La Jornada
Semanas atrás, en una de las gloriosas colas del Seguro Social de Morelos, cedí el turno a un campesino viejito y bajito que tenía detrás. Apenas podía tenerse en pie. ¿Noventa, noventa y pico? Su acompañante preguntó algo en la ventanilla. La funcionaria del IMSS consintió:
–Está bien, pero si viene usted debe traer la “constancia de supervivencia” de su papacito, y un poder extendido por notario.
El viejito, que permanecía atento, intervino con un vozarrón inesperado:
–¿Y eso que qué chingaos es?
Con amabilidad, la funcionaria explicó:
–Que si está vivo o muerto.
El viejito devolvió:
–¿Quién, yo?
–Sí, usted.
–¡Pos hable claro, m’ija!
Que es, justamente, lo que menos hacen los funcionarios a los que la tecnocracia neoliberal les ordena enredar los trámites de retiro, matando por adelantado a los viejos. Para ellos, los tecnócatas han inventado un glosario de términos y disposiciones legales frente a los cuales ya no sólo los viejos, sino el conjunto de la sociedad entienden nada. Fuera de esto, hay que reconocer que en todas las dependencias del IMSS hay un hermoso buzón para depositar “quejas y sugerencias”.
El sistema mexicano de fondos de retiro fue clonado del chileno. En 2006, el periodista Héctor Vega, director de Fortín Mapocho, se puso a revisar un sondeo llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo y la Universidad de Chile (Encuesta de Protección Social, EPS). Vega advirtió que 70.6 y 93 por ciento de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) desconocían cómo se invierten los fondos de sus cuentas individuales, a más de ignorar las comisiones que les cobran.
Preguntando a “la gente” cuál era su “densidad de cotizaciones”, los encuestadores de la EPS se vieron en la situación de explicar que esto quería decir “extensión del periodo en el cual usted lleva realizando sus cotizaciones”.
Apunta Vega que el gobierno chileno da por descontado que los trabajadores, viejos, amas de casa, jóvenes, “los ciudadanos”, están al tanto del negocio de las AFP, y que pueden tomar decisiones financieras complejas y variables (aleatorias), sujetas al ciclo mundial de nulo control posible por agentes locales.
El año pasado, anticipándose a la debacle financiera mundial, el gobierno de Michelle Bachelet (“socialista”, pero higiénico) propuso la eliminación de la misteriosa comisión fija que las AFP deducen del fondo acumulado por los afiliados. Aunque sin tocar la comisión variable, cuyo porcentaje se deduce de la planilla salarial.
Como si hubiesen tomado el Palacio de Invierno, las autoridades informaron que la medida beneficiaría en 4 por ciento a los trabajadores que cotizan por el mínimo. Así es que otro grupo de investigación, la Comisión Marcel, se puso a calcular el asunto para el caso de un trabajador que aporte a su fondo el mínimo de un dólar mensual. Si gana 250 dólares mensuales, recibirá 110 de jubilación, siempre y cuando trabaje 20 años sin interrupción, y cotizando por el mínimo referido.
Con la eliminación de 4 por ciento, la pensión subiría a 136 dólares mensuales. Y con 40 años de contribución, a 80 por ciento del sueldo mínimo, cerca de 200 dólares. Cosa posible, pues si usted lee El País, de Madrid, sabe que la democracia chilena ofrece una estabilidad laboral similar a la sueca u holandesa. Sin embargo, el gobierno de Bachelet no contó con la “astucia” de los accionistas (o dueños de las AFP), pues bastaría con elevar la comisión variable, para neutralizar la eventual eliminación de la comisión fija. Es decir, que lo obtenido de un lado se anularía por el otro. Grandezas del “libre mercado”: nada por acá, nada por allá… ¿dónde está la bolita?
Los analistas chilenos más sensibles observan que el drama de las AFP no radica tanto en los subterfugios matemáticos o en los enredos deliberados del lenguaje financiero. Lo preocupante, sostienen, es el lavado de cerebro que acabó convenciendo a “la gente” que las AFP están representadas por honorables caballeros que “saben”.
En fin, al César lo que se merece. No cualquier banda del crimen organizado puede acumular, en las narices de sus víctimas, un patrimonio de acciones que en 25 años saltó de 500 a 800 millones de dólares, logrando en el periodo una rentabilidad de 536 por ciento.
El gobierno de Bachelet sugirió que no era conveniente que los afiliados se pasen al “fondo E” de las AFP (calificado de bajo riesgo), pues se produciría el desplome de la Bolsa. Que por cierto, fue el escogido por el presidente del gremio empresarial, Alfredo Ovalle, desde antes que empezara la crisis financiera en curso.
¿Y las fuerzas armadas? Los militares que en Chile impusieron a sangre y fuego las AFP, jamás se afiliaron al régimen de capitalización individual. Permanecieron fieles al viejo sistema solidario de pensiones.
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