su voluntad divinamente inspirada.

¿Donald Trump en 2026?

Y también el general Augusto Pinochet que, en octubre de 1988, insistía en que ganaría un plebiscito que iba a decidir si permanecería como jefe de Estado otros ocho años (y probablemente muchos más) o si Chile debía comenzar una transición hacia la democracia. El 5 de octubre de ese año, el dictador que había mal gobernado Chile desde que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende en un golpe de Estado en 1973, perdió rotundamente, con el 55,9 % de sus compatriotas diciéndole que dejara el poder. No fue fácil convencerlo de que se fuera.

Estuve presente esa noche, cuando el gobierno suspendió el escrutinio y estableció un bloqueo informativo a las 10 de la noche, y presente asimismo cuando, alrededor de la una de la madrugada del 6 de octubre, el general de la Fuerza Aérea Fernando Matthei, miembro de la Junta, reconoció públicamente que el voto “No” había ganado claramente, frustrando un autogolpe que el general Pinochet contemplaba en ese mismo momento.

Estos acontecimientos remotos resuenan significativamente en Estados Unidos ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre donde se sabrá si la mayoría de los estadounidenses puede entregar a los Demócratas el control del Senado y la Cámara de Representantes, un paso fundamental para coartar los arrebatos y la corrupción de un aspirante a monarca que hoy es tan desquiciado y tan despreciativo con la ley como lo fue Pinochet.

Ese octubre chileno debería servir, en esta coyuntura existencial del país del norte, para animar a los votantes. No importa cuánta supremacía, cuántos arbitrios y tácticas despliegue un líder trastornado, no importa el miedo, los caudales y las mentiras a su disposición, éste puede ser derrotado. Basta valentía, inteligencia y resolución. Chile, en efecto, llevó a cabo posteriormente una transición a la democracia, eligiendo a un presidente de centroizquierda en 1990 y, desde entonces, una serie ininterrumpida de mandatarios de diferentes corrientes ideológicas y políticas.

Pero ese hito de octubre de 1988 también implica advertencias para quienes desean circunscribir las tendencias autoritarias de Donald Trump. Así como Pinochet pretendió negar los sufragios que lo recusaban, el actual ocupante de la Casa Blanca podría intentar hacer algo similar. Solo un incremento de la vigilancia civil e institucional, solo la epopeya cotidiana de la gente común y corriente—y Fuerzas Armadas patrióticas— pueden garantizar, como en Chile, que tal posible ataque a la democracia fracase.

Pero hay más. Librar a Chile de su hombre fuerte no deshizo el enorme daño que ocasionó. Siguió mutilándolo gravemente durante el año y medio que le quedaba y durante ocho años adicionales como comandante en jefe del Ejército. Pero su legado más insidioso fue cómo cambió permanentemente la sociedad chilena. No únicamente el desmantelamiento del estado del bienestar creado por décadas de combate pacífico, reemplazado por un capitalismo salvaje que no se preocupaba del dolor que infligía. Peor fue la expansión del miedo y de la desconfianza que afectó la psique del país, enfermando su alma.

De hecho, a pesar de los grandes avances en revertir el pérfido legado de Pinochet, su sombra sigue oscureciendo la luz de Chile. Sin que importara el lamentable prontuario de desapariciones, torturas, exilio y persecuciones del dictador, José Antonio Kast, un admirador de Pinochet, listo a indultar a los agentes del régimen encarcelados por graves violaciones de derechos humanos, es ahora presidente. Su victoria en diciembre de 2025 puede explicarse en parte por una población económicamente angustiada que se dejó deslumbrar por su plataforma ferozmente antiinmigrante y su promesa de acabar con una oleada de violencia criminal.

Preocupa, de todas maneras, que 56 % de los votantes estuviera dispuesto a tolerar que los gobierne un ultraderechista negacionista. Sintomatiza la erosión, quizá el funeral, del sueño de lo que alguna vez fue Chile, una tierra de solidaridad y sed de justicia y dignidad que me fascinó cuando llegué allí a los doce años en 1954. Tan fuerte fue ese encantamiento que nunca dudé, durante la eterna noche de la dictadura, que ese país magnifico resurgiría y, cabalmente, el 5 de octubre de 1988, gracias a la lucha y sufrimiento de tantos compatriotas, pude comprobar que esa patria valiente y esperanzada seguía viva. En ese momento luminoso no me cabía duda de que el futuro sería diametralmente diferente, que la dictadura llegaría a ser, en la medida de que pasaran los años, un mal recuerdo. Fui ingenuo.

Y esa inconsciencia pretérita me obliga a preguntarme, en este octubre prometedor y ominoso del 2026, si los ciudadanos de este otro país, Estados Unidos, que ahora, gracias al exilio, también es mío, se dan verdaderamente cuenta de cuantos quebrantos y menoscabos y pérdidas han engendrado el calendario interminable de Trump.

Pregunto esto porque en octubre de 1988, los militantes democráticos de Chile, llevados por la ilusión de que el amanecer de una nueva era estaba a la vuelta, no abordaron entonces del todo la difícil cuestión de cómo pudo surgir tal monstruo entre nosotros. Dado el triunfal regreso ahora de un fanático de Pinochet para liderar su país, me parece claro que aquella fue una tarea pública y privada, tanto intelectual como emocional, que los chilenos, como un colectivo, no emprendieron suficientemente: ¿Qué errores cometimos originalmente para facilitar la existencia de un régimen tan despreciable y duradero? Y, más crucial, ¿Qué errores no debemos repetir en los años que vienen?

Aunque el electorado estadounidense en este momento está sensatamente centrado en lograr una victoria, tal urgencia no debería posponer la necesidad de un ajuste de cuentas, eternamente postergado, sobre las oscuras imperfecciones de la historia y del carácter nacional de la patria de Lincoln que generaron las condiciones para que la república se hallara en tan grave trance. Son condiciones que anteceden a Trump y a quienes facilitaron su reinado cruel y mendaz, los peores rasgos del pasado de los Estados Unidos que él exaltó y exacerbó: la arrogancia imperial, el nativismo y la misoginia, la degradación ecológica, el ataque a los derechos de las minorías y de los trabajadores, el mito del excepcionalismo. Y que probablemente van a persistir mucho más allá del día (si llega) en que Trump abandone la Casa Blanca.

Esa es la sombría lección que Chile susurra ayer y hoy desde lejos. Solo un profundo y doloroso autoexamen de la fracturada identidad de los hombres y mujeres de los Estados Unidos, algo que exigen los espléndidos guardianes de este experimento que comenzó hace 250 años, puede ayudar a impedir la ominosa posibilidad de que en un porvenir próximo el país donde ahora vivo enfrente una repetición de esta aterradora crisis que pone en peligro el mundo entero. Para entonces, puede que ya sea demasiado tarde.

