Ecuador: construir democraticamente una sociedad democrática

Alberto Acosta
Gramsci e o Brasil

Cuando comenzamos nuestros recorridos electorales por Ecuador hicimos un compromiso: en sintonía con el sentir de las mayorías, comprender aquellas esperanzas de cambio, que empezaron a consolidarse con el triunfo del ahora ciudadano presidente Rafael Correa. Este compromiso se ratificó el 15 de abril de 2007, cuando con una abrumadora votación la sociedad se pronunció a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, reafirmada con nuestra elección, en calidad de asambleístas, el domingo 30 de septiembre.

Cuando se instaló la Asamblea Constituyente, el viernes 29 de noviembre, asumimos una tarea compleja: abrir la puerta a la esperanza. Esta Asamblea sintetizó una oportunidad histórica. Hicimos un esfuerzo para pensar en nuestro futuro, no como individuos sino como una sociedad de iguales y libres, decididos a mejorar las condiciones de vida de toda la población, en especial de esos cientos de miles de personas marginadas, explotadas, olvidadas… muchas de las cuales nos visitaron en Montecristi o en tantas esquinas de la Patria.

Encargada a las mesas constituyentes la elaboración de textos constitucionales, estos debían ser sometidos a consideración y debate del Pleno de la Asamblea, de todos los que fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano y también de la opinión pública y demás actores. Esa ampliación del debate, sostenemos, dotó a la Constitución de una representación mayoritaria, convirtiéndola en un hecho político, ciudadano, contrariamente a la costumbre instalada de pequeños cenáculos de poder que acuerdan, sin nuestra opinión, nuestro destino [1].

Tengamos siempre presente que nuestro objetivo fue y es construir democráticamente una sociedad democrática; si el camino no es democrático, el destino no será la democracia. Con la nueva Constitución queremos que los ciudadanos y las ciudadanas tengan en sus manos la definición del presente y la construcción del futuro: el poder es para la ciudadanía. Sin ningún afán por concentrar el poder político, todo lo contrario, planteamos, como muestra, la no reelección indefinida de ninguna persona escogida con el voto popular. Proponemos la revocatoria del mandato presidencial, con la condición de que el legislativo, que promueva esa iniciativa de revocatoria, se disuelva. Creemos que, en contrapartida, el presidente puede disolver por una sola vez durante su mandato al legislativo, pero que al momento de elegir a los nuevos diputados, la ciudadanía al mismo tiempo decida si el presidente continúa en su cargo. Igualmente, proponemos la independencia partidista de los tribunales de la República. Alentamos un reordenamiento territorial y administrativo solidario y eficiente, sustentado en regiones autonómicas construidas sobre bases históricas y de alianza de oportunidades, fortalezas e identidades, decididas por sus habitantes y que consoliden efectivamente la unidad de nuestro Ecuador. Siempre más democracia, nunca menos.

Para nosotros el valor básico de la economía es la solidaridad. Queremos una economía distinta, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos. A partir de esa definición aspiramos a construir relaciones de producción, de intercambio y cooperación que propicien la eficiencia y la calidad. El mercado por si solo no es la solución, tampoco lo es el Estado; por lo tanto, alentamos una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. No queremos una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal; por eso los bancos tendrán que vender todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera. Perseguimos una economía de propietarios y productores. Una economía que garantice el derecho de propiedad bien habida. Pero también el derecho a la propiedad de quienes nada o muy poco tienen. El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, nos declaramos contrarios a cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización, tanto como de toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

En lo social queremos que se prioricen los gastos en educación y salud, en tanto derechos humanos, que serán gratuitas y de primerísima calidad. Planteamos la universalidad de la seguridad social, de ninguna manera su privatización. Por igual establecemos la gratuidad de la educación en todos los niveles, incluyendo el universitario. Debemos empeñarnos en superar tanto el machismo como el racismo, así como toda forma de exclusión social.

Recordemos igualmente que la lucha en contra de la corrupción debe ser inclaudicable. No podemos permitir que la impunidad cubra tantos atracos a los recursos del pueblo ecuatoriano. Estamos convencidos de que con sanciones ejemplarizadoras, con mayor transparencia y creciente participación ciudadana combatiremos esta lacra, que ha crecido de una manera imparable en los últimos años.

Esta Constitución, la más ecuatoriana de la historia republicana, que ofrece una categórica propuesta de descentralización y autonomías, sobre bases de solidaridad y equidad, abre la puerta también a la integración regional, como paso fundamental para que los pueblos de Nuestra América puedan insertarse con dignidad e inteligencia en el contexto mundial. Y para hacerlo empieza declarando al Ecuador como un territorio de paz, en donde no podrán asentarse fuerzas militares extranjeras con fines bélicos, ni ceder bases militares nacionales a soldados foráneos; una decisión que coincide con la resolución del gobierno del presidente Correa para cerrar el año 2009 la base militar norteamericana en Manta.

