sábado, 28 de fevereiro de 2015

El cambio climático ya llegó

Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!


El presidente Barack Obama emitió su tercer veto en los más de seis años que lleva de mandato, en rechazo del Proyecto de Ley S.1 (Proyecto de Ley del Senado Número Uno), la “Ley de aprobación del oleoducto Keystone XL”. Este fue el primer proyecto de ley aprobado por el nuevo Congreso con mayoría republicana en lo que va del año, en un intento por forzar la construcción de un oleoducto diseñado para trasladar arenas alquitranadas de Canadá a puertos estadounidenses en Texas para su exportación. Hace ya varios años que una amplia coalición internacional lucha contra el proyecto. El científico climático James Hansen, ex director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, escribió en The New York Times que si se construye el oleoducto, el clima tal como lo conocemos “será historia”.

Esta votación y este veto suceden al tiempo que gran parte de Estados Unidos se ve azotada por temperaturas extremadamente frías, con ciudades como Boston sacudidas por nevadas sin precedentes y estados sureños como Georgia experimentando la caída de nieve. Mientras tanto, la mayor parte de California se prepara para una sequía aún más fuerte. Los informativos de los canales de televisión corporativos invierten cada vez más tiempo en la cobertura del cada vez más caótico, costoso y, en ocasiones, letal clima. Pero fallan consistentemente en hacer la conexión entre las condiciones climáticas extremas y el cambio climático.

Los canales vuelcan millones de dólares en llamativos “Centros de monitoreo del clima” televisivos. Estos sets, con sus elegantes presentadores, están siendo convertidos en “Centros de monitoreo de fenómenos climáticos extremos”. Así como destacan de manera sensacionalista la expresión “condiciones climáticas extremas”, ¿por qué no destacan también los conceptos de “cambio climático” o “calentamiento global”? ¿Por qué no explican cómo el calentamiento global puede conducir a nevadas más fuertes o a temperaturas más bajas? La población depende sobre todo de la televisión para informarse, incluso en esta era de Internet. ¿De qué manera se pueden relacionar la sequía en California y el congelamiento de las Cataratas del Niágara, estando a miles de kilómetros de distancia? La gente no es tonta. La avalancha diaria de informes climáticos sensacionalistas debe incluir explicaciones de los cambios más profundos que ocurren en todo el planeta.

Basta con ver la publicidad que acompaña los informativos. A menudo vemos publicidades con gran producción, muy atrayentes, que describen lo limpia y maravillosa que es la industria de los combustibles fósiles. Pero ¿es así realmente? Veamos lo que pasó este mes mientras más de cien ciudades estadounidenses registraron temperaturas bajas récord: una explosión de una refinería de ExxonMobil al sur de Los Angeles sacudió los alrededores con el equivalente de un terremoto de magnitud 1,4. En Virginia Occidental, la “bomba” de un tren que transportaba petróleo se descarriló y explotó, encendiendo el cielo nocturno con enormes llamaradas y forzando la evacuación de dos ciudades. Dos días antes, otro tren se había descarrilado en Ontario, Canadá, y el incendio de sus vagones duró varios días.

Además de estas explosiones están las filtraciones, los derrames, la contaminación con aire tóxico que causa epidemias de asma en las comunidades afectadas. Y todas estas consecuencias de la industria de los combustibles fósiles son pequeñas cuando se las compara con la destrucción constante causada por el cambio climático, que sigue empeorando y podría llegar a ser irreversible.

El debate sobre el cambio climático ha terminado. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, ganador del premio Nobel, publicó un informe redactado por 800 científicos de 80 países, que resume los hallazgos de más de 30.000 ponencias científicas arbitradas y concluye:

“La influencia humana en el sistema climático es clara: cuanto más perturbemos nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, generalizados e irreversibles. Y tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero y sustentable”. Comparemos esto con el puñado de científicos que niegan la realidad del cambio climático. Uno de sus paladines, Wei-Hock “Willie” Soon, del Centro de Investigaciones Astrofísicas Harvard-Smithsonian, recibió 1.200.000 dólares de la industria de combustibles fósiles, entre ellos del barón del petróleo Charles Koch, según una investigación realizada por Greenpeace y el Centro de Investigaciones Climáticas. El Dr. Soon no mencionó estas contribuciones y actualmente está siendo investigado por el Instituto Smithsoniano por posibles violaciones éticas.

Entre los que consideran que la ciencia es clara y que el debate está resuelto está nada menos que el Pentágono. Durante el gobierno de Obama, así como durante el del presidente anterior, George W. Bush, el Departamento de Defensa calificó al cambio climático como una importante amenaza a la seguridad nacional. Del mismo modo, las grandes compañías aseguradoras llevan cuidadosamente la cuenta de los desastres climáticos multimillonarios que suceden cada año, ya que estas catástrofes afectan su balance final.

Justo cuando la población necesita más información sobre estos temas, algunas de las mayores organizaciones de noticias están reduciendo el personal asignado a la cobertura del clima. El pasado mes de octubre, la NPR, la cadena de radios públicas de Estados Unidos, redujo su personal a cargo de la cobertura del ambiente y el cambio climático de cuatro personas a solamente una, que ahora trabaja a medio tiempo. En 2013, The New York Times desarticuló su equipo especializado en temas ambientales, que estaba integrado por nueve personas.

No hay eventos meteorológicos que sean por sí solos prueba del cambio climático, pero las tendencias son claras. Los meteorólogos, particularmente los de los noticieros televisivos, tienen el deber de declarar los hechos tal como son: el cambio climático es real; es una amenaza planetaria y se pueden hacer muchas cosas al respecto.

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

Política brasileña entra en círculo vicioso

Mario Osava
IPS

El enredo de aristas políticas en que se metió la presidenta Dilma Rousseff dificulta la ejecución de medidas para superar los problemas económicos de Brasil, y viceversa. Este círculo vicioso y debilitante estimula acciones y ambiciones en una oposición que poco amenazó el poder del Partido de los Trabajadores (PT) en sus 12 años de gobierno. Además fomenta divisiones en la amplia alianza gubernamental. “La combinación negativa de política y economía se retroalimenta y deja al mercado, los aliados (del gobierno) y la sociedad en general asustados, porque el gobierno no muestra capacidad de reaccionar a los hechos, todos malos”, evaluó André Pereira, cientista político y consultor independiente en Brasilia.