Michael Löwy: Lula e a corrida pela virada

Thiago Gama

Outras Palavras

1º turno derrotou as esquerdas. Pensador ecossocialista adverte: democracia está em risco e mesmo contraditório, Lula é a única opção para deter o “trem suicida” do fascismo. Freá-lo é ganhar tempo para a construção de outros horizontes políticos.

Michael Löwy respondeu por escrito às perguntas desta entrevista quatro dias antes do primeiro turno. Quando escreveu que precisamos ganhar tempo, ninguém sabia ainda como terminaria a noite de domingo. Terminou com Flávio Bolsonaro em 47,03% dos votos válidos, 56.104.503 eleitores, e Lula em 45,16%, 53.879.538. Pouco mais de dois milhões de votos separam um do outro, e três semanas separam o país do dia 25 de outubro. No Congresso que toma posse em 2027, o PL terá a maior bancada que uma única legenda já teve desde 1988, com 121 deputados, e elegeu dezenove senadores de uma vez. A federação PSOL/Rede ficou a 185 votos de cumprir a cláusula de barreira no Espírito Santo, 1,49% onde precisava de 1,5%, e perdeu o fundo partidário e o tempo de televisão. Com ela caíram o PDT, o Avante, o Solidariedade. Dos dez partidos e federações que passaram a cláusula, um só é de esquerda.

Löwy tem oitenta e oito anos, sessenta e cinco deles vividos fora do Brasil. Diretor de pesquisa emérito do CNRS e diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales, publica desde 1970, quando saiu A teoria da revolução no jovem Marx. Vieram depois As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, sobre marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento, e Redenção e utopia, onde o messianismo judaico e a utopia libertária aparecem presos pela mesma afinidade eletiva. Com Robert Sayre escreveu Revolta e melancolia, o livro que separou o romantismo que quer o passado como destino daquele que rouba do passado a centelha para acender o futuro.

Em A guerra dos deuses mostrou que o PT, a CUT e o MST nasceram, em parte decisiva, nas comunidades eclesiais de base. Leu o surrealismo em A estrela da manhã, leu Kafka em Franz Kafka, sonhador insubmisso, leu Weber em A jaula de aço, leu a América Latina em Marxismo e teologia da libertação. Em 2001 assinou com Joel Kovel o manifesto que fundou o ecossocialismo. E em 2005 publicou Walter Benjamin, aviso de incêndio, a leitura das teses Sobre o conceito de história de onde vem a imagem que abre esta conversa. A revolução não é a locomotiva, é o gesto de puxar o freio.

Nas respostas que seguem, ele recusa o freio aplicado a uma cédula, chama o que está do outro lado de falso messias e lembra um nome próprio. Luiz Eduardo Merlino, jornalista, vinte e três anos, amigo dele, morto sob tortura em 1971 por ordem do coronel Ustra. Uma anistia passaria por cima desse nome.

Em 14 de janeiro de 1919, um dia antes de ser assassinada, Rosa Luxemburgo escreveu que a ordem reinava em Berlim e que aquela ordem estava construída sobre areia. A revolução voltaria a se erguer e anunciaria, para horror dos vencedores, o que ela sempre disse de si mesma. Eu era, eu sou, eu serei. Entre 1,49% e 1,5% havia cento e oitenta e cinco votos no Espírito Santo. Entre ontem e o segundo turno há três semanas. Nenhuma dessas distâncias é de pedra.

Começo pela pergunta que o senhor deve estar cansado de ver mal formulada. Em Aviso de incêndio, o senhor mostra que Benjamin inverte a metáfora de Marx. A revolução não é a locomotiva da história, é o gesto de puxar o freio de emergência. No Brasil, a imagem virou moeda corrente para descrever a catástrofe e quase nunca para descrever uma eleição. Pergunto, então, com todo o risco que isso tem. Um voto em Lula no dia 25 de outubro é freio de emergência no sentido benjaminiano, ou é exatamente o oposto, é embarcar na locomotiva e pedir que ela ande mais devagar? E o conceito sobrevive a ser aplicado a uma cédula, ou aplicá-lo ali o dissolve?

Para Walter Benjamin, o freio de emergência é uma revolução, não uma simples eleição presidencial. No caso do Brasil, a revolução seria uma ruptura com os fundamentos da civilização capitalista industrial moderna e o início de um processo de mudança radical cujo horizonte seria uma nova civilização, que chamo de ecossocialista, baseada na solidariedade, na justiça social e no respeito à natureza.

O voto em Lula é obviamente algo bem mais modesto, mesmo assim importantíssimo, porque permite que o condutor da locomotiva seja alguém disposto a diminuir a velocidade deste trem suicida. Precisamos ganhar tempo! Reduzir a velocidade é fundamental. O outro candidato, Flávio Bolsonaro, está claramente decidido a pôr lenha na fogueira, ou, se se prefere, carvão na fornalha da locomotiva. Do ponto de vista da preservação da floresta amazônica, uma questão decisiva não só para os povos da floresta, mas para toda a humanidade, Lula, ao contrário de seu adversário, tenta limitar os estragos. Não é o caso, infelizmente, do petróleo da Foz do Amazonas, que Lula está disposto a explorar.

O senhor estabeleceu em A guerra dos deuses algo que a ciência política brasileira ainda digere mal, que o PT, a CUT e o MST nasceram, em parte decisiva, dentro da Igreja, nas comunidades eclesiais de base, e não à revelia dela. O Lula de 1980 vinha das CEBs e do ABC. O Lula de 2026 negocia com a bancada evangélica. O que sobrou daquela origem dentro do partido, e um quarto mandato ainda deve alguma coisa a ela, ou a genealogia virou só história?

A herança do que eu chamaria de cristianismo da libertação, ligado à Igreja, mas não necessariamente dentro da Igreja, existe ainda no PT e no governo de Lula. Mas ela é muito mais importante nos movimentos sociais, nas lutas de moradores, camponeses, indígenas, ecologistas. O Movimento dos Sem Terra, por exemplo. Seus fundadores eram agentes de pastoral da Comissão Pastoral da Terra. Desde o início o MST se definiu como movimento secular, sem afiliação religiosa, mas sua cultura política e seus rituais, como a famosa mística do Movimento, têm raízes profundas no cristianismo da libertação. Outros movimentos, como o Movimento dos Sem-teto, têm muitos filiados que são cristãos, católicos ou mesmo evangélicos. As comunidades de base já não têm o mesmo impacto que nos anos 1960 ou 1970, mas ainda estão bastante presentes nos movimentos populares dos bairros periféricos. Além do PT, outros partidos de esquerda, como o PSOL, têm uma participação significativa de cristãos da libertação entre seus militantes.

O senhor é um dos fundadores do ecossocialismo, coautor do manifesto com Joel Kovel. O governo Lula reduziu o desmatamento e, ao mesmo tempo, empurrou a fronteira petrolífera para a Margem Equatorial. Em termos estritamente ecossocialistas, e não eleitorais, esse governo é parte da solução ou uma versão mais apresentável do problema? E aqui vem o incômodo que eu não sei resolver. A crítica ecossocialista tem direito de ser feita na semana de um segundo turno, ou é justamente esse purismo que historicamente prestou serviço à direita?

