Falleció Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende

Oscar Soto
El País

Tencha, como la conocíamos sus amigos y como la llamaba familiarmente el ex presidente, fue una persona que reunió muchas facetas que la hacen particularmente querida. Fue la esposa y compañera de Salvador Allende, a quien conoció en la noche del 24 de enero de 1939 a la salida de una proyección cinematográfica, comentando la enorme intensidad de un terremoto que sacudió las provincias de Ñuble y Concepción y que ocasionó más de 40.000 muertes.

Hizo de compañía de Allende en sus múltiples actividades sociales y políticas. En una relación sentimental difícil con un hombre también difícil le dio tres hijas: Carmen Paz, Beatriz e Isabel, también con vidas intensas.

El 11 de septiembre de 1973, cuando los golpistas ya habían bombardeado la residencia presidencial de Tomás Moro, donde se encontraba Tencha, los que en el Palacio de la Moneda acompañábamos a Salvador Allende le vimos enjugar una lágrima al no saber, en esos momentos, la suerte que su esposa había corrido. Tencha y dos de sus hijas se exiliaron en México, y Beatriz, que estaba embarazada, lo hizo en Cuba, de donde era su marido.

A partir de esos nefastos días Tencha se volcó en el trabajo solidario con los chilenos que sufrían la dictadura de Pinochet. Todos los países conocieron su itinerario incesante por la lucha democrática del pueblo chileno. Incluso el Papa recibió a Tencha para oírle su discurso sencillo, amable, pero firme en la defensa de la libertad.

Tencha era profesora de Historia, egresada del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Lectora impenitente. Gustaba de todas las manifestaciones artísticas. El Museo del Prado en Madrid y el Picasso de Barcelona la tuvieron siempre entre sus visitantes.

Tencha nació el 22 de julio de 1914. Ha fallecido con 94 años habiendo sufrido sin quejas las secuelas de una tuberculosis pulmonar y vertebral que minó progresivamente su capacidad respiratoria. Seguramente no habrá hogar modesto en Chile y en muchas partes del mundo donde no se sienta hondamente su fallecimiento.

BRIC, el éxito mediático de una comunidad fantasma

Jorge Majfud
ALAI

En el 2001 el británico Jim O'Neil inventó el nombre y quizás el concepto del grupo de algunos países emergentes, BRIC. A juzgar por el incremento anual del PBI promedio solo dos países destacan por arriba del promedio mundial: China e India (hasta hace un año Rusia también, pero la recensión ha contraído su economía más que a la brasileña). La inclusión de otros dos países con grandes extensiones de tierra hacía al grupo más visible. Siguiendo el juego, algunos propusieron el nombre de RICH por las iniciales de Rusia, India y China. No obstante, en términos de ingreso per capita, los países del BRIC se sitúan por debajo de otros cincuenta países y las proyecciones más optimistas para el 2050 no mejoran mucho este ranking, aun cuando China supere en veinte años el volumen bruto del PBI de Estados Unidos. Sin mencionar el abismo que separa ricos de pobres en cualquiera de los cuatro países, característica que puede soportar un país rico y hasta un país poderoso pero nunca un país verdaderamente desarrollado.

Pero ¿por qué el éxito mediático de esta comunidad fantasma? La idea de BRIC combina una percepción de grandes manchas territoriales en el mapa mundial; sus PBIs son semejantes a cuatro países europeos pero sin una moneda común como la del Euro y con el Dólar como moneda enemiga en el discurso pero que ninguno quiere reemplazar en la práctica. La unidad del brick no va más allá de estos intereses puntuales pero se presenta a sí mismo como algo excepcional. Brasil, Rusia e India poseen democracias muy diferentes. Me atrevería a decir que la brasileña es la mejor de los tres, dentro de un casi obsoleto sistema representativo que impera en el mundo. China ni siquiera tiene un sistema representativo sino una especie de comunismo de mercado. Los cuatro países poseen formas políticas y sociedades en las antípodas.

Brasil, un país afroamericano. La mayor comunidad africana fuera de África vive allí e impregna casi todos los rincones de su cultura, excepto en las clases altas del sur industrializado. Rusia es una sociedad hecha en el rigor invernal de zares y moldeada por un siglo de experimentos comunistas seguido de un capitalismo abiertamente salvaje. India, una sociedad subtropical sobre una cultura milenaria que en algunas provincias aun distingue por su nacimiento a intocables, los hombres excremento que limpian las letrinas, y a castas un poco más blanquitas que se consideran el aliento de Brama. Y China, un país en proceso rápido de industrialización pero cuya cultura es en mayor parte rural, todavía obediente, todavía laboriosa, todavía populosa pero cada vez menos austera.

Entonces, ¿qué une al ladrillo? Dos cosas y poco más: (1) su interés por jugar un rol más importante en la geopolítica y (2) confirmar el éxito de sus originales proyectos pareciéndose cada vez más a la sociedad norteamericana, la que sigue siendo el demonio en los discursos, el mal ejemplo a evitar pero el modelo imitado sin tregua. En palabras orgullosas del ministro de Asuntos Estratégicos brasileño —profesor de Harvard y de Obama— Roberto Mangabeira Unger, “Brasil es el país del mundo más parecido a Estados Unidos”. El concepto mismo de “países emergentes” se define según los estándares impuestos por la idea de “éxito” de Estados Unidos: los índices en las bolsas de valores, la automovilizacion de la vida, la nuevayorkización de las ciudades, la expansión de las autopistas, de los shopping centers, el aumento del consumo a través del consumismo, etc. Hasta la adopción de las sectas religiosas procedentes de Estados Unidos es consecuente con esta imposición de una forma de ser, de pensar, de sentir y de medirse a sí mismo.

Si a Estados Unidos e Inglaterra los unían los intereses económicos e imperiales, también los unía una cultura en común y sociedades muy parecidas. Poco y nada une a los BRICs. Es decir, estamos ante una asociación muy útil que dará resultados interesantes a corto plazo. Pero se partirá apenas un mínimo interés entre en conflicto, apenas Estados Unidos, el socioenemigo en común, mengue su poder relativo sobre el planeta; apenas se reemplace al dólar, que empezando por China pocos tienen interés en reemplazar por un papel nuevo. O antes.

Todas las proyecciones se realizan considerando un escenario presente y sosteniéndolo. Sin embargo, el sostenimiento de un escenario genera condiciones que acumuladas suelen producir resultados imprevistos. Es decir, mantener significa postergar una crisis. En los años 60 se preveía el fin del petróleo para el 2000. Pero siempre hay alguien inventando algo nuevo que cambia cualquier escenario.

Un escenario que nadie considera en cada uno de estos modelos de desarrollo es la alta posibilidad de una gran crisis en China. Es difícil sostener un indefinido incremento anual del 12 por ciento del PBI, realizar una industrialización en la era post industrial en un país mayoritariamente rural sin un profundo cambio en la educación y en la cultura. Inevitablemente la nueva sociedad china reclamará una progresiva democratización del sistema político. Una democratización al estilo de las viejas democracias representativas que antes de la mitad de este siglo se revelarán obsoletas ante una masa mundial que reclamará una participación más directa. Y esa crisis político-económica quizás llegue cuando el mundo alcance un límite de saturación entre el exceso de gasto de recursos naturales y la incapacidad de seguir absorbiendo tantas toneladas de baratijas y basura de exportación.

En el caso de Brasil es difícil reprocharle a Lula no haber hecho las cosas bien. Por lo menos no lo hizo mal. Si bien su slogan preelectoral de “fome zero” está muy lejos de ser algo parecido a la realidad, no son pocos los brasileños han pasado de una pobreza crónica a una clase media con mayores posibilidades. No obstante, mientras la economía de China sigue creciendo un exagerado 8 por ciento anual en plena recensión mundial, Brasil apenas sale de su recensión.

