Genocida y corrupto: el desenmascaramiento de un gobierno embustero

 

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

En las últimas semanas, el gobierno Bolsonaro viene acumulando evidencias de corrupción en diversos ámbitos del quehacer nacional. De hecho, el ministro de (la destrucción del) medioambiente, Ricardo Salles, tuvo que renunciar debido a los procesos por los que está siendo sometido en la justicia por favorecimiento ilícito y por la exportación irregular de maderas a Estados Unidos y Europa. Estas maderas habían sido confiscadas anteriormente por la Policía Federal y devueltas a las empresas que realizaron la tala ilegal, a través de una ordenanza promulgada por el propio Salles. Durante su administración, el ex ministro fue desmontando todo el sistema de control y vigilancia del IBAMA y el ICMBio destinado a preservar los diversos ecosistemas brasileños (Amazonas, Sierra Atlántica, Pantanal, Cerrado central, etc.). Su papel en el ministerio fue, resumidamente, el de poner la máquina del Estado al “servicio” de corporaciones que ocupan ilegalmente las tierras en extensas regiones de frontera (grileiros) y de no fiscalizar las actividades extractivistas y la explotación de recursos realizadas por empresas mineras, forestales, agrícolas y pecuarias (estas últimas especialmente dedicadas a la producción de soja y ganado vacuno).

De esta forma, el ex ministro restringió al máximo la labor de los funcionarios de ambos institutos y pasó a entregar las tareas de protección del medio ambiente a miembros de la Policía Militar en los diversos Estados de la Unión, para favorecer la impunidad de los crímenes ambientales cometidos durante los últimos dos años. Ello se realizaba a pesar de los innumerables reclamos y resoluciones contra Brasil instauradas por organismos internacionales e, incluso, por empresarios de otros países, que dejaron de importar los productos brasileños como forma de presionar al gobierno por los innumerables crímenes ambientales ocurridos en el último periodo (quemadas descontroladas, incendios intencionales, devastación de los bosques, contaminación de ríos, lagos y napas subterráneas, destrucción de la biodiversidad y un largo etcétera).

En resumen, la salida del ex ministro se hizo inevitable cuando las autoridades ambientales de Estados Unidos devolvieron cargamentos de madera extraída ilegalmente y condenaron las acciones de Salles y sus colaboradores ante la justicia brasileña, razón por la cual se encuentra actualmente bajo investigación.

Pero no solo eso, Salles ha permitido también la invasión de territorios consagrados por la Constitución para los pueblos originarios bajo la modalidad de Reservas Indígenas, y en algunas de ellas las comunidades han sido atacadas con armas de fuego por grupos dedicados a la extracción de oro y otros minerales valiosos (garimpeiros), hiriendo y asesinando en algunos casos, a ancianos, mujeres y niños Yanomamis, Guaraníes, Kaiowás y de otras etnias nativas. En síntesis, desde que Bolsonaro asumió la presidencia la presencia creciente de madereros, ganaderos, grileiros y garimpeiros en esos territorios, han provocado una seria amenaza a la vida de dichas comunidades indígenas en la región amazónica y en diversas áreas habitadas por pueblos originarios.

Por otra parte, estudios realizados por el epidemiólogo e investigador Pedro Hallal en el marco de la crisis sanitaria, han demostrado que las comunidades indígenas han sido las más afectadas por la pandemia. Según ese estudio difundido recientemente, estas comunidades tienen en promedio 5 veces mayor riesgo de contraer el Coronavirus que el del resto de la población nacional. Los fallecimientos ocurridos entre los pueblos indígenas debido a la omisión y el abandono de que han sido objeto por parte del Estado brasileño, es una razón más que se suma a la acusación de genocidio que interpuso el Tribunal Penal Internacional, así como otras denunciadas efectuadas por organismos internacionales en defensa de los Derechos Humanos.

El presidente se hace el ofendido cuando lo acusan a él y a su administración de incentivar el genocidio. Pero, en rigor, que nombre se puede dar a un mandatario que ha dejado a su pueblo a merced de una pandemia sin tomar ninguna actitud frontal de combate a la enfermedad y que con su inacción y negligencia ha causado la muerte de millares de ciudadanos. Recapitulando la historia, ya sabemos de sobra que desde el inicio de las primeras defunciones causadas por el Covid-19, Bolsonaro desconoció la gravedad del propio virus y la velocidad con que avanzaban los contagios, descalificó y boicoteó las medidas de distanciamiento recomendadas por todos los especialistas y desestimuló el uso de máscaras. Por último, lo que ha sido más grave, es que el gobierno a su mando paralizó durante meses la compra de vacunas por ignorancia, prejuicio (le decían la “vachina”), indolencia y, agregaría, para satisfacer el instinto de muerte del presidente, como ya ha sido resaltado por diversos y connotados psiquiatras.

Reforzando su pulsión de Tánatos, el gobernante apostó en la inmunidad de rebaño e insistió en sabotear las medidas recomendadas inclusive por sus cuatro ministros de salud, argumentando que con toda la población contagiada el virus ya no tendría más efecto y la actividad económica volvería a recuperar su dinámica pre-pandemia.

De esta manera, el mandatario genocida se transformó en el mayor cómplice del virus, que con su política irresponsable y negacionista, permitió que el contagio se diseminase rápidamente por todo el país, generando incluso una nueva variante (Gama), causando el deceso de más de 510 mil personas e infectando hasta este momento a 18,4 millones de habitantes.

La corrupción salta al escenario

 A pesar de que su principal discurso de campaña era de combate a la corrupción, el gobierno enfrenta ahora las acusaciones de un funcionario del sector de importaciones del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, que habría sido objeto de presiones dentro del ministerio para firmar un contrato y repase adelantado de recursos (US$ 45 millones) para una sociedad offshore (Madison Biotech) con sede en Singapur, un país considerado un paraíso fiscal. El repase de recursos correspondería al pago de una factura por la compra de la vacuna Covaxin fabricada por el laboratorio farmacéutico indio (Bharat Biotech). Esta sería una primera entrega de la vacuna, pues el contrato global estipula la importación de 20 millones de dosis del inmunizante por un valor que asciende a los trescientos millones de dólares.

Luis Ricardo se negó a firmar este primer adelanto y denunció la situación a su hermano, el diputado federal Luis Claudio Miranda para que éste informase de la irregularidad al presidente Bolsonaro. Luego de una reunión entre los tres el día 20 de marzo, el gobernante quedó de tomar providencias y pedir a la Policía Federal para que investigase el caso. Hasta ahora nada fue realizado y el affaire finalmente salió ventilado a la luz pública, razón por la cual los hermanos Miranda fueron citados a la CPI del Covid, donde expusieron en detalle las sinuosidades y truculencias del ahora llamado Covaxin-gate.

Resumiendo, el presidente está siendo acusado de prevaricación, que es cuando una autoridad que conoce la existencia de un delito, no lo denuncia por negligencia o interés propio. En este caso, Bolsonaro deseaba encubrir al principal protagonista de este esquema de corrupción, que es precisamente el líder del gobierno, diputado Ricardo Barros. Es decir, están dados todos los elementos para considerar que Bolsonaro cometió un crimen al conocer las irregularidades cometidas por un miembro de su base y no hacer nada para indagar y contener la secuencia de ilícitos cometidos por este diputado y la empresa importadora de la vacuna Covaxin (Precisa Medicamentos), vinculada a la mencionada oficina de contabilidad fantasma con sede en Singapur. Es una madeja compleja que se ha ido desenredando poco a poco en el transcurso de estos días y que se suma a otras actividades de corrupción que venían siendo realizadas por el gobierno Bolsonaro, las que incriminan a muchos políticos de partidos aliados.

En su reciente libro, Como remover un presidente, el abogado y académico Rafael Mafei se pregunta por qué el actual mandatario no ha sufrido un proceso de impeachment, si viene sumando casi que diariamente infracciones a la constitución, entre ellos: amenazas e intentos de intervención a los otros poderes del Estado, perdida de decoro, abuso de autoridad, favorecimiento irregular y otras muchas transgresiones que se acumulan desde que asumió el cargo. En total, ya existen más de 130 pedidos de inhabilitación del presidente que se acumulan en el escritorio del presidente de la Cámara, diputado Arthur Lira. Hasta ahora aliado de Bolsonaro, Lira entiende que no están dadas las “condiciones” para iniciar un proceso de impedimento, a pesar de las innumerables pruebas que se han presentado en contra el ex capitán. Tal como señala el profesor Mafei: “Hasta aquí, los presidentes se preocupaban al menos en disimular la intención de agredir la Constitución. Él, al contrario, comete crímenes de responsabilidad en serie, abiertamente y de modo ostensivo. Cada comportamiento ultrajante e indecente busca sacar el foco de una infracción anterior. Bolsonaro y sus apoyadores son maestros en el arte de usar el crimen de hoy como distracción para el delito de ayer”.