O programa de Lula obviamente não é ecossocialista, e apresenta sérios limites do ponto de vista social e ecológico. A exploração do petróleo na Margem Equatorial, um desastre para a floresta, para a população local e para a humanidade, se esse petróleo for extraído e queimado, é apenas o exemplo mais evidente. A crítica ecossocialista a Lula se exerce, portanto, no primeiro turno, no segundo turno e depois das eleições.

Dito isto, nós, os ecossocialistas, sabemos que um governo Lula é infinitamente preferível a um governo da clique Bolsonaro, de caráter ecofascista, totalmente oposto a qualquer medida social ou ecológica. Um tal governo seria diretamente ecocida, e uma catástrofe para o Brasil, a América Latina e o planeta. Seria uma dramática regressão do ponto de vista da democracia, dos direitos indígenas, dos direitos das mulheres, do meio ambiente, da educação, da cultura, da sociedade. Entregaria o Brasil à sanha destruidora dos Estados Unidos de Donald Trump, o inimigo número um dos povos da América Latina e da natureza. Portanto, sem nenhuma hesitação, os ecossocialistas votarão em Lula da Silva, que, com todos os seus limites, é a única alternativa à catástrofe bolsonarista.

Em Revolta e melancolia, o senhor e Robert Sayre estabelecem que o romantismo se bifurca. Há a saída restauradora, que quer o passado como destino, e a saída revolucionária, que rouba do passado a centelha para acender o futuro. O bolsonarismo me parece romantismo anticapitalista na primeira chave, nostalgia de uma ordem perdida, a família, a nação, a caserna, tudo contra a modernidade sem nunca tocar no capital. Se a extrema direita ocupou a crítica romântica da modernidade, o que restou à esquerda? Existe romantismo revolucionário disponível no Brasil de 2026, ou a esquerda ficou com o papel que o senhor sempre temeu, o de partido da modernização e da administração? E, nessa tipologia, o que é um quarto mandato de Lula?

Veja, o romantismo, tal como o definimos, Sayre e eu, em Revolta e melancolia, é uma revolta contra o capitalismo em nome de valores de um passado pré-capitalista, real ou imaginário. O bolsonarismo não corresponde a essa definição. Ele não critica o capitalismo, muito pelo contrário, e o passado ao qual se refere, a ditadura militar, é apenas uma forma mais autoritária e brutal do próprio sistema do capital. Trata-se, como no caso do fascismo, daquilo que o historiador Jeffrey Herf chamava de modernismo reacionário. Identifica-se com o capitalismo, com a indústria e com a tecnologia moderna, hoje em dia a inteligência artificial, e rejeita apenas a herança da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade, a fraternidade.

Quem são os representantes do romantismo revolucionário no Brasil? Aqueles comunistas, ecologistas, ecossocialistas ou indigenistas que rejeitam a civilização capitalista e acreditam que temos muito a aprender com o modo de vida dos indígenas brasileiros. Não podemos voltar a viver na floresta, é certo, mas devemos estudar com interesse e respeito a crítica que os indígenas fazem ao mundo de mercadorias em que vivemos e a relação de harmonia que mantêm com o meio ambiente, as árvores, os animais, os rios.

A esquerda de governo, o quarto mandato de Lula, pertencem mais ao que eu chamaria de modernismo progressista. Sem questionar o próprio sistema capitalista, buscam a realização de reformas sociais progressistas. É uma espécie de social-liberalismo. Não rompe com o modelo neoliberal, mas busca realizar tudo o que é possível para os desfavorecidos, os pobres, os excluídos, com a condição de não mexer com os privilégios dos oligarcas. Os limites dessa política são evidentes, mas não se pode negar que ela tirou milhões de brasileiros da pobreza e levou adiante reformas importantes, como o fim da escala 6×1 e a isenção do imposto de renda para os mais pobres.

O senhor editou e defendeu Mariátegui, e a frase dele de que o socialismo latino-americano não pode ser decalque nem cópia, tem de ser criação heroica. O que, no lulismo de 2026, é criação e o que é decalque? Ligo essa pergunta a Redenção e utopia, onde o senhor mostrou a afinidade eletiva entre messianismo judaico e utopia libertária, e a ideia benjaminiana de uma débil força messiânica confiada a cada geração. Essa força ainda existe na política brasileira, ou o messiânico migrou inteiro para o outro lado?

Quando surge, em 1979, sob a direção do líder sindical do ABC, Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores é uma verdadeira criação heroica. Heroica porque enfrenta imediatamente o regime militar nas grandes greves operárias daqueles anos. Criação porque não é calco nem cópia, e sim algo novo, um partido operário que reúne a classe trabalhadora, as comunidades de base, os intelectuais de esquerda, veteranos da luta de classes como Mário Pedrosa e Apolônio de Carvalho, e grupos marxistas, trotskistas, maoistas. Um partido que consegue integrar todos esses componentes numa organização democrática, enraizada em comitês de base. E que vai adotar, em 1990, depois da queda do muro, um programa socialista, democrático, explicitamente anticapitalista.

Obviamente, o lulismo de 2026 está muito longe dessa primeira versão do PT. É apenas uma variante dos governos chamados progressistas da América Latina, que conseguem fazer algumas reformas significativas, mas perderam sua dinâmica subversiva, antissistêmica. No caso de Lula, os limites são ainda mais evidentes, em parte devido ao controle do Congresso pela direita corrupta e reacionária.

É exatamente para o outro lado que vou agora. Dark Horse, a cinebiografia de um Jair Bolsonaro condenado e preso, financiada com dinheiro ligado ao Banco Master, banco liquidado por insolvência, traz no papel dele Jim Caviezel, o ator que encarnou Cristo em Mel Gibson. O senhor passou a vida estudando a afinidade eletiva entre religião e emancipação. Aqui parece haver o contrário exato, messianismo sem utopia, redenção sem emancipação, o rosto do Cristo colado num líder que tentou um golpe. Isso tem nome na sua obra? É a estetização da política de que Benjamin falava, ou é uma figura nova, que as categorias de Redenção e utopia não alcançam, por que ali o messiânico ainda apontava para a libertação de alguém?

Para Walter Benjamin, o fascismo é um falso messianismo, e seus líderes são figuras do Anticristo, uma caricatura miserável do messianismo libertador. A história das religiões, e da política, está repleta de falsos messias, que se apresentam como salvadores e redentores e não passam de tiranos a serviço das elites dominantes. É o caso do Jair em questão, considerado messias ou mito por seus admiradores, mas que não passa de um obscuro cavalo, um dark horse, montado pela oligarquia brasileira. É pior do que a estetização da política a que se referia Benjamin, em outro contexto. É uma mitificação, uma mistificação da política. O Jair está longe de ser o único. Seu grande amigo e aliado, Donald Trump, é outro falso messias, que tem a cara de pau de se fazer representar, numa imagem criada pela inteligência artificial, como uma espécie de novo Cristo. Já alguns imperadores romanos, como Domiciano, exigiam ser adorados como dominus et deus. É uma velha história.

