Maite Ubiria
Gara
El ministro francés de Trabajo pagaría para que el caso Bettencourt se derritiera bajo el sol vacacional. Su problema y, por extensión el de su patrón, Sarkozy, es que todavía no es agosto y aquí y ahora varios casos de abuso de poder ejercen de amplificador del idilio financiero entre la dama de L'Oréal y la UMP. El sillón que ocupa el diseñador de la reforma de pensiones alcanza temperatura canicular.
La cara apesadumbrada del primer ministro francés, Francois Fillon, durante la sesión consagrada por el Parlamento Europeo al balance de la presidencia de turno española al frente de la UE puede tener, cuanto menos, dos lecturas. La primera se deriva de la compleja situación económica legada a la UE por Zapatero, la segunda tiene mucho más que ver con la crisis política interna.
Hace sólo unas semanas, Nicolas Sarkozy dejó a su primer ministro la «patata caliente» de comunicar a sus conciudadanos la congelación de gasto público durante los próximos tres años. La medida, sumada a la estela de reformas que se vienen aplicando ya sectorialmente, se traducirá en graves recortes presupuestarios, particularmente dolorosos en los capítulos de Educación, Sanidad, Cultura o Servicios Sociales.
Por poner un ejemplo cercano, el hotel social que debería facilitar un albergue estable a los sin hogar en Biarritz no se construirá al no haber aportado el Estado la parte a la que se comprometió para hacer frente a una obra que, junto a otras similares en el Hexágono, debería permitir que la cuarta potencia del planeta en gasto militar ahorrara a sus ciudadanos el triste espectáculo que supone ver cómo decenas de personas mueren de frío en las calles francesas cada invierno.
Claro que a la ministra de Ordenación Ciudadana, Fadela Amara, y a su colega de Industria, Christian Strosi, que se han encargado de asegurar a sus familias «alojamientos de prestigio», no se verán concernidos por el parón en la construcción de estructuras de acogida a los menos favorecidos.
Los ministros renunciables
Los de Strosi y Amara son dos de los nombres que suenan como prescindibles cara a una remodelación de gobierno anunciada por el presidente francés para otoño pero que parece cada día mas urgente a la vista de cómo discurren los acontecimientos.
Los medios franceses disparan contra Strosi y Amara, pero tampoco ahorran reproches hacia otros miembros del Ejecutivo. Sin despreciar la posibilidad de que algunas de las críticas que afectan a la «figura estrella de la integración» tengan un gusto de revancha, lo cierto es que con gran parte de los franceses haciendo cuentas para ver si podrán salir de vacaciones, no es muy de recibo que las esposas de los futbolistas de la selección que naufragó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica se alojaran en hoteles de cinco estrellas ni que la ministra de Deportes, Rama Yade, reservara una suite de lujo sin dignarse siquiera a darle uso.
La lista es larga pero hasta el momento sólo dos altos cargos han dimitido en razón de su modo de vida a todas luces ostentoso para los tiempos de austeridad preconizados desde el Gobierno conservador. El portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, ha explicado las renuncias de dos secretarios de Estado, el pasado fin de semana, con la afirmación de que «el presidente de la República y el primer ministro han actuado en consecuencia a la vista de acontecimientos que los franceses ni entienden ni aceptan».
No es muy entendible, ciertamente, que Christian Blanc pagara 12.000 euros por unos cigarros habanos. A no ser que el secretario de Estado del Gran París tuviera intención de agasajar con los selectos puros a todos los habitantes de su área de competencia. Pegado a la dimensión internacional de su cargo, que no a su espíritu, el titular de Cooperación y Francofonía, Alain Joyandet, optaba también por la dimisión después de que se conociera que se gastó 116.500 euros en un viaje a Martinica, para participar en una cumbre sobre el devastador terremoto en Haití. El ministro viajó en jet privado.
En el caso de Joyandet puede decirse que llueve sobre mojado, ya que hace un mes el satírico «Le Canard Enchaîné» desveló que el alto cargo se benefició de un permiso de construcción irregular para ampliar su mansión de Grimaud (departamento de Var).
El perfume que causa alergia
Con todo, el escándalo que tiene acorralado al partido en el gobierno es el idilio financiero entre la heredera del imperio L'Óreal y la UMP. El ministro de Trabajo, Eric Woerth, ha tratado de zafarse, sin éxito, de la polémica. En un principio, el escándalo tocó de manera indirecta al ministro que ha plasmado sobre el papel el proyecto de Sarkozy de retrasar la edad de jubilación y de aumentar los años de cotización a los trabajadores.
La esposa del ministro, Florence Woerth, figuraba en el staff de los gestores de la inmensa fortuna de la dama de L'Oréal. Tras abandonar ésta el puesto en la marca francesa más internacional, todo apuntaba a que el caso Bettencourt podía terminar en una efímera tormenta de verano. Sin embargo, la confirmación, vía ex contable de Elianne Bettencourt, de que hubo una donación de 150.000 euros a la UMP (según los libros de cuentas publicados por «Marianne», hasta 388.000 euros fueron retirados de la cuenta de BNP por la heredera de L'Oréal durante los cuatro meses previos a la elección de Sarkozy) da una nueva dimensión al escándalo. La financiación de partidos, en el origen de los escándalos más sonoros de la etapa Chirac, amenaza a su sucesor, quien ganó las elecciones, entre otros motivos, merced a la promesa de regenerar la actividad pública.
El escándalo se produce en un momento especialmente delicado para Sarkozy. El inquilino del Elíseo ha perdido tres puntos de popularidad en lo que va de mes y un 64% de los encuestados declaran tener una opinión negativa respecto a su presidente. Esos mismos sondeos elevan la popularidad de la secretaria general del PS, Martine Aubry, pero sobre todo catapultan a la fama a la heredera de la extrema derecha, Marie Le Pen. Y así se lo ha reprochado la UMP al PS, hasta el punto de provocar la estampida de sus diputados de la Asamblea Nacional.
Así las cosas, y tras forzar una intervención televisiva de Woerth, Sarkozy lanzaba por segunda vez a su primer ministro al ruedo de los medios de comunicación, para insistir en el argumento de que sólo se trata de una «campaña orquestada» y de una peligrosa deriva de la oposición hacia «los juicios de taberna», con el propósito evidente de desestabilizar al Gobierno.
El mensaje de serenidad se malograba a las pocas horas al conocerse la decisión de la Justicia de abrir una segunda línea de investigación, que compromete ya directamente al Ejecutivo, y que se suma a la investigación que se centra en determinar la cuantía de la evasión fiscal de Elianne Bettencourt.
Las barreras que ha colocado el Elíseo en torno al caso Bettencourt caen una tras otra, hasta el punto de comprometer a Sarkozy. Su apoyo público a Woerth puede que sea, como en el fútbol, sólo la antesala del cese. Pero un ministro que maneja las cuentas de campaña de su presidente dispone de poderosas bazas para negociar su futuro.
Financiación de partidos, talón de aquiles de Chirac y de su sucesor
La extinta RPR y el PS se reparten el grueso de los escándalos de corrupción ligados a la financiación de partidos. Entre 1988 y 2003 se han votado seis leyes con la intención de poner coto a la captación de fondos ilícitos.
Oficialmente, los partidos se financian por los fondos públicos recibidos por votos y escaños, y las donaciones privadas no pueden exceder los 7.500 euros por persona y año o 4.500 por candidato y campaña. La ley prohíbe las donaciones de empresas. El «caso Bettencourt» atañe a dos capítulos de la ley y ratifica los persistentes lazos entre élites económicas y poder político.
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