Es cada vez más consensuado el hecho de que Bolsonaro está causando un grave daño a la población, a las instituciones y a la economía del país y que su narrativa anti corrupción se desmorona sistemáticamente con los escándalos que aparecen cotidianamente. En ese sentido, la opción del impeachment adquiere nuevamente fuerza, incluso para la clase empresarial y para algunos círculos políticos que hasta no hace mucho tiempo atrás lo apoyaban fervientemente. ¿Será que la derecha política, los empresarios y la jerarquía de las Fuerzas Armadas seguirán sustentando un gobierno que se ha ido descomponiendo también en sus “supuestas acciones” de enfrentamiento a la corrupción?

En mensajes intercambiados por los hermanos Miranda antes de encuentro con el presidente Bolsonaro, uno de ellos escribió: “Hoy descubriremos si Bolsonaro es cómplice u honesto”. A esta altura, parece que para los brasileños está claro que el gobierno del ex capitán no solamente ha sido el causante de un genocidio sin precedentes en la historia del país, sino que también, a pesar de su relato fraudulento, se encuentra contaminado con la lacra de la corrupción y las actividades criminales dentro del Estado, que asolan a este país desde épocas inmemoriales.

Bolsonaro é a crise sanitária

Cristina Serra

Folha de Sao Paulo

Cada vez que abre a boca, alastra a praga e espalha veneno

Jair Bolsonaro é como o vampiro de um conto de terror, insaciável em sua sede de sangue. Ele deu prova disso, mais uma vez, ao tentar flexibilizar o uso de máscaras. Para a imensa maioria da população brasileira, que não pode se dar ao luxo do trabalho em casa e é obrigada a sair em busca do pão de cada dia, a máscara e o álcool em gel são as duas únicas medidas de proteção, enquanto não tem vacina para todos e, sabidamente, existe o risco de reinfecção.

Como fazer distanciamento social em ônibus, trens e metrôs lotados? Com o nível de contaminação no Brasil, falar contra o uso de máscaras é, praticamente, tentativa de homicídio. Bolsonaro se esmera em confundir e desinformar. Esse aspecto do descontrole da pandemia entre nós foi destacado pelo médico sanitarista Claudio Maierovitch e pela microbiologista Natalia Pasternak, em depoimento à CPI da Covid. Desinformação mata.

Ambos assinalaram que uma pandemia só pode ser controlada com grande esforço coletivo. Daí a necessidade de campanhas permanentes de informação e esclarecimento. Bolsonaro faz o contrário. Estimula a população a ser agente de propagação da doença.

Bolsonaro é a crise sanitária. Cada vez que abre a boca, alastra a praga, pulveriza nuvens de pestilência, espalha veneno. É como um experimento altamente tóxico que escapou aos controles do laboratório. Mas, no comando do genocídio, ele não está sozinho. Tem o inacreditável suporte do Conselho Federal de Medicina, que deveria estar na vanguarda da defesa da ciência e da população, mas que advoga uma genérica "autonomia médica". Lava as mãos covardemente. Vai ficar por isso mesmo?

Quem ganhou dinheiro com a falcatrua do "tratamento precoce" também é cúmplice da carnificina. Essa é uma linha de investigação a ser aprofundada pela CPI. Bolsonaro tudo faz para derrubar o nosso sistema imune, em múltiplos sentidos. O risco que corremos é o de uma septicemia.

“De Dilma a Bolsonaro”, una tragedia en curso: un libro necesario para la comprensión del Brasil actual

Paul Walder

El Clarín de Chile

Qué ha pasado en Brasil. En el curso de tan pocos años el país del fútbol y el carnaval ha mutado en una escena amarga, morbosa y mortuoria. Un tiempo que ha corrido con una prisa extrema para acabar en un circo macabro liderado por un payaso perverso. Qué cerca está todavía aquel Lula da Silva en el inicio del siglo XXI de estos momentos sin carnaval, ni fiesta, ni fútbol.

De Dilma a Bolsonaro. Itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña, Ril Editores, 2021, es un libro escrito en el curso de una de las mayores crisis brasileñas. Un trance profundo y oscuro en el centro de gravedad sudamericano que el sociólogo chileno Fernando de la Cuadra nos narra con una precisión y cercanía a los hechos de este desbarranque histórico.

Una narración desde el inicio de la caída en el gobierno de Dilma Rousseff que sigue por los pasillos de la corrupta política y las maniobras en la sombra para desmantelar las políticas progresistas del Partido de los Trabajadores.

De Dilma a Bolsonaro es también un análisis desde categorías sociales y políticas que trasciende sus áreas hasta los medios de comunicación, las redes sociales y la violencia en las calles. Una narrativa que lleva consigo en la mayor amplitud el derrumbe de Brasil y busca dar respuesta a la mayor pregunta de todas. ¿Qué pasó para llegar a esto? ¿Hubo siempre, bajo los bailes y el fútbol un fascismo larvado? “Un proyecto de nación, que aspiraba a transformar Brasil en una gran potencia mundial, respetada en los foros mundiales, con un papel geopolítico estelar y miembro fundador de los BRICS, se fue reduciendo a un país sin ninguna relevancia e influencia a escala global y casi diría en una especie de paria en el concierto internacional de naciones”.

Es una narración cronológica, que pasa por distintas estaciones que anunciaban el accidente. Son textos que el autor publicó en diversos medios digitales, entre ellos El Clarín de Chile, y que conforman el itinerario de la tragedia sociopolítica en curso. Paso a paso, en un permanente descenso a los abismos de la política, tan conocidos y padecidos en nuestra región.

Fernando no oculta sus lecturas ni citas. Gramsci, Maquiavelo, Max Weber y Marx, cómo no, Hanna Arendt, Hobbes, Durkheim, Chomsky, Zygmunt Bauman… aparecen nombrados y citados como bases analíticas y comparativas. Y en el caso del fascismo, Umberto Eco, Primo Levi, Enzo Traverso para comprender el hundimiento de esta nación continente que “ha sido marcada por la combinación de una visión retrógrada y autoritaria de la sociedad, con la tentativa de imponer valores religiosos de matriz pentecostalista mezclados con una falsa moral en defensa de la familia y de la tradición”.

Un Brasil reducido a su peor expresión, exprimido de su fuerza social por hacendados subordinados a los intereses del gran capital. El lucro por delante y la religión como vertiente política fundamentalista pero especialmente irracional. Apocalípticos y terraplanistas, cultores de la muerte y nostálgicos de la dictadura, racistas y negacionistas en una deriva que nos llena de terror. La historia trágica centroeuropea puede decantar en una peor versión amazónica.

Fernando busca un momento para dar inicio a este drama. Un punto de corte es la Copa del Mundo de fútbol hacia finales de la primera década de este siglo. Una Copa que no arranca, fría, gris, incómoda, escribe Fernando. Una fiesta innecesaria llena de lujos que el país no está en condiciones de asumir tras el impacto global de la crisis de las hipotecas subprimes. Este es el inicio del gran drama brasileño, una Copa que se levanta a la fuerza y que no augura nada bueno. Ni para el país ni para el fútbol brasileño que el 2014 tiene tal vez la peor derrota de su historia al caer en Minas Gerais por 7 a 1 contra la selección de Alemania.

Es la derecha con sus medios que halla en la crisis económica la brecha para capturar al gobierno de Dilma. Una fractura que se extiende a través de todas las operaciones políticas judiciales, Lava Jato, Petrobras, Odebrecht y otros, hasta llegar al desmantelamiento no solo del programa social e inclusivo sino de la misma democracia. “Todos los indicios existentes permiten sostener que el golpe venía siendo urdido desde el mismo día en que Dilma Rousseff venció en las elecciones del 2014”. Y una vez consumado el golpe los demonios políticos ya están desatados.

Un interregno con Michel Temer, un personaje sin carisma, impopular, para consolidar el desastre. Un tiempo, escribe Fernando de la Cuadra, que fortaleció las posiciones más reaccionarias con figuras como Jair Bolsonaro y el auge de pastores evangélicos ultra conservadores que conducen a sus iglesias como rebaños obedientes y acríticos de la realidad. “Con un discurso simplista y antipolítico estos personajes surgen en momentos de desajuste y se presentan como seres mesiánicos que salvarán a la patria de todas las penurias”.

No hubo que esperar mucho para que el fascismo hiciera su aparición. El Ur-fascismo, o fascismo eterno de Umberto Eco y su apelación a unas clases medias frustradas por la crisis y la pérdida de sus niveles de vida. Unas clases medias que buscan a un chivo expiatorio para descargar su rabia y en su desorientación eligen lo que está a mano. El fantasma centroeuropeo vuelve al trópico y se encarna en este excapitán racista, negacionista, fundamentalista religioso, nostálgico de la dictadura y las torturas y profundamente anti izquierdista.

Lo que ha venido es el delirio de “un psicópata genocida de presidente”. No ha bastado con incendiar el Amazonas, en su odio patológico ahora deja morir a su pueblo. La pandemia hace estragos en Brasil mientras Bolsonaro se mofa de la OMS y del cuerpo médico. Con casi 17 millones de casos de Covid-17 y 473 mil muertes el país vive un drama político y humanitario.

