Luciana Bertoia
Página 12
Hace más de veinte días que 31 mapuches están en huelga de hambre en las cárceles chilenas. Están presos por la aplicación de la llamada ley antiterrorista. El gobierno de Sebastián Piñera no mostró intención de destrabar el conflicto. Mientras tanto, la salud de los indígenas se sigue deteriorando.
La huelga de hambre líquida arrancó el 12 de julio en los penales de Concepción (centro) y Temuco (sur). Progresivamente, se fueron sumando reclusos mapuches de otras cárceles. Los mapuches dijeron, a través de un comunicado, que extenderían la medida hasta las últimas consecuencias. Los presos reclaman que dejen de aplicarles la ley antiterrorista, un instrumento legal sancionado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, exigen que sus causas no sean derivadas a tribunales militares y demandan acceder a un juicio justo. La desmilitarización de los territorios de la comunidad también es otro de los reclamos que les hacen a las autoridades chilenas. En el sur de Chile, las empresas agrícolas y forestales ocuparon las tierras ancestrales.
Organizaciones de defensa de las comunidades originarias denunciaron en el fin de semana que se está deteriorando a pasos agigantados la salud de los detenidos en la cárcel de Angol, al sur de Santiago. Según manifestó el Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, los reclusos sufrieron maltrato psicológico de parte de los gendarmes y no recibieron asistencia médica por parte de los uniformados. Ayer se realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar al Ejecutivo que escuche las demandas de los indígenas, pero el silencio oficial sigue sin romperse.
Los mapuches en huelga de hambre están en prisión preventiva hace más de un año y medio, ya que la legislación antiterrorista habilita a que estén en esa condición hasta por dos años. De acuerdo con la normativa aprobada en mayo de 1984, también se les puede impedir el acceso a la causa a los abogados defensores de los procesados.
“La aplicación sistemática de la ley antiterrorista es discriminatoria porque levanta acusaciones contra personas que reclaman por sus derechos legítimos. Se aplica esencialmente a personas mapuches”, denunció Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional (AI) de Chile. AI le reclamó al presidente Sebastián Piñera que se revise esa legislación que podría cuestionarse como inconstitucional”, según indicó su titular.
AI no está visitando a los presos mapuches en huelga de hambre por pedido expreso de los indígenas. Pero Laurenti remarcó que la organización con base en Londres apoya el reclamo. En un informe presentado en mayo al presidente Piñera, AI manifestó su preocupación por la situación de los pueblos originarios. “El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y la actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta”, dijeron desde la organización.
Más de 105 mapuches están presos, condenados o procesados en el país trasandino por la demanda territorial y a 57 se les aplicó la ley antiterrorista. Según un informe de la Comisión de Etica contra la Tortura de Chile, el número de criminalizados se duplicó en sólo un año. Entre los delitos por los que se los imputa están los de incendio terrorista, homicidio frustrado, lesiones con carácter terrorista, amenazas y asociación ilícita terrorista.
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