Socialismo y Democracia
Desde que asumió la presidencia de la República, Lula da Silva ha tenido que sortear innumerables obstáculos para poder gobernar y llevar adelante sus principales promesas de campaña, como el aumento del salario mínimo, la eliminación de la miseria a través de las transferencias directas del Estado o la salida de Brasil del Mapa del Hambre por medio de políticas activas de enfrentamiento de este flagelo mundial.
En ruta de colisión, la extrema derecha y la derecha –que la prensa llama eufemísticamente de centrão- se han empecinado en colocar incalculables escollos a casi todas las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo. Recordemos que ya antes de asumir su mandato en enero del presente año, el gobierno entrante tuvo que negociar con un Congreso chantajista la aprobación del presupuesto de 2023, que incluía los recursos necesarios para sacar adelante las políticas apuntadas anteriormente. (Los principales escollos del gobierno Lula).
En el caso de la superación de la pobreza, la complicada y extenuante negociación para obtener los recursos necesarios para implementar el renovado Programa Bolsa Familia dentro del Presupuesto de 2023, necesitó de mucha transacción política, renuncia programática e inclusión de políticos de derecha en el cuadro ministerial del nuevo gobierno. Solo de esta manera se pudo aprobar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que incluyera en las cuentas de este año los valores para asegurar el financiamiento de una política de transferencia directa imprescindible, vistos los altos niveles de pobreza y hambre que acumuló la población más vulnerable del país durante el ciclo funesto de la administración anterior.
En estos primeros meses del gobierno Lula, los sectores de la derecha y extrema derecha siguen desatando sus bloqueos a la implementación de los planes que buscan mejorar las condiciones de vida de dichos sectores más vulnerables, tratando paralelamente de influir en decisiones del ejecutivo para la nominación de un conjunto de entidades estatales y paraestatales con el fin de lograr el control político y financiero de órganos centrales en el andamiaje gubernamental. Utilizan el control sobre estas instituciones como moneda de cambio para aceptar la promulgación de la Medida Provisoria (MP) que oficializa el aumento del número de Ministerios, incluyendo importantes carteras como las de Planificación, Desarrollo e Industria, Pueblos Indígenas, Desarrollo Agrario, Transportes, Cultura e Igualdad Racial.
Para obtener el respaldo de esta Medida Provisoria, la nueva gestión tuvo que negociar su consentimiento junto con la mantención de la Fundación Nacional de la Salud (FUNASA), órgano que ha sido evaluado negativamente por el gobierno que aspiraba a su extinción. Los partidos del centrão condicionaron la aprobación de esta MP a la reconsideración de las autoridades sobre la viabilidad de dicho organismo y de la consiguiente distribución de cargos entre los principales partidos con representación mayoritaria en la Cámara. Y también con la aprobación de esta MP se tuvo que aprobar el Proyecto de Ley del Marco Temporal que amenaza el Derecho Constitucional de los Pueblos Originarios , además de incluir en esta negociación una nueva legislación que busca minar la actual ley que vela por la protección de la Mata Atlántica, que actualmente se encuentra en serio riesgo de extinción.
A pesar de su triunfo en la segunda vuelta en octubre de 2022, el actual mandatario no fue acompañado por una parte significativa de sus electores en las votaciones para elegir a los representantes del Congreso. De hecho, del total de 513 diputados, la coalición de gobierno puede contar solamente con 95 diputados que respaldan sus iniciativas. El resto de los miembros de la Cámara deben ser “conquistados” en función de intereses sectoriales y particulares que puedan movilizar eventuales apoyos a las medidas y proyectos emanados desde el Ejecutivo.
De estos 418 diputados restantes, los que militan en el PSB, PDT, MDB y el PSD se pueden sumar con mayor facilidad a las fuerzas que promueven algunos cambios y reformas impulsadas por el gobierno, aunque su respaldo es casi siempre condicionado a algunos beneficios que puedan obtener por parte de la administración central. El resto forma parte de una corriente moderada o “independiente” más o menos oportunista que se puede sumar en determinadas circunstancias (Unión Brasil, Partido Popular, Republicanos) y una oposición más férrea, ideológicamente identificada con el Bolsonarismo, como es el caso del Partido Novo y del Partido Liberal, que es el mismo donde milita el ex capitán.
