ALAI
A pesar de que el movimiento que propone el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff se ha ido debilitando en las últimas semanas, sus principales instigadores persisten en su afán. Estos pedidos se han centrado en la discusión sobre los criterios legales que existirían para solicitar al congreso una abertura de proceso que imposibilite la continuidad del mandato presidencial. Inclusive, tanto la oposición como el gobierno se han hecho asesorar por notables juristas para saber a ciencia cierta cuales son los pasos a seguir en uno u otro caso, es decir, con qué argumentos se puede sustentar la tesis del impedimento y con cuales recursos cuenta el gobierno para contrarrestar jurídicamente las acusaciones de corrupción y abandono de funciones que esgrimen ciertos grupos de la oposición. La tendencia mayoritaria entre los especialistas es que no existiría ninguna base jurídica contundente que amerite la abertura de un proceso en el congreso y, en consecuencia, que dicha demanda tenga éxito en esa instancia.
En todo caso, sus proponentes insisten en reclamar la salida de la mandataria y, además, están contando para ello con el incentivo que proporcionan las últimas encuestas de opinión que revelan una caída sostenida en el nivel de apoyo y popularidad de la presidenta y su gobierno. Según el último estudio de la empresa CNT/MDA que indagó sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos, se constata que existe una disminución significativa en la popularidad del gobierno y la figura de la mandataria, llegando a casi un 65 por ciento de los entrevistados que declararon que el gobierno es malo o pésimo. Por su parte, prácticamente un 60 por ciento (59,7%) de los consultados dijeron concordar con un impeachment. Ello es coherente con el dato de que un 68.9 por ciento considera que la presidenta estaba en conocimiento y es responsable de los casos de corrupción en la Petrobras. Finalmente, un 66,9 por ciento señalan no creer en la eficacia de las medidas tomadas por el ejecutivo para superar la crisis económica que se instaló en el país.
Desde una mirada global, se puede sostener que tres son los principales problemas que aquejan a la actual administración y que tienen consecuencia directa sobre esta tendencia decreciente en el apoyo a la presidenta y a su gobierno.
El primer aspecto dice relación con los innumerables casos de corrupción en el que están involucrados importantes miembros del Partido de los Trabajadores– partiendo por su Ex-Tesorero João Vaccari – y también dirigentes de otros partidos de la base aliada (PMDB, PP, PSD, PR), siendo el esquema montado entre el alto escalafón de la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas del país (Odebrecht, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, OAS, Queiroz Galvão y Andrade Gutiérrez) el escándalo de corrupción de mayor repercusión e impacto sobre la actual gestión.
En segundo lugar, la situación económica recesiva por la que atraviesa Brasil ha generado una sensación de inquietud y malestar entre la población, altamente sensibilizada por el aumento de la inflación y del costo de vida, en un contexto de deterioro de los servicios públicos, congelamiento salarial, precariedad del empleo y riesgo inminente de desempleo.
Por último, se menciona repetidamente las debilidades de la estrategia comunicacional del gobierno y la incapacidad del ejecutivo para difundir con claridad sus proyectos (particularmente las reformas económicas) hacia el conjunto de la ciudadanía. Muchos atribuyen esta insuficiencia al estilo de austeridad y a la rigidez de la presidenta para negociar acuerdos con los partidos aliados. Probablemente la actual negociación en torno a la promulgación del proyecto de ley sobre tercerización (PL 4330) es el episodio más lamentable en esta secuencia de errores, no solo en el ámbito comunicacional sino que fundamentalmente en lo que dice relación con determinada concepción de los derechos adquiridos históricamente y en el respeto por las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores brasileños.
El primer aspecto dice relación con los innumerables casos de corrupción en el que están involucrados importantes miembros del Partido de los Trabajadores– partiendo por su Ex-Tesorero João Vaccari – y también dirigentes de otros partidos de la base aliada (PMDB, PP, PSD, PR), siendo el esquema montado entre el alto escalafón de la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas del país (Odebrecht, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, OAS, Queiroz Galvão y Andrade Gutiérrez) el escándalo de corrupción de mayor repercusión e impacto sobre la actual gestión.
En segundo lugar, la situación económica recesiva por la que atraviesa Brasil ha generado una sensación de inquietud y malestar entre la población, altamente sensibilizada por el aumento de la inflación y del costo de vida, en un contexto de deterioro de los servicios públicos, congelamiento salarial, precariedad del empleo y riesgo inminente de desempleo.