Cuando Lula escribe en El País de Madrid que “hoy generamos el 65% del crecimiento mundial”, refiriéndose al BRIC, omite que el BRIC al día de hoy representa solo el 15 % de la economía mundial (la mitad de EEUU) y que solo China produce lo que producen los otros tres países juntos. A pesar de los progresos realizados, el crecimiento del PBI brasileño ha estado muy por debajo de muchos otros países emergentes con menos visibilidad. Sin mencionar que, si excluimos este último año de recesiones, México no ha estado lejos de Brasil en crecimiento porcentual y absoluto. Es más, con la mitad de población, con menos recursos naturales y con un territorio mucho menor, su PBI es algo más de un trillón de dólares, mientras que el de Brasil es 1.5 trillones. Lula omite también que en el último año solo el 2 % del comercio de China fue con su vecino, Rusia.

Pero más allá de las distintas percepciones sobre estos datos declarados y omitidos, se sigue confundiendo riqueza con desarrollo. Y lo que es peor, se termina de liquidar cualquier otra opción para imaginar un mundo que no se mida exclusivamente en términos de fuerza y de éxito, de capital y de “investment grade”, de consumo y de competencia. Todo eso que nos hace tan parecido a las vacas que pastan todo el día en el campo y rumian mientras descansan. Vacas consumidoras, vacas para la exportación de carne; ni siquiera vacas sagradas.

De justicia social, de igual-libertad, de infancia desviolentada, de pueblos desoprimidos, de trabajo desesclavizado, de países y de ciudades desamuradas…hablamos el siglo que viene.

BRIC quiere reducir dependencia de Estados Unidos

Agencias

Líderes de potencias emergentes hablaron el martes de reducir su dependencia de Estados Unidos y de aumentar la seguridad y el comercio, en dos cumbres organizadas por Rusia a las que no acudió Occidente.

Los asuntos tratados y los jefes de Estado presentes en ambos encuentros muestran la creciente fuerza política y económica de las naciones emergentes, entre ellas India y China, y su deseo de encontrar nuevas vías de cooperación.

El anfitrión, el presidente ruso Dmitry Medvedev, elogió a la ciudad de Ekaterimburgo, situada en los montes Urales, como el "epicentro de la política mundial", y añadió que es "obvia" la necesidad de que las principales naciones en vías de desarrollo se reúnan con nuevos formatos.

Las denominadas naciones BRIC -Brasil, Rusia, India y China- instaron a reformar las instituciones financieras internacionales, hacer cambios radicales en la Naciones Unidas para que Brasil e India tengan un mayor papel y un sistema de divisas "estable y predecible", según el borrador del comunicado.

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, reelegido en unas polémicas elecciones, criticó a Estados Unidos, mientras que los dirigentes de India y Pakistán tuvieron su primer cara a cara desde los atentados de Mumbai y las cuatro principales economías emergentes celebraron su primera cumbre.

Tanto la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OSC) en Ekaterimburgo como la de los BRIC que la siguió trataron sobre un nuevo orden mundial menos dependiente de Estados Unidos.

"Este tipo de coordinación nos permitirá explicar mejor nuestras posiciones los unos a los otros y trabajar sobre nuevos caminos para resolver los problemas financieros internacionales y la reforma de las relaciones financieras internacionales", dijo Medvedev en la cumbre de los BRIC.

Además, señaló que la OSC debería acordar un procedimiento para admitir nuevos miembros. En otro desaire a Occidente, los dirigentes de la OSC recibieron a Ahmadineyad en su primera visita al extranjero tras su polémica reelección.

"Estados Unidos está metido de lleno en una crisis política y económica", expresó el presidente iraní a los líderes de la OSC en un discurso en el que trató también el tema palestino y la reforma del orden mundial.

¿Sustituir al dólar? El presidente ruso agregó en una rueda de prensa que las actuales divisas de reserva, incluido el dólar estadounidense, no han cumplido su función, por lo que es hora de cambiar.

"Es probable que seamos testigos de la creación de una divisa supranacional de reserva (...) que se usaría para acuerdos internacionales", dijo. "El sistema actual de divisas no es ideal", expresó Medvedev, quien agregó que los países deberían usar más sus monedas nacionales para el comercio.

China, que tiene una enorme reserva de dólares, se ha mostrado muy cauta hasta ahora sobre las posibilidades de diluir el dominio de la divisa estadounidense. Los cuatro países BRIC representan alrededor del 40 por ciento de la población mundial y el 15 por ciento del PIB mundial.

Rusia y China encabezan la OSC, un foro de cooperación económica y de seguridad en que también están cuatro países centroasiáticos, así como Irán, Mongolia, India y Pakistán como observadores.

Derechos indígenas versus derechos de las transnacionales

Jesus González

Mugarik Gabe

Los recientes acontecimientos en Perú han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las últimas décadas han visto como en el plano internacional, refrendado en gran medida en los ámbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecían, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesión de avances se ha celebrado permanentemente como un éxito continuo que define cuales son esos derechos y establece la posibilidad de identificar también a aquellos responsables de sus violaciones. Además de establecer su carácter de universales (son aplicables para todos los seres humanos).

- inalienables (nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos y conforme a derecho);

- indivisibles, interconexos e interdependientes (no basta con respetar algunos derechos humanos si otros se violan. Todos tienen la misma importancia).

Sin embargo, la práctica se aleja permanentemente de la realidad teórica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra, muy distinta, es ejercerlos. De hecho, éste es el mayor problema y cuando él mismo se pretende saltan todas las alarmas del sistema político y económico en su contra. Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno de los defensores para la aprobación, en 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos internacionales establecen, aunque con algunas carencias aún, los derechos individuales y colectivos de los 370 millones de personas que conforman estos pueblos en el planeta.

Pero, esa aparente actitud democrática y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de las multinacionales y su “derecho apropiado” a la explotación de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos aquellos que generan a estas empresas importantes beneficios. Así, una cosa es ser sujeto de derecho sobre el territorio y recursos y otra cosa es ejercer el mismo cuando éstos están en la mira de las multinacionales y/o tratados de libre comercio, como es el caso.

Se desconoce conscientemente que la cultura y la vida, así como la identidad de los pueblos indígenas, están directamente ligadas a los territorios donde éstas se desarrollan. En este sentido, la pérdida del territorio lleva consigo consecuencias de toda índole: económicas, espirituales, sociales y políticas. El efecto más grave es el socavamiento de las estructuras socio-culturales y de la identidad como pueblo.

Esto, por que la visión que estos pueblos tienen del territorio difiere totalmente de la concepción capitalista y occidental. Para ésta última la tierra no tiene sino un valor económico en su explotación y en su propiedad; para los pueblos indígenas, el territorio lo conforma no solamente la capa superficial de la tierra sino que éste incluye las aguas, el aire, el subsuelo y, en suma, todos aquellos elementos que en su conjunto definen la identidad de un pueblo, siendo éste parte de ese territorio y no el ser superior y explotador del mismo. Por esta razón, el derecho a la tierra y el territorio es un derecho inalienable, y su reconocimiento y ejercicio elemento central en las principales reivindicaciones indígenas.

Ante lo anterior, el gobierno peruano aduce que unos miles de indígenas (400.000) no pueden obstaculizar el desarrollo económico del país. Sin embargo, es público y comprobado que muchos de los programas de desarrollo económico, especialmente los llevados a cabo por las multinacionales así como por las instituciones pilares del sistema capitalista como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., con los pueblos indígenas, en cualquier parte del continente americano, han sido impuestos y casi nunca consultados, trasladando previsiones y requisitos ajenos que han causado la desaparición de sus bases económicas y la desestructuración sistemática de sus culturas. En esta línea, han sido vistos en muchas ocasiones como obstáculos para el desarrollo, excluyéndoseles de los procesos implementados y de los niveles de decisión. Desde fuera se dicta el camino del desarrollo que deben seguir, como si fueran menores de edad desconocedores de aquello que más les conviene. Se obvia otro derecho reconocido, cual es el que se define como consentimiento libre informado previo (o fundamentado), que traspasa el simple derecho a la consulta e implica el derecho a decir “no” a cualquier actividad de desarrollo propuesta que pudiera afectar negativamente a las tierras y territorios indígenas, así como a su integridad cultural, social y política.