La coalición oficialista sufrió seguidas derrotas en la Cámara de Diputados, cuyo nuevo presidente, Eduardo Cunha, se destaca como adversario aunque sea miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la principal fuerza de la llamada “base aliada”, que conforma con el PT la mayoría progubernamental en el Congreso legislativo. Las primeras decisiones de la legislatura iniciada el 1 de febrero fueron contrarias al Poder Ejecutivo. Una de ellas crea nuevamente una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción que golpeó duramente a la corporación petrolera estatal Petrobras.

Otra favorece las enmiendas legislativas mediante las cuales los diputados pueden destinar recursos financieros para proyectos de su interés. Eso afecta la austeridad fiscal con que el gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y quita al Ejecutivo la posibilidad de liberar esos fondos, negociando a cambio un apoyo parlamentario. Además, diputados del mismo PT sabotean el ajuste fiscal adoptado por la presidenta desde que comenzó su segundo mandato el primer día del año, al proponer cambios en las medidas de reducción de gastos, que restringe derechos laborales o previsionales, como plazos mayores para obtención del seguro-desempleo y pensiones de viudez.

Organizaciones sindicales y otros movimientos aliados del PT comenzaron a protestar contra recortes en derechos y beneficios al trabajador, poniendo fin al apoyo o la tolerancia con el gobierno que los sacó de la calle desde que en 2003 llegó a la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva. “La política está desgobernada”, con una coalición inestable de apoyo al gobierno y un núcleo cercano a la presidenta que “no responde a las demandas y preocupaciones de la sociedad”, sostuvo Pereira.

La demanda de la inhabilitación de la presidenta, solo un mes después de iniciar su segundo cuatrienio, se convirtió ya en una consigna de movimientos opositores. Es “golpismo”, asegura Rousseff, que sucedió a Lula en 2011. Pereira consideró que es poco probable que tal propuesta tenga éxito, al no contar con “el trípode que sostiene el impedimento”, es decir una razón jurídica basada en un hecho concreto, como un delito de corrupción, el factor político involucrando partidos decididos a esa acción extrema y la movilización social. Pero se trata de una bandera de movilización y radicalización opositora, ante decisiones de gobierno que contradicen el discurso electoral de la presidenta y una economía que tiende este año a la recesión, combinada con una tasa de inflación de más de siete por ciento, alta para esta potencia latinoamericana.

El hundimiento de la popularidad de Rousseff alienta las osadías. Solo 23 por ciento de los entrevistados valora positivamente a la presidenta, según un sondeo de comienzos de este mes del Instituto Datafolha. Representa su peor valoración histórica y una brusca caída respecto a fines de 2014, cuando 42 por ciento tenían una opinión favorable. Los que consideran su gestión mala o pésima subió de 24 a 44 por ciento en dos meses. Además, 77 por ciento de los entrevistados creen que la presidenta tenía conocimiento de la corrupción en Petrobras y 60 por ciento la acusan de haber mentido durante la campaña electoral del año pasado.

“Habrá gente en las calles, tensión y violencia, pero es difícil que eso se encauce hacia una polarización”, analiza para IPS otro cientista político, Fernando Lattman-Weltman, profesor de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. Una radicalización, con manifestaciones callejeras, sería un juego peligroso para la oposición, porque provocaría una reacción de los militantes del PT, quienes tienen mayor experiencia y capacidad de poner las masas en las calles, acotó.

Buena parte del rechazo al gobierno del PT obedece a la corrupción. La desviación de miles de millones de dólares de Petrobras durante la década pasada, mediante pactos ilícitos entre sus directores y empresas proveedoras, para entregar abultadas sumas a los partidos, se suma al escándalo de 2005 conocido como el “mensalão”. Varios dirigentes del PT fueron encarcelados como responsables de fraudes que creaban fondos para sobornar parlamentarios y asegurar su fidelidad al oficialismo. Se habló de pagos mensuales, de ahí el apodo de “mensalão”. El escándalo no impidió, pero complicó la reelección de Lula al año siguiente.

El ahora apodado “petrolão”, por centrarse en la empresa petrolera, va a sacudir el mundo político en los próximos meses, cuando se revelarán los parlamentarios y dirigentes políticos involucrados. Las investigaciones policiales se basan principalmente en delaciones de 13 acusados que canjean revelaciones por penas más cortas. Los políticos estaban preservados hasta ahora porque los que tienen cargos de elección popular cuentan con el llamado “foro privilegiado”, por el que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal.

Por ello, la tensión política actual se alimenta mucho de la ansiedad y la incertidumbre. Se desconocen los efectos políticos del escándalo o cómo responderá el gobierno a la crisis, ante el silencio de Rousseff sobre la situación política. “La intranquilidad y la insatisfacción seguirán porque la economía no mejorará pronto, tampoco la crisis del agua y energía, y las investigaciones de corrupción se prolongarán. Quizás el gobierno pueda respirar dentro de seis meses”, anticipó Lattman-Weltman.

En su opinión, más que la corrupción es la economía la que amenaza a la presidenta. Y muchos factores de esa área no dependen del juego político, como la coyuntura internacional, la crisis energética que se agravaría si sigue la escasez de lluvias, destacó. Sí el programa de austeridad tiene éxito y se reduce la inflación y se retorna al crecimiento económico, mejoraría la situación política, sostuvo. En ese objetivo puede ayudar el negociar con el parlamento y mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, algo que depende de la capacidad de quien gobierna, señaló.

