Diego Martínez & Horacio Verbitsky
Página 12
La cita era para homenajear a los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 1979 corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. El lugar, el salón Dorado del ex casino de oficiales de la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura y ordenaba más secuestros. En ese contexto y frente a las principales autoridades del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Se trata de un compromiso que el Estado asumió hace diez años, que ratificaron los sucesivos gobiernos, pero que, hasta ayer, ninguno había honrado. El anuncio se produce en el marco del debate por la presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien. Es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”, explicó la Presidenta.
La respuesta llega a quince meses del fallo de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión. La indemnización se concretó de inmediato. Ayer, frente a la jurista Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana, se comenzó a cumplir el último punto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó a Kimel, elogió “la voluntad inequívoca de honrar los compromisos internacionales” aunque cuestionó que el proyecto “no incorpora la limitación de las sanciones civiles en casos de expresiones sobre asuntos de interés público”. Advirtió que “debería ser complementado con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”. Si bien el Código impide fijar topes a las sanciones, el proyecto que el CELS presentó en marzo insta a los jueces a “evitar que la sanción desaliente la participación ciudadana en el debate de asuntos de interés público o la labor periodística”. También se hace eco del fallo de la Corte el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, que sólo permite la sanción civil en caso de real malicia, es decir cuando a sabiendas se publica información falsa.
La Presidenta aprovechó además la presencia de Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para firmar un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo recurrió a la CIDH tras el fallo de la Corte Suprema que en 2003 dejó sin efecto la orden judicial de realizar una extracción compulsiva de sangre de Evelin Bauer Pegoraro, quien sabía que no era hija biológica de quienes la habían criado, pero ignoraba su verdadera identidad. La medida, fundada en el derecho a la intimidad, impedía investigar a los responsables de la apropiación. El intríngulis se subsanó en 2008, cuando a partir de muestras de ADN la joven supo que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, vistos por última vez en la ESMA. El acuerdo anunciado incluye un proyecto de ley para obtener muestras de ADN sin vulnerar los derechos de las partes y sin obstaculizar las investigaciones, otro que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, y un tercero para garantizar la participación de las asociaciones intermedias en las causas judiciales.
Tres mujeres
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dieron la bienvenida a la ex ESMA a la delegación de la CIDH y de la Corte Interamericana, incluidos tres de los comisionados que en 1979 realizaron la observación in loco para documentar los crímenes de la dictadura: Tom Farer, Marco Monroy Cabra y Edmundo Vargas Carreño. Luego, en compañía de guías y sobrevivientes, los juristas recorrieron las instalaciones donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada.
El acto de homenaje comenzó con la palabra de Verónica Castelli en representación de los organismos que integran el ente Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que “la visita de la CIDH fue un rayo de luz y esperanza”, repudió el rol “del poder económico, la cúpula eclesiástica y los medios de comunicación” durante el terrorismo de Estado y se abrazó con Cristina Fernández de Kirchner. Luz Patricia Mejía enumeró como “desafíos actuales” de la CIDH a la lucha contra “la exclusión, la pobreza y la miseria”, destacó la necesidad de alcanzar “no sólo el Estado de Derecho sino también el Estado de Justicia”, y agregó en referencia al golpe de Estado en Honduras que “algunos regímenes sólo se pueden sostener mediante violaciones masivas a los derechos humanos”.
“No enviamos los proyectos al Congreso como homenaje a la CIDH sino como sujetos del derecho internacional que respetamos los tratados y las normas internacionales y, por sobre todas las cosas, los derechos humanos. No es benevolencia, es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y los procedimientos de la CIDH”, aclaró Fernández de Kirchner.