En suma, y aunque así se reconoce en la teoría, en la práctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indígenas su propia capacidad de gestión, sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es más grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio del derecho reconocido.

En el caso que nos ocupa la obligación de consultar a los pueblos indígenas y promover su participación en/sobre cualquier proyecto que les afecte se incumple flagrantemente y se aprueban, por parte del gobierno peruano, toda una serie de decretos que abren la selva amazónica a la venta y explotación de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Como en tantas ocasiones, el resultado final es conocido: millones de dólares de beneficios para estas empresas; alguna posta sanitaria y letrinas para las comunidades indígenas, además del territorio deforestado, los ríos contaminados y las comunidades desarticuladas política, social y culturalmente, además de hundidas en una profunda miseria. Pero todo se hace en “aras del beneficio nacional” aunque, incluso en ese plano, Perú seguirá siendo un país dependiente y con los mayores índices de pobreza del continente, excepto su pequeña clase dominante, la cual gozará de las migas de riqueza que reparten las transnacionales a cambio de abrir el país a su explotación.

Y mientras tanto, la comunidad internacional mira para otra parte, ni tan siquiera pregunta que pasó realmente en los enfrentamientos que el gobierno peruano ha planteado como ataque salvaje a la policía por parte de los atrasados indios; no preguntará por los desaparecidos, por las sospechas de cadáveres indígenas quemados, arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes, denunciados permanentemente por la población afectada. Ni tan siquiera planteará la necesidad de una misión de verificación internacional que pueda esclarecer lo ocurrido. Se aludirá para ello al respeto a la soberanía de los estados y que estos hechos son cuestiones internas sobre las que no se pueden inmiscuir terceros. Sin embargo, no se respeta esa misma soberanía nacional cuando se protege y se impulsa la entrada de las multinacionales en esos estados a los que se ha condenado al papel de proveedor de materias primas para el mundo rico. Como decimos, una cosa es reconocer derechos, otra muy diferente, reconocer el derecho a ejercer esos derechos.

En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional

Joan Martínez Alier - Martí Orta

Sin permiso

La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

Se sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García esta dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno

Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación de los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.

El desalojo

En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos. Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder.

El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.

El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.

Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados

Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por verse. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).

Mariátegui, a Apra e a questão do indígena amazônico

Alejandro Loarte

ALAI

Hoje 14 de junho, José Carlos Mariátegui completaria 115 anos. Um grande tributo em sua memória tem sido as propostas ''criativas e heroicas'' dos socialismos contemporâneos que se tornam realidade na América Latina, sem ser “nem imitação, nem cópia” de algum sistema social, econômico e político, nem mesmo dos socialismos que existiram no século XX.

Ainda melhor homenagem lhe brindam os indígenas amazônicos com suas jornadas em defesa da terra e do regime de vida comunitária, prejudicada pelo entreguismo da Aliança Popular Revolucionária Americana (Apra), sob a presidência de Alan García.

Como nos anos 1920, o Peru enfrenta o dilema sobre o modelo econômico dominante. Mariátegui embasou seus argumentos na análise da estrutura econômica (feudal e semicolonial) da realidade peruana e sua expressão correspondente na luta de classes e propôs o socialismo baseado no coletivismo indígena. Um argumento não socialista com toque “pequeno-burguês”, afirmou Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador do Apra. Enquanto aquele debate trazia ideias e discursos sólidos, acompanhados de formas de ação social e política novas, o Peru de hoje está submergido no obscurantismo pragmático, vítima da cultura oligárquica dominante.

No início, em 1926, Mariátegui aderiu à ideia de formar uma frente única antiimperialista de trabalhadores e intelectuais, materializada na Apra, partido fundado com o fim de transformar o Peru oligárquico. Quando Haya de la Torre converteu a Apra em partido único a ser dirigido pela classe média e orientado pelo modelo democrático-burguês, Mariátegui percebe o perigo e rompe, em abril de 1928. Para Mariátegui, um marxista heterodoxo, o socialismo peruano tinha que ser dirigido pela classe operária, tendo como principal aliado o campesinato indígena. Este, em sua forma de vida, reproduz ''os elementos práticos do socialismo'' que a opressão servil feudal não havia destruído, tampouco superado. Daí que, o fim do feudalismo e do centralismo burocrático do Estado oligárquico constituíam tarefas políticas de primeira ordem. Logo, “a questão indígena começa da nossa economia [e tem] suas raízes no regime de propriedade da terra”, dizia Mariátegui.

Presente

As insurreições que os indígenas amazônicos do Peru protagonizam desde meados de 2008 são lideradas pela Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (Aidesep). Para seu presidente, Alberto Pizango, além de resistir aos decretos de García, a luta é em defesa de um modelo de vida que a extração de gás e petróleo, o corte da madeira e a degradação de rios em busca de ouro está destruindo. Ele se refere à milenar economia indígena amazônica, de caráter predominantemente comunitário e tradicional, que tem resistido ao maior embargo histórico – o desprezo e o esquecimento – e que por isso mesmo mostra a vigência de sua eficácia e funcionalidade para a vida dos povoados.

O regime de propriedade da terra, por outro lado, é mais que uma mera expressão jurídica, um título de propriedade. É o conjunto de mecanismos políticos que garantem a integridade da posse. Esses mecanismos compreendem as formas de uso da terra, do usufruto das riquezas que ali se encontram e que dali se extraem e do poder de decisão que têm seus verdadeiros proprietários. Esses mecanismos estruturam o poder que têm as comunidades, mas podem ser atacados pelas pressões adversas e externas de outros grupos econômicos e/ou do próprio Estado burocrático centralista. É essa estrutura de poder autônomo e comunal dos indígenas amazônicos que o governo aprista desconhece e busca desmantelar.

Anacrônico

Quando o presidente responde que ''as terras da Amazônia são de todos os peruanos e não de um pequeno grupo que vive ali” e que “o Peru não é uma terra de ninguém”, mostra uma atitude que relembra a dos civilistas dos anos 1920. Sua mentalidade é a-histórica, pois desconhece que em cada região do território nacional habitam, vivem e se reproduzem grupos concretos de peruanos que se relacionam social e economicamente entre si e com o meio ambiente. Ninguém melhor que os indígenas para compreender o significado, apreciar o potencial e defender a integridade do habitat amazônico onde sobrevivem por séculos. É algo que um peruano de Tacna ou de Chacarilla (distrito limenho onde mora García) jamais poderia imaginar. Para o presidente, parece que os indígenas amazônicos são seres sem história, que podem ser ignorados e apagados sem escrúpulo.

Ele encobre a verdade sobre o atual conflito. Se é como diz, se os indígenas são ''egoístas'', quem são os “bondosos”? A mão invisível do mercado sempre teve um rosto visível: a dos grupos sociais e econômicos poderosos. Quem são esses grupos que, segundo o presidente, procuram o “interesse nacional” na região amazônica? As transnacionais do petróleo, etanol e gás, as madeireiras, as mineradoras, as empresas de alimentos e os laboratórios químicos? Com a luta pela anulação dos decretos, os indígenas amazônicos revelam os interesses corporativos e sua vocação destrutiva tanto das formas sociais de vida amazônica como dos recursos naturais ali localizados. Quem são, então, os “egoístas”?

Desrespeito à lei

A resposta do Apra recorda também o gamonalismo do século XX, um sistema de dominação social e política que se baseou no divisionismo territorial herdado do vice-reinado espanhol e se reproduziu com o apoio do centralismo burocrático do Estado oligárquico. O gamonalismo precede o Estado Nacional moderno porque desaprecia suas próprias leis quando estas são adversas aos interesses que representa. Quando os indígenas amazônicos acusam o governo aprista de violar a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os povos indígenas (número 169) e editar decretos supremos inconstitucionais, põem em evidência o gamonalismo de García.