Pero una sombra preocupa al gobierno y a la oposición en este cuadro de deterioro político y económico. Las protestas callejeras que sacudieron Brasil en junio de 2013 pueden salir de la hibernación de casi dos años y romper el juego actual de confrontación política y disputas canalizadas por vía institucional. La campaña “Fuera Dilma” en reclamo de su inhabilitación y la amenaza de llevar a las calles las polarizadas disputas son apuestas con muchos riesgos, que la oposición deberá calibrar y moderar. Si lo hacen, se sabrá en poco tiempo en Brasil.

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Brasil en la integración de América Latina

Fernando de la Cuadra
Revista Polis

En el marco de las transformaciones que están ocurriendo en escala global, Brasil se ha venido posicionando como una potencia a nivel regional. Este nuevo protagonismo que ha adquirido el “gigante del Sur” se debe en gran medida a la disminución de la presencia de Estados Unidos en la región, fenómeno se hizo evidente después del fracaso de su iniciativa para crear un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), la cual fue definitivamente sepultada en la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en el año 2005.

De hecho, la disminución de la presencia de Estados Unidos en la región, ya venía siendo advertida por diversos analistas y desde diversas perspectivas de las relaciones internacionales. Este fenómeno viene acompañado de la crisis del hegemon que ellos representan. Para algunos autores - Hobsbawn, Wallerstein, Arrighi, Hopkins, Davis, Chomsky – dicha decadencia ya se produce lenta e inexorablemente desde los acontecimientos de mayo de 1968, la que además se habría acelerado a un ritmo vertiginoso en la última década, especialmente con posterioridad a los atentados del 11 septiembre de 2001. En América Latina, la decadencia del poder estadunidense se ha venido constatando desde antes del revés experimentado por dicha nación en la Cumbre del 2005. En efecto, la emergencia de un número significativo de coaliciones de izquierda o socialistas, moderadas o fundacionales1 ha marcado con diferentes grados e intensidades el distanciamiento de los gobiernos latinoamericanos regionales hacia las directrices y políticas emanadas desde el Departamento de Estado. A pesar de que Estados Unidos ha tratado de compensar este fracaso por medio de la firma de acuerdos bilaterales del tipo TLC, la percepción global es que Washington ha perdido un importante segmento de su influencia en el espacio regional.2

Por lo tanto, aprovechando este patente vacío del hegemon norteamericano, Brasil ha encontrado una excelente brecha para cautelar por sus intereses en el hemisferio. En este sentido, en el plano diplomático y comercial, Brasil ha sido una pieza fundamental en los esfuerzos para lograr una mayor integración regional desde su papel protagónico en la creación del MERCOSUR, inclusive con todo lo lento y complicado que ha sido el proceso de integración en esta sub-zona hemisférica.3 La formación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) significó la concreción de una virada estratégica en las relaciones bilaterales, apuntando ahora a un fortalecimiento de su posición en toda la región sur del continente. Según algunos analistas, la creación de UNASUR representó para Brasil la culminación exitosa de una concepción en que la integración regional sería funcional para su mejor desempeño como un player global, que le permitiría dividir los espacios de influencia geopolíticos y económicos con Estados Unidos. En dicho contexto, esta integración debía servirle además a Brasil en el objetivo de aumentar su poder y su autonomía en la estrategia más amplia de inserción en la economía global y de proyección en el sistema internacional.4

Un proyecto importante vinculado a UNASUR consiste precisamente en la Iniciativa para la Integración de la Infra-estructura Regional Sudamericana (IIRSA) que definió como prioritario la construcción de una red de carreteras y vías entre las diversas sub-regiones existentes en el hemisferio. El IIRSA es una propuesta que surgió con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el propósito de reordenar y reorganizar los territorios de América del Sur en corredores productivos que optimizarían los flujos de comercio y exportación. Para Brasil dicha inter-conectividad, tanto por recorridos fluviales como por carreteras, es de gran importancia, especialmente en lo que respecta a la disminución de los trayectos entre las regiones productivas y los puertos de embarque de mercaderías. Especialmente significativa para el país es la exportación de soja para el mercado Chino a través del Océano Pacifico, por eso el país ha apoyado calurosamente la creación de un corredor bioceánico que le permita tener salida hacia los puertos ubicados en el litoral occidental del continente, preferentemente en el puerto de Ilo en el sur del Perú y los de Arica e Iquique en el norte de Chile. Para ello, el gobierno de Brasil se comprometió a financiar la mayor parte de la construcción de una carretera uniría la región de Mato Grosso do Sul (principal productora de soja) con dichos puertos, atravesando el territorio boliviano y peruano. La carretera que atraviesa el territorio boliviano desde Puerto Suarez en la frontera con Mato Grosso do Sul (Corumbá) hasta la divisa con Chile, estaba siendo financiada en su mayor parte por el Estado brasileño a través del BNDES quien aportaría el 80 por ciento (US$ 332 millones) del valor total de la obra calculada en 420 millones de dólares. La empresa que se adjudicó la licitación para la construcción de la carretera era la brasileña OAS.5

En su trazado original la carretera se proponía integrar el departamento de Cochabamba en la parte central del país con la región oriental del Beni, cruzando en su recorrido el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), considerada un “área intangible” por la Constitución boliviana. Por este motivo, las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS han realizado una serie de movilizaciones y marchas con la finalidad de alterar el trazado original que vulnera su hábitat e infringe explícitamente la Resolución 169 de la OIT que establece que ninguna actividad o proyecto productivo, extractivista o energético puede ser realizado en determinado territorio sin consultar antes a las comunidades que allí habitan. Los conflictos surgidos en torno a la construcción de la carretera llevaron al gobierno de Morales a reconsiderar el inicio de los trabajos de construcción y reconocer efectivamente al TIPNIS como una zona intangible según el precepto constitucional.