En el Senado la situación no es muy diferente. De sus 51 integrantes, la base del gobierno cuenta con 8 miembros del PT, más otros 32 integrantes de partidos aliados o de cierta proximidad auspiciados por motivos instrumentales (caso del MDB y el PSD).
Efectivamente, la actual configuración del Congreso Nacional que tiene un perfil conservador –quizás más conservador que durante el propio gobierno Bolsonaro- ya venía anticipando una relación conflictiva entre el gobierno Lula y sus detractores de derecha y de extrema derecha. En ese contexto, se puede apreciar los denodados esfuerzos de estos sectores por desplegar una enorme cantidad de estrategias para descalificar todos los esfuerzos del actual gobierno en pos de políticas sociales más justas e inclusivas y, lo que resulta aún más evidente, evitar que ellas se implementasen por medio de su aprobación en el Legislativo.
Dichas estrategias se vienen amparando en el enorme sustento otorgado por los medios de comunicación y sus campañas violentas de desinformación. Se sabe que tales campañas de desprestigio mediático representan una fórmula de uso común por aquellos grupos empresariales que buscan erosionar la imagen y credibilidad de los proyectos progresistas, dirigiendo especialmente su artillería hacia los líderes de tales proyectos.
Decíamos que, en el caso del gobierno Lula, la ultraderecha y los partidos del centrão vienen difundiendo -con la complicidad de los medios- información falsa sobre las iniciativas del Ejecutivo, recurriendo a narrativas y fake news que tienen por objetivo desmontar o generar dudas sobre la viabilidad de esas propuestas. Son frecuentes las acusaciones de irresponsabilidad fiscal ante cualquier indicio de aumento del gasto público destinado a profundizar las políticas sociales. Ello incluye chantajes como que aumentarán los riesgos de una depreciación de la moneda (subida del dólar) o la caída estrepitosa de las cotizaciones de la bolsa, como ya se pudo constatar claramente inclusive desde antes de iniciarse la nueva gestión.
Ciertamente, parece que Brasil se encuentra organizado por un tipo de régimen semi-presidencialista, con la salvedad de que el Congreso no asume ninguna de las responsabilidades emanadas de las decisiones que recaen exclusivamente sobre el Ejecutivo. De esta forma, en el Palacio do Planalto existe plena consciencia de que actualmente no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante los principales proyectos que le permitirá cumplir cabalmente con el Programa que le propuso a la ciudadanía. En los hechos, el enorme desgaste que experimentó el Ejecutivo para la aprobación de la MP que aumentaba el número de Ministerios, demostró la fragilidad que posee el gobierno con relación al Congreso.
Delimitando un futuro escenario posible, Lula tiene la posibilidad de intentar una salida como su par colombiano Gustavo Petro, que después de nueve meses de sufrir la resistencia a su programa de reformas sociales, decidió realizar un cambio abrupto en su gabinete, pidiéndole la renuncia a todos los ministros que formaban parte de la coalición con el Partido Liberal. Lo que no debe hacer Lula da Silva es renunciar a su legado y a sus promesas de gobierno, brindándole a los sectores reaccionarios el beneplácito de conseguir su propósito de imponer la impronta patrimonialista y plutocrática sobre los destinos de Brasil.
Apoyado por una reinserción internacional favorable, la viabilidad del proceso de cambios ineludibles que se deben emprender en los próximos meses depende no solo de la capacidad del Presidente Lula de llegar a acuerdos con un Legislativo que bloquea y extorsiona sistemáticamente la carta de navegación progresista, sino sobre todo va a depender de la determinación que tenga el gobierno para profundizar una correlación de fuerzas favorables y mantener una movilización activa de sus seguidores que le permita cumplir con su programa, reconstruyendo lo que fue destruido por el nefasto mandato anterior y proponiendo nuevas reformas estructurales para mejorar la vida del pueblo brasileño.
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