Fernando de la Cuadra, que vive y padece esta tragedia en Brasil, no nos deja en el infierno. Bolsonaro no ha logrado dar el autogolpe ni invocar al Ejército para imponer una nueva dictadura. Y la izquierda sigue viva, Lula está libre y el tiempo corre hacia una nuevas elecciones en una creciente atmósfera de movilizaciones. Un libro necesario para comprender este trance entre los demonios políticos que azotan nuestra Sudamérica.

Copa América: Un circo macabro sin pan

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

La decisión del (des)gobierno Bolsonaro de ser anfitrión de la próxima Copa América representa un escarnio sobre su población, en momentos en que el país se aproxima con alarmante velocidad hacia los 470 mil fallecidos por la pandemia del Covid-19. Los números elevados de casos de contagios registrados en los últimos días, indican que la circulación intensa del coronavirus se encuentra descontrolada en el país. A eso hay que sumar los problemas con la lentitud de la inmunización de las personas por medio de la vacunación, con escasez de vacunas en muchos estados y municipios.

Después de ser descartada por los gobiernos de Argentina y Colombia, la sede de la Copa está migrando para Brasil en un momento en que los especialistas evalúan la inminencia de una tercera ola de contagios producidos por las nuevas y más peligrosas variantes de cepas, como la indiana y la amazónica. A pesar de que la preferencia de la Conmebol era realizar este certamen en los Estados Unidos, el gobierno de Biden no aceptó la oferta de la Confederación por considerarla riesgosa para la salud de la población. En ese contexto, surgió como alternativa Brasil y tras una breve negociación con el gobierno brasileño, este aceptó efectuar el torneo en su territorio.

 Para el médico Leonardo Weissmann, miembro de la Sociedad Brasileña de Infectología, este anuncio del gobierno es “totalmente absurdo e irresponsable. El campeonato está programado para ocurrir cuando el país se encuentre alcanzando la cifra de 500 mil vidas perdidas, una absoluta falta de respeto”.

Luego de las manifestaciones multitudinarias contra su administración y del avance de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI del Covid) que cada vez reúne más pruebas sobre la negligencia y las omisiones del gobierno en el enfrentamiento de la pandemia, el ex capitán intenta desviar las atenciones con esta jugada de última hora que le proporcionó el impasse generado por la inexistencia de un país dispuesto a hospedar la referida Copa.

Improvisando todo a última hora –la Copa comienza el próximo 13 de junio-, ya existen algunos gobernadores que se han negado a que sus Estados sirvan para albergar los juegos (Pernambuco) o se recusan a aceptar los partidos con asistencia de público. El mundo político también se ha declarado estupefacto ante esta decisión del ejecutivo y culpa al presidente de intentar colocar una cortina de humo sobre los graves problemas que vive la nación: crisis sanitaria con un promedio de 2.000 muertes diarias, recesión económica y desempleo histórico de 15 millones de personas (14,6%), inflación galopante y pedida del poder adquisitivo de los ciudadanos, destrucción de las florestas, crisis hídrica y eléctrica, desmantelamiento del aparato público, especialmente en los ministerios estratégicos, aumento expresivo de la miseria y falta de seguridad alimentaria.

Es un circo macabro para un pueblo golpeado por la pobreza y el hambre, que sólo puede agradar a los acólitos de la extrema derecha que verán realizada su pulsión de muerte y destrucción. Una de las críticas más frecuentes, es la rapidez que tuvo el gobierno para aceptar la sede de esta Copa, cuando recientemente demoró más de 3 meses en pronunciarse en relación al ofrecimiento de vacunas realizado por la farmacéutica Pfizer, como ha quedado demostrado precisamente en el marco de la CPI del Covid.

Frente a las dudas respecto a las posibilidades de organizar un evento de esta magnitud en tan poco tiempo (menos de 2 semanas), el vicepresidente Mourao respondió que Brasil ya tiene construido los estadios y la infraestructura necesaria desde la época del Campeonato Mundial de 2014. Lo que no se sabe todavía es si las delegaciones participantes de los otros 9 países se encuentran vacunadas, como ordena el protocolo sanitario en estos casos. Realizar el torneo en las actuales condiciones de pandemia e incertidumbre sanitaria, únicamente puede redundar en mayores perjuicios para los jugadores, equipos técnicos, organizadores, periodistas y para la población en general.

Es sabido que los brasileños aman el futbol, pero en este caso ellos perciben que anunciar de improviso la Copa América en este territorio, parece más la vieja consigna del “pan y circo” utilizada desde los tiempos del Imperio Romano. Solamente que ahora se trata más de circo que de pan. Estudios realizados este año por un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) junto con la Universidad de Brasilia (UnB) y la Universidad Libre de Berlín, revelaron que la situación de inseguridad alimentaria grave o moderada alcanzó a casi un 30 por ciento de la población brasileña, es decir, a 58 millones de personas. Otro porcentaje de la población se encontraría en situación de inseguridad alimentaria leve (31,7%), es decir, cuando existe la preocupación de que la comida acabe antes de tener dinero para comprar más o falten recursos para mantener una alimentación saludable y variada. Sumando ambos grupos, se constata que casi un 60 por ciento de los habitantes se encontrarían en condiciones de inseguridad alimentaria, lo que equivale a un total de 125 millones de personas.

Los resultados muestran una aceleración en el aumento de la miseria en Brasil, con cifras que se disparan en medio de la pandemia, de la crisis económica y el desmantelamiento de las políticas públicas de combate a la pobreza. El estudio concluye que se ha acentuado el hambre en el país, llegando a niveles similares a los de inicios de este siglo (2003), antes de ser creados los programas Fome Zero y Bolsa Familia durante el primer gobierno de Lula da Silva.

Esta maniobra de distracción inventada por el presidente genocida y sus asesores es tan burda y bizarra que es posible que no tenga éxito y sea bloqueada por el Supremo Tribunal Federal, a partir de recursos legales interpuestos por políticos y epidemiólogos que ya se encuentran movilizados contra este evento, junto a importantes sectores de la sociedad y de la opinión pública que se expresan fervientemente contrarios a la realización de esta fanfarronada en suelo brasileño.

El miedo al pueblo

Claudio Fuentes

CIPER

La transición comienza a desvanecerse y con ello se podrían debilitar también las antiguas relaciones de autoridad que se mantenían en base al miedo, sugiere el autor. Ahora es la élite la que teme: ve llegar a los centros de poder a personas que no conoce y los percibe como “antisistema”, dispuestos a destruirlo todo. Pero las propuestas de los “recién llegados” son puro sentido común, sugiere el autor.

En agosto de 1980, Eduardo Frei Montalva sostuvo un encuentro con la Democracia Cristiana en la antesala de lo que sería el plebiscito de 1980. Allí se explayó sobre la necesidad de rechazar la Constitución. Sostuvo en esa ocasión que “toda esta Constitución está construida sobre la base del miedo. El miedo al pueblo. ¡Todas son restricciones!, ¡todas son medidas defensivas!, ¡todos son cercos para apretar a la gente para que no se exprese!”. Frei Montalva tenía la convicción de que como generación debían confiar. “Debemos creer en nosotros mismos. No tener miedo. Eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que construir una Constitución sobre la base de que creemos en nuestro pueblo”, sostuvo.

El miedo al pueblo ha sido uno de los sentimientos más persistentes y duraderos de nuestra historia. Lo señala con particular agudeza Kathya Araujo en su libro El miedo a los subordinados (2016, LOM), donde plantea que desde los albores de la República se construyeron dos modelos de autoridad. Uno de tipo portaliano, que actúa por sobre la legalidad y que usa la fuerza para sostener el orden y su propia autoridad; y el modelo del hacendado, donde se establecen relaciones de reciprocidad entre el patrón y el trabajador y en las que el orden se sostiene por la obediencia y la veneración a dicha autoridad.

Ambos modelos ocupan una medida de fuerza. Comprender cómo se organizan las relaciones sociales y la autoridad es crucial para analizar el momento que vivimos tras las elecciones. De pronto vemos que el viejo orden de la transición en Chile comienza a desvanecerse, y con ello se desvanecen las relaciones de autoridad que la sostenían en base al miedo.

Desde el punto de vista legal, y siguiendo la reflexión de Frei Montalva, la Constitución de 1980 organizó las relaciones de poder para perpetuar la autonomía militar —la que fue parcialmente minada con la reforma de 2005—, y las relaciones de autoridad jerárquicas y centralistas. En ese texto la ciudadanía, el pueblo, no existen salvo para cumplir con un rito que ocurre cada cuatro años para elegir representantes. El aparato institucional organizó además una serie de balances y contrabalances precisamente para evitar que el poder saliera de ciertas manos, a través del Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, los poderes de veto y los quórums.

Desde el punto de vista político, la historia es conocida: los partidos se distanciaron de sus raíces territoriales y la autoridad amenazó contra los cambios: se corría el riesgo de ahuyentar a los capitales si se subían los impuestos; o había peligro de romper los equilibrios fiscales o de incrementar las expectativas inflacionarias. También se afirmaba que desaparecerían puestos de trabajo si no se aprobaba un megaproyecto de inversión en algún territorio. Después de 1988, donde cada voto contaba, cada vez más personas comenzaron a pensar que daba más o menos lo mismo por quién se votaba y progresivamente fueron abandonando las urnas.