Junto con ello, el gobierno decidió realizar una consulta entre las 69 comunidades que habitan el territorio, cuyo resultado favorable a la construcción de la carretera ha sido contestado por organizaciones de la Iglesia y de derechos humanos.6 Aún más, en octubre de 2012 –antes de conocerse el resultado de dicha consulta- la Empresa Boliviana de Construcción (EBC) y la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) habían iniciado los trabajos del tramo I del proyecto entre Villa Tunari e Isinuta en el Departamento de Cochabamba.7

Brasil también ha tenido un importante papel en la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA), la cual surgió con la finalidad de transformarse en una alternativa soberana al ALCA. En el contexto del ALBA, los países firmantes concibieron la posibilidad de fundar un banco que fuera una alternativa a los designios de las instituciones surgidas de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), para lo cual se fundó el Banco del Sur, el cual tendría aportes significativos de Brasil junto con Venezuela. La posibilidad de tener un Banco de Fomento y Desarrollo en la región se ha frustrado, en parte por la crisis que atraviesa Venezuela y además porque Brasil ha privilegiado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) como principal agente para el otorgamiento de préstamos a los gobiernos y empresas que actúan en la región.

Este enorme potencial genera entre determinados círculos políticos, diplomáticos y militares la convicción de que Brasil tiene que ocupar necesariamente, casi que por “destino manifiesto”, un papel trascendental en la escena internacional. De hecho, Brasil ha tenido en la última década una política exterior activa, impulsando o forjando diversas iniciativas en el plano latinoamericano y mundial, tales como creación junto con India, Alemania y Japón de un Grupo destinado a promover una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.8 En 2006 Brasil igualmente fue un actor fundamental en la convocatoria de un encuentro entre los países africanos y América del Sur.9 En 2010, Brasil estuvo al frente de la organización para la primera cumbre América Latina y Caribe sin la presencia de Estados Unidos, la cual permitió la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En el contexto internacional Brasil se destaca como la séptima economía mundial y se estima que en 2014 tendrá un PIB anual de 4,94 trillones de Reales (cerca de 2,2 trillones de dólares). Esta ubicación privilegiada en términos del producto se sustenta en el tamaño continental de su territorio el cual contiene una variedad y abundancia de recursos naturales (biodiversidad, agua, florestas, selvas, bosques, enormes planicies, pantanal, etc.), energéticos (hidrocarburos, agrocombustibles, hidroelectricidad, energía solar, parques eólicos, etc.), minerales (hierro, acero, uranio, metales preciosos, etc.). Por lo mismo, la incorporación de este país al grupo de los llamados países emergentes o BRICS10 no hace más que fortalecer la imagen de que Brasil será junto a los otros miembros de los “emergentes” la gran potencia que despuntará a mediano plazo en el ámbito global. Precisamente el que Brasil sea miembros de los BRICS no garantiza que la relación con sus vecinos latinoamericanos mejore, al contrario, ello puede significar –como apuntan muchos analistas- que Brasil asuma definitivamente su posición de nación con vocación imperialista, donde el resto de países latinoamericanos pase a constituirse en la periferia de la nueva potencia.

Indudablemente, la relación de Brasil con sus vecinos de América Latina es compleja y múltiple. En algunos casos se puede apreciar un acercamiento a países que poseerían la misma sensibilidad de izquierda o progresista. Ella es ejemplar en el caso de Cuba, país con el cual se han firmado una serie de convenios importantes tales como la contratación de 30 mil médicos cubanos para participar en el programa “Mais Médicos” del Gobierno Federal. Por su parte, el tratado firmado recientemente para invertir un billón de dólares en la modernización del Puerto de Mariel beneficiará al Estado cubano, pero asimismo a las empresas brasileñas.11 Es decir, aparte de las simpatías políticas, los trabajos de reconstrucción de este puerto se han transformado en una excelente oportunidad de negocios para las grandes empresas contratistas brasileñas (en este caso Odebrecht)12 y de igual forma para las empresas procesadoras -especialmente de productos de alta tecnología como biofármacos– se puedan instalar en esa zona económica privilegiada a escasos kilómetros de Miami y del mercado estadounidense. La proximidad con el nuevo Canal de Panamá es ciertamente un elemento a ser considerado, por la facilidad de acceder a los mercados ubicados en la región del Pacifico. En su discurso durante la inauguración de la primera fase del Convenio, la presidenta Dilma Rousseff declaró:

“Es un proceso gana-gana, Cuba gana y Brasil gana. Es un buen negocio (…) Nosotros continuaremos haciendo inversiones en el área portuaria en Brasil. Brasil es hoy un país líder en América Latina y tiene sus responsabilidades. Así como saludamos a los países desarrollados que, al hacer inversiones, financian el abastecimiento de sus empresas nacionales, Brasil también financió el Puerto de Mariel, que por ejemplo, ahora en el acuerdo, quien abastece los equipamientos, los bienes y servicios son empresas brasileñas. Más de 400 empresas brasileñas participan de este esfuerzo, generando empleo y renta”. (Blog do Planalto, 28/01/2014).

Con ese supuesto, Brasil ha tenido una política de “generosidad” con los países más pobres de la región, como es el caso del apoyo proporcionado por la Misión de Paz en Haití, donde Brasil tuvo un papel activo en la creación de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que desde su inicio en 2004 se encuentra bajo el Comando Militar del ejército brasileño. La actuación de Brasil en el país caribeño responde de igual forma a una orientación de la política externa brasileña de tener un mayor protagonismo en los asuntos internacionales, buscando inclusive un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En realidad, Estados Unidos, Francia y Canadá dirigirían la inteligencia y la planificación estratégica de la MINUSTAH. La única novedad es que le traspasaron a Brasil el comando de las tropas que provienen en su mayoría de países de Sudamérica y de Centroamérica: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras.

¿Pero cuál ha sido el resultado concreto de estas acciones en Haití? Según entidades de derechos humanos, después de 10 años de ocupación, el país continúa con serios problemas sociales, políticos e institucionales, con una clara regresión democrática, represión violenta y sistemática de las manifestaciones populares y ataques a dirigentes de la oposición. La MINUSTAH incluso sustentaría una manipulación grosera de los procesos electorales e institucionales y la entrada libre de capitales transnacionales para controlar espacios estratégicos de la economía, incluyendo la mega-minería, el turismo de lujo, las empresas que exportan productos sin pagar impuestos y la agroindustria exportadora. En ese contexto, el senado de Haití solicitó en dos ocasiones la retirada de las tropas. Investigaciones recientes indican que 89% de la populación rechaza la presencia de la MINUSTAH y la secuencia de movilizaciones masivas, que siguen aumentando desde octubre de 2013, pidiendo la renuncia del presidente, reclama sistemáticamente por el fin da ocupación.