Mas não apenas isso. A Apra parece “[nutrir-se] do mais envelhecido repertório de ideias imperialistas”, diria Mariátegui. Seu desdém em relação aos indígenas, a quem criminaliza e persegue, por exercerem o direito constitucional de protestar em defesa da soberania nacional, assemelha-se àquele “conceito das raças inferiores [que] serviu ao Ocidente branco para sua obra de expansão e conquista”, agregaria Mariátegui.

Socialismo prático

Consequentemente, a questão dos indígenas amazônicos trata do presente e do futuro do Peru e as teses socialistas de Mariátegui têm vigência estratégica. “[Não] nos contentemos em reivindicar [e outorgar] o direito do indígena à educação, à cultura, ao progresso, ao amor e ao céu. Comecemos por reivindicar, categoricamente, seu direito à terra”.

A sobrevivência da comunidade e dos elementos de socialismo prático na agricultura e na vida dos indígenas, hoje multiplicadas em diversas formas em todo país, são elementos concretos de uma alternativa original que não será imitação, mas criação heroica das lutas do povo peruano, excluído pela oligarquia e espoliado pelo imperialismo. Sustentar o contrário, como faz a Apra e García, que afirmam que o problema dos indígenas amazônicos é de caráter local (região amazônica), moral (são “egoístas”), étnico (são “caipiras”) e policial (são “criminosos”), é argumentar a favor do status quo e opor-se à historia e à possibilidade que tem o Peru de transformar-se em uma nação inclusiva, democrática, participativa, coletiva e solidária.

Utopías

Abstención y totalitarismo

Marcos Roitman

La Jornada

Si comenzamos señalando que en dos de los 27 países de la Unión Europea, votaron menos de 21 por ciento, Finlandia con 19.64 por ciento y Lituania con 20.89 por ciento, podemos estar seguros de que los verdaderos triunfadores son quienes optaron por la abstención.

Para los analistas, estrategas políticos de los grandes partidos, la respuesta es de Perogrullo y manual de ciencia política. Se reduce a subrayar el poco atractivo del discurso europeísta en la población de cada país. No ilusiona e incluso puede llegar a producir un efecto bumerán, la emergencia de partidos antieuropeos, llamados euroescépticos, que sacan beneficios de esta situación, atrayendo un electorado con rasgos xenófobos y escorados a la derecha, como en Austria, Francia o en la propia Finlandia. En esta línea se recalca el carácter secundario de las figuras cabeza de listas. Igualmente se aluden motivos prosaicos, entre los cuales se cita el voto voluntario o la inhibición política.

No hay muchos deseos de buscar otras causas que expliquen los elevados índices de abstención. Es preferible lanzar balones fuera. En un lenguaje críptico, los dirigentes de todos los grandes partidos dicen hacer todo lo humano por atraer la participación, pero acaban reconociendo que no hay más cera que la que arde. La desidia y la indolencia. Cualquier excusa es buena para tapar la pobreza de los argumentos.

Si ayer fue la prosperidad y el crecimiento económico el agente inhibidor, hoy corre en dirección contraria, la crisis y la recesión. En definitiva, se trata de apuntalar un discurso raído, ciertamente legitimador del actual orden de cosas, el buen estado de salud de la democracia representativa. Así, las elecciones europeas son un referente y no pueden quedar sin pasar la prueba de la legalidad. Deben cumplir con todos los requisitos formales, respetando la parafernalia institucional y ritual. Y lo más importante, ser expresión directa y fidedigna de la voluntad popular. De ser así, los bajos índices de participación no ponen en peligro la Constitución y la legitimidad del nuevo Parlamento. A la postre, no habría contradicción entre un nivel de abstención de 56.61 por ciento y la toma de posesión de los nuevos eurodiputados. Sus ocupantes, repitan o estrenen cargo, serían los legítimos representantes de la conciencia europea. No se cuestionan si el hemiciclo es una realidad virtual. Los responsables del Parlamento Europeo deberían pensar en duplicar el número de asientos, dejando permanentemente libres 736, como señal de la abstención.

El actual Parlamento de Bruselas expresa mejor las claves de un orden político oligárquico que se apuntala a base de discursos donde los grupos parlamentarios se esfuerzan por incidir en las políticas nacionales con el fin de torcer las mayorías internas. Si vemos los resultados matemáticos, las cifras dan el triunfo a la derecha.

No se explica que en una crisis tan profunda del capitalismo, con abiertas políticas antisociales, donde se violan continuamente los derechos humanos, afectando directamente a las clases sociales populares y los sectores medios, los escasos votantes hayan decidido mantener el apoyo a Merkel, en Alemania; Sarkozy, en Francia, y Berlusconi, en Italia.

En medio de escándalos, corrupción, y acusaciones de enriquecimiento ilícito, entre otras, la derecha en España crece, sin olvidar el aumento peligroso de la extrema derecha en Finlandia y Austria. Parece ser que la izquierda no tiene alternativa y la socialdemocracia no administra bien los intereses del gran capital y las trasnacionales. El giro a la derecha coincide con un aumento de la abstención, cuya disminución no hace percibir, como antaño, un renacer de la izquierda.

La alternativa democrática y socialista en Europa, como en el resto de los continentes, debe ser anticapitalista. Su nacimiento, sin embargo, es prematuro anunciarlo en el espacio común europeo. Salvo en Francia, con un poco más de 5 por ciento de los votos, podemos decir que constituye una realidad. En España o en Italia, por ejemplarizar, su fórmula sigue las contradicciones de la política espectáculo y de querer romper con el marco institucional, sin una dirección que le dé fuerza social y credibilidad en el medio plazo. Aun así se levanta como la alternativa para suplir los desaguisados de una izquierda institucional y de una socialdemocracia partícipe de los proyectos neoliberales.

En esta coyuntura, la abstención debe interpretarse como el éxito del proceso despolitizador iniciado en los años 70, cuyo fin, desarticular a la clase obrera, el campesinado y sus organizaciones, se cumple con el nacimiento de un nuevo totalitarismo invertido. Ya no se requiere legitimar la democracia representativa con la participación de las grandes mayorías en los procesos de toma de decisiones, simplemente basta lograr el consentimiento por la vía del silencio para cerrar el círculo virtuoso de una mentalidad sumisa y social-conformista.

A direita keynesiana que atinge o socialismo

Bernardo Valli

La Repubblica

As eleições europeias expressaram o primeiro grande voto depois da crise financeira do outono [europeu]. Por isso, não teria sido muito arriscado, nem muito presunçoso, esperar por uma sentença severa com relação aos partidários da desregulação, do "laissez-faire", responsáveis objetivos da crise. Já desde os primeiros passos, a campanha anterior ao escrutínio fez surgir dúvidas. Ela rapidamente se diluiu, perdida em polêmicas genéricas ou nacionais, internas a cada país, sem assumir os tons devidos de um processo neoliberal, de estampa reaganiano-thatcheriano. E sem indicar seus promotores, enquanto responsáveis pela recessão em curso.

Agora, diante de um resultado aparentemente contrário ao sugerido por uma lógica elementar, fala-se de um paradoxo. Paradoxal parece ser, de fato, que a direita liberal ou conservadora, ao governo ou à oposição, representante do neoliberalismo falimentar, tenha saído absolvida das urnas. Ou seja, largamente vencedora. Com apenas duas exceções, na Grécia e na Eslováquia, o que não altera o juízo.

A política é ritmada por fatos ou asserções em claro contraste com a opinião comum. Mas nesse caso não há, infelizmente, nada de absurdo. Portanto, muito pouco de paradoxal. Porque a esquerda social-democrata, que começou a prova no banco de acusação e acabou na gaiola dos derrotados, simplesmente não conseguiu se apresentar como uma alternativa confiável, não sendo ainda adequada à nova situação mundial. Uma falta que tirou peso de suas acusações.

A direita rapidamente a pegou desprevenida: não teve muitas considerações pelos balanços, agravando-os com vistosos déficits para reforçar as amortizações sociais; fulminou com clamorosas denúncias os paraísos fiscais; apressou-se em elencar regras a serem impostas ao mercado; não hesitou em nacionalizar bancos à beira da falência; promoveu planos de retomada e ajudas mais ou menos dirigidas às grandes indústrias, particularmente as automobilísticas. A direita neoliberal tornou-se superkeynesiana.