A lo anterior se sumó la ruptura del lazo entre lo político y lo social (Garretón 2012, Araujo 2016, Luna 2017). Dejaron de existir mecanismos de intermediación. La Iglesia Católica dejó de actuar como un puente entre las élites y las poblaciones. Tampoco los partidos —sobre todo los de izquierda— ejercieron un rol de vínculo entre las demandas sociales y el Estado. La modernización avivó el optimismo de los sectores más acomodados, mientras esa misma modernización se transformaba en tarjetas de crédito y deudas. Vino el agobio individual y la constatación de que los sectores acomodados (empresarios, políticos, curas y militares) abusaban del poder.

Hoy experimentamos un momento único de revisión sustantiva del lazo social y político que organiza nuestra convivencia. Y, como era de esperar, emerge nuevamente el miedo al pueblo. El pueblo salió a la calle, no una, sino cientos de veces en la última década, cansado de las promesas incumplidas. Incluso llegó a la frontera social invisible de Plaza Italia y comenzó una larga batalla que aún no ha terminado por la “dignidad”. No es casual que el conflicto permanezca en dicha frontera, pues es la expresión más patente de las desigualdades que enfrenta el país: la división entre ricos y pobres, privilegiados y excluidos o hacendados y asalariados.

Lo sorpresivo de esta historia es que aquellas personas cansadas de “los mismos de siempre”, agotadas con el abuso y el ninguneo, se organizaron y superaron todas las barreras legales imaginables (petición de firmas, financiamiento electoral, franjas irrisorias, armado de listas, entre otras). Así, contra todo pronóstico, lograron llegar hasta la Convención Constituyente. Y que se instale en el centro del poder un grupo que no pertenece a las élites habituales infunde miedo. Siempre el pueblo ha infundido temor, uno visceral a lo desconocido. Pero también un temor a perder el poder.

El hacendado y su inquilino

Los días que han seguido desde el fin de semana han demostrado la sorpresa y el temor. Es el caso del diario El Mercurio, que en su editorial del día lunes 17 de mayo sostuvo que: “Es, sin embargo, una extraña paradoja el que precisamente en estos 30 años —frente a los cuales se ha manifestado un tan rotundo ánimo de cambio—se hayan alcanzado algunos de los mayores logros de la historia nacional, en términos de desarrollo económico, avance social y reducción de la desigualdad”.

En estas palabras resuena algo de la relación hacendado-inquilino que describe Araujo, donde el primero se preguntaría: “¿Por qué protestas y me tratas así cuando te he alimentado, te he dado cobijo, he educado a tus hijos? ¿Por qué me pides más si te he dado tanto?”.

También se ha observado el temor a la caída de la bolsa, al ver que la derecha no controlará el tercio de la Convención. Asimismo, las editoriales en los diarios advierten de la “actitud rupturista” de los independientes de izquierda que fueron electos.

Hay quienes señalan que estos nuevos grupos vienen con un proyecto refundacional y quieren destruirlo todo. Respecto a este punto, el historiador Joaquín Fermandois nos advierte que “después vienen los independientes, en número los claros vencedores, inconfundiblemente antisistema todos, por darles un nombre”. Las preguntas son varias: ¿Por qué una multiplicidad de representantes de organizaciones territoriales querrían destruirlo todo? ¿Se trata de las masas afiebradas que, así como destruyeron paraderos de micro, ahora se instalarán en la Convención para destruir todo lo que esté a su paso? ¿Es esa la lectura adecuada que debiésemos hacer?

Un breve recuento de algunas de sus propuestas programáticas de aquellos y aquellas que han resultado electas, puede ayudarnos a responder estas preguntas. Señalaré solo algunos párrafos de las propuestas hechas por este mundo al que la elite teme.

Dayana González (D3), dirigente social y profesora, plantea al inicio de su programa que se requiere “la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los derechos sociales, económicos, culturales, y lidere, con colaboración privada en algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión”, todo esto en el marco del cambio climático y la revolución científica tecnológica, afirma.

Ivanna Olivares (D5), educadora y gestora cultural, sugiere en su programa una serie de ejes —bastante comunes en la mayoría de las propuestas programáticas de candidaturas independientes— que se asocian con un Estado “solidario y plurinacional”, un Estado con perspectiva de género y feminista, así como un Estado ecocéntrico, donde se establezcan medidas de protección y preservación. Asimismo, aboga entre los ejes de su programa por establecer un Estado decolonial que acepta los principios organizativos y saberes ancestrales, además de un Estado laico, descentralizado y regionalista; un Estado garantista y protector de los derechos humanos. Se pone atención en el cambio climático y en la revolución digital que son dos transformaciones globales que transformarán el planeta.

Fernando Salinas (D18) coloca énfasis en su programa en la necesidad de crear un Estado constitucional ambiental, igualitario y participativo. Propone una serie de deberes constitucionales como “el primero es el respeto por la diversidad, lo que implica el deber de tratar a los distintos como legítimos otros. El deber de proteger a nuestras ancianas y ancianos, así como a toda minoría; el deber de estudiar y trabajar con responsabilidad, asumiendo que estas actividades tienen un profundo impacto social y no solo un interés individual; el deber de respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de un régimen democrático y de un gobierno legítimo”.

De la lectura de un sinnúmero de programas emerge una mirada crítica sobre el actual momento histórico, desde el punto de vista de la participación democrática, la calidad de vida, la garantía de derechos y las inequidades sociales. En muchos de ellos se critica el modelo económico extractivista, argumentando que ha afectado seriamente el bienestar de los territorios y ha dañado las condiciones de la vida humana y de la naturaleza. Es interesante destacar que gran parte de las propuestas provienen de activistas, que por muchos años han estado atentos a las problemáticas en zonas de sacrificio. Y son estos temas los que han encauzado los conflictos sociales de la última década.

Propuestas refundacionales

Lo que un segmento de las élites no termina de comprender aún es que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente. Es más, algunos efectos de ese crecimiento han sido altamente negativos para determinados territorios, incluyendo lagos, bosques, ríos, salares, glaciares y mares. No es casual el fuerte acento que muchos programas tienen en medioambiente, probablemente uno de los temas más relevantes en el escenario global (por el cambio climático) y nacional (por el modelo económico extractivista).

Pero, ¿son refundacionales las propuestas que se esbozan? Sin duda en muchas dimensiones lo son. Resulta curioso que ahora estas propuestas causen tanto escozor, cuando se trata de temas presentes en el debate público desde hace décadas y que se han transformado en una preocupación incluso a nivel internacional. Se plantea, por ejemplo, la idea de un Estado Regional, acompañado de un debate político de 30 años o más; se propone también la posibilidad de un Estado Plurinacional; y, por último, se plantea un sistema de gobierno con mayor equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo. ¿Debiese sorprendernos todo esto?

Escribir una Constitución es un acto para reconstituirse y para revisar las bases de la convivencia social, porque se percibe que algo no está funcionando o está funcionando muy mal. En la Convención se expresarán una multiplicidad de diversidades, sociodemográficas, territoriales e ideológicas que por el momento sería inadecuado “clasificar”. Ante todo son personas que concurrirán al foro público a intentar convencer al otro de sus ideas, a deliberar. Tendrán el mandato de establecer un acuerdo, un nuevo texto que guíe el destino del país por las próximas décadas.

El miedo al pueblo considera —además de la perplejidad y el temor— una tercera reacción asociada a intentar clasificar bajo paradigmas tradicionales esta nueva forma de hacer política. Inmediatamente se busca contabilizar cuántos candidatos son de derecha y cuántos son de izquierda. Lo mismo opera con los representantes de pueblos originarios. De hecho, ya andan circulando mapas que intentan ubicar a los constituyentes en el eje izquierda-derecha.

Tal vez, solo tal vez, es un error seguir funcionando bajo el esquema de pensamiento del viejo orden. Dada la fragmentación de la Convención, la dinámica que podría anticiparse es más flexible y podría funcionar desde el punto de vista de los temas que se vayan discutiendo. ¿Por qué debemos asumir que ciertos grupos funcionarán como bancada todo el tiempo y en cada debate que emerja? El impulso por “clasificar” y “categorizar” es quizás una respuesta ansiosa para reducir la incertidumbre subjetiva frente a un cuerpo deliberativo que no se conoce. Las experiencias constituyentes en otros países muestran que existen factores subjetivos (liderazgos y dinámicas de cooperación) que son vitales a la hora de decidir.

Resulta iluminadora en ese sentido una de las primeras entrevistas que dio la recién electa constituyente Giovanna Grandón (más conocida como “tía Pikachu”), que planteó la necesidad de lograr acuerdos en la nueva Constitución para que todos los chilenos tuvieran mejores oportunidades en educación, vivienda, salud y pensiones, además del derecho al agua. “Si uno se postuló es para hacerle bien al país, no para que quede exactamente igual o peor. Hay que llegar a un acuerdo para que el agua sea un derecho universal, no como en el norte donde las paltas tienen más derechos que la gente”, declaró.