Em 2021, o senhor resenhou na En attendant Nadeau o livro de Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meireles sobre frei Tito de Alencar, o dominicano sequestrado e torturado pela ditadura, exilado na França, morto em 1974. Cinquenta e dois anos depois, um candidato à Presidência faz campanha pela liberdade de um homem condenado por tentativa de golpe, e o Congresso discute anistia aos golpistas. Parte importante do campo religioso brasileiro pede essa anistia. O senhor, que trabalhou a tese benjaminiana de que nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer, o que diz de uma eleição em que a anistia é plataforma? O que uma anistia faz com frei Tito?

A anistia dos golpistas de 2022 seria um ataque direto à democracia brasileira e um sinal verde para futuras tentativas de golpe militar. O mesmo vale para a anistia de Jair Bolsonaro, com um agravante. Ele nunca deixou de manifestar sua admiração pela ditadura militar e, em particular, pelo coronel torturador Ustra. Sua anistia seria um insulto à memória não só de frei Tito, mas de todas as vítimas da ditadura militar, os milhares de torturados e as centenas de assassinados pelo regime das casernas. Entre eles um amigo meu, Luiz Eduardo Merlino, jornalista de vinte e três anos, morto sob tortura por ordem do coronel Ustra. Como dizia Walter Benjamin, se o fascismo vencer, nem nossos mortos estarão em segurança.

A tese VIII diz que a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é a regra. Aplico ao concreto, as centenas de milhares de mortos na pandemia, o 8 de janeiro, a trama golpista julgada. Se Flávio Bolsonaro vencer em 25 de outubro, isso é ruptura, ou é a continuação de uma normalidade que os oprimidos brasileiros sempre conheceram, e o espanto é só nosso, dos que achavam estar fora dela? E, dos seus oitenta e oito anos, sessenta e cinco deles olhando o Brasil de fora, existe especificidade brasileira aqui, ou é mais um capítulo da onda que o senhor vem descrevendo desde os anos noventa?

Na história da luta de classes, a regra é a dominação das elites. A exceção é a revolução dos oprimidos, a revolta dos escravos com Espártaco, a dos servos camponeses com Thomas Müntzer, a dos proletários na Comuna de Paris e na Revolução de Outubro. Mas existem diferenças nessa dominação. O fascismo é a forma mais violenta, bárbara e destrutiva do poder das oligarquias. Não é uma exceção, é a forma mais brutal e desumana da regra. Por isso precisamos fazer todo o possível para que não volte, com o filho, o pesadelo que foi o governo do pai. Esperando que algum dia, com a revolução ecossocialista, possamos estabelecer aquilo que Walter Benjamin chamava de o verdadeiro estado de exceção, a emancipação dos oprimidos e dos explorados.

A onda neofascista não é uma especificidade brasileira. Ela é planetária. Já governa a principal potência imperialista, com Trump, e o país mais populoso do planeta, a Índia de Modi, além de vários países da América Latina, e já ameaça vários países da Europa. Se o Brasil conseguir parar essa onda catastrófica nas eleições de outubro, será um sinal encorajador para o mundo todo. Caso contrário, o conjunto do continente americano, com a exceção do México e do Canadá, estará sob a bota neofascista. Para mim, Trump, Bolsonaro, Milei são manifestações do neofascismo.

Não se trata de uma repetição do nazifascismo dos anos 1930. Não temos Estados totalitários, campos de concentração, tropas de choque uniformizadas, políticas econômicas nacional-corporativas. A principal diferença é a política econômica, porque o neofascismo é fanaticamente neoliberal. Mas tem em comum com o fascismo clássico o racismo, a xenofobia, o ódio ao comunismo e a qualquer forma de esquerda, o culto do Chefe e o autoritarismo.

La urgencia de remontar esta nueva batalla electoral

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Antes del pleito de este domingo, la casi totalidad de las encuestas daban como ganador al presidente Lula da Silva -aunque por un estrecho margen-, en torno de dos o cuatro puntos porcentuales. Con el 100 por ciento de los cómputos escrutados ya en la madrugada, esta situación se invirtió y aparece Flavio Bolsonaro con un 47,03 por ciento de los votos, frente al actual mandatario que obtuvo un 45,16 por ciento, es decir, poco menos de 2 puntos de diferencia.

Estos datos representan una sorpresa evidente, no obstante, no implican una catástrofe incontrarrestable. Las estrategias que surgen en primera instancia se orientan a obtener el voto otros tres candidatos (Cury, Santos y Caiado), que juntos obtuvieron el 7,31 por ciento de los sufragios. Indagaciones recientes revelaron que muchos de los electores de esos 3 candidatos derrotados se inclinarían por Flavio Bolsonaro, aunque la mayoría de ellos poseen una fuerte resistencia o rechazo a los dos candidatos que continúan en la disputa presidencial.

Por lo mismo, el verdadero trabajo para construir una mayoría en la segunda vuelta debe orientarse hacia quienes anularon, votaron en blanco y, especialmente, hacia quienes no comparecieron a las urnas. Estos últimos superan el 20 por ciento de los electores, lo cual suma más de 33 millones de votantes. Es un conjunto considerable de personas que es ineludible convencer en tres semanas, personas que desistieron de la idea de que su voto puede hacer la diferencia para mejorar sus condiciones y su calidad de vida.

Va a ser una lucha titánica sacar a estos millones de potenciales electores de su pasividad y revertir su decepción con la política y su ausencia de credibilidad en la participación ciudadana, pero es un esfuerzo urgente y necesario que va a ser asumido desde ahora por el equipo y los apoyadores del presidente Lula. La misma noche de la contienda y después de conocerse los resultados, Lula declaró que “El resultado es muchas veces inesperado, confieso de que estaba convencido de que iría a ganar en la primera vuelta, pero eso ya sucedió en otras ocasiones. A partir de mañana comenzaremos una nueva campaña, una campaña apenas entre dos candidatos, donde podremos mostrar la diferencia entre las propuestas que existen para Brasil”.

Dependiendo de la disposición y del trabajo que se despliegue en estas próximas semanas es probable que Lula da Silva consiga su cuarto mandato al frente de los destinos del país. Sin embargo, de ganar la elección, su mayor desafío seguirá siendo como lidiar con un Congreso tomado por la extrema derecha. En efecto, el Partido Liberal, del clan Bolsonaro, consiguió elegir a 19 senadores, que se suman a los 9 que permanecen. Otros partidos de extrema derecha (Novo) y de derecha (Unión Brasil, Republicanos, PP o PSD) ocuparán otras 28 sillas en el Senado, creando una mayoría confortable de más de dos tercios entre los 81 senadores. En la Cámara de Diputados, la situación es parecida, con una expresiva presencia de los partidos de extrema derecha y de derecha a partir de 2027.

