Agencias
Ayer finalizó el foro de las transnacionales en la Conferencia Río+20, el Corporate Sustainability Forum. Este foro auspiciado por el Global Compact ha favorecido el negocio de las empresas transnacionales y su legitimación para la mercantilización de nuevos territorios, bienes comunes, servicios... Todo ello bajo el argumento de que estas compañías son claves para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de los países del Sur Global. Frente a estos argumentos, centenares de organizaciones se están articulando en la Cumbre de los Pueblos para denunciar que estas corporaciones son precisamente las principales causantes de la fuerte crisis ambiental y de la violación sistemática de los derechos humanos.
El Global Compact ha organizado directamente el espacio donde, según este propio foro, cientos de transnacionales han desarrollado todo un trabajo de presión política hacia los gobiernos para conseguir su objetivo: privatizar y comercializar áreas, recursos y servicios de la naturaleza que, hasta ahora, no estaban bajo las normas del mercado por considerarse vitales: fundamentales para la vida. La sociedad civil, reunida estos días en la Cumbre de los Pueblos Rio+20, ve un enorme peligro en estas prácticas: la fuerte expansión de la minería, la especulación con los alimentos, el acaparamiento de tierras, la privatización de servicios básicos como el agua, -entre otros-, porque ofrecen pruebas palpable de los impactos futuros que puede tener introducir en el mercado más bienes y servicios.
La herramienta para frenar esta deslegitimación son alianzas público-privadas que han tenido en este espacio una enorme difusión y publicidad. Pero la actividad de las transnacionales no se frena con la clausura de este Foro -en el que ha participado el grupo Santander, dados sus fuertes intereses comerciales en Brasil-, sino que ha tenido un momento clave para su publicidad en el Bussiness Action for Sustainable Development (BASD).
Por otra parte, la expansión de este poder llega hasta las Instituciones Internacionales. La Alianza “¿Economía Verde? ¡Futuro Imposible!” denuncia cómo los grupos de presión empresariales, el capital financiero y las corporaciones multinacionales están influenciando las decisiones de la ONU consiguiendo bloquear la aprobación de soluciones efectivas en la protección ambiental y social o la defensa de los Derechos Humanos. Por ello, más de 335 organizaciones de la sociedad civil, representando a millones de personas en todo el mundo, han firmado ya una declaración conjunta, donde destacan y denuncian el control cada vez mayor que ejercen las empresas transnacionales en el seno de la ONU. Las organizaciones firmantes exigen una respuesta pública, donde Naciones Unidas manifieste de forma clara que su prioridad es servir al interés público y no al poder corporativo.
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