Aún más, estas acciones de cooperación, concesiones y a veces de “renuncia” por parte de Brasil, han quedado asimismo en evidencia en los casos de Bolivia, Paraguay y Ecuador, países en los cuales Brasil tenía importantes inversiones en los sectores de hidrocarburos y energético.13

Con relación a Bolivia, el gobierno de Evo Morales decidió el año 2006 proceder a la nacionalización de sus recursos de hidrocarburos, para lo cual llegó inclusive a movilizar su ejército para realizar las tareas de recuperación de las instalaciones de las empresas refinadoras existentes en el país, entre ellas Petrobras. Sin embargo, una llamada de Marco Aurelio García -consejero para asuntos internacionales del Palacio do Planalto- al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, consiguió que este último desautorizara una resolución del Ministro de Energía que pretendía aplicar el decreto de nacionalización de hidrocarburos, que precisamente incluía las refinerías controladas por Petrobras. Ante dicha situación el entonces Ministro se vio –según sus propias palabras- en la obligación moral de renunciar. Posteriormente el ex Ministro denunciará en un artículo que “el interés brasileño no solo por el presente, sino también por el futuro ocasiona la susceptibilidad de quienes recuerdan que los 38 años de ‘olvido’ del proyecto gas-químico está asociado con la promesa de instalar 24 termoeléctricas en territorio boliviano con parte del gas destinado a San Pablo, agravado por la exportación fraudulenta de gas, mediante asociación con Repsol y el no pago por el gas húmedo, durante los primeros ocho años de vigencia del contrato boliviano-brasileño. En la situación presente, Bolivia se asemeja a un enfermo muy grave que, en opinión de Lula y Marco Aurelio, podría sobrevivir con el suero por goteo que le suministraría Brasil, a condición de no desarrollarse por sí misma”.14

Esta situación solo vino a reforzar el malestar presente entre muchos bolivianos con respecto al despojo que han sufrido por parte de Brasil desde el siglo XVIII. Los orígenes de dicha expropiación histórica de la cual habría sido víctima Bolivia se remontan a fines de ese siglo, cuando Bolivia perdió, en un breve periodo de tiempo, un espacio geográfico gigantesco, de casi 300 mil km².15 Efectivamente, tal como lo expone claramente el ex presidente boliviano Carlos Mesa, desde el acuerdo que provocó la incorporación de Acre al territorio brasileño “la tesis del sub-imperialismo brasileño quedó fuertemente anclada en la interpretación boliviana de nuestras relaciones con el vecino del este”.16

En otro conflicto ampliamente difundido, el gobierno de Rafael Correa decidió en octubre de 2008 expulsar a la constructora Odebrecht bajo la acusación de no cumplir con los compromisos contractuales acordados con el estado ecuatoriano. El principal motivo de esta medida drástica fue que las turbinas de la represa San Francisco sufrieron fallas técnicas de consideración un año después de haber sido instaladas, situación que llevó a la paralización de la represa, comprometiendo, de esta manera, en un porcentaje significativo la generación y el suministro de energía necesario para las actividades de dicho país. Por su parte, la empresa brasileña que declaró “lamentar los inconvenientes causados al Estado ecuatoriano”, ejerció presiones sobre el gobierno de Brasil para que este intercediera ante el presidente Correa, el cual finalmente no reconsideró la medida tomada por su gobierno. En todo caso, la expulsión de la Odebrecht no liberó a Ecuador del pago de la deuda con el BNDES, lo cual significaba en concreto que este país asumió una deuda de 600 millones de dólares con el Estado brasileño para realizar un proyecto hidroeléctrico cuyos posteriores desperfectos lo transformaron en una obra inutilizable. No obstante, sintiéndose injuriado, el gobierno brasileño reaccionó con dureza frente a la decisión de Ecuador y llegó a suspender por un largo periodo todos los proyectos de cooperación e inversión destinados a ejecutar mejorías de la infraestructura que estaban siendo discutidos entre ambos países. A su vez, Ecuador amenazó con la posibilidad de nacionalizar todos los campos petroleros bajo operación de la Petrobras si dicha empresa no se adaptaba a la nueva política de hidrocarburos decretada por esa nación. En síntesis, una disputa entre el gobierno ecuatoriano y una empresa privada se transformó en un problema de estado para ambos países. En gran medida eso se debe al tipo de relación que mantiene el Estado brasileño con sus empresas y en este caso, reforzado por el estrecho vínculo existente entre la constructora Odebrecht y el Partido de los Trabajadores.17

Por cierto, algunas “concesiones” realizadas por el Estado brasileño representan solo una dimensión de esa compleja lógica integración/dominación/dependencia. Si bien, como señalábamos en líneas previas que Brasil tuvo un comportamiento tolerante ante el intento de ocupación y nacionalización de sus empresas por parte del gobierno boliviano o de la expulsión de una de sus empresas desde territorio ecuatoriano, por otra parte, el Estado brasileño no llegó en ninguna hipótesis a negociar la cesación de pagos, el fin de la cláusula indemnizatoria o la condonación de la deuda contraída por ambos gobiernos. Y desde el punto de vista de los países mencionados y del resto de los vecinos regionales, estos actos de “recuperación” se pueden ver como la culminación de un largo recorrido histórico de contención o de resistencia al expansionismo brasileño en el plano de este vínculo Estado-empresas. Precisamente, la relación estado-empresas en el contexto brasileño ha sido marcada por una especie de simbiosis entre el gobierno y las empresas, especialmente de aquellas vinculadas a la construcción civil. Dicha fusión se enmarca dentro de la perspectiva de internacionalización de las compañías brasileñas dentro de la propuesta denominada como novo desenvolvimentismo (neodesarrollismo), que representa la política de internacionalización en su segunda fase (la primera fase se inició en la década del setenta, durante la vigencia del llamado “milagro brasileño”)18. En la etapa actual, más que agentes económicos las empresas transnacionales brasileñas han ido construyendo un espacio de diplomacia en que las empresas desempeñan un papel fundamental en la relación con los gobiernos, (gobierno-empresa) agregando un nuevo vector de articulación a las ya consagradas relaciones diádicas entre gobiernos y entre las empresas.19