Con el desplazamiento del poder desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, utilizando para ello los mecanismos de las enmiendas parlamentarias y los fondos partidarios basados en el resultado de las elecciones, la tendencia será que los partidos del espectro de ultraderecha tendrán mayor autonomía para consolidar su vida política y financiera, pudiendo chantajear con mayor vigor al gobierno Lula, en caso de ser reelecto. Un escenario nefasto que ha llevado incluso a algunos analistas a señalar que el Presidente Lula se debería proteger de este futuro complejo y desistir de su empeño para obtener un nuevo mandato.

Obviamente que la cuestión no es así tan fácil de resolver y esa decisión tampoco pasa por una decisión personal, como lo ha señalado el propio presidente Lula. En estos momentos Brasil y México son los únicos países capaces de liderar la contención a la arremetida de una derecha neofascista que asola al continente. Si la situación actual es dramática, un triunfo del bolsonarismo en Brasil acabará con cualquier manifestación de soberanía y autonomía por parte de nuestros países, que se vienen doblegando abyectamente a los caprichos de Trump y sus secuaces. Con todas las dificultades en el horizonte, el pueblo brasileño que todavía cree en la democracia y en la independencia deberá aumentar sus esfuerzos para salir triunfante este próximo 25 de octubre. De lo contrario, tiempos aún más sombríos se abatirán sobre nuestra región.

América Latina: a ultradireita tem projeto?

Álvaro García Linera

Outras Palavras

Ela governa quase toda a região. Mas, quando se volta a falar em soberania, propõe um neoliberalismo mofado e recolonial. Espera em vão por capital externo. Não mobiliza esperanças, mas rancor. É frágil, desde que surja horizonte de justiça social.

Uma onda reacionária varre a América Latina. Com exceção do México e Brasil (as duas maiores potências da região), Uruguai e Guatemala, os demais países (Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Paraguai, El Salvador, Honduras, Panamá, etc.) elegeram governos autoritários de extrema-direita. Isso ocorreu no segundo turno das eleições, por uma margem estreita, mas esses governos estão no poder e expressam um sentimento de ressentimento e agressividade política anti-igualitária, forte em parcelas da população.

Não estamos lidando com a direita liberal tradicional ou “republicana” que caracterizou o neoliberalismo triunfante da década de 1980. Naquela época, ele procurava ser o porta-estandarte de um destino universal e final para a humanidade, centrado no livre mercado, na globalização, no multiculturalismo e no Estado mínimo.

A extrema-direita de hoje não promete um futuro de paz mundial baseada nos mercados, mas sim uma purga apocalíptica dos ateus que se opõem às hierarquias “naturais” do empregador sobre empregado, do homem sobre mulher, da branquitude sobre todas as outras etnias e do rico sobre o pobre. Mais do que uma utopia, o que ela ostenta é uma “guerra santa” contra o comunismo, contra os imigrantes, contra os direitos e os bens públicos. Para a extrema-direita, não há paraíso a alcançar, apenas as brasas de um Armagedom onde purificar os desvios de uma humanidade corrompida por aspirações de igualdade.

Se, no passado, os movimentos de direita se apoiavam na superioridade de suas crenças e estabeleciam um caminho pelo qual toda a humanidade alcançaria um objetivo comum — o chamado “fim da história” —, a direita atual acredita que a conversão de apóstatas não é mais possível. Portanto, muros devem ser construídos para impedir que migrantes “invadam” seus países — como na fronteira entre o México e os Estados Unidos; civilizações devem ser “exterminadas”, como em Gaza ou no Irã; e aqueles que têm condições financeiras devem se tornar uma “espécie multiplanetária” colonizando Marte, como propõe Elon Musk.

Estão convencidos de que não há mais espaço, água, combustível, riqueza ou meio ambiente suficientes no mundo para serem compartilhados por todos os seres humanos e que, portanto, todos esses recursos devem ser concentrados e preservados para o benefício de poucos, os “vencedores”, enquanto o restante dos perdedores é lançado nas chamas do inferno.

Essa extrema-direita fanática cresceu no início do século XXI, quando o neoliberalismo regional entrou em crise e a sociedade abraçou um descontentamento generalizado. Ela se fortaleceu entre as classes médias ressentida, nos locais onde governos de esquerda chegaram ao poder e promoveram processos de ascensão social para as classes trabalhadoras. E chegou ao poder nos locais onde governos progressistas não conseguiram atender às expectativas de bem-estar das classes empobrecidas.

No entanto, diferentemente do que ocorreu nos ciclos anteriores de ascensão da extrema-direita na América Latina, que duraram trinta anos, a extrema-direita atual apoia-se em um projeto social atrofiado e míope que, economicamente, contraria as tendências globais emergentes.

Nas décadas de 1940 e 1950, os movimentos progressistas continentais impulsionaram a industrialização, a nacionalização dos recursos naturais e a expansão dos direitos, coincidindo com o crescimento do Estado de bem-estar social e o aumento da intervenção estatal nas economias dos países mais influentes da economia global. O período militar autoritário que ocorreu na fase posterior desse ciclo foi alimentado pelo ressentimento das classes médias, que se sentiam igualadas pela ascensão da classe trabalhadora; Mas não alterou fundamentalmente o modelo de crescimento baseado no mercado interno e no desenvolvimentismo.

A ascensão da direita neoliberal continental no final da década de 1970 e na década de 1980 caminhou lado a lado com a onda expansiva do globalismo neoliberal que varria o mundo, liderada por Reagan e Thatcher. Com pouca criatividade e muita mediocridade, a direita regional simplesmente copiou e colou o manual neoliberal emanado do Banco Mundial e do FMI. Hoje, porém, a situação é muito diferente.

As grandes potências que impulsionam a economia mundial, como os Estados Unidos, a China e a União Europeia, aumentam as tarifas contra o livre comércio, promovem políticas industriais para criar mercados a partir do Estado, tornam-se protecionistas, transformam seus Estados em acionistas de empresas estratégicas e estabelecem metas de soberania energética ou tecnológica, em vez de se curvarem às “vantagens comparativas”. Na América Latina, porém, os governos de extrema-direita se apegam anacronicamente à nostalgia de um globalismo de livre mercado extinto.

Paradoxalmente, o único defensor ferrenho do “livre mercado” é a China “comunista”, cujo Estado controla entre 20 e 40% do PIB. Enquanto isso, a extrema-direita clama pela “abertura para o mundo”, mesmo quando o mundo ergue barreiras tarifárias para proteger o pouco que resta de suas indústrias da produtividade avassaladora das empresas chinesas. Impõe uma austeridade fiscal brutal, na esperança de que o investimento estrangeiro direto (IED) inunde o país e se torne a força motriz por trás do crescimento econômico expansivo em todos os setores.

Mas o mundo de 2026 não é o mesmo de 1995, quando o investimento estrangeiro direto experimentou um crescimento global espetacular e os países em desenvolvimento ofereciam uma alta taxa de lucro graças à privatização de empresas públicas e seus mercados cativos.