Además en la entrevista agregó: “Ese es el tema, los acuerdos. Y tampoco vamos a ser Chilezuela ni nada. Tampoco queremos quitarles los privilegios y que las empresas quiebren, pero sí que la gente tenga al menos agua… Nosotros decimos ¿Cómo a estas alturas de la vida no hay agua potable para las personas?”.

En base a lo expuesto, la discusión constituyente intentará recuperar los sentidos comunes: que la gente tenga agua para beber, que exista un modelo de desarrollo que evite zonas de sacrificio y dañe irremediablemente a la naturaleza, además de que el poder se distribuya para permitir que la ciudadanía pueda tomar decisiones en temas vitales. Sumado a eso, que podamos convivir en un medioambiente diverso y que nos preocupemos del cambio climático que está afectando seriamente nuestras vidas. Lo novedoso de esta historia es que ahora vemos a Giovanna Grandón calmando la ansiedad de las élites de convertirnos en Chilezuela. Puro sentido común.

La banalización de la muerte y la masacre de los pobres

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

La masacre perpetrada recientemente en el barrio de Jacarezinho, Rio de Janeiro, en que fueron asesinados 27 moradores jóvenes de esa comunidad, refleja visiblemente el carácter de extrema derecha del actual gobierno que ha dado carta blanca para que las diversas Policías (Militar, Civil y Federal) ocupen a sangre y fuego las áreas pobres de las principales ciudades de Brasil.

Las declaraciones del Vice-Presidente de la República, Hamilton Mourão, fueron el corolario de la visión prejuiciosa y maligna que tienen las autoridades sobre las personas que habitan en los territorios más carentes. Ante la consulta sobre el número excesivo de fallecidos entre la población civil que dejó el operativo de la Policía Civil, el General Mourão sintetizó en una frase simple y brutal su opinión sobre la secuela de muertes que dejó la acción policial: “Son todos bandidos”. Para él poco importaba el estatus jurídico de los jóvenes ultimados, porque al final no eran más que pobres y con eso basta para justificar la matanza. “La policía no mata sola. Este es un tipo de discurso que legitima la barbarie y la violencia policial”, afirmó luego de conocer estas afirmaciones, el abogado Joel Luiz Costa, coordinador del Instituto de Defensa de la Población Negra.

En los hechos, actualmente existe escasa regulación sobre el comportamiento abusivo de los organismos encargados de velar por la Seguridad Ciudadana, transformándose en una especie de cuerpo autonomizado del brazo represivo del Estado, con poco o ningún control por parte de las instituciones que conformarían el llamado Estado Democrático de Derecho. Sin que operen efectivamente los límites y restricciones institucionales establecidas por la Constitución de 1988, las policías usan y abusan de una violencia arbitraria orientada a aniquilar principalmente a los segmentos más vulnerables del país, sobre todo a los hombres jóvenes, negros y pobres que habitan en esas comunidades más carenciadas o favelas. En el año 2019 fueron más 47 mil muertes violentas en el país, de las cuales 74 por ciento correspondieron a población negra y en que más del 50 por ciento tenían entre 15 y 29 años.

En rigor, las llamadas fuerzas del orden actúan con total impunidad debido a la postura contemplativa de una “política de exterminio” que ha sido avalada por los agentes del Estado, comandantes militares, ministros y subsecretarios, gobernadores, alcaldes, miembros del poder judicial y, también, una parte de los electores influidos por el discurso de odio y de criminalización de los pobres que ha sido difundido hasta el cansancio en los últimos años por autoridades y medios de comunicación. Esta masacre refleja, en síntesis, lo que una parte de la sociedad entiende como la solución para los problemas de seguridad pública: “Bandido bueno es bandido muerto”.

Max Weber concibió al Estado burocrático moderno como aquella entidad que posee la legitimidad para detentar el monopolio del uso de la fuerza o la violencia física dentro de los límites de determinado territorio. Es decir, dicho Estado consistiría en el establecimiento de una relación de dominación de un ente superior sobre el conjunto de los ciudadanos, fundado en el instrumento que le otorga la legitimidad del uso de la violencia bajo la aceptación de quienes se someten a esa autoridad reivindicada por los agentes dominadores emplazados en el Estado y sus aparatos de coerción.

Pero esta legitimidad otorgada por las personas al Estado y sus instituciones se vería afectada seriamente cuando ciertas instituciones de su estructura actúan con una autonomía transgresora de las reglas del juego definidas y compartidas en las democracias modernas. La utilización desmedida de la fuerza hiere y flagela el cuerpo social que se rebela tarde o temprano contra la arbitrariedad y el abuso, como ha sucedido históricamente en las luchas de las poblaciones contra los regímenes autoritarios o dictatoriales. Exceptuando el caso de las sociedades tremendamente controladas -o como en las distopías literarias al estilo de 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley- la tendencia es que las personas lleguen al hartazgo de las políticas represivas y se organicen para combatir la tiranía y la opresión. No obstante, hay que reconocer que la masiva adhesión al régimen Nazista o al propio fascismo en tiempos de Mussolini son temas que continúan intrigando a los cientistas sociales que se inspiran en las categorías o tipos ideales weberianos para interpretar la cuestión de la legitimidad detentada por la autoridad.

Fuera de estas consideraciones más generales, lo que se puede observar en el caso brasileño es la utilización de una fuerza predatoria para combatir la pobreza instalada en determinados territorios. La Policía y también las Milicias -que son integradas por militares, policías en actividad y ex policías-, se han erigido en una fuerza criminal dentro del Estado con fuertes vinculaciones con la clase política: diputados, alcaldes, concejales y otros agentes del poder local. Las milicias se consolidaron en las grandes ciudades y representan la mano del terror del Estado sumergida en la ilegalidad y en la impunidad. Fue avanzado en los territorios dominados por el tráfico hasta llegar a las Asambleas Legislativas de cada Estado de la Federación e instalarse finalmente en el Congreso y el Poder Ejecutivo, ahora con la anuencia y el apoyo indesmentible de la familia Bolsonaro. Son responsables de numerosos crímenes que los Tribunales de Justicia ignoran, desconsideran y descartan por cobardía o conveniencia.

Estas milicias funcionan en los intersticios de un Estado omiso que mantiene la lógica de ocupación del territorio para actividades delictivas y el control sobre un conjunto de actividades importantes en el quehacer cotidiano, que van desde el transporte urbano, la distribución de gas, la señal del cable, etc. que pasa también por la oferta de protección a los comerciantes y llega finalmente hasta la supremacía en el mercado de armas y drogas. Es una red cada vez más extensa que interviene actualmente en más del 60 por ciento de las operaciones criminales que existen entre las casi 700 favelas existentes en la metrópoli carioca.

La favela de Jacarezinho es un espacio dominado por el Comando Vermelho (CV) y por eso fue necesario realizar esta operación de “limpieza” para dejar el terreno despejado para la instalación posterior de las milicias. Situada en una región estratégica de la zona norte de Rio, en esta comunidad habitan aproximadamente 40 mil personas que luchan diariamente para sobrevivir en el contexto de la pandemia. La mayoría de las familias de esta parte de la ciudad, han sufrido en carne propia los efectos del desempleo y la precarización del trabajo que se ha profundizado desde el inicio de las restricciones y las cuarentenas decurrentes del avance de este flagelo que afecta a todo el planeta.

Jacarezinho, como otras favelas emblemáticas de Rio de Janeiro (Rosinha, Santa Marta, Complexo do Alemão, Maré, Vidigal, Turano, etc.) han venido experimentando desde hace muchos años la violencia devastadora del Estado brasileño, como se encuentra demostrado en numerosos estudios e informes elaborados por instituciones de Derechos Humanos y por el propio Ministerio Público a través de la Procuraduría del Gobierno Estadual.

En una investigación realizada por especialistas de la Universidad Federal Fluminense (UFF), en que analizaron 11.323 operaciones efectuadas por las Policías en el Estado de Rio de Janeiro en los últimos 15 años, se concluye que, considerando el número de muertos, heridos, detenidos y decomiso de drogas y armas, la mayor parte de dichas incursiones (85 por ciento) fueron completamente ineficientes en el combate al crimen organizado. Y muchas de ellas tuvieron un resultado desastroso sobre los habitantes, con numerosas muertes por causa de bala perdida o como consecuencia de disparos efectuados por las fuerzas policiales.

En lo que sin duda estas operaciones han sido exitosas es en la difusión del miedo entre los habitantes de las comunidades pobres del país, que cotidianamente ven sus vidas devastadas por el exceso de violencia que termina en la muerte de muchos inocentes y que coarta sus necesidades de circular libremente por el territorio, ejercer sus derechos en plenitud y llevar una existencia digna. El Estado ha operado durante décadas con desprecio por los barrios pobres, ayudando a reproducir la violencia y la marginalidad, para luego penalizar y reprimir las estrategias de supervivencia que emergen desde la propia población.