A partir de estos antecedentes, algunos autores señalan que ellos demostrarían fehacientemente la vocación imperial y el papel de Brasil en el contexto regional. En ese estado de espíritu se puede inserir la afirmación plasmada en el libro de Raúl Zibechi: “La vinculación de la burguesía nacional con las cúpulas del sindicalismo y, también, con la burguesía de los países aledaños ha permitido a las empresas brasileñas extender sus dominios territoriales, consolidándolas como transnacionales que funcionan a la par con las de los imperios de antaño (…) Es decir, Brasil Potencia es posible gracias a la alianza entre un sector decisivo del movimiento sindical y del aparato estatal federal, con la burguesía brasileña y con las fuerzas armadas”.20

Resulta interesante constatar que este sentimiento “anti-imperialista” presente entre muchos políticos e intelectuales de países vecinos, no ha sido percibido por el empresariado y las elites gobernantes de Brasil. Al contrario, tiende a prevalecer la idea de que Brasil es demasiado generoso y concesivo con sus vecinos menores, invocándose para ello los altos volúmenes de recursos que destina este país para financiar la construcción de grandes obras de infraestructura en prácticamente todos los países del hemisferio.

Hace algunos años atrás Ruy Mauro Marini expuso con bastante consistencia esta fuerte alianza existente a partir de los años cuarenta -desde el llamado Estado Novo- entre fracciones del capital industrial y de empresas agro-exportadoras, cuando la expansión del proceso de industrialización necesitaba mantener una política de cambio desvalorizado con el objetivo de compensar el todavía insuficiente papel de los exportadores en la generación de las divisas necesarias para financiar las exigencias de importaciones de bienes de producción para la naciente industria brasileña. Esta alianza se consolido después del golpe militar de 1964 y se constituyó en una pieza relevante en la dinámica sub-imperialista emprendida por Brasil hasta mediados de los años ochenta.21

Durante el presente siglo, esta búsqueda de expansión en los mercados externos se consolida, aunque ahora con mayor énfasis en la exportación de capitales, principalmente a través de inversiones directas. Es en ese contexto en el cual surgen las políticas públicas orientas a incentivar la internacionalización de las actividades de préstamos y créditos concedidos por el BNDES hacia el resto de los países del hemisferio, inclusivo instalando filiales en varios de ellos. Pero no solo eso, la banca privada brasileña se encuentra igualmente en una acelerada fase de expansión en los países de la región y la presencia de entidades financieras como Bradesco, Itaú Unibanco, BTG Pactual, ya son parte del paisaje de muchas ciudades latinoamericanas.22

En síntesis, nos enfrentamos a un escenario contradictorio en que por una parte Brasil aparece como un gran socio dispuesto a crear y fortalecer los lazos y la integración entre todas las naciones del continente. Diferentemente, Brasil se presenta como una fuerza geopolítica tan grande con relación a sus vecinos, que “les rompe las costillas aun cuando quiere abrazarlos amistosamente”.23 O incluso Brasil puede ser visualizado como una potencia con vocación imperialista que orienta toda su política exterior con la finalidad de transformarse en una fuerza avasalladora e incontrarrestable en esta zona del mundo. Se pueden encontrar argumentos para defender diversas tesis en esta relación compleja y multidimensional que se establece entre el país-continente y sus vecinos de América Latina.