Luego anunció el acuerdo amistoso con Abuelas y el proyecto para despenalizar las calumnias e injurias. “Dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de nuestro país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la que me ha tocado gobernar”, afirmó, y desafió a probar lo contrario “a cualquier archivo, a cualquier memoria”. En referencia a las presidentas de la CIDH y la Corte, celebró que “somos tres mujeres” las protagonistas de los acuerdos, “en defensa de dos derechos personalísimos y a la vez de los más colectivos que pueden tener los seres humanos: la libertad y la identidad”. “Libertad para que cada uno pueda decir lo que piensa, aun a costa de tener que soportar mentiras”, destacó.
“Ojalá podamos sortear los fuertes obstáculos que están teniendo las democracias, como en Honduras”, dijo, y recordó la “fecha emblemática para la región, por el golpe contra Salvador Allende, y para el mundo, ya que un 11 de septiembre el terrorismo internacional se abatió sobre las Torres Gemelas”. “Creo que ante tanta barbarie y tanta irracionalidad, oponer la razón, la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto para cualquier terrorismo y para cualquier intento de entorpecer las democracias”, reflexionó. Cerró con palabras para los ex comisionados de la CIDH, “que vinieron porque no había justicia ni libertad de expresión”, recordó. “Esta orgullosa presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace treinta años hicieron para todos los argentinos”.
Ni calumnias ni injurias
Con la despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público culmina un largo proceso de muchos actores. Que la presidente Cristina Fernández de Kirchner lo haya anunciado ante las presidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía y Cecilia Medina, refuerza su significación. Hace 30 años la Comisión visitó la Argentina, donde constató las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. Hoy el quinto gobierno consecutivo elegido por el voto popular rinde homenaje a los miembros de entonces en lo que fue un campo clandestino de concentración y le comunica una decisión sobre derechos humanos del presente, en cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Protección dictadas a iniciativa de organizaciones de la sociedad.
La cuestión comenzó en 1992, cuando la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia me condenó por desacato a uno de los miembros del tribunal. Para impedir que mi denuncia avanzara ante la Comisión, el gobierno del ex presidente Menem se comprometió a eliminar del Código Penal ese delito de resabios medievales. Pero en cuanto el Congreso lo hizo, Menem y otros funcionarios comenzaron a querellar a periodistas por calumnias e injurias, pese a que la CIDH había impugnado también ese instrumento cuando se trataba de funcionarios públicos, que debían quedar más y no menos expuestos que los particulares al escrutinio de sus actos. En 1999 llevé a la Comisión otros cuatro casos y en sus últimos días Menem volvió a comprometerse a modificar también esas figuras del Código Penal.
Fernando de la Rúa ratificó ese compromiso y su ministro Ricardo Gil Lavedra me acompañó al Congreso para apoyarlo. El trámite se detuvo cuando Joaquín Morales Solá destapó el escándalo de las coimas en el Senado. También Adolfo Rodríguez Saa firmó el proyecto pero no llegó a impulsarlo porque su mandato duró apenas una semana. El presidente Néstor Kirchner prometió hacerlo, pero no cumplió. Desde hace un año no se trata de una opción voluntaria sino de un compromiso internacional, porque la Corte Interamericana ordenó al Estado Argentino que modificara los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias. Lo hizo en el caso de Eduardo Kimel, condenado por su investigación sobre el asesinato de los palotinos. El envío del proyecto se produce, además, en un momento oportuno. Garantizar que nadie pueda ser perseguido por lo que diga o escriba es una buena manera de acompañar la reforma de la ley de servicios audiovisuales, que no procura restringir sino ampliar la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.
Varios partidos de la oposición han presentado iniciativas similares, por lo que nada debería dilatar una decisión que beneficiará a toda la sociedad. Este no es el proyecto de un partido, sino el que periodistas de todas las ideologías y organismos defensores de los derechos humanos reclamaron a lo largo de dos décadas. La coincidencia de objetivos debería permitir que el Congreso acordara una versión satisfactoria para todos. Debería incluir también una reforma del Código Civil para que no se perpetuaran por esa vía las intimidaciones contra los periodistas, como ocurrió en México.
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