Os defensores da desregulação submeteram os mercados. Fizeram com que o seu passado fosse esquecido, apropriando-se substancialmente dos princípios da social-democracia. Roubaram-lhes, deixando a esquerda de mãos vazias, obrigando-a a polemizar sobre a consistência ou não desses procedimentos e retirando-lhe a possibilidade de argumentar seriamente sobre as responsabilidades originais. Exercício este muito árduo para uma social-democracia incapaz de se adequar aos problemas de uma sociedade confrontada à nova realidade internacional.

Essa é uma das razões que levam a não se considerar paradoxais o sucesso da direita culpada pela crise e a derrota da esquerda culpada pela inadequação. Na grande maioria dos países da União Europeia, governa a direita ou a centro-direita, e, nesses países, os partidos socialistas ou social-democratas da oposição saíram prejudicados das eleições europeias. Os governos de esquerda que sobreviveram não tiveram um destino melhor. Em Londres, o trabalhista Gordon Brown, já afligido por uma rajada de crise, viu o seu partido cair para 15,7%, o quociente mais baixo desde 1910. Em Madri, o socialista Luis Rodriguez Zapatero obteve quatro ponto menos do que a oposição. Em Lisboa, poucos esperavam a pesada derrota sofrida por José Sócrates, também ele socialista.

Em Berlim, onde a Grande Coalizão sempre governa à espera das eleições de outono, os democrata-cristãos (CDU-CSU) de Angela Merkel superaram largamente os social-democratas. E o voto europeu alemão, com o claro avanço dos liberais, preanunciou uma futura aliança desses últimos com os democrata-cristãos. Onde quer que se encontrem, no governo ou na oposição, a direita e a centro-direita conseguiram os melhores resultados. Nos países pós-comunistas do Leste verificou-se o mesmo fenômeno. A Hungria é um exemplo: o governo socialista foi amplamente superado pela União Cívica (Fidesz), o partido de centro-direita do ex-primeiro-ministro Viktor Orban.

A social-democracia não se revelou insuficiente apenas no terreno das ideias. Faltam-lhe também líderes adequados à civilização das imagens. Não apenas homens capazes de interpretar na ribalta da política-espetáculo. Na televisão, eles aparecem em grande número todas as noites. A esquerda precisa de personagens capazes de comunicar, de sustentar o confronto com os chefes (não obrigatoriamente populistas ou no limite do populismo) dos quais a direita ou a centro-direita dispõe.

Nas eleições francesas, junto com o partido de Nicolas Sarkozy (o UMP), a lista Europa-Ecologia, guiada por Daniel Cohn-Bendit também obteve um sucesso surpreendente. E foi graças à personalidade do já ancião Dany-il-Rosso que esse sucesso, um autêntico terremoto no quadro político parisiense, foi possível. Assim como o insucesso do Partido Socialista, a dificuldade na comunicação da inteligente, eficiente e austera Martine Aubry também contribuiu. A capacidade de convencer, o dom de saber transmitir as próprias ideias, não depende da boa aparência física. Angela Merkel é considerada a personagem política mais apreciado na Europa. E não há na esquerda, pelo menos agora, alguém que possa, na Europa, competir com a chanceler alemã. Que, sem traços de populismo, sabe comunicar e inspirar confiança.

La selva no se vende...

Perú: Movimiento amazónico remece al gobierno

Agencias

Mientras Bagua entra a un tiempo de tensa calma -con el retorno de 800 indígenas a sus comunidades donde reflexionarán sobre lo sucedido para proseguir con su lucha- el rojo del conflicto llega a la capital peruana, donde los últimos acontecimientos amenazan con desatar una grave crisis política.

Al menos, las declaraciones del Gobierno peruano son tremendistas. Mientras el presidente Alan García acusa veladamente a Venezuela y Bolivia de un complot internacional, el premier Yehude Simon habla de asonadas golpistas, preparadas tanto para el trágico fin de semana pasado, como para el jueves, día en que se anunció una jornada nacional de protestas.

"El presidente García es el responsable de la matanza", dijo en conferencia de prensa el líder sindical de la CGTP, Mario Huamán, al llamar a la protesta, que incluirá una marcha en Lima y será acompañada por los indígenas con un "paro amazónico".

Huamán anunció además un paro nacional si el Gobierno mantiene sus medidas en favor de inversionistas extranjeros en hidrocarburos y minerales y continúa la persecución al líder indígena Alberto Pizango, a quien el Gobierno ha responsabilizado de las muertes, y quien no ha hecho apariciones públicas, señalándose que estaría en Lima.

A Pizango se le acusó de huir a Bolivia, lo que es descartado por los indígenas que lo secundan. Por ello, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, aseveró que Pizango no ha huido del país y se encuentra en Lima. "No es un delincuente, no es culpable de nada, él está dialogando con nosotros", aseveró, desvirtuando así la "conexión boliviana" que el Gobierno peruano asegura.

En tanto, la ministra Mercedes Cabanillas, dijo que la "Jornada de lucha" del jueves sería parte de un plan antidemocrático y denunció que "en septiembre va a ser la segunda intentona para derrocar al presidente Alan García". En tono enérgico además se refirió a Pizango: "El que la hace la paga, ese crimen no va a quedar impune, por muy nativo que sea".

Desfile en el Congreso. En el transcurso del lunes, estaba previsto que una serie de autoridades gubernamentales llegaran al Congreso, dado que algunas fuerzas parlamentarias han solicitado la destitución de Simon y Cabanillas, por el manejo que han tenido del conflicto, el que derivó a una jornada violenta y una crisis política grave.

El premier Simon declaró "sentirse culpable" por la muerte de una veintena de policías, según él, porque no permitió el uso de "armas mortales" en el operativo policial de despeje de una carretera, el que finalmente desencadenó el principal y más grave de los enfrentamientos entre indígenas y policías. Simon también criticó a la prensa extranjera por la cobertura que ha hecho del conflicto.

Sin embargo, el premier previamente reconoció que ''el Gobierno no supo comunicarse directamente con las comunidades, pensó que las buenas acciones o los buenos deseos de progreso y desarrollo de la Amazonía se podían hacer desde la capital sin una comunicación como debería haber sido''.

Poder Judicial. Otro frente aparte ha sido el rol de los tribunales, a los que se les ha hecho variadas exigencias tanto por parte del Gobierno como de los indígenas. Al respecto, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, dijo que la institución que él representa "tiene que guardar un equilibrio absoluto, no puede con su lenidad fomentar la impunidad, pero tampoco puede, con su precipitación, aupar una cacería de brujas. Su papel es pacificador”, sostuvo.

Además, Villa Stein aseguró que la jueza Norma Carbajal Chávez no demoró el trámite que permite la orden de detención contra Alberto Pizango.

Favela sustituye muro por senderos ecológicos

Fabiana Frayssinet

IPS

Representantes de la favela La Rocinha y del gobierno de Río de Janeiro acordaron sustituir por senderos ecológicos, parques de juegos y muros bajos el paredón que se intentaba construir para contener la expansión de este barrio hacinado hacia la selva.

La solución podría extenderse a otras favelas después de la polvareda que levantó la iniciativa original de amurallarlas, considerada un intento de apartheid entre ricos y pobres de esta ciudad carioca.Para llegar a la cima de La Rocinha, donde una empresa del gobierno comienza a construir los límites ecológicos, hay que encaramarse a una moto-taxi, el transporte más apto para circular en los estrechos y sinuosos caminos de estas comunidades, generalmente tendidas sobre los "morros", los cerros característicos de Río.

