Rebelión
Con la aprobación de la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) para dar proseguimiento a la denuncia contra el presidente Temer en la Cámara de Diputados, se inicia un nuevo ciclo de negociaciones del Palacio do Planalto para intentar revertir un fallo favorable entre los legisladores, utilizando para ello todas las artimañas y recursos disponibles, desde las conversaciones de corredores ofreciendo beneficios y aprobación de proyectos hasta la más descarada extorsión de los congresistas.
Temer fue denunciado hace un par de semanas por el saliente Contralor General de la República, Rodrigo Janot, por los crímenes de obstrucción de la justicia y participación en una organización criminal. La votación final de los 11 miembros del STF fue contundente, votando incluso a favor de la denuncia el recientemente nominado ministro Alexandre de Moraes, quien fuera un estrecho colaborador del gobierno de Michel Temer, ocupando inclusive la cartera de Justicia.
A esta denuncia del ex Contralor, se suma la delación premiada de otro ex amigo y colaborador de Temer, el empresario Lúcio Funaro, quien ha afirmado ante la Justicia que el grupo formado por Michel Temer y los ex diputados Eduardo Cunha y Henrique Alves (ambos en la cárcel) de recibir cerca de R$ 250 millones en propinas entregadas por la Caixa Económica Federal, la cual era controlada por la máquina del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen los tres denunciados. Es una historia que no termina y cada vez con mayor frecuencia Temer aparece vinculado a nuevos arreglos de corrupción y favorecimientos ilícitos.
Como apuntado en otras columnas, hasta ahora el presidente cuenta con el beneplácito de los conglomerados empresariales que continúan enriqueciéndose con las concesiones entregadas por el gobierno, así como también están a la expectativa de futuros negocios en el ámbito de la industria extractivista (minería y petróleo) como de otras actividades claves (construcción civil, pecuaria y agricultura, farmacéutica, seguridad). Por lo mismo, Temer sigue manteniendo el apoyo de una parte importante del Congreso, el llamado “centrão” conformado precisamente por representantes de estos grupos, junto a pastores de iglesias evangélicas, ex militares y agentes policiales. Sin embargo, la pregunta que permanece es hasta cuando el actual mandatario va a conseguir mantener esta adhesión, en un contexto de recurrentes escándalos de corrupción que abalan su gobierno.
Lo realmente trágico es que el actual ordenamiento político gubernamental brasileño ni siquiera responde a la concepción oligárquica de que el poder debe ser conferido a los más capaces en desmedro del poder delegado a los más numerosos. Diferentemente, lo que impera en Brasil es una cofradía de delincuentes de cuello blanco que están vaciando los cofres públicos, cual piratas que se reparten un botín adquirido por medios ilegítimos, consagrando una vez más el “asalto al Estado” tan propio de las formas patrimonialistas existentes desde los tiempos de la Colonia.
La elite no tiene el menor escrúpulo en jactarse de malversar la riqueza del país y los impuestos de los contribuyentes en un clima de absoluta impunidad y ausencia de control por parte de los órganos supuestamente fiscalizadores que deberían custodiar y velar por el cumplimiento de las leyes y del bien común. El papel desempeñado por el Congreso Nacional en la aceptación tácita de los crímenes cometidos por empresarios y políticos es especialmente significativo en el caso del propio Temer, quien a pesar de todas las evidencias en su contra fue absuelto en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados.
Junto con ello, el país sigue amargando las penurias del ajuste, con recortes significativos en sectores muy sensibles como la educación. Según un estudio reciente realizado por la UNESCO, el presupuesto destinado a la educación básica ha caído de 7,4 billones en 2015 a solo 3,5 billones para el bienio 2017-2018. La situación de inversión en la educación técnica y superior muestra la misma tendencia hacia un drástico descenso.
En este contexto de crisis económica, política e institucional, la guerra entre pandillas de narcotraficantes está tomando cuenta del país, no solo en la favela da Rocinha en Rio de Janeiro –como ha sido difundido profusamente- sino que también en las principales ciudades y capitales de la Federación. Entre el saqueo del Estado y las bandas criminales que imponen su poder a través de la violencia y el terror, los ciudadanos se encuentran paralizados por la incerteza sobre sus vidas y sobre el futuro. Contrariando el arribo de la primavera, el horizonte de este país se ve lleno de sombríos nubarrones.
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