Rebelión
La denuncia de corrupción pasiva contra el Presidente Temer que ha sido instaurada por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, es muy grave, suficiente para apartarlo de su mandato de forma automática. Si Brasil tuviera un sistema de gobierno parlamentario es casi seguro que ya hubiera sido alejado del poder. Pero como este país se rige bajo un sistema presidencialista es necesario que se sigan otros caminos para conseguir su destitución. Primeramente, para que una investigación criminal contra el presidente pueda ser abierta y analizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) se necesitaría la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Diputados. En cifras, ello significa que son necesarios 342 votos favorables a la apertura de proceso de un total de 513 diputados.
Por ahora, la causa se tramita en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en la cual la defensa del presidente tiene 10 sesiones para presentar sus descargos. En seguida, deben existir 5 sesiones el para que se realice la presentación del relator. Inclusive si la CCJ votará contra el informe, este debe ser conducido para el Plenario de la Cámara para votación, instancia donde se requiere está aprobación de los dos tercios para continuar con la acusación. La tendencia hasta ahora es que pocos diputados han decidido o manifestado como votarán, aunque existe en este momento la sensación de que no se conseguirán los votos suficientes para continuar con la denuncia y ella sea archivada hasta que aparezcan nuevas pruebas contra el inculpado. Si la Cámara aprueba y la máxima Corte del país concluye que hay elementos para declarar reo al presidente, este será apartado automáticamente del cargo por un periodo de 180 días, mientras prosiguen las investigaciones. En dicho escenario, según la constitución debería asumir el primero en la línea sucesoria, función que recae en el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
No parece factible en la actual coyuntura que el presidente Temer pueda ser objeto de un impeachment aunque nunca se sabe que actitud asumirán los congresistas al tomar conocimiento con mayor profundidad sobre los términos de la denuncia del procurador o si nuevas acusaciones aparecen en los próximos días. En ese caso, los partidos de la base aliada pueden optar por apartarse definitivamente del gobierno y del presidente, en cuyo caso el futuro de Temer se encuentra bastante comprometido.
Diferentemente, si la base aliada del gobierno se consolida en torno a un apoyo incondicional al presidente y si ese sustento continúa estable, podemos llegar a 2018 sin alteraciones en la hoja de ruta, especialmente ahora que Brasil entrará en clima de elecciones el año que viene. Es decir, las prioridades van a ser otras y lo más probable es que los partidos vuelquen sus energías para organizar sus respectivas campañas electorales y para articular las alianzas requeridas en función de la contienda que se aproxima. Esta semana, los aliados del presidente están en una campaña agresiva para conquistar el apoyo de los indecisos para la votación en el plenario, que puede ser marcada para el viernes 14 de este mes.
Otra alternativa sería la renuncia de Temer y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, lo cual es una hipótesis improbable debido a la voluntad de Temer de seguir en su cargo hasta el fin de su mandato. Una última posibilidad es que sea aprobada la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) presentada por el diputado Miro Teixeira para adelantar la fecha de las elecciones. Sin embargo, para que ello suceda se requiere un quorum hasta el momento inexistente e improbable si se considera que falta poco más de un año (2 de octubre de 2018) para que se realicen las elecciones según el cronograma oficial.
Mientras tanto, entre los ciudadanos se ha instalado la sensación de que el país no consigue emerger del pantano, aunque tampoco se vislumbran alternativas viables para superar la crisis. Por lo mismo, las frecuentes manifestaciones a favor de la salida de Temer no han tenido el impacto esperado sobre la clase política.
Aparte del ex presidente Lula o de Marina Silva, no se percibe el surgimiento de ningún nuevo liderazgo o de algún bloque político que sea capaz de congregar a la mayoría de las fuerzas políticas y sociales hacia un proyecto que permita construir acuerdos y alejar la crisis del horizonte de los ciudadanos. La corrupción sigue campeando y el propio Poder Judicial está siendo cuestionado por sus últimos fallos a favor de la libertad de condenados en primera instancia, como por ejemplo, el ex asesor y estrecho colaborador del presidente, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures.
Si bien el escenario brasileño continúa siendo incierto e impredecible a mediano plazo, no se puede descartar la posibilidad de que nuevos hechos podrán venir a cambiar la actual correlación de fuerzas. La tendencia debería ser que de no aparecer nuevas acusaciones graves contra el actual presidente, el actual gobierno se va a mantener incluso a pesar de todas las turbulencias que existen y que probablemente seguirán existiendo en su travesía. Ello para desgracia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta nación.
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