La penalización funciona como un mecanismo que busca invisibilizar los problemas sociales que existen entre los sectores carentes y que el Estado no enfrenta con políticas sociales sino con mayor represión y exclusión. Como señala acertadamente Loïc Wacquant en su libro Castigar a los pobres: “La cárcel actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado”.

Cárcel y asesinato, esas son las políticas “emprendidas” por el actual régimen neofascista para mantener sometidos a los pobres, para diseminar el miedo entre los habitantes de la periferia y para domesticar y subyugar la mano de obra que producen las favelas. Si no es a través de los organismos “legitimados” por la institucionalidad democrática, lo es a través de aparatos extra institucionales que cuentan con el beneplácito y la complicidad del gobierno.

El asesinato sumario de algunos de estos jóvenes (ejecutados con tiros en la cabeza luego de su rendición) refleja no solo el desprecio por los pobres y negros, sino que también expresa la completa banalización de la muerte. En un país donde gobierna la necropolítica, la perdida de algunas vidas de “bandidos” no tiene ninguna importancia si comparados con los más de 420 mil fallecidos que se acumulan a causa del Coronavirus. La tragedia brasileña se tiene que acabar para un sector mayoritario de la población –como los habitantes de Jacarezinho- que no soporta más sufrir tanto descaso y abandono. Sin embargo, las instituciones continúan dando soporte a una administración que parece que tiene como horizonte terminar con cualquier garantía democrática para imponer definitivamente un régimen de carácter autoritario, que perpetúe los privilegios y las desigualdades entre los brasileños.

Freire y la ciudadanía. Reflexiones desde la Educación Popular

Jorge Osorio

Merlinescas

Ad portas de conmemorar los 100 años del natalicio de Paulo Freire un ejercicio de estudio y reflexión de su pensamiento acerca de la política, de la ciudadanía-comunidad y de la educación es muy pertinente, máxime en este tiempo de crisis planetaria, que nos obliga a mirar los supuestos en los que sosteníamos la vida en común, la convivencia humana, la relación pedagógica entre generaciones y el cuidado del planeta al momento de ser impactados por el Covid-19.

En el capítulo segundo de su libro Pedagogía de la Esperanza Freire habla de la negación que sostenían ciertos sectores de izquierda, en los años en que escribía la Pedagogía del Oprimido, de las pluri-posibilidades que toda acción política abre de cara al futuro (imposible de predecir, pero sí de crearlo por la acción humana). Los cuestiona porque sostenían una idea ultra optimista, de extremo historicismo y de voluntarismo liberador, creyendo que la liberación vendría sí o sí, creencia refrendada por una certeza casi metafísica de que la "nueva sociedad" estaba al alcance de la mano por la irrefrenable acción de las vanguardias revolucionarias. Freire cuestionaba el "fondo epocal" de estos grupos y veía, en este modo de pensar, un extremo dogmatismo y la negación de su posición a que las transformaciones sociales sólo serían posibles a través de procesos creativos, disputados, plurales, no bancarios políticamente, sin vanguardismo e "inéditamente" abiertos a la historia.

Este es el tema que quisiera desarrollar en este artículo, escrito aún en un contexto de alta incertidumbre y tensión existencial. ¿Qué tipo de educación queremos: una que esté definida por las actuales vanguardias tecnocráticas que disciplina y ajusta violentamente los límites de las posibilidades inéditas de la historia o una educación “abierta a la historia”?

En la misma Pedagogía de la Esperanza considera como clave para avanzar en este segundo sentido es el reconocimiento de los “saberes de experiencia vivida”, y de este modo ratifica su definición de pedagogía como un diálogo de saberes y experiencias, situadas en culturas, territorios, lenguas, comunidades de vida y estéticas diversas y plurales, que habitan el mundo del pueblo. Dar la voz y protagonismo a los saberes del pueblo es el sustento y horizonte de una didáctica culturalmente situada. Por ello, la educación -la educación que siempre deberá ser popular, pues sólo así será efectivamente educación de y para todes- es primeramente una creación cultural, el resultado de procesos de creatividad cultural en que participen los que se convoquen a vivir en con-ciudadanía, es decir, los dispuestos a ser partícipes activos de una comunidad política (micro y macro) que no excluyendo o discriminando asume el proyecto de crear saberes comunes.

A esta ciudadanía podemos llamarla ciudadanía de aprendizajes o ciudadanía (comunidad) de saberes. En el lenguaje de Freire se trata de una educación en que el mundo propio puede llegar a ser también el mundo de todos. Un universo vocabular común es el sustento de una ciudadanía de aprendizaje. Siendo este un proyecto que habita una historicidad no es posible desarrollarlo sin considerar la conflictividad social y las lógicas asimétricas del poder. El futuro no puede asumirse como una categoría abstracta sino como construcción política y cultural disputada y un búsqueda anticipatoria de formas que configuren nuevos modos de vivir y educar.

Para Freire condición para tal experiencia es la “toma de distancia de sí mismo”, una distancia creativa de sí mismo para saber cómo vivimos como educamos. Escribe Freire: “No podemos existir sin interrogarnos sobre el mañana, sobre lo que vendrá, a favor de qué, en contra de qué, a favor de quién, en contra de quien vendrá; sin interrogarnos sobre cómo hacer concreto “lo inédito viable” que nos exige que luchemos por él”.

Condición de la buena educación, de la educación libre y liberadora, exige una “intervención de lo intelectual” de quienes educan para hacer de la clave de la educación , esto es “leer el mundo”, un proceso continuo de ampliación de los límites, de ampliación de las posibilidades, a través de la lectura de las palabras y la lectura del mismo, confirmará el propio Freire. Hermosa dialéctica plantea Freire: tomando distancia nos aproximamos.

El mensaje para les educadores es “no somos técnicos” sino hermeneutas, hábiles para crear condiciones de diálogos generativos es verdad, pero esas condiciones son “existenciales” y no meramente tecnológica”. El recurso de quienes educan siempre será el círculo de conversación, lo que nos remite de alguna forma a la condición ancestral del círculo como arquetipo del aprendizaje. No en vano podemos reivindicar el adjetivo de “circular” para la ciudadanía. Ciudadanía circular. La educación liberadora será siempre experimentada con intensidad, con una tensión en doble dirección: hacia el (mundo) interior y hacia el (mundo) exterior.

En la década de los años 60 del pasado siglo movimientos sociales, culturales, terapéuticos, estéticos y epistemológicos hicieron del volar, del liberarse, de congregarse metáforas movilizadoras de una nueva educación. Rogers en la cultura californiana y Freire en América Latina son emblemas de tales movimientos. Entre nos comenzamos a llamarla “popular” pues era para todos, en especial los que se sentían pueblo, desprovistos, vulnerados, explotados, invisibilizados y que pugnaban por presencia, por reconocimiento, por pertenencia, por un Ciudadanía circular.

De este contexto explosivo de creatividad, de protagonismo comunitario en la resignificación de la Ciudadanía como reconocimiento y poder auto-constituyentes se nutre el ciclo que llamamos moderno de la educación popular. La lectura del mundo como condición de la educación liberadora suscitó un giro epistemológico crucial con la investigación acción participativa que experimentó y sistematizó Orlando Fals Borda, con los movimientos de recuperación de las memorias populares y de los saberes ancestrales y campesinos, con la recuperación de la comunidad como escenario educativo, con la emergencia de redes y comunidades de aprendizaje.

Se configuró un campo –una ciudadanía circular– de educadores y educadoras que abrió rutas pedagógicas críticas, dotó al pensamiento feminista de relevancia educativa, hizo de la educación un ver-juzgar-actuar de incidencia planetaria y ecológica, nutrió el tejido social que resistió las dictaduras, movilizó estudiantes en grandes campañas alfabetizadoras y resignificó el sentido de la trascendencia en la educación con una ética samaritana y hospitalaria que llevó al martirio a muchos educadores y educadoras.

El tejido de las campesinas y el testimonio de las Domitila de toda América hizo del enseñar–aprender un arte, una ética pedagógica y una estética artesanal, desterrada por los reformismos tecnocráticos que han intentado urbanizar la educación campesina, blanquear la educación negra e indígena, hacer de los y las maestros/as técnicos efectivos, paramentando las didácticas y negando la territorialidad (y su valor humano de la proximidad), las lenguas diversas (y su valor identitario), los saberes vernáculos (y su valor sapiencial) y con ello desterrando una ciudadanía circular.

De Dilma a Bolsonaro. Itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña

Editorial RIL

¿Qué pasó con el país que aspiraba a constituirse en una tierra justa y solidaria, dejando para el pasado la impronta esclavista incrustada en las entrañas de su sociedad? ¿Cómo se llegó al momento actual, en que las instituciones democráticas están siendo desmanteladas diariamente por un gobernante despótico que hace apología de la tortura y de la muerte?

