Nuestro papel en la tragedia haitiana

Peter Hallward
The Guardian

Cualquier gran ciudad del mundo habría sufrido daños considerables por un terremoto como el que asoló la capital haitiana en la tarde del martes, pero no es ningún accidente que buena parte de la ciudad de Puerto Príncipe parezca ahora una zona de guerra. Gran parte de la devastación causada por la más reciente y desastrosa calamidad que ha golpeado a Haití se comprende mejor como el resultado de una larga e infame secuencia de acontecimientos históricos causados por el hombre.

El país ya ha tenido que enfrentar más catástrofes de las que en justicia le corresponden. Cientos de personas perecieron en Puerto Príncipe por un terremoto en junio de 1770, y el gigantesco terremoto del 7 de mayo de 1842 pudo matar a 10.000 personas solamente en la ciudad norteña de Cabo Haitiano. Los huracanes golpean a la isla con regularidad, los más recientes en 2004 y 2008; las tormentas del año 2008 inundaron la ciudad de Gonaives y destruyeron la mayor parte de su frágil infraestructura, matando a más de mil personas y destruyendo varios miles de viviendas. La extensión del actual desastre puede que no se conozca hasta dentro de varias semanas. Incluso reparaciones mínimas pueden tardar años en completarse, y el impacto a largo plazo es incalculable.

Sin embargo, lo que ya está bastante claro es que ese impacto será el resultado de un proceso histórico aún más largo de debilitamiento y empobrecimiento deliberado. Haití se suele describir rutinariamente como “el país más pobre del hemisferio occidental”. Esa pobreza es el legado directo del que tal vez haya sido el sistema de explotación colonial más brutal de la historia, agravado por decenios de sistemática opresión poscolonial.

La noble “comunidad internacional” que en estos momentos se prepara con gran estruendo para enviar su “ayuda humanitaria” a Haití es en gran parte responsable de la extensión del sufrimiento que ahora quiere aliviar. Desde la invasión y ocupación norteamericana de 1925, cada tentativa política seria de permitir que el pueblo haitiano pudiera pasar (en la frase del anterior presidente Aristide) “de la miseria absoluta a la pobreza digna”, ha sido bloqueado deliberada y violentamente por el gobierno de EEUU y algunos de sus aliados.

El propio gobierno de Aristide (elegido aproximadamente por el 75% del electorado) fue la última víctima de esa injerencia al ser derrocado en 2004 por un golpe patrocinado internacionalmente en el año 2004, que mató a varios miles de personas y dejó gran parte del país hundida en resentimiento. Las ONU ha mantenido en el país desde entonces una enorme y muy onerosa fuerza militar de pacificación.

Haití es hoy un país donde, según el mejor estudio disponible, cerca de 75% de la población “vive con menos de 2 dólares al día, y el 56% -cuatro millones y medio de personas– vive con menos de 1 dólar diario”. Decenios de “ajuste” neoliberal e intervención neoimperial han despojado al país de cualquier porción significativa de capacidad para invertir en su pueblo o regular su economía. Condiciones punitivas de comercio y financiación internacional garantizan la permanencia, en un futuro previsible, de esa indigencia e impotencia como hechos estructurales de la vida haitiana.

Es exactamente esa pobreza e impotencia lo que explica la extensión del actual horror en Puerto Príncipe. Desde los últimos años de la década de los 70, un implacable asalto neoliberal a la economía agraria de Haití ha obligado a decenas de miles de pequeños agricultores a trasladarse a viviendas informales y deficientes, a menudo encaramadas en las faldas de barrancos deforestados. La selección de la gente que vive en tales lugares no es en si misma más “natural” o accidental que la extensión de las heridas que ha sufrido.

Como indica Brian Concannon, director del Instituto por la Justicia y Democracia en Haití, “esa gente llegó a esos lugares porque ellos o sus padres fueron expulsados intencionadamente de las áreas rurales por políticas de ayuda y de comercio diseñadas específicamente con la intención de crear en las ciudades una fuerza de trabajo cautiva, y por lo tanto fácil de explotar; por definición se trata de gente que no cuenta con los medios para construir casas resistentes a los terremotos”. Entretanto, la infraestructura básica de la ciudad –agua corriente, electricidad, carreteras, etc– permanece deplorablemente inadecuada, a menudo inexistente. La capacidad del gobierno para movilizar cualquier tipo de ayuda contra catástrofes es prácticamente nula.

La comunidad internacional ha gobernado efectivamente Haití desde el golpe de 2004. Los mismos países que ahora alardean con el envío de ayuda de emergencia a Haití han votado sin embargo consistentemente, durante los últimos 5 años, contra cualquier extensión del mandato de la misión de la ONU más allá de sus objetivos estrictamente militares. Propuestas para desviar parte de de estas “inversiones” hacia programas para la reducción de la pobreza o el desarrollo agrario se han bloquedado, en consonancia con las pautas de largo plazo que siguen caracterizando la “ayuda” internacional.

Las mismas tormentas que mataron a tanta gente en 2008 golpearon a Cuba con la misma fuerza, pero aquí dejaron solamente 4 muertos. Cuba ha eludido los peores efectos de las “reforma” neoliberales y su gobierno conserva la capacidad de defender a su pueblo contra los desastres naturales. Si queremos seriamente ayudar a Haití a salir de su última crisis, deberíamos tomar en consideración esos resultados. Juntamente con el envío de ayuda de emergencia, deberíamos preguntarnos qué podemos hacer para favorecer el fortalecimiento de la autodeterminación del pueblo de Haití y sus instituciones públicas. Si queremos en serio ayudar, tenemos que dejar de intentar controlar el gobierno haitiano, pacificar a sus ciudadanos, y explotar su economía. Y luego tendremos que empezar a pagar al menos una parte del destrozo que ya hemos causado.