Cuando ocuparon estas tierras los conquistadores portugueses, en los morros cariocas, como a lo largo de otros 16 estados del oriente del país, crecía el Bosque Atlántico(Mata Atlântica en portugués), uno de los biomas de mayor diversidad biológica del planeta. Hoy sobrevive apenas siete por ciento de su cobertura original. En la cumbre de La Rocinha, las chozas precariamente suspendidas sobre el barranco, entre una vegetación todavía abundante, marcan el límite hasta donde creció, talando y quemando árboles, esta comunidad de unos 200.000 habitantes, una de las mayores de América Latina en su tipo.

Con el objetivo declarado de frenar esa deforestación y evitar construcciones en áreas con peligro de derrumbe, el gobierno de Río había propuesto tender unos 15 kilómetros de muros de tres metros de altura, en 14 favelas cariocas. Pero el proyecto, que comenzó a concretarse con un paredón de acero y hormigón en la sureña favela Santa Marta, despertó muchas iras. El muro es “una metáfora ofensiva que agrede a los habitantes de las favelas”, dijo para este artículo Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía(CESC).

Se trata de “una especie de jaula”, describió el técnico en informática Nadson Ribeiro, habitante de Santa Marta. Sus rejas son la policía que “vigila el lugar constantemente” desde la zona baja, y el paredón, arriba, describió. Esa imagen se hace realidad en La Rocinha. Mientras un impresionante despliegue policial destroza en las zonas bajas los puestos ambulantes del comercio informal, en lo alto, entre los árboles, se repliegan los narcotraficantes. A ese escape estratégico, entre la espesa vegetación, muchos atribuyen la verdadera razón de ser de los muros: cercar el tráfico de drogas.

El presidente de la Empresa de Obras Públicas, Icaro Moreno, rechazó la comparación con el apartheid. "El límite era virtual y ahora es físico. Lo que el Estado hizo es decir 'si lo atraviesas o rompes, estarás infringiendo el patrimonio publico'", ejemplificó. Pero la gente de La Rocinha le dijo no a los “eco-limites”. "Todo muro es separatista", dijo en una entrevista el presidente de la Asociación de Vecinos de La Rocinha, Antonio Ferreira de Melo.

La movilización de esta comunidad, y de la Federación de Favelas de Río de Janeiro, estableció al menos una tregua. El gobierno aceptó la propuesta de La Rocinha de sustituir los muros por una combinación de trechos de senderos ecológicos, con barandas para las personas que se desplazan con dificultad, pistas para patines y bicicletas y plazas con juegos infantiles, alternados con tramos de muros de sólo 90 centímetros de altura. Los paredones altos sólo se erigirán en las zonas con riesgo de deslizamientos.

La Asociación también propuso desplegar guardias forestales de la comunidad para fiscalizar que se respeten los límites establecidos. Ocimar Santos, editor de contenido del Sitio Oficial de La Rocinha en Internet, está satisfecho con la solución. "No interrumpirá el derecho de locomoción y el parque ecológico beneficiará a la comunidad”, dijo. En su opinión, la comunidad sabe que su crecimiento desordenado acarrea problemas, como la ineficiencia del saneamiento y la recolección de basura. Pero la idea del muro "no es un símbolo bueno en ninguna parte del mundo”, reflexionó.

Para el gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, los muros buscan “proteger” a las comunidades, que reciben a cambio beneficios del Estado como saneamiento básico, educación y urbanización. Es una forma de que esas inversiones, “a lo largo del tiempo, no se pierdan con la expansión descontrolada de la comunidad”, dijo Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La duda es si el acuerdo alcanzado en La Rocinha se extenderá a las demás favelas. Las reacciones han traspasado las fronteras. El jurista Álvaro Tirado Mejía, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuestionó la "discriminación geográfica” de los muros. Luisa, una habitante de La Rocinha, lo sintetiza a su manera: “El muro no es para separar árboles, es para separar a los pobres”, dijo la mujer, tampoco convencida de los senderos ecológicos. "Dicen que es un parque, pero allá abajo --en la ciudad de clase media y alta-- los parques ecológicos no son rejas”, cuestionó.

La alarmante pérdida del Bosque Atlántico contribuyó a reflotar la idea del muro, que había sido propuesta en otros gobiernos. El Atlas de los Remanentes Forestales del Bosque Atlántico, elaborado por la Fundación SOS Mata Atlântica y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, reveló el mes pasado que el Estado de Río perdió 176.714 hectáreas de este bioma desde 1985. Según el estudio, la tasa anual de deforestación casi se duplicó en los últimos tres años. Hoy, Río posee 18 por ciento de los bosques que tenía.

Los incendios, la expansión urbana y la ocupación humana son las principales causas de la deforestación en Río, dijo para este artículo la directora de SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota. Pero la Fundación no cree que la "presión sobre la vegetación nativa" sea exclusiva de las favelas. Están también los condominios y viviendas de lujo, los hoteles y posadas, así como “otros tipos de ocupación que promueven la supresión de la cobertura nativa”, dijo Hirota.

Un estudio del municipal Instituto Pereira Passos indica que la mitad de las 750 favelas de la ciudad, en las que viven 1,5 millones de habitantes, duplicaron su tamaño entre 1999 y 2004. Apretada entre los cerros y el mar, la ciudad y sus favelas, pero también sus mansiones y sus barrios de clase media, crecen hacia la selva. Hirota cree que se necesita concienciar a la gente "que vive en las áreas urbanas" sobre la "importancia de proteger la floresta nativa”.

Además, hay que planificar la expansión urbana y establecer un “control sistemático del poder público con la participación de la sociedad”, afirmó. Para Ramos, del CESC, sin fundar “una cultura ambiental” el muro no servirá de nada. Muchos gobiernos cariocas intentaron sin éxito reforestar las laderas de las favelas sumando incluso a su población. Hay otros problemas infranqueables: Brasil tiene un déficit de ocho millones de viviendas, que padecen sobre todo tres estados del sudeste: Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. "Cuando el gobierno decide construir un muro es porque no quiere invertir por ejemplo en casas populares”, dijo para este artículo el diputado estadual Marcelo Freixo, del opositor Partido Socialismo y Libertad.

Freixo cree que el muro “es un verdadero absurdo”, mediante el cual “una vez más el gobierno dice que las favelas son un problema”. Su propósito es "controlar a las comunidades pobres” y exhibir ese control a la "zona sur" de la ciudad, donde viven las clases media y alta, para quienes, en definitiva, "gobiernan" las autoridades.

Chile: Un barco que navega hacia la derecha

Fernando de la Cuadra

Gramsi e o Brasil

Si bien es cierto que el panorama electoral chileno se ha venido decantando poco a poco en las últimas semanas, todavía falta bastante para que las aguas se aquieten en el movimiento perpetuo de alianzas y pactos en un año de elecciones. Los principales competidores al sillón presidencial son Eduardo Frei por la Concertación de Partidos por la Democracia y Sebastián Piñera por la “Coalición por el Cambio”, una reciente sociedad entre los ya tradicionales partidos de la derecha (UDI y RN) y un pequeño grupo de descolgados del PPD, denominado Chile Primero. La izquierda también ha escogido su candidato: Jorge Arrate, ex Ministro de Minería de Allende, ex Ministro de los gobiernos de Aylwin y Frei y ex embajador de Lagos, un socialista de toda la vida que dejó las filas del partido para construir un “Nuevo Pacto Democrático y Popular”, un referente que junto a los partidos de la izquierda extra-parlamentaria (PC, PH, IC) congregada en torno al “Juntos Podemos”, ha levantado su candidatura con un fuerte sello allendista.

Con bastante menor expresión, aparecen otros dos referentes surgidos también de sendas escisiones de la Concertación. Con una inclinación más conservadora, el Partido Regionalista de los Independientes (PRI), formado por militantes disidentes de la Democracia Cristiana, tiene en Adolfo Zaldívar a su figura más destacada, el cual se ha autoproclamado candidato presidencial. Finalmente, otra facción, que se escindió del Partido Socialista en octubre del año pasado, ha conformado el Movimiento Amplio Social, que levantó al Senador Alejandro Navarro como su abanderado presidencial.