Notas

1 Afirmamos esto, sin entrar en el mérito de la discusión con respecto a lo que significa ser en la actualidad socialista, de izquierda o progresista en el mundo y en América latina, lo cual daría asunto para otro trabajo de mayor envergadura.
2 Ver, por ejemplo, Rodrigo Lara Serrano, Estados Unidos pierde influencia en América Latina, AméricaEconomía, 31/10/2008; Janette Habel, ¿Washington perdió a América Latina?, Le Monde Diplomatique, 16/12/2007; Immanuel Wallerstein, La irresistible decadencia del Imperio americano, en el sitio La Haine, 24/09/2007.
3 De hecho, Mercosur ha mostrado ser un acuerdo plagado de dificultades que lo comprometen como un efectivo espacio de integración. Por ejemplo, hasta ahoraha sido difícil y demorado el proceso para unificar la moneda pues ello implica tener una política de convergencia monetaria, la cual precisa de una inflación similar y controlada por los gobiernos. De lo contrario, no es posible siquiera pensar en una moneda común. A pesar de estos y otros obstáculos a la integración sub-regional, la decidida voluntad de fortalecer Mercosur ha significado que Brasil aumentará sus intercambios comerciales con los países socios en más del 200 por ciento en los últimos años.
4 Bernardo Sorj y Sergio Fausto, “El papel de Brasil en América del Sur: estrategias y percepciones mutuas”, en Sorj y Fausto (comp.). Brasil y América del Sur: Miradas cruzadas, Buenos Aires: Catálogos/Plataforma Democrática, 2011.
5 El contrato conla constructora brasileña OAS fue anulado en abril de 2012 luego que el gobierno boliviano postergara la decisión de construir la vía hasta después de conocerse los resultados de la consulta que se realizaría durante el curso de ese año y que serían difundidos a mediados de diciembre.
6 Existe un informe elaborado en conjunto por Caritas Boliviana y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de ese país en el que se concluye que “la consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de libre y buena fe”.
7 El llamado caso TIPNIS representa un caso emblemático de las contradicciones existentes entre gobiernos que dicen respetar el medioambiente y las comunidades, pero que a la hora de atender a los intereses de las empresas y los productores, acaban por abdicar de su discurso ambientalista para privilegiar una pretendida vocación desarrollista que favorecería al conjunto de la población y no solamente a un segmento minoritario, como lo son los pueblos originarios y comunidades que se encuentran asentadas en los territorios en disputa.
8 En todo caso, la diplomacia brasileña hasta ahora no ha conseguido el ansiado asiento permanente en dicho organismo.
9 La voluntad de establecer una política de mayor acercamiento con América Latina y los países africanos de lengua portuguesa (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, San Tomé y Príncipe y Timor-Este, se encuentra claramente retratada en la creación, durante el gobierno Lula, de dos universidades orientadas a alumnos provenientes de la región latinoamericana y de los países africanos lusófonos. Son ellas la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA) y la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasilera (UNILAB).
10 Los BRICS son: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Algunos economistas han sugerido además la incorporación al grupo de Corea del Sur.
11 Las obras del puerto están siendo financiadas por el BNDES, siendo que del presupuesto inicial de US$ 957 millones, el equivalente a unos US$ 800 millones se han destinado a la contratación de servicios y equipamientos producidos en Brasil, lo cual ha generado cerca de 150 mil empleos en este país. El puerto responde por la mayor cantidad del presupuesto invertido por Brasil en Cuba, que en total alcanza la suma de 1,6 billones de dólares.
12 Para realizar estas grandes obras, muchos gobiernos han aceptado el apoyo de Brasil, que por medio del BNDES ha efectuado préstamos anuales por un monto de 80 mil millones de dólares. En general la condición impuesta a los países financiados, es que las empresas constructoras sean brasileñas. Junto a la mencionada Odebrecht, se destacan en la construcción civil empresas tales como OAS, Andrade Gutiérrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão o Camargo Corrêa.
13 La ocupación de una refinaría de la Petrobras en Bolivia por parte del gobierno de ese país, fue considerada una afrenta por muchos políticos y especialistas en relaciones internacionales, quienes presionaron al gobierno a tomar medidas vehementes para recuperar lo que consideraban un patrimonio de toda la nación brasileña.
14 Andrés Soliz Rada, Arremetida brasileña, en sitio Rebelión, 26/04/2010.
15 Bolivia cedió más de 100 mil km² en la región del río Madera en el Tratado que se firmó en 1867 entre el Presidente Mariano Melgarejo de Bolivia y el Emperador Pedro II de Brasil. Posteriormente, ante la inminencia de un conflicto bélico total por la posesión del territorio de Acre, Bolivia aceptó ceder prácticamente todo ese territorio de 190 mil km² a cambio de una compensación pecuniario. Ambos acuerdos le restaron a Bolivia el equivalente a más del 25% de su actual territorio.
16 Carlos Mesa, “Bolivia y Brasil: los meandros del camino”, en Sorj y Fausto (comp.). Brasil y América del Sur: Miradas cruzadas, Buenos Aires: Catálogos/Plataforma Democrática, 2011.
17 Analistas calculan que los aportes y donaciones de campaña que beneficiaron al PT y sus candidatos en las elecciones de 2010, tanto por parte de la Odebrecht como de otras empresas constructoras, alcanzó la cifra de 15 millones de dólares. Ver Raúl Zibechi, Brasil Potencia, México: Bajo Tierra Ediciones, 2012, p. 48.
18 Como lo destaca una especialista: “la internacionalización se hace necesaria y la diplomacia responde a las demandas del desarrollo nacional no solamente desde la óptica de sus agentes de Estado, sino que también, en la actuación de sus agentes de mercado, nacional e internacionalmente. La integración de la infraestructura y del mercado regional es una condición indispensable para el alcance de los objetivos del nuevo desarrollismo”. Patrícia Vasconcellos, O papel das empresas transnacionais brasileiras de engenharia e construção na integração sul-americana. En: Brasil e América Latina. Percursos e Dilemas de uma Integração, Fortaleza: Ediciones UFC, 2014, pp. 77-113.
19 “En la diplomacia Estado-empresa, las empresas son capaces de influenciar en las negociaciones y tomas de decisiones en aquellos asuntos que antes eran vistos como un campo específico de las relaciones entre Estados. La relación Estado-empresa se transforma, para ambos lados, en una estrategia política para el desarrollo económico global”.Vasconcellos, op. cit., p. 105.
20 Zibechi, op. cit., pp. 10-12.
21 Ruy Mauro Marini, América Latina: integración e dependencia, São Paulo: Brasil Urgente, 1992.
22 El Banco do Brasil que posee una importante actuación en el hemisferio, es una institución estatal, aunque constituida como una sociedad de economía mixta.
23 Andrés Soliz Rada, Geopolítica brasileña, en sitio Rebelión, 27/09/2011

terça-feira, 10 de fevereiro de 2015

¿Quién sucederá a Ban Ki-moon al frente de la ONU?

Michèle Auga y Volker Lehmann
Nueva Sociedad

Los días de Ban Ki-moon como Secretario General de Naciones Unidas están contados. Si bien su mandato finaliza recién el 31 de diciembre de 2016, los preparativos para la era post Ban Ki-moon se están haciendo a toda marcha. Ya están en danza los primeros nombres de sucesores para el “trabajo más imposible del mundo”. Así caracterizó alguna vez el cargo máximo de esta organización internacional Trygve Lie, quien, como Secretario General entre 1946 y 1952, tuvo la oportunidad de convencerse personalmente de las cualidades de dicho trabajo.

Desde la dimisión de Lie, la caracterización del cargo y el planeta no se han vuelto precisamente más sencillos. Por el contrario, en la actualidad trabajan más de 40.000 personas para la ONU. El Secretario General intermedia entre 193 Estados miembros y coordina 30 programas y organismos especializados como el programa de ayuda a la infancia (UNICEF) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El cambio climático, una creciente cantidad de conflictos armados dentro de los Estados y la constante desigualdad global representan problemas que no reconocen fronteras nacionales. Su solución requiere, por lo tanto, la participación de todos los Estados de este planeta. Por ello, nunca antes en la historia de la humanidad hubo necesidad, como ahora, de naciones realmente "unidas” que hagan verdadera justicia a su nombre. Al mismo tiempo, las exigencias para el personal directivo de la ONU nunca fueron tan diversas como en la actualidad.