Estas son algunas de las interrogantes que pretenden responder estos escritos, realizados al calor de los hechos y las sinuosidades de la historia reciente de este país/continente. Comenzando por analizar los conflictos que surgieron durante la presidencia de Dilma Rousseff, estos textos abordan un periodo que nos muestran el acelerado proceso de degradación de la vida sociopolítica brasileña, que culmina con la elección de un gobierno de extrema derecha que combina las formas deletéreas de un autoritarismo impúdico en el plano político, con un proyecto ultra liberal en lo económico y con la instalación definitiva de un modelo de conservadurismo retrógrado en el ámbito sociocultural, educativo, de los valores morales y de las costumbres.

Sin embargo, en medio de la crisis sistémica y de la tragedia humanitaria causada por la pandemia, se abre un horizonte de esperanza de una ciudadanía que comienza a movilizarse, en principio dentro del campo electoral, por la recuperación de sus derechos -laborales, sociales, étnicos, culturales- precisamente porque ellos han sido conquistados con mucho esfuerzo a través de largos años de luchas, frustraciones y coerción. A partir de estas demandas concretas y unificadoras deben converger las fuerzas que permitirán la construcción de una nación digna de asumir las tareas del futuro en paz, justicia social y prosperidad colectiva.

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Los cambios que se vislumbran en un escenario siniestro

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

En su novela El Gatopardo, el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa pone en boca del personaje Tancredi -el sobrino del príncipe Fabrizio Salina-, aquella frase que se ha transformado en un arquetipo clásico del análisis y la acción política: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Este parece ser el espíritu de los cambios ministeriales realizados por el ex capitán en puestos importantes de la estructura de poder, es decir, de aquellos ministerios más cercanos al Palacio do Planalto (Relaciones Exteriores, Casa Civil, Secretaria de Gobierno, Justicia y Seguridad Pública, Defensa y Abogacía General de la Unión). La mitad de ellos son enroques entre ministros, ajustes de piezas en un tablero pensado para darle mayor capacidad de articulación al gobierno.

El nuevo canciller que reemplaza a Ernesto Araujo, se caracteriza por su bajo perfil y por ser una figura irrelevante, también adicta a las ideas de Olavo de Carvalho, el delirante astrólogo que dirige desde Virginia a sus seguidores antiglobalistas y ultraconservadores. Por lo tanto, nada parece mudar bajo el sol de Brasilia en un contexto de indiscutible desgaste del gobierno y en especial de la figura del presidente que se siente arrinconado y muestra los dientes.

Quizás si el cambio más sensible en este momento sea el efectuado en la pasta de Defensa, pues repercutió inmediatamente en la decisión de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas de solicitar la renuncia a sus respectivas jefaturas. Previamente, en su carta de despedida, el General Fernando Azevedo había expresado que trató de preservar al máximo la autonomía de la Fuerzas Armadas, considerando que ellas son instituciones del Estado brasileño y no una milicia de apoyo a los arrebatos gubernamentales, como ha sido la pretensión de Bolsonaro y de su grupo ideológico más radicalizado.

En definitiva, el ex ministro Azevedo se opuso a una operación militar como deseaba el mandatario, que implicaba decretar el estado de sitio y, de esa manera, intervenir en los Estados de la Federación para obligar a los gobernadores a suspender las medidas de aislamiento y lockdown que muchos de ellos han decretado, como uno de los mecanismos necesarios para impedir la expansión de la pandemia. El ex capitán se resiste tajantemente a acatar estas medidas por el impacto que ellas tienen sobre la economía de las regiones. La decisión sobre la salida del ministro de defensa sería también una señal para las Fuerzas Armadas certifiquen su apoyo incondicional a un gobierno delirante que lucha contra enemigos poderosos, es decir, todos los detractores de su política de negar la gravedad de la pandemia a partir de una visión obtusa por recuperar la “normalidad”. Aún más, en estos días el ex capitán supone que cuenta con la complicidad de los militares cuando el 31 de marzo se rememora un nuevo aniversario del Golpe Militar de 1964, que derrocó al gobierno democrático de João Goulart, instalando una dictadura cruenta que duraría más de dos décadas.

Por lo mismo, la renuncia de los Comandantes en Jefe reposiciona el debate sobre la posible gestación de un autogolpe dentro del gobierno, el cual tendría como objetivo entregarle poderes extraordinarios al Ejecutivo para hacer y deshacer a su antojo, dentro del complejo escenario político en que se encuentra el país, marcado por la tragedia del Covid-19, el colapso sanitario, la recesión económica, el desempleo y el aumento acelerado de la pobreza. Sin embargo, más que una asonada golpista avalada por los nuevos comandantes, lo que se puede producir es un distanciamiento cada vez mayor entre la cúpula militar y los anhelos del núcleo ideológico del gobierno que intentan cooptar y presionar a las Fuerzas Armadas para obtener su apoyo en el endurecimiento de las posiciones frente al Parlamento, gobernadores, alcaldes y Poder Judicial, especialmente sobre el Supremo Tribunal Federal.

Difícilmente las Fuerzas Armadas se involucrarán en el actual contexto en una aventura tan bizarra como un autogolpe. Este es sin indiscutiblemente uno de los peores periodos de la historia de Brasil, cuando su desprestigio por ser el mayor reservatorio del coronavirus en el planeta es del consenso de toda la comunidad científica y de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Brasil se ha transformado en un paria dentro de la comunidad internacional, no solamente debido a su ausencia de voluntad para combatir la pandemia, sino también por su política medioambiental de destrucción del ecosistema, de violación a los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, comunidades negras y grupos LGBTI, así como por su displicencia frente a los casos de corrupción que han recrudecido en los últimos dos años.

Efectivamente, la actual administración ha destinado una parte significativa del PIB para equipar y mejorar la infraestructura y las condiciones salariales de las diversas ramas del Ejercito, la Marina y la Aeronáutica, pero ello no ha sido suficiente para obtener el apoyo incondicional a su gestión desastrosa, que viene siendo cada vez más cuestionada en las esferas militares. Asumiéndose como los “salvadores de la patria”, las Fuerzas Armadas se han empeñado en trabajar para acabar con la mortandad y la crisis humanitaria desatada en el país, entrando en ruta de colisión con el negacionismo mostrado por Bolsonaro y sus asesores más acérrimos.

Por su parte, el Congreso dominado por un agregado de partidos fisiologistas y pragmáticos (Centrão), también viene acusando recibo del colapso generalizado de hospitales, clínicas y hasta de los servicios funerarios, que compromete la reelección de muchos de sus miembros. La iniciación de un proceso de impeachment, que parecía improbable hace dos meses atrás, es una posibilidad que no se puede descartar de plano en este nuevo escenario crítico y caótico que apunta a Bolsonaro como el principal responsable.

Con más de 320 mil fallecidos y casi 13 millones de contagiados, la tragedia de los brasileños no parece tener fin. Con un gobernante incompetente y extremista apoyado por una horda de simpatizantes neofascistas y oscurantistas, Brasil parece una nave a la deriva en un mar tempestuoso con una tripulación desesperada y acorralada entre el delirio y la ignorancia. Por lo mismo, es de suma urgencia convocar a todas las fuerzas políticas y sociales que estén dispuestas a participar en la construcción de un pacto de salvación nacional que permita salir cuanto antes de esta pesadilla que amenaza seriamente la vida y los proyectos de la inmensa mayoría de sus habitantes.

A cartilha de um genocida

Ruth de Aquino
O Globo

Chamar Bolsonaro de genocida parece provocação. Genocídio é o extermínio deliberado de uma coletividade indefesa, por diferenças étnicas, nacionais, religiosas ou sociopolíticas. O massacre de milhões de judeus por Hitler cunhou a expressão. Esse crime contra a humanidade é julgado em tribunais internacionais, com pena de até 30 anos de prisão. Não prescreve. Raramente os crimes de gestão pública chegam a Haia, na Holanda.

Por que então esse aprendiz de ditador que bajula as Forças Armadas, ameaça poderes, despreza minorias e persegue a imprensa é acusado de genocida? Em julho de 2020, quando os mortos por Covid eram 85 mil no Brasil, já havia em Haia três denúncias contra Bolsonaro por incitar mortes, asfixiar indígenas e propagar o vírus. No Supremo Tribunal Federal, há na pauta uma notícia-crime de genocídio. Um líder pode construir ou destruir consciência cívica. No início da pandemia, a população era mais comedida. Depois, imitou os negacionistas.

Como Bolsonaro boicotou as vacinas e nos aproximamos de 300 mil mortos, sua rejeição aumentou. Não importa quem é o ministro da Saúde (aliás, não importa quem é ministro de pasta nenhuma). É Bolsonaro quem manda. As pesquisas mostram. É Bolsonaro o culpado. É Bolsonaro o incapaz de governar. É Bolsonaro o autor do colapso do Brasil. 