Por último, se menciona repetidamente las debilidades de la estrategia comunicacional del gobierno y la incapacidad del ejecutivo para difundir con claridad sus proyectos (particularmente las reformas económicas) hacia el conjunto de la ciudadanía. Muchos atribuyen esta insuficiencia al estilo de austeridad y a la rigidez de la presidenta para negociar acuerdos con los partidos aliados. Probablemente la actual negociación en torno a la promulgación del proyecto de ley sobre tercerización (PL 4330) es el episodio más lamentable en esta secuencia de errores, no solo en el ámbito comunicacional sino que fundamentalmente en lo que dice relación con determinada concepción de los derechos adquiridos históricamente y en el respeto por las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores brasileños.
El proyecto que ha sido atacado desde diversos sectores por implicar una mayor flexibilización y precarización del trabajo, continua inamovible en la pauta del gobierno y la propia presidenta Dilma está tratando de movilizar a los partidos de la coalición en el Senado, para re-incluir en el sistema de tercerización a las empresas estatales, que fueron excluidas de la propuesta inicial por el principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Ello se debe al hecho de que la mandataria teme que entrando en vigencia la reglamentación de los contratos de servicios tercerizados, las compañías públicas y las sociedades de economía mixta pierdan competitividad frente a sus pares privadas.
La consecuencia de esta decisión del ejecutivo de seguir impulsando la ley de tercerización a cualquier costo, es que la presidenta Rousseff ha perdido su sintonía con los electores y en parte por ello decidió - aconsejada por sus ministros - no realizar su habitual discurso del 1° de mayo, temiendo que durante su pronunciamiento una onda de protestas y cacerolazos (panelaços) se propague por el país. Este es un escenario sumamente complejo, considerando que en este momento lo que más necesita el gobierno es justamente promover un mayor acercamiento con los ciudadanos y explicar las medidas “impopulares” que está implementando.
El sociólogo y jurista alemán Max Weber afirmaba que existen tres formas o mecanismos de legitimación de la dominación, ellas son la tradición, el carisma y el estatuto racional legal burocrático. El carisma puede definirse como aquella capacidad de un individuo de convocar a sus seguidores a través de un don personal e intransferible que se singulariza como depositario de cualidades prodigiosas de heroísmo y/o de liderazgo ante sus adherentes. Vendría bien apelar al carisma en la actual coyuntura, pero lamentablemente este es un atributo del cual carece la presidenta, a diferencia de su antecesor Lula da Silva.
Por lo mismo, tal vez no sea este el momento en que surja algún Príncipe ni como figura providencial de salvación, ni como "moderno Príncipe" transformado en partido (según sostenía Gramsci), sino que sea la oportunidad de que las personas asuman un nuevo protagonismo movilizándose en torno a sus problemas y aspiraciones colectivas. Este escenario contradictorio y tensionado, marcado por disputas ideológicas de vastas e profundas repercusiones para el futuro del país, crea las condiciones especialmente propicias para que germine la reactivación de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil o para que irrumpa la praxis de aquellos sindicatos que legítimamente buscan representar y defender los derechos de los trabajadores. Por lo mismo, se requiere la articulación más amplia de las fuerzas progresistas que resistan a la imposición de nuevas modalidades de expoliación y precarización de los asalariados y de la pérdida de derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía.
Quizás sea el tiempo de apostar en el porvenir, una época en que los ciudadanos y sus referentes tienen la posibilidad de empujar un programa de reformas que venga a ratificar y consolidar las conquistas alcanzadas a través de una historia de luchas y movilizaciones. Para ello es necesario dar un nuevo impulso a la reforma agraria y efectuar la demarcación irreversible de las tierras indígenas. También es preciso, entre otras tareas, impulsar la reforma política que acabe con el financiamiento privado de las campañas y de partidos sustentados por las empresas. A lo mejor es, en definitiva, el tiempo de iniciar una movilización general en la que participen todos los actores comprometidos con una agenda que no solo enfrente la acometida de los consorcios en su búsqueda permanente por obtener mayores lucros, sino de alzar una acción mancomunada que proteja y consagre los derechos de la gran mayoría de los habitantes de este país.
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