Hoje, não existem mais grandes empresas para privatizar e, pior ainda, o Investimento Estrangeiro Direto (IED), que antes era a força motriz das economias mundiais, encolheu. Tendo atingido níveis entre 4% e 5% do PIB global nas décadas de 1990 e início de 2000, desde a crise de 2008 sua importância tem diminuído constantemente. Hoje, mal chega a 1% do PIB. É claro que o investimento estrangeiro continua a fluir globalmente e dentro do continente — principalmente para o México e o Brasil, atuais bastiões progressistas —, mas agora, como percentual do PIB, mal chega a um quarto do que já foi. Além disso, é mais seletivo: indústria manufatureira em países com grandes mercados garantidos (Brasil, México). Para o restante, principalmente matérias-primas e energia. Em tempos de crise, o capital prefere refugiar-se em títulos do Tesouro dos EUA, que agora oferecem taxas de juros de 4,8% por dez anos, ou em megainvestimentos em Inteligência Artificial no mesmo país.

Na Argentina, o Investimento Estrangeiro Direto (IED) atingiu 8,5% do PIB em 1999. Entre 2005 e 2015, oscilou entre 2% e 3% do PIB. Sob o governo “libertário”, caiu para 1,8% em 2024 e para 0,5% em 2025. O Banco Mundial estima que se aproximará de 1% em 2026. Os setores visados por esse investimento são hidrocarbonetos, mineração e, em menor escala, finanças. O Equador segue uma trajetória semelhante: no final do século XX, o IED atingiu 3% do PIB; em 2023 e 2024, caiu para 0,5%. E em 2025, mal se aproximou de 1%. No Peru, durante a década de 1990 e entre 2005 e 2015, o IED oscilou entre 4% e 7% do PIB. Nos últimos anos, tem variado entre 1% e 3%.

Nesses e em outros casos, o IDE perdeu a importância que outrora detinha para o crescimento e a estabilidade econômica. Além disso, trata-se de investimento em enclaves, focado na extração de matérias-primas, com lucros externalizados para os países de origem, impedindo, assim, qualquer efeito estimulante sobre o restante da economia. Essa situação assemelha-se bastante à economia de enclaves coloniais do século XVI.

Por um lado, centros de alto investimento, alta rentabilidade, baixa utilização da mão de obra e baixa retenção nacional de excedentes; e, por outro, um mar de atividades manufatureiras e de serviços caracterizadas por baixa produtividade, baixos salários e alta utilização da mão de obra.

Esse cenário deprimente também se reflete nos investimentos públicos e privados nacionais em países governados pela extrema direita. Durante os anos do neoliberalismo globalista (entre 1990 e 2000), o investimento total nesses países variou entre 21% e 24% do PIB. De 2015 a 2025, o investimento flutuou entre 18% e 19% (CEPAL, 2026). A Argentina, nos últimos três anos, apresentou uma taxa de investimento de 15% a 16% do PIB (INDEC, 2026). O Equador, 18% do PIB, e assim por diante.

Em comparação, países com industrialização recente e alto crescimento econômico, como os que compõem a ASEAN, têm taxas de investimento em torno de 30% do PIB. De modo geral, sob governos de extrema-direita, o investimento público e privado, principal motor do crescimento e da criação de riqueza, caiu em porcentagem do PIB, comparado com os dois períodos de expansão econômica (1990-2000 e 2005-2015).

Os “ajustes” nos gastos públicos, a redução de impostos para os ricos e a privatização de áreas periféricas que ainda eram estatais não representam qualquer injeção de capital na economia. São meramente formas de extração predatória de recursos públicos para depositá-los nas mãos de entidades privadas habituadas à busca de privilégios. O resultado é uma economia estruturalmente estagnada, caracterizada por altos níveis de precariedade, que não consegue gerar um processo estratégico de expansão do bem-estar nacional e, portanto, está propensa a incubar continuamente intensos ciclos de agitação social.

Ao contrário do que a extrema-direita americana ou europeia busca promover com um neoestatismo produtivista de longo prazo, a extrema-direita latino-americana atolou-se num neoliberalismo globalista mofado, com um futuro decapitado, que tende a transformar os países em protetorados coloniais das grandes potências que detêm projetos históricos.

Ora, se a extrema-direita não defende um projeto econômico capaz de capturar de forma crível a esperança social, por que, apesar de seu fracasso econômico prematuro, mantém uma base social considerável de apoio político que varia entre 20% e 40% do eleitorado?

Certamente, as decepções anteriores geradas pela incapacidade da esquerda e dos movimentos progressistas em superar a crise econômica (inflação, escassez, recessão) contribuem para a relevância contínua da direita. Mas isso não basta. Para explicar seus níveis de apoio, é necessário compreender que a extrema direita emergiu munida de duas armas: por um lado, a promessa de pôr fim a alguns dos aspectos mais significativos da crise econômica; e, por outro, a promessa de reparação moral para aqueles prejudicados pela crise.

A primeira espada está se desfazendo rápida e irreversivelmente; mas a segunda está sendo empunhada com habilidade ardente. O ódio vingativo, transformado em política de Estado contra direitos, migrantes, “esquerdistas”, comunistas, kirchneristas, petistas, povos indígenas, feministas ou qualquer aparência de igualdade social, desempenha o papel de uma expiação coletiva que dilui a ilusão de um futuro de bem-estar. Se não há futuro próspero, que ao menos haja o prazer da crueldade exercida contra aqueles considerados irremediavelmente diferentes.

Essa perversão moral da esperança dilacera o tecido social e, embora possa ser passageira, suas consequências para a coesão coletiva serão duradouras. A maneira de combatê-la não é simplesmente através da fúria invertida. Embora em tempos de crise possa ser necessário personificar os responsáveis por delitos sociais — neste caso, focando-se em uma ínfima minoria dos poderosos —, o que se exige, acima de tudo, é uma restauração ousada de uma esperança plausível, centrada em um projeto produtivo e socialmente justo, capaz de abalar os alicerces das antigas e degradadas estruturas econômicas e mentais. Porque, para que a esquerda tenha novamente uma chance de liderar a nação, não deve fazê-lo apenas tentando administrar as condições de estagnação e desastre.

Ayotzinapa: avances y pendientes

Editorial

La Jornada

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República presentó su primer informe público sobre el caso en el presente sexenio. Entre los nuevos elementos de investigación presentados se cuentan el hallazgo de restos óseos, documentos oficiales y un horno crematorio clandestino, entre otros indicios, en la funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (Semefo) y un predio en Iguala, Guerrero, los cuales estuvieron bajo control del grupo criminal Guerreros Unidos.