Secretario General de la ONU: un perfil de cualificaciones nada formal

Resulta evidente que no existe un perfil formal de cualificaciones para el cargo de Secretario General. Mucho menos hay un proceso electoral transparente y público. Al igual que antes, la caracterización del cargo y el proceso electoral se basan en las inalteradas disposiciones formales generales de la Carta de la ONU de 1945, que dedica a la elección del Secretario General exactamente una sola oración. En el capítulo 15, artículo 97, dice: “El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

Un año más tarde se agregó una resolución de la Asamblea General que recomendaba esencialmente la elección en secreto del Secretario General y la determinación previa de solo un candidato por parte del Consejo de Seguridad. El perfil de cualificaciones de esta persona fue descrito en la más bella jerga burocrática de la década de 1950 como “un hombre eminente y de gran capacidad”. En compensación a las “grandes responsabilidades” del cargo, la resolución preveía no solamente un salario de 20.000 dólares estadounidenses sino también una “residencia amueblada”.

Sobre la base de estas arcaicas disposiciones se fue formando a lo largo de los años —a modo de, por así decirlo, derecho consuetudinario— un procedimiento informal de identificación y elección del Secretario General de la ONU. Los candidatos son designados por un Estado miembro de la organización, para lo cual los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad acuerdan designar, tras negociaciones secretas y utilizando el derecho a veto, a una persona.

La mayoría de los Estados miembros de la ONU y la sociedad civil tienen vedado conocer a los candidatos, ni qué decir del público en general. Es que sencillamente no está previsto ningún tipo de información sobre esta diplomacia de trastienda. Finalmente, la Asamblea General de la ONU se limita a dar el visto bueno al candidato acordado.

Este proceso falto de transparencia contrasta con la práctica de muchas otras organizaciones internacionales. Se lo ha practicado usualmente de tal forma que en cada elección el derecho de propuesta pasa a una región distinta. Así, los Estados del este europeo son los que ahora reclaman ocupar el cargo. Esto, sin embargo, no encuentra mucha aceptación en Moscú, por lo que es muy poco probable que tenga éxito. Pero aun rotando de una región a la siguiente, la diversidad de las postulaciones deja que desear. Así es como, hasta el día de hoy, ninguna mujer ha tenido la dicha tan siquiera de llegar a estar dentro de la estrecha lista de postulantes, y ni hablar de acceder al cargo máximo de la ONU.

La actual práctica de elección previa concede, en los hechos, a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dotados de derecho a veto, el exclusivo privilegio de seleccionar. Si bien es probable que esto sea un reflejo más de las realidades del poder político y pueda ser entendible desde la óptica de los cinco miembros permanentes en términos de Realpolitik, en el largo plazo esta extensión del poder que poseen resulta políticamente contraproducente, ya que daña la credibilidad y la legitimidad de la ONU.

Queda claro aquí que, si no hay una gran presión pública, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos no renunciarán a su privilegio. La comunidad internacional tiene ahora una oportunidad histórica, con más de dos años por delante, de hacer más transparente y democrática la elección del Secretario General. Se dispone de un margen de acción más que suficiente. Desde hace muchos años, algunos renombrados ex diplomáticos y ex funcionarios de la Secretaría de la ONU hacen hincapié en que la actual práctica se ha ejercitado solo de manera informal. Sin embargo, esto significa, a la vez, que tal procedimiento podría ser modificado en cualquier momento sin ninguna reforma de la Carta.

Reforma del procedimiento de selección

Un procedimiento de selección reformado debería abrirse a propuestas constructivas provenientes de Estados miembrosde la ONU y de la sociedad civil global. Se ofrecen las siguientes propuestas concretas de reforma para el procedimiento de selección:

• Se hará en todos los Estados miembros de la ONU una convocatoria para el cargo de Secretario General y se fijará una fecha para la designación por parte del gobierno, el parlamento y la sociedad civil.
• La ONU publicará una lista de criterios formales de selección, de manera que pueda garantizarse un equilibrio tanto de género como de diversidad étnica y regional de los candidatos y las candidatas. Los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad publicarán juntos un cronograma para la elección que garantice un desarrollo estructurado. Deberá mediar un tiempo suficiente entre la ejecución del procedimiento de selección y la posterior elección.
• Los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad darán a conocer públicamente a los candidatos que preseleccione el Consejo de Seguridad. Esto haría más transparente el procedimiento de selección.
• La Asamblea General organizará una serie de debates abiertos que permitirá a los Estados miembros, a los medios y a la opinión pública hacerse una idea de los candidatos y las candidatas.
• La Asamblea General y el Consejo de Seguridad se comprometerán a renunciar a contraprestaciones a cambio del apoyo a determinadas personas. Un ejemplo de ello sería la ocupación de otros puestos directivos dentro del sistema de Naciones Unidas.
• La Asamblea General se empeñará en que el Consejo de Seguridad proponga por lo menos dos candidatos o candidatas a la elección final para ocupar el cargo, en lugar de solo uno, como hasta ahora.
• La duración del mandato del Secretario General aumentará de cinco a siete años. A su vez, se derogará la actual posibilidad de reelección, con el fin de que quienes ocupen el cargo se concentren enteramente en el cumplimiento de su mandato y no en hacer lobby para su reelección.

“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas”, nos merecemos algo distinto a que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad lleven a fines de 2016 otra vez al máximo cargo de la más global de todas las organizaciones a un único candidato acordado por ellos. Hacer más transparente la elección del próximo Secretario General de las Naciones Unidas es una oportunidad para experimentar la democracia global. Una modificación así no es ninguna reforma utópica ni ajena a la realidad para un futuro lejano sino que fortalecería inmediatamente la legitimidad de las Naciones Unidas.