Sin embargo, para complicar aún más este contexto, desde las mismas filas socialistas ha surgido repentinamente un nuevo candidato. Marco Enríquez-Ominami, hijo del asesinado líder del MIR Miguel Enríquez (hoy día transformado en el gran icono de la izquierda revolucionaria chilena). Marco es un diputado joven, mezcla de galán juvenil, cineasta y filósofo, que vivió su infancia y adolescencia en Europa. Con un visual moderno e ideas contradictorias sobre economía y sociedad, se ha encumbrado en las encuestas con sorprendente velocidad, llegando a pasar el 10 por ciento de intención de votos, tendencia que puede seguir aumentando en las próximas semanas, configurando una nueva interrogante en el escenario de las candidaturas.

Los cambios en el padrón electoral

Hace un mes atrás la presidenta Michelle Bachelet promulgó la Reforma Constitucional que establece la inscripción automática en los Registros Electorales y el voto voluntario, quedando pendiente sólo la promulgación de la Ley Orgánica que regulará el proceso de incorporación de los nuevos electores. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo supone que se afiliarán todas aquellas personas mayores de 17 años nacidas en Chile, los nacidos en extranjero de padre o madre chileno (que vivan al menos un año en el país) y los extranjeros nacionalizados con derecho a voto. Esta nómina será actualizada mensualmente por medio de un informe que enviará el Registro Civil al Servicio Electoral.

Lo anterior representa sin lugar a dudas una importante modificación del padrón electoral vigente hasta ahora, abriéndose la posibilidad de inscripción de cerca de cuatro millones de chilenos y chilenas no inscritos, la gran mayoría de los cuales son jóvenes. En los hechos, la nueva ley no significa que estos cerca de 4 millones de personas pasen a formar parte del padrón electoral en forma automática, pues este proceso será realizado en forma lenta al momento de efectuar el trámite para obtener la cédula de identidad. Con todo se espera que un número importante de jóvenes con más de 18 años se incorporen como futuros votantes, superando con creces el escaso treinta por ciento (30%) de los jóvenes entre 18 y 29 años que actualmente se encuentran inscritos en los registros electorales.

¿Que implicancias puede tener este aumento drástico del voto juvenil? En realidad existe bastante incertidumbre de cual podría ser el impacto que va a tener esta participación electoral en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre próximo. Una conclusión de sentido común nos dice que el voto de los jóvenes debiera inclinarse hacia un proyecto progresista o de izquierda, considerando que una tendencia “natural” de este grupo etáreo se vincula a los ideales de justicia social, opción por el cambio y rebelión, anhelos que encarnarían mejor los partidos de izquierda o progresistas. Sin embargo, una reciente encuesta realizada a lo largo del país revela que la intención de voto de los jóvenes se orienta mayoritariamente hacia el representante de la derecha en la próxima contienda presidencial.

En efecto, un porcentaje significativo de jóvenes estaría dispuesto a elegir a Sebastián Piñera (38%) con relación a Eduardo Frei, que obtiene un 31% en este segmento de los electores (18-25 años). Junto con ello, es interesante consignar que la intención de voto entre los no inscritos es incluso mayor en el caso de Piñera, que obtiene un 41% frente al candidato de la Concertación, que sólo concita una adhesión del 28%. Es decir, contra las previsiones más simples, tanto entre los jóvenes como entre los que aún no se encuentran inscritos en los registros, a esta altura de la campaña la intención de voto para el abanderado de la derecha es claramente superior [1].

El candidato de la derecha se presenta además como una especie de Obama chileno, anunciando una renovación de las prácticas políticas y prometiendo una administración eficiente, transparente y honesta, en síntesis, representa “el cambio”. Así, los ideólogos de la derecha señalan que un aspecto central en la campaña de su abanderado debiera ser “atraer a la gente que no le gusta la actual forma de hacer política, pero que está dispuesta a entrar para cambiarla”, un discurso orientado a ese enorme conglomerado de jóvenes descontentos con las viejas generaciones que siguen dominando la escena política chilena.

A pesar de que la embestida derechista se ha sustentado en el desgaste que ha venido sufriendo el pacto gobiernista en sus casi 20 años en el poder, no menos cierto es que el propio Piñera ya se encuentra en una fase de declive, la que se ha acentuado bastante en las últimas semanas. Actitudes populistas y de efecto publicitario han tenido más bien una respuesta de rechazo por parte del electorado en general e incluso de sus propios socios en la Alianza por Chile. Su asociación con sectores desgajados del PPD ha sido interpretado como un gesto de astucia, oportunista y más bien carente de ética, que como una apuesta seria en ampliar la base de apoyo para un programa pluralista de modernización y cambio.

Por su parte, el representante oficialista se encuentra en una situación de estancamiento. A pesar de colocar rostros jóvenes en su comando, Eduardo Frei hereda la pesada carga de la Concertación — originalmente un bloque de partidos que encarnaban las aspiraciones democráticas de la ciudadanía, que se fue convirtiendo demasiado rápidamente en un acuerdo cupular restricto a un pequeño número de conspicuos dirigentes y “operadores” profesionales vinculados al engranaje de sus respectivas máquinas partidarias, distanciados irreversiblemente de sus militantes de base y de la población en general. En una tentativa tardía por representar al mundo popular y a los sectores excluidos del sistema político vigente, la Concertación ha firmado un pacto con el Partido Comunista para apoyarse mutuamente en la justa parlamentaria y, de esta manera, posibilitar que este último consiga elegir dos o tres diputados para el próximo periodo y, de paso, asegurarse el apoyo de los comunistas en una — casi cierta — segunda vuelta electoral.

En esta atmósfera ha surgido la figura de Enríquez-Ominami, llamado de díscolo, por su negativa a someterse a la orden partidaria (socialista) de apoyar al candidato oficial de la Concertación. De estilo jovial y con un discurso que enfatiza la necesidad de renovar los rostros de la política, este diputado ha concitado una significativa adhesión entre aquellos votantes con menos de 35 años, capturando simultáneamente la intención del voto juvenil de los dos candidatos con más opciones.

Continúa la incertidumbre

Dejando a un lado el “fenómeno” Bachelet [2], cualquier radiografía de la situación electoral puede ser errática, debido a la dinámica en curso y a las efectivas posibilidades de que opciones presentes pueden cambiar en los próximos meses. Ello puede depender de varios factores.

Un elemento importante a tomar en cuenta es el impacto de la crisis económica mundial en el desarrollo de la actividad interna. Los indicadores económicos han tenido un desempeño mediocre en los últimos meses y la población está experimentando cotidianamente los efectos de la baja en el crecimiento, la restricción del crédito y el alza de los alimentos y, en general, el clima de incertidumbre que se abate sobre todos los agentes económicos. El desempleo para el último trimestre móvil llegó al 8,5%, lo cual representa un aumento de 1,2% con relación a igual periodo del año anterior. Ante este panorama el gobierno ha creado un plan de crédito de apoyo a las pequeñas empresas con subsidios para la compra de equipos, capacitación y, lo más importante, reprogramación de las deudas contraídas. Si estas y otras medidas tomadas por el Ejecutivo no son suficientes para revertir los impactos de la crisis en el ámbito interno, es altamente probable que los sentimientos de inseguridad, desesperanza y temor al futuro sean traspasados a la coalición de gobierno.

Y frente a la crisis el voto conservador o sin una fuerte base doctrinal (electorado precario en palabras de Antonio Cortés Terzi) se torna aún más conservador. Por eso, es importante monitorear y evaluar el desarrollo o evolución de la crisis para tener una idea más aproximada de lo que podrían venir a ser las tendencias del electorado.

Otro aspecto a ser considerado dice relación con el grado de cohesión o desgajamiento que siga experimentando el bloque de gobierno. Efectivamente, todas las renuncias, salidas y desmembramientos hacia la derecha o la izquierda de la Concertación representan claros indicios de la etapa de descomposición o de crisis terminal que enfrenta esta coalición, crisis que no sólo enuncia un agotamiento del proyecto progresista y ciudadano que aspiraba construir, como también indica su incapacidad para “disciplinar” a sus diversos componentes en torno a un objetivo más concreto, que le permita dar continuidad en el plano administrativo a un quinto gobierno.

