Perú: Al filo de la navaja

Javier Diez Canseco
La República

Masivos movimientos sociales, de los que varios fueron base electoral de Humala, le han planteado su primera prueba de fuego. El centro del conflicto ha girado alrededor de la minería, informal y formal, de Andahuaylas y Chincheros en Apurímac, Madre de Dios, y el proyecto Conga de Yanacocha en Cajamarca. Pero el desenlace más dramático, lamentable y preocupante ha sido el de Cañete, donde –por oposición a la ampliación del penal allí existente– la confrontación con la Policía ha terminado con un joven muerto, dos policías heridos de bala y decenas de heridos. Un explosivo escenario social que combina desborde de expectativas y frustraciones acumuladas.

Nadie duda: esto es parte del embalse de conflictos irresueltos que dejó Alan García. Pero era un asunto claro desde el inicio e implicaba estar alertas –desde el Estado y las organizaciones sociales– para desarrollar políticas de prevención y negociación con un criterio proactivo. De allí que la primera acción legislativa del Congreso fue aprobar la Ley de Consulta Previa en aplicación del Convenio 169 de la OIT, vinculada a conflictos con industrias extractivas.

Pero otros temas y compromisos políticos debían ser atendidos. Si el eje de los conflictos es con la minería, formal e informal, resulta fundamental anunciar e implementar la zonificación ecológica-económica del territorio nacional, el estudio hidrológico, y avanzar a una redefinición del manejo de la minería, en sus diversas expresiones, en el país.

No se trata de prohibir la minería, privándonos de recursos indispensables, sino de regular su funcionamiento y redistribuir beneficios. Respetar el manejo de aguas, cuencas y fuentes de origen, el medio ambiente y los requerimientos de la población. Hay que recuperar la credibilidad perdida –por el pésimo manejo de varias empresas mineras con la población– y la transparencia de los Estudios de Impacto Ambiental. Ello exige revisar lo que es materia de críticas y dudas, garantizar su veracidad y credibilidad. Parte de la renta minera debe traducirse en proyectos de desarrollo sustentable en las regiones, especialmente agropecuarios, de turismo y vías de comunicación, lo que rebasa el tema del canon o regalías. Podría plantear mecanismos de asociación en las empresas, proyectos de irrigación y producción en modelos como los de Sierra Productiva.

Ello requería una rápida iniciativa política que, lamentablemente, no asumieron el ministro de Energía y Minas y el gobierno. Más bien, con la SNMPE al pie, sentimos un discurso santificador de todos y cada uno de los estudios y contratos firmados, cuando precisamente se había planteado a la incredulidad y crítica de la población con la revisión técnica y legal pertinente y comprometida electoralmente, en la perspectiva señalada.

Peor aún, la tímida intermediación gubernamental con los movimientos que eclosionaban y que no encontraban canales al no asumir las condiciones señaladas ni abrir una mesa nacional de negociaciones que redefina el manejo de la minería en el país, en el interés nacional, fue desbordada.

Aquel “no acepto ultimátum de nadie” en lugar de recuperar iniciativa frente a los conflictos en curso y la versión de “Conga va”, en lugar de tomar tiempo y ver alternativas, ante la profunda desconfianza de amplios sectores de la población frente a Yanacocha, terminó favoreciendo la pérdida de confianza y a quienes se niegan a cualquier alternativa frente al tema minero que no sea la paralización absoluta de la minería.

El llamado gubernamental a parar el proyecto Conga es un giro que debe acompañar una Mesa Nacional de Negociación, pero hay quienes lo ignoran. ¿Quieren confrontación? Grave error, empujan un proceso que ya hemos vivido en el país: la militarización de los conflictos sociales. Ya sabemos cómo terminan: la sangre la pone el pueblo y los grupos de poder copan el poder. Ojo con jugar al filo de la navaja y cortarle las venas a un proceso de cambios que –con un gobierno de concertación en disputa– una amplia mayoría del país anhela.