Editorial La Jornada
Tras la liberación de una docena de presos políticos por el gobierno cubano y su posterior traslado a Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, señaló que estas excarcelaciones acelerarán el retiro del bloqueo económico y comercial que Washington mantiene contra la isla –a contrapelo de la justicia, la legalidad y la ética– desde hace más de cuatro décadas. Adicionalmente, el canciller español confió en que los 27 socios de la Unión Europea acepten modificar la llamada Posición Común, texto vigente desde 1996 que condiciona las relaciones entre Bruselas y La Habana a cambios en el régimen político de la nación caribeña.
Las declaraciones de Moratinos ocurren un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento), Ricardo Alarcón, afirmó que podrían efectuarse más liberaciones de las 52 hasta ahora anunciadas; dijo además que los indultados podrían quedarse a vivir en la isla si lo desean, y recordó que la voluntad del gobierno es excarcelar a todas las personas sobre las que no pesen crímenes de sangre.
Cabe saludar, por principio de cuentas, la decisión del gobierno cubano de liberar a disidentes encarcelados que, hasta hace pocos unos meses, no eran reconocidos como tales, sino que eran presentados como agentes al servicio de la Oficina de Intereses de Washington en La Habana. La rectificación constituye, en forma paradójica, una muestra de la solidez, la fortaleza y la estabilidad políticas del régimen cubano, y resta sustancia a quienes han encontrado en la rigidez política de las autoridades cubanas un argumento omnímodo y polivalente para descalificar, en conjunto, al régimen revolucionario.
Sin embargo, la rigidez, a lo que puede verse, no es tanta: las liberaciones comentadas tienen como telón de fondo el reconocimiento, por las propias autoridades de La Habana, de la necesidad de concretar cambios estructurales en la isla. Significativamente, esta misma semana el gobierno cubano emprendió la reubicación de más de un millón de trabajadores –que equivalen a la quinta parte de la fuerza laboral de ese país– en empleos productivos, medida que ha sido percibida por distintos analistas como preámbulo a la aplicación de reformas en los terrenos económico y social.
Las excarcelaciones comentadas no deben ser vistas, pues, como hechos aislados, sino como parte de un proceso mediante el cual se confirma que la institucionalidad cubana cuenta con la capacidad necesaria para la renovación y el cambio, incluso en el contexto de las sempiternas amenazas militares y las agresiones diplomáticas y económicas que el régimen ha padecido desde sus inicios.
Finalmente, y por lo que hace al ámbito externo, las liberaciones referidas plantean la perspectiva de un cambio de enfoque en la relación de Cuba con Europa occidental, e incluso con Estados Unidos. En ese sentido, y a pesar de las resistencias expresadas por Washington y Bruselas ante estas excarcelaciones –ayer mismo la embajada de Estados Unidos en Madrid señaló que es demasiado pronto para valorar la cancelación del embargo a Cuba, y la alta representante de política exterior de la Unión Europea indicó que es prematuro aventurar un cambio de la Posición Común del conglomerado de naciones hacia la isla–, es necesario que ambos acusen recibo de lo que debe entenderse como gesto de distensión por el gobierno de la isla, y que avancen, con voluntad política y buena fe, a la finalización de la política injusta, criminal y estéril en contra de la nación caribeña y sus habitantes.
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