Fiz uma cartilha com sete fatos. Um bê-a-bá de como se tornar ou se reconhecer um potencial genocida. Não listei características pessoais. A frieza, por exemplo. Só um genocida não se emociona com a morte de milhares de pessoas – especialmente idosos, vulneráveis, ou não produtivos. Que tomem tubaína. O deboche diante do luto nacional pode ser traço de um genocida. As ações são ainda mais gritantes e perniciosas. Aí vão elas:

1 – Negar a pandemia. É uma gripezinha. Nada vai acontecer se você tiver histórico de atleta. Todos vamos morrer um dia. Não podemos ser maricas e ficar em casa. Isolamento social não adianta nada. 

2 – Não usar máscara e promover aglomerações em bares, ruas, praias, contrariando os especialistas. Propagar o vírus. Apertar a mão, abraçar, beijar, tirar selfie, repreender ministros com máscara, vetar máscaras em presídios.

3 – Demitir um médico, Mandetta, como ministro da Saúde, por suas entrevistas diárias, explicando à luz da Ciência como reduzir contágio e mortes. Emparedar outro ministro da Saúde, também médico, por condenar a cloroquina. Gastar R$ 90 milhões em remédios ineficazes e fazer propaganda, tentar impor aos médicos. Efetivar na Saúde um general boneco de ventríloquo e incompetente. 

4 – Vetar divulgação de mortos e contaminados, optando por revelar apenas quem se curou. A censura foi contornada com o consórcio inédito de jornais e TV Globo. 

5 – Criar conflitos com o Supremo e a Câmara, incitando extremistas de direita a atacar essas instituições, nas redes sociais e fisicamente. Ameaçar ruptura institucional. Só mudar de atitude depois que a família começou a ser investigada por corrupção, rachadinhas e ligação com milícias. Trocar cargos e verbas por apoio no Congresso.

6 – Rachar com governadores e prefeitos, relegando a eles a condução da pandemia. Inventar que o Supremo Tribunal Federal tirou sua autonomia como presidente. Estrangular estados com a falta de liderança federal e de cilindros de oxigênio. Chantagear quem impõe lockdown ou restrições de circulação. 

7 – Boicotar as vacinas. Rejeitar a Coronavac, por ser chinesa e “do Doria”. Recusar vacinação obrigatória. Desencorajar. Não se vacinar. Não comprar milhões de doses da Pfizer que estariam aqui em dezembro. Proibir negociações com os laboratórios. Barganhar o preço até obrigar estados a suspender a vacinação. Solapar o SUS, a Fiocruz, o Butantan e todos os que poderiam já estar produzindo e imunizando em massa. Talvez estejam no seu colo 100 mil cadáveres. 

Como você chamaria quem age assim? 

Ausencia y presencia de Marielle Franco

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

¿Qué paga este sudor del tiempo que se va?

¿Qué tiempo están pagando el de su vida?

¿Qué vida están sangrando por la herida?

De virar esta tierra de una vez…

(De una vez, Silvio Rodríguez)

 

Este 14 de marzo se cumplen 3 años desde el cobarde asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes en una emboscada perpetrada por dos Policías Militares que operaban como sicarios de una organización criminal de milicianos con sede en Rio das Pedras conocida como “Escritorio del crimen”. Los ahora ex PM, Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz continúan presos a la espera del juicio que será realizado con la participación de un jurado popular.

A pesar de que existen fuertes indicios del vínculo que tiene la familia Bolsonaro con este grupo miliciano, hasta ahora la Policía Federal y la justicia no han podido recoger las pruebas necesarias y suficientes que permitan demostrar fehacientemente la asociación del Clan con dicha organización. En parte, ello es debido a un conjunto de obstáculos que se han interpuesto para que los investigadores puedan efectuar su tarea de la manera más acuciosa y pormenorizada posible, con el objetivo de conocer los motivos de los mandantes y la cadena de responsables que existen hasta que se consumó la ejecución del crimen.

Por lo mismo, sigue abierta la pregunta que se ha transformado en el lema de la campaña para obtener la verdad y la justicia en el caso de Marielle y Anderson: ¿Quién mandó a matar Marielle y por qué? Tal como nos recuerda el proverbio “la justicia tarda, pero llega” y en este caso quizás estemos cada vez más cerca de conocer la verdad sobre este atentado, a la luz de todos los elementos probatorios que se han ido acumulando a lo largo de estos tres años de pesquisas.

Solamente señalaré algunos de los principales antecedentes recabados hasta el momento. Adriano da Nóbrega, un miliciano amigo de la familia Bolsonaro fue ultimado en extrañas circunstancias al interior del Estado de Bahía, donde se había ocultado luego que la justicia determinó su captura por diversos delitos. Ex capitán del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (BOPE), Adriano era considerado el jefe del Escritorio del crimen, además de ser un estrecho colaborador de Flávio Bolsonaro. En efecto, la esposa y la madre de Adriano trabajaron en el gabinete del entonces Diputado Estadual y participaron activamente en el esquema de desvíos de salarios de funcionaros que había montado Flávio (la conocida “rachadinha”) que hasta ahora es investigada por la Justicia de Rio de Janeiro. Otro actor clave en el funcionamiento de dicho esquema era el chofer y guardaespaldas del diputado, el también ex PM y miliciano Fabricio Queiroz, el cual se encuentra actualmente con prisión domiciliar por este y otros delitos.

Si Adriano de Nóbrega fue el mandante del crimen de Marielle Franco es una incógnita, difícil de resolver en la medida que ya no podrá comparecer ante la justicia, pues su muerte puede ser considerada ciertamente como una estrategia de “quema de archivo”. Sin embargo, otras pruebas pueden surgir hasta el día del juicio y es muy probable que ellas permitan comprobar el involucramiento del Clan Bolsonaro en el asesinato de Marielle.

En el documental Marielle realizado en 2020, el director Caio Cavechini realiza un recuento cronológico de las últimas horas de la concejala asesinada junto a su chofer Anderson. En el documental, se van intercalando aspectos de la vida de Marielle, desde la infancia y hasta el fatídico día de su homicidio. Nacida en la favela Complexo da Maré en Rio de Janeiro, Marielle, desde muy joven manifestó una fuerte sensibilidad social. Ello la llevó justamente a elegir la carrera de sociología, la cual concluyó en 2007. Luego, realizó estudios en el Programa de Postgrado en Administración de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Su disertación de Magister se transformó ulteriormente en el libro “UPP. A redução da favela a três letras: uma análise da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro”, la cual se transformó al poco tempo en una referencia obligada entre quienes se dedican a la problemática del papel desempeñado por las políticas estatales en materia de seguridad pública y ciudadana.

En ese periodo comenzó a incorporarse más activamente a la actividad política, militando en el Partido Socialismo y Libertad (PSol). Posteriormente, en 2017, fue electa concejala por este partido, desde el cual desplegó una enorme energía en la defensa de los derechos de los residentes en comunidades pobres, los grupos LGBTI, las mujeres, la población negra y todos quienes experimentaron alguna violación a sus derechos por agentes del Estado o por grupos paramilitares, como las milicias y los escuadrones de la muerte. En su actividad política, Marielle fue reconocida por muchas organizaciones nacionales e internacionales (como Amnistía o Human Rights Watch) en su lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

El 8 de marzo de 2018 (6 días antes de su muerte) con ocasión del día Internacional de la Mujer, Marielle realizó un discurso memorable en la Asamblea Legislativa del Estado de Rio en el cual señala en una de sus partes:

“El golpe para quien viene de la favela es atroz, nosotras somos violadas y violentadas hace mucho tiempo y en muchos momentos. En ese período, por ejemplo, donde la intervención federal se concretiza en la intervención militar, quiero saber ¿Cómo quedan las madres y los familiares de las niñas revisadas? ¿Cómo quedan las médicas que no pueden trabajar en sus puestos de salud? ¿Cómo quedan las mujeres que no tienen acceso a la ciudad? Esas mujeres son muchas. Son mujeres negras, mujeres lésbicas, mujeres trans, mujeres campesinas, mujeres que construyen esta ciudad…”

Por lo mismo Marielle representaba un obstáculo indiscutible para la expansión de estas bandas criminales en las comunidades pobres de Rio. Y no solo eso, ella también era una amenaza para la hegemonía política del Clan Bolsonaro en los sectores periféricos de la ciudad de Rio, una alternativa poderosa a los esfuerzos de esa familia para imponer su proyecto de extrema derecha entre los grupos más carentes de esos territorios, especialmente entre los adherentes al pentecostalismo. Proyecto que se vio concretizado con el triunfo del neofascismo en las elecciones de octubre de 2018.

Un cómplice miliciano de los criminales dijo en una entrevista, pocos días después del homicidio, que luego la sociedad brasileña se olvidaría de Marielle. Al contrario de la profecía de este emisario de la muerte, la figura de Marielle Franco ha ido creciendo cotidianamente, transformándose en una gran inspiración y baluarte en la defensa de los derechos de las minorías violentadas por los poderes abyectos del Estado y la necropolítica. Su presencia no solo se encuentra inmortalizada en millares de murales que surgen en diversas ciudades de Brasil y América Latina, sino que también su sonrisa seguirá iluminando eternamente todas las manifestaciones y movilizaciones que se convoquen en defensa de la vida, la justicia y la dignidad de las personas.