Se puede interpretar esta indisciplina precisamente a partir del desencanto que ha implicado la decadencia de una opción que se sustentaba durante mucho tiempo como alternativa al dilema democracia versus autoritarismo, pero que no ha encontrado fuerzas para reciclarse y dar un paso que le permita presentar un proyecto de país que desmonte la estructura heredada de la dictadura y se vincule a una nueva cultura política asentada en la equidad, inclusión y participación democrática.

Del conjunto de factores apuntados anteriormente podemos extraer dos conclusiones. La primera es que, aún en la eventualidad de que la Concertación obtenga un triunfo en la próxima contienda electoral, este conglomerado se encuentra cerrando un ciclo iniciado en 1988 (año del plebiscito) y su propensión al fraccionamiento debe continuar, ante lo cual parecen quedar sólo dos salidas: pensar en una renovación radical o decidir francamente su autodisolución.
Una segunda conclusión es que, en todos los escenarios probables, existe un riesgo palpable de que el próximo gobierno tenga una impronta más conservadora que la actual administración Bachelet, lo cual puede tener inusitadas consecuencias en los avances alcanzados en materias tales como respeto a la diversidad, inclusión, protección social y, especialmente, en lo que concierne a una mayor democratización de la sociedad chilena.
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Fernando de la Cuadra é sociólogo chileno e membro da Rede Universitária de Pesquisas sobre América Latina (Rupal).
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Notas
[1] Resultados del “Estudio Nacional de Opinión Pública. Elecciones presidenciales 2009”, realizado por la empresa TNS–Time, mayo 2009.
[2] Resulta interesante que pese a la caída de apoyo a los partidos de la Concertación, la aprobación a la gestión de la presidenta ha experimentado un importante repunte y, muy especialmente, la popularidad de la propia Bachelet ha tenido un alza espectacular en el último tiempo. En un reciente sondeo realizado a nivel nacional por la empresa Adimark, todos los indicadores de la Mandataria mejoraron. La evaluación de su gestión logró un 68,5 por ciento de aprobación, siendo que un 82 por ciento de los encuestados señaló que Bachelet es la persona más querida por los chilenos.

La cosa Berlusconi

José Saramago

El País

No veo qué otro nombre le podría dar. Una cosa peligrosamente parecida a un ser humano, una cosa que da fiestas, organiza orgías y manda en un país llamado Italia. Esta cosa, esta enfermedad, este virus amenaza con ser la causa de la muerte moral del país de Verdi si un vómito profundo no consigue arrancarlo de la conciencia de los italianos antes de que el veneno acabe corroyéndole las venas y destrozando el corazón de una de las más ricas culturas europeas. Los valores básicos de la convivencia humana son pisoteados todos los días por las patas viscosas de la cosa Berlusconi que, entre sus múltiples talentos, tiene una habilidad funambulesca para abusar de las palabras, pervirtiéndoles la intención y el sentido, como en el caso del Polo de la Libertad, que así se llama el partido con que asaltó el poder.

Le llamé delincuente a esta cosa y no me arrepiento. Por razones de naturaleza semántica y social que otros podrán explicar mejor que yo, el término delincuente tiene en Italia una carga negativa mucho más fuerte que en cualquier otro idioma hablado en Europa. Para traducir de forma clara y contundente lo que pienso de la cosa Berlusconi utilizo el término en la acepción que la lengua de Dante le viene dando habitualmente, aunque sea más que dudoso que Dante lo haya usado alguna vez. Delincuencia, en mi portugués, significa, de acuerdo con los diccionarios y la práctica corriente de la comunicación, "acto de cometer delitos, desobedecer leyes o padrones morales".

La definición asienta en la cosa Berlusconi sin una arruga, sin una tirantez, hasta el punto de parecerse más a una segunda piel que la ropa que se pone encima. Desde hace años la cosa Berlusconi viene cometiendo delitos de variable aunque siempre demostrada gravedad. Para colmo, no es que desobedezca leyes sino, peor todavía, las manda fabricar para salvaguarda de sus intereses públicos y privados, de político, empresario y acompañante de menores, y en cuanto a los patrones morales, ni merece la pena hablar, no hay quien no sepa en Italia y en el mundo que la cosa Berlusconi hace mucho tiempo que cayó en la más completa abyección. Este es el primer ministro italiano, esta es la cosa que el pueblo italiano dos veces ha elegido para que le sirva de modelo, este es el camino de la ruina al que, por arrastramiento, están siendo llevados los valores de libertad y dignidad que impregnaron la música de Verdi y la acción política de Garibaldi, esos que hicieron de la Italia del siglo XIX, durante la lucha por la unificación, una guía espiritual de Europa y de los europeos. Es esto lo que la cosa Berlusconi quiere lanzar al cubo de la basura de la Historia. ¿Lo acabarán permitiendo los italianos?

Apoyo incondicional

OEA anula expulsión de Cuba por unanimidad

Agencias

Cuarenta y siete años debieron pasar antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA) revocara una de sus resoluciones más polémicas y que más roces entre sus miembros ha causado en los últimos años: la expulsión de Cuba del organismo continental.

Ayer, luego de largas negociaciones promovidas por el secretario general José Miguel Insulza y por la presidencia hondureña de la Asamblea General, los representantes de los 34 países miembros del bloque acordaron por aclamación "dejar sin efecto la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 (y en la que Chile se abstuvo) que expulsó a Cuba por sus vínculos con el entonces bloque chino-soviético. Con notoria satisfacción Insulza celebró ayer la revocación, pero advirtió que su regreso a la institución no se dará "mañana ni pasado".

El texto de la resolución, signado ayer por todos los países en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, dice que "la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA".

Al respecto la secretaria de Estado Hillary Clinton, junto con celebrar la "flexibilidad y apertura" de los países de la OEA, aclaró que un eventual regreso de La Habana a la institución estará subordinado al cumplimiento de exigencias sobre compromiso democrático y con los derechos humanos.

"Cuba puede volver a la OEA en el futuro, si la OEA decide que su participación cumple con los propósitos y principios de la organización, incluyendo la democracia y los derechos humanos", señaló el comunicado de Clinton.

El acuerdo se logró pese a los reparos iniciales del gobierno de Estados Unidos respecto, justamente, a la situación de los derechos humanos en la isla, algo que el propio Fidel Castro consideró una "humillación" más de la Casa Blanca.

Incluso la propia Hillary Clinton había descartado -en la noche del martes- un acuerdo que no incluyera estas exigencias y había cerrado la puerta al consenso.
Pero Insulza y la presidencia hondureña no se conformaron e insistieron en el diálogo que finalmente dio ayer fruto a un documento que fue firmado por unanimidad y sin reparos.

Pero Clinton aclaró ayer que la línea de la negociación incluyó poner en el documento firmado una cláusula que no hiciera automática la reincorporación de La Habana al bloque como pedían varios gobiernos como el venezolano y el nicaragüense. Sólo así Washington aceptó dar el sí, y para no quedarse solo en su oposición pues hasta Colombia y México (ambos gobiernos conservadores) ya habían adelantado su apoyo a la anulación de la expulsión.

Pero Dan Restrepo, el encargado de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue incluso un paso más allá aclarando que la decisión de la Casa Blanca tampoco significa que se tenga contemplado ahora hablar sobre el embargo a Cuba.

Esto pese a que el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estimó anoche que el embargo estadounidense hacia Cuba "se está terminando de a poco". Lula manifestó así su satisfacción sobre la resolución de la OEA, así como otros líderes latinoamericanos como el Presidente venezolano Hugo Chávez, quien consideró la decisión como un "triunfo revolucionario", aunque aclaró que de no haberse alcanzado habría retirado a su país del bloque.

Pero no todos estaban tan felices. "La decisión que adoptó la OEA es un colapso ideológico de la democracia en el hemisferio". Así resumió ayer Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, la visión que el exilio en Miami tiene de la resolución histórica de ayer.