Lo que se ha dado a conocer acerca de la operación del Semefo y la casa fúnebre pinta un cuadro estremecedor acerca de la descomposición institucional imperante en la entidad en 2014. Ambas instancias, así como el panteón municipal, eran administradas por una misma familia (los Rueda Mazón), además de que el Semefo y la funeraria eran contiguas y tenían acceso directo. Es de sentido común que el Servicio Médico Forense, encargado de certificar las causas de muerte y expedir autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo, debe ser una dependencia pública sujeta a los más estrictos controles, pero en Iguala se encontraba concesionado a los Rueda Mazón bajo la supervisión del gobierno de Guerrero.

A la luz de los acontecimientos, dicha vigilancia sólo puede caracterizarse como deficiente o inexistente. Durante un cateo efectuado a la funeraria en octubre de 2025 se encontró un fémur humano guardado en un cajón, un arma de fuego, un horno crematorio sin registro oficial y, lo más grave, documentos oficiales en blanco firmados y sellados, con los cuales “una muerte violenta podía hacerse constar como natural, un traslado podía documentarse con datos falsos, una inhumación podía quedar respaldada con un registro que no correspondían con la realidad”.

Dos meses después, un segundo cateo en el Semefo dio con restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas, restos con referencias de fechas de 2014, restos óseos calcinados y piezas dentales. Está claro que semejante descontrol es favorable al crimen organizado y configuraba un entorno ideal para quienes desaparecieron a los estudiantes. Lo hallado obliga a emprender una revisión a nivel estatal e incluso nacional a fin de identificar irregularidades en todos los servicios forenses y asegurarse de que éstos sean una herramienta al servicio de la justicia, no de los delincuentes.

Por otra parte, se estableció la identidad de quienes hicieron llamadas vinculadas con el caso, incluidas las realizadas con equipos de los normalistas días y hasta semanas después del ataque perpetrado entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ejemplo, se sabe que el dueño del velatorio, Rodolfo N, estuvo en contacto con miembros de Guerreros Unidos y que una semana después de la noche de Iguala usó el teléfono móvil del estudiante Julio César Mondragón, quien fue asesinado y desollado. Al poner nombre a los involucrados en estas llamadas se han podido ejecutar nuevas detenciones.

En el rubro de arrestos, destaca el de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de la entidad cuando se cometieron los hechos y presunto culpable de ordenar la destrucción de grabaciones de seguridad que mostraban lo ocurrido a los muchachos en el Palacio de Justicia. Su puesta a disposición de las autoridades abrió la esperanza de que se revele información oculta durante todo este tiempo. En este sentido, debe recordarse que el caso Ayotzinapa encierra dos grandes interrogantes: qué pasó y dónde están los normalistas; y cómo se organizó el encubrimiento de los participantes en el crimen. A más de una década de distancia, es evidente la imposibilidad de resolver lo primero sin ubicar y judicializar a quienes destruyeron pruebas, sembraron pistas falsas, inventaron una narrativa distractora y se encargaron de negar la justicia a las víctimas indirectas, es decir, a las familias que siguen exigiendo la aparición de los suyos.

Junto a los adelantos persisten grandes pendientes. Estados Unidos negó la extradición y concedió asilo a José Ulises Bernabé García, juez que puso a 17 estudiantes en manos de policías municipales, quienes a su vez los entregaron a delincuentes. El régimen de Israel protege a Tomás Zerón de Lucio, considerado principal productor de la “verdad histórica” y manipulador de evidencias.

Cabe esperar que los avances permitan acelerar el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y fincar responsabilidades a los máximos involucrados en los niveles estatal y federal. Las investigaciones deben seguir con total disposición para escuchar y tomar en cuenta el parecer de los padres, sin cuya participación no puede haber justicia.

A imprensa na guerra híbrida

Luís Nassif

Jornal GGN

Por que essa insistência dos jornalões numa campanha que arruína sua própria credibilidade e não convence sequer seus próprios jornalistas?

Em plena Lava Jato houve uma reunião reservada entre Lula e Emílio Odebrecht, presidente da construtora. Um dos assuntos tratados foi a posição da Rede Globo na campanha de desestabilização. Emílio foi taxativo: "Os Estados Unidos conseguiram amarrar a Globo". O relato me foi feito por pessoa presente ao encontro.

 Provavelmente referia-se ao inquérito da Fifa, que alcançava a Globo em cheio, por negociações de contratos de copas na América do Sul. A Globo efetivamente se livrou. O peso da condenação recaiu sobre J. Hawilla, seu braço operacional.

Este é o primeiro passo para entender a posição dos grupos de mídia em relação à campanha eleitoral atual, que transformou um caso irrelevante — a atuação de Fábio Luís Lula da Silva, sem nenhum contrato fechado com o governo — em cobertura maior do que os crimes comprovados atribuídos a Flávio Bolsonaro.

A atuação da mídia é hoje mais imprudente do que nos tempos da Lava Jato. Lá, havia crimes a serem apurados. Criou-se uma onda tão forte, um movimento de manada, que arrastou ou silenciou jornalistas, intimidou ministros do Supremo e escancarou o país ao bolsonarismo que se seguiu.

Hoje o caso é mais grave. Não há crime a ser investigado, apenas movimentações, tentativas de lobby que não resultaram em um contrato sequer. É uma manipulação reiterada dos três jornalões, mantendo Fábio Luís no foco através da repetição de acusações, totalmente conduzidos pelas fontes — um delegado da Polícia Federal provavelmente servindo no gabinete de André Mendonça.

Por que essa insistência dos jornalões numa campanha que arruína definitivamente sua própria credibilidade e não convence sequer seus próprios jornalistas? A explicação está na guerra híbrida.

A ofensiva de Trump

Em 2025, a Casa Branca justificou medidas contra o Brasil citando “censura” e proteção da liberdade de expressão de americanos. Em julho daquele ano, sancionou Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky Global, acusando-o de usar o cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil; em setembro, estendeu a sanção à mulher do ministro e a uma empresa ligada à família. As sanções foram retiradas em dezembro de 2025, dias depois de uma ligação entre Trump e Lula, no mesmo movimento em que Washington começou a recuar de tarifas pesadas sobre produtos brasileiros.

Em julho de 2025, a Casa Branca já havia declarado formalmente que ações brasileiras ameaçavam a segurança nacional, a política externa e a economia dos EUA, afetando cidadãos e empresas americanas. A partir daí, a USTR (Representação Comercial dos EUA) enquadrou práticas brasileiras relativas a comércio digital e plataformas americanas numa investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Em 1º de junho de 2026, concluiu que essas práticas eram “acionáveis”; em 15 de julho, anunciou tarifa adicional de 25% sobre boa parte das importações brasileiras, em vigor desde 22 de julho. A partir daí, há um arsenal de medidas. Em sete níveis.

1. A arma mais sutil: publicidade das multinacionais americanas

Imagine a Globo, a Folha, o Estadão, o UOL ou qualquer outro veículo brasileiro publicando material que Washington considere parte de uma estrutura de “censura”, de perseguição a aliados de Trump ou de pressão sobre empresas americanas.