Esta es, en una apretada síntesis, la nueva Constitución, un canto a la vida, un proyecto colectivo escrito ahora pensando en el mañana. Un proyecto que nos permita tener una vida equilibrada entre todos los individuos, con la colectividad y con la Naturaleza. Nunca olvidemos que lo humano se realiza en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza. Por eso, en forma pionera a nivel mundial, en la nueva Constitución hemos establecido que la Naturaleza es sujeto de derechos. Y de allí se derivan decisiones trascendentales: el agua es asumida como un derecho humano, que cierra la puerta a su privatización; la soberanía alimentaria se transforma en eje conductor de las políticas agrarias y de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad, para mencionar apenas un par de puntos.

Aceptemos que nosotros no somos los únicos portadores de esta propuesta de cambios transformadores e incluso revolucionarios. Nosotros hemos consolidado, convertido en norma del Estado, todas las voces de esperanza, de cambios revolucionarios; las propuestas, las marchas de tantas mujeres y hombres, indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, mestizos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, campesinos, maestros, jubilados, emigrantes, ecologistas, amas de casa, empleados, profesionales, comunicadores sociales, artesanos, pescadores, artistas, investigadores, empresarios pequeños, medianos e incluso algunos grandes que han apostado por el país y su desarrollo. Contamos con una valiosa memoria acumulada en tantas jornadas de lucha popular. Sólo con el concurso de todos y de todas podremos contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y libre, que es lo que nos ha orientado en la elaboración de esta nueva Constitución, entendida como un proyecto de vida en común.

Por lo expuesto, que apenas sintetiza algunos puntos de los conseguidos en Montecristi, tenemos que comprometernos con el sí en el referéndum del próximo 28 de septiembre como un paso más de esta larga lucha popular, para, luego de terminado el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, empezar el verdadero proceso constituyente. Esto significa disputar el sentido histórico del desarrollo, que en la actualidad, incluso dentro de la tendencia de cambio, se centra en el enfrentamiento de las tesis neodesarrollistas que se sustentan todavía en el extractivismo enfrentadas a las tesis de un desarrollo que busque consecuentemente el Buen Vivir, es decir que garantice la armonía entre sociedad, economía y Naturaleza.

Tendremos que consolidar nuestras propuestas en nuevas leyes y en renovadas políticas, una tarea que nos convoca a seguir caminando a los habitantes del campo y de la ciudad. Tenemos que apropiarnos de la nueva Constitución. Habrá que impedir que se trate de vaciar de contenido a la nueva Constitución, si ésta recibe el respaldo mayoritario de la población.

Hemos demostrado que tenemos voluntad de diálogo. Sin embargo, los acuerdos políticos tienen como condición innegociable sustentarse en el sentido de país, aportar al buen vivir, al bien común, y no sacrificar los intereses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones; los privilegios de unos pocos son insostenibles. A diferencia de las prácticas de los grupos oligárquicos (responsables de la crisis nacional) que han controlado el Estado durante décadas, no pretendemos ganar nuestras posiciones simplemente con la fuerza del número, sino con la de los argumentos. Por eso proponemos la conformación de un gran frente nacional, que se proyecte más allá del referéndum, para que la Constitución sea realmente de todos y de todas, no de un gobierno en particular.

Tenemos una gran responsabilidad por delante. Debemos cumplir con tantas esperanzas acumuladas, represadas y con una historia de cambios que nos permita vivir como seres humanos en un mundo posible. Urge pensar en el Ecuador que queremos dejar a las futuras generaciones: a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso en este momento, cuando estamos concluyendo esta etapa del proceso constituyente y empezamos una nueva fase, ratificamos nuestro compromiso con la Patria.

El proceso participativo que impulsamos para superar aquellas formas elitistas, carentes de representatividad y representación, necesariamente debe incorporar la pluralidad de expresiones, visiones e ideales del país que queremos. Debe abrir la puerta a un proceso de democracia sin fin, que es la senda para ir cristalizando el socialismo.
Tenemos una nueva Constitución por la que vale la pena luchar. Una Constitución que todos y todas seguiremos debatiendo y aprehendiendo, aún después del 28 de septiembre, en la búsqueda de que lo enunciado se vuelva parte de la vida de todos los días, de nuestros emprendimientos, de nuestra asunción de responsabilidades.

[1] Es esa apropiación, esa incorporación de ideas de esperanza y bien para todos — que demandaba sus tiempos — lo que debimos confrontar con la premura del cronograma, de la fecha límite. Como es conocido, mi posición — coherente con lo que pienso y en lo que creo, y que se sustenta en la deliberación democrática — no recibió el soporte y apoyo que requería. En consecuencia, renuncié a la Presidencia de la Asamblea Constituyente, a la cual fui elegido por casi unánime adhesión. Me opuse a esa suerte de embutimiento de textos, a forzar las intervenciones de los Asambleístas y a limitarlas. La manera como hemos concluido con lo encomendado, lamentablemente me ha dado la razón. Pero eso, sin embargo, más allá de algunos errores lamentables en la redacción, no afecta el sentido histórico de la Constitución de Montecristi.