La crisis política, que protagonizan el Gobierno indigenista de Morales y la oposición autonomista, ha sido canalizada a través de una salida institucional: la decisión de convocar a la ciudadanía para ratificar o relevar de sus cargos a Morales y a ocho de nueve prefectos regionales electos en 2006, en su mayoría opositores. El camino hacia el referendo estuvo marcado por violentas manifestaciones que se cobraron dos vidas.
La posible victoria de Evo en las urnas no será más que la legitimación del proyecto político que lo llevó al poder en enero de 2006 y que tiene como eje central la reivindicación de derechos indígenas: “Revolución por igualdad y justicia” es uno de los lemas de líder cocalero, que busca además aglutinar el apoyo necesario para implantar una nueva Constitución que le permita consolidar su proyecto, sin las trabas que hoy enfrenta.
Por el contrario, una eventual victoria de la oposición sería el triunfo de los sectores que piden la autonomía departamental y que ven amenazado su mayor capital: el control de los recursos naturales (en especial los hidrocarburíferos), y la producción agrícola.
Sin embargo, la bandera opositora ya no sería patrimonio exclusivo de grupos de la élite conservadora, que tradicionalmente ha tenido el control de la tierra. “Hoy la oposición está aglutinada en torno a la administración centralista de Morales”, dice Marco Moreno, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). “El movimiento regionalista se amplió más allá de los márgenes de la élite”, agrega.
La consulta de hoy domingo fue una propuesta de Morales para poner fin a las constantes trabas a su gestión. Varios referendos anteriores habían permitido a la oposición decretar su autonomía y, por ende, el manejo de sus recursos económicos. A Santa Cruz, el departamento que lidera la oposición, le siguieron Beni, Pando y Tarija.
La respuesta de Morales fue entregar a la ciudadanía la resolución del conflicto, sin imaginar la posibilidad de perder el poder. “Evo no midió las consecuencias de su decisión”, dice Moreno de Flacso. “Decisión que demás puede transformarse en un precedente para exigir y demandar mayores prerrogativas por parte de la ciudadanía”.
Probablemente la confianza de Morales esté basada en las cifras de apoyo a su gestión, que partieron con un 53,7%, en la elección presidencial de 2005, y que posterior a una leve caída, se empinaron hasta el 59% en el mes de julio, según una encuesta de Ipsos. La Corte Nacional Electoral dijo que se necesita más del 53,7% de votos para revocar el mandato de Morales, pero sólo el 50% más uno para echar a cada uno de los prefectos.
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