O governo não precisa ordenar à Coca-Cola, ao Google, à Meta, à Amazon, à Microsoft, à Visa, à Mastercard, à GM etc. que parem de anunciar. Basta criar um risco de compliance. Uma orientação administrativa, uma declaração do Departamento de Estado ou uma investigação do Congresso americano podem sustentar que financiar determinadas organizações brasileiras representa apoio econômico a agentes envolvidos em violações da liberdade de expressão de americanos.

Nesse momento, o problema muda de natureza. A decisão deixa de ser do diretor de marketing brasileiro e passa para o compliance, o jurídico e as relações governamentais da matriz nos EUA. Isso pode produzir de-risking: “não sabemos se haverá sanção, mas é melhor não correr o risco.” É provavelmente a forma mais eficiente de pressão, porque não deixa a impressão digital de uma ordem governamental.

2. OFAC e Global Magnitsky: a arma nuclear financeira

Aqui existe precedente concreto brasileiro. O Tesouro americano colocou Alexandre de Moraes na lista de sanções Global Magnitsky em julho de 2025 e, depois, atingiu sua mulher e uma empresa vinculada à família. Essas designações foram retiradas em dezembro de 2025.

Se o governo resolvesse sancionar um empresário de mídia, executivo, empresa ou organização ligada a um grupo de comunicação, o efeito poderia ser muito maior do que simplesmente congelar patrimônio nos Estados Unidos. O sistema OFAC gera enorme aversão a risco: bancos internacionais, bandeiras de cartão, processadores de pagamento, plataformas tecnológicas, seguradoras e fornecedores americanos passam a examinar a relação. Uma sanção dirigida ao controlador ou à empresa central de um conglomerado poderia contaminar comercialmente outras empresas do grupo.

3. Vistos: pressão sobre jornalistas, executivos e organizações

Esse instrumento já deixou o terreno hipotético. Em maio de 2025, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou uma política de restrição de vistos voltada a “estrangeiros que censuram americanos”, visando autoridades que “exigem que plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo” ou pratiquem censura que ultrapasse sua jurisdição e alcance os Estados Unidos.

A política chegou a atingir europeus ligados à regulação de plataformas e a pesquisadores de desinformação. Transposta ao Brasil, poderia atingir — dependendo da interpretação do Departamento de Estado — autoridades, dirigentes de ONGs, pesquisadores e eventualmente pessoas ligadas a organizações de mídia que Washington acusasse de participar de mecanismos de censura.

Há, porém, uma ressalva importante: a política já sofreu limitações judiciais nos EUA. Em 14 de julho de 2026, o juiz federal James Boasberg, do Distrito de Columbia, suspendeu a aplicação da política contra pesquisadores de desinformação e moderação de conteúdo, no caso Coalition for Independent Technology Research, por entender que ela provavelmente viola a Primeira Emenda ao discriminar um ponto de vista específico.

4. Seção 301: atingir o ambiente econômico brasileiro

Essa é uma ferramenta particularmente poderosa porque Trump já percorreu todas as etapas relevantes contra o Brasil. A USTR afirmou expressamente que tribunais brasileiros emitiram ordens dirigidas a empresas americanas de redes sociais e tratou isso como questão que restringe o comércio americano. Em julho de 2026, veio a ação concreta: tarifa adicional de 25% sobre boa parte das importações brasileiras.

Isso permite algo politicamente interessante: retaliação econômica ao Brasil justificada como defesa de empresas americanas, sem precisar sancionar diretamente um jornal. A mensagem implícita: “as políticas brasileiras contra empresas e cidadãos americanos têm custos comerciais.” O alvo jurídico é o Estado brasileiro; a pressão política alcança o STF, o Congresso, o governo, as plataformas e, indiretamente, o ecossistema de mídia.

5. Contratos e compras do governo americano

Amazon/AWS, Microsoft, Google, Oracle, IBM, empresas de telecomunicações e financeiras têm relações contratuais e regulatórias gigantescas com Washington. Um governo dispõe de grande capacidade de produzir incentivos reputacionais e regulatórios. Não significa que possa dizer legalmente “retire a publicidade da Folha” — mas uma empresa que depende de bilhões de dólares em contratos federais tem fortes razões para acompanhar de perto as prioridades políticas da administração.

A investigação jornalística interessante, portanto, não seria procurar uma ordem escrita de Trump. Seria medir mudanças coordenadas no comportamento publicitário das subsidiárias brasileiras de empresas americanas depois de pronunciamentos, sanções ou orientações vindas de Washington.

6. Plataformas americanas: um ponto de estrangulamento maior que a publicidade

Aqui talvez esteja a vulnerabilidade mais importante. Um grupo de mídia brasileiro depende de empresas americanas para busca e distribuição (Google, YouTube, AdSense), redes sociais (Meta/Facebook/Instagram), aplicativos (Apple/Google), nuvem (Amazon/Microsoft/Google) e pagamentos de assinatura (Visa/Mastercard e processadoras). A publicidade é apenas uma camada. Uma combinação de restrições comerciais, financeiras e tecnológicas poderia afetar simultaneamente distribuição, monetização, pagamentos, hospedagem e acesso ao público.

É por isso que a política americana de “defesa das plataformas” merece ser analisada não só como questão diplomática, mas como uma nova modalidade de extraterritorialidade tecnológica - o mesmo tipo de mecanismo já usado, por exemplo, contra bancos europeus em sanções ao Irã.

7. Pressão informal sobre anunciantes

Esta seria a modalidade mais difícil de documentar, e talvez a mais eficiente. Não é necessária uma determinação presidencial. Uma reunião entre o Departamento de Estado e executivos; uma audiência parlamentar; uma carta de congressistas; uma declaração pública de Rubio; uma investigação da USTR; ou simplesmente a pergunta de um funcionário americano - “sua companhia está financiando organizações envolvidas na censura de cidadãos americanos?” - pode bastar para que departamentos jurídicos recomendem suspender publicidade. Não seria uma sanção formal. Seria compliance induzido pelo Estado.

Uma escalada poderia funcionar assim: Departamento de Estado classifica determinada atuação brasileira como ataque à liberdade de expressão americana → Tesouro/OFAC + USTR + política de vistos elevam o risco jurídico para empresas americanas → matrizes acionam compliance → Google, Meta, bancos, anunciantes e provedores tecnológicos reavaliam relações → o veículo brasileiro perde publicidade, serviços financeiros ou infraestrutura.

O detalhe fundamental é que os últimos três passos podem acontecer sem nenhuma ordem pública do governo americano. É aí que a hipótese de “empresas transformadas em agentes do Estado” se torna jornalisticamente mais interessante: não por comando direto, mas pelo uso da dependência regulatória e econômica para produzir comportamento privado alinhado à política externa.

Há um precedente contemporâneo relevante dentro dos próprios Estados Unidos: organizações de mídia americanas vêm denunciando e litigando contra pressões regulatórias e judiciais da administração Trump — o próprio Financial Times registrou a reação crescente de grupos de mídia a esse tipo de pressão.