Quemanta
En las Conferencias Internacionales sobre Desarrollo Sostenible un tema que está lamentablemente ausente es el de la adaptación de nuestros sistemas económicos a los cambios climáticos. Pareciera que las distintas oficinas de las Naciones Unidas caminan por carriles paralelos, nunca se encuentran. Y sin embargo la realidad es una misma y no habrá más desarrollo si no nos fijamos en los informes sobre calentamiento global. Algo hay que hacer. La gran pregunta que anima el artículo es ¿Puede un gobierno ser capitalista y defensor de la ecología al mismo tiempo? Para eso le doy una mirada a las políticas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En los cuatro casos se han dictado una serie de disposiciones legales e incluso constitucionales que pretenden proteger la naturaleza. En los cuatro se han desarrollado procesos de cambios que deberían haber potenciado estas políticas. El Perú logro derrotar la dictadura de Fujimori y comenzó un proceso de “transición a la democracia” que incluye la prisión del dictador. Ecuador, Bolivia, Colombia, han tenido importantes cambios constitucionales que incluyen artículos con contenido ecológico. Y sin embargo vemos en los cuatro que el extractivismo está ganando la batalla.
El nuevo siglo se inició en el Perú con un Gobierno de Transición, al ser declarado con incapacidad moral el Presidente Alberto Fujimori, por haberse fugado del país en medio de una grave crisis política. Durante el corto periodo de ocho meses de gobierno de Valentín Paniagua, se restableció el estado de derecho en el país, se logró estabilidad política y respeto a la institucionalidad democrática. Alejandro Toledo, luego de un proceso electoral democrático, se convirtió en el presidente del Perú para el periodo del 2001 al 2006.
El 2005 se dictó la Ley General del Ambiente que establece los principios y normas básicas para el efectivo ejercicio del derecho constitucional al ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Regula la gestión del ambiente y sus componentes en el Perú, y estipula la aplicación de medidas de adaptación y mitigación para eliminar o controlar las causas que generan la degradación ambiental. El 2008 se crea el Ministerio del Ambiente con el fin de aplicar políticas acordes con dicha ley y los compromisos internacionales adquiridos.
Y sin embargo son cada vez más los espacios agrarios que pasan a convertirse en zonas mineras. En un país que en los años 60 produjo una importante reforma agraria que puso las tierras en manos de quienes la trabajan esto ha significado un constante enfrentamiento entre la política extractivista del gobierno y el movimiento social: 12 muertos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 67 durante el segundo gobierno de Alan García y 27 muertos durante el gobierno Ollanta Humala.
Bolivia es un país que resulta importante por varias razones. Tiene un gobierno que resulta de luchas ambientales y que corresponde al liderazgo del cocalero Evo Morales. Tiene una actitud de mayor independencia frente al mercado internacional. Promueve mayor inversión social, cambios institucionales que favorecen la participación ciudadana y fortalecimiento del Estado. Ha elevado el Buen Vivir a categoría constitucional lo que supone una relación más positiva entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Por último hay que destacar el liderazgo mundial que dio lugar a su momento más destacado: la Cumbre de Cochabamba de 2010.
A fines de la década del 2000, e inicios de la siguiente, los temas de cambio climático ocuparon un lugar central en la agenda política del país, de la mano del presidente Evo Morales, para quien es central la interpelación a las causas estructurales del cambio climático y la demanda a los países desarrollados a reducir sus Gases de Efecto Invernadero (GEI) en sus fuentes domésticas y no a través de los mecanismos financieros de mercado.
El 2013 sin embargo estuvo marcado por el conflicto de la carretera TIPNIS. Se trata de un proyecto de unir el Pacifico con el Atlántico y que sin embargo afecta a un país que hace más de un siglo reclama su salida al mar. Evidentemente los beneficiados son Chile y Brasil. Pero también hay intereses Bolivianos, nuevamente relacionados a la política extractivista. En el plano de la institucionalidad del cambio climático, se genera el debilitamiento progresivo del Programa Nacional de Cambio Climatico hasta su cierre en 2012, así como el cierre del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 2011.
En Colombia desde finales de la década del ochenta, la economía ha venido siendo objeto de una significativa diversificación hacia la superación del modelo mono exportador del café, por uno que incluye múltiples productos primarios, mediante el auge de industrias extractivas (minerales e hidrocarburos), manufacturas y prestación de servicios. Todo a partir de la implementación del modelo económico neoliberal impulsado por el Consenso de Washington de 1989.
Si bien la Constitución Política de 1991 no contiene disposiciones que aludan directamente al cambio climático, si contempla un amplio catálogo de normas en materia ambiental y reconocimiento de la diversidad cultural. A esto se suma la Ley 99 de 1993, que creó el sistema nacional ambiental y reconoció los principios de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 —sobre medioambiente y desarrollo— como principios orientadores de la política. Además, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, en particular en materia de derechos ambientales y la protección de los territorios, han hecho de Colombia un país bandera en esta materia.
Algunas organizaciones de la sociedad civil, con experticia en materia de cambio climático y áreas prioritarias para la conservación, decidieron formar una Mesa para apoyar las iniciativas del gobierno. Además, participaron en la realización conjunta de talleres de información y diálogo temprano con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Lastimosamente las recomendaciones y estrategias formuladas por la Mesa prácticamente se quedaron en la mesa, por no tener la capacidad de articularse con sectores gubernamentales.
Colombia es, de los cuatro, el país con menos preocupación ambiental. En la actualidad, la economía del país se encuentra en un proceso dirigido a alcanzar mejores niveles de competitividad, lo cual se acompaña de la flexibilización de la normatividad ambiental y la no definición de salvaguardas socioambientales.
La Constitución de la República que actualmente rige la vida jurídica del Ecuador es fruto de un proceso profundo de cambios en la estructura institucional del Estado, que inició en septiembre de 2007 con la inauguración de los trabajos de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y que culminó con la promulgación de la nueva Constitución en octubre de 2008 luego de su aprobación mayoritaria en referéndum. El nuevo texto constitucional incorpora tres pilares fundamentales sobre los que sustenta su visión de país. Los tres resultan de gran relevancia en relación a la naturaleza, la diversidad cultural y los derechos vinculados a ellas: el buen vivir o sumak kawsay, el reconocimiento de derechos a la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Con respecto al cambio climático, la Constitución establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica; además, tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo (art. 414).
Y sin embargo la iniciativa más atrevida del gobierno ecuatoriano muestra claramente sus límites. Se trata del compromiso del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Pero es un compromiso condicionado a lo que haga la banca mundial. El Presidente Correa propuso que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. Como la comunidad internacional no ha respondido el gobierno ecuatoriano piensa pasar por encima de los artículos que hablan de los derechos de la naturaleza, que prohíben la deforestación y que protegen a las comunidades en aislamiento voluntario.
En resumen: no puede haber cambio social que no pase por la ruptura con el capitalismo. Los intentos han sido saludables. Las propuestas de defender la naturaleza están ahí y seguramente son honestas. Pero no bastan. Y ya en los cuatro países los pueblos han comenzado a andar en la dirección del ecosocialismo. En esa dirección nos apuntamos.
