Brasil: Las paradojas de un país en crisis

Fernando de la Cuadra
ALAI

Hace algunos años el gran compositor Tom Jobim declaró que Brasil no es país para principiantes. Y parece que esta afirmación, en principio enigmática, tiene algo de verdadera. Para muchos políticos, intelectuales, periodistas o personas con opinión, se ha transformado en un lugar común decir que Brasil es un país de grandes contradicciones. Y ciertamente lo es.

Desde que asumió su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff tuvo que enfrentar una enormidad de problemas. Muchos de los problemas de Brasil son relativamente nuevos: una economía en proceso de recesión, una tasa de inflación en ascenso, sumado con una caída de la actividad industrial y un concomitante aumento del desempleo. Pero un conjunto de otros problemas se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. Solamente por mencionar los más importantes: La crisis energética, la crisis hídrica, la falta de inversión en infraestructura productiva, la reprimarización de la economía, el deterioro de los servicios públicos, el soborno electoral, la corrupción endémica de políticos, empresarios y gestores públicos.

Con el propósito de enfrentar estas diversas crisis y “apaciguar a los mercados”, la presidenta Rousseff nominó como su Ministro de Hacienda a Joaquim Levy, un economista formado en la Universidad de Chicago, es decir, alguien que tiene en su ADN el recetario neoliberal difundido por Milton Friedman y la Escuela de Chicago para los cinco continentes. Siendo fiel a su formación, el Ministro Levy anunció un paquete de medidas que representan todo lo contrario de lo que la presidenta electa prometió en su programa de campaña. Ante el estupor de sus electores, el actual ministro comunicó la “nueva” política de ajuste fiscal que aplicaría el ejecutivo: aumento de impuestos, incluido el retorno de un tributo especial para los combustibles y del impuesto sobre las operaciones financieras (IOF), recorte de gastos en educación, salud y vivienda, mayores restricciones en beneficios como el seguro desempleo, el auxilio a enfermedades, la restricción de las pensiones por muerte o la reducción de los subsidios en los prestamos realizados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Esta serie de políticas anunciadas por la autoridad económica tuvo entre sus primeras consecuencias el “merito” de provocar la unidad de fuerzas insospechadas en la historia reciente, la alianza entre los representantes del capital y del trabajo. En efecto, tanto los dirigentes de las industrias (FIESP) que se quejan por el aumento de los tributos, como los líderes de la clase trabajadora (CUT, Fuerza Sindical), que denuncian el fin de muchas conquistas laborales, ya señalaron públicamente su intención de aunar esfuerzos para combatir las medidas informadas por el Ministro Levy. El propósito de este frente común en que están embarcados empresarios y sindicalistas es presionar al Congreso para que no apruebe los ajustes e impugne las Medidas Provisorias (MP’s 664 y 665) propuestas por el Ejecutivo, que alteran las reglas del beneficio, abono salarial, auxilio desempleo, pensión por fallecimiento, auxilio enfermedad y auxilio reclusión.

En principio son inexplicables los motivos que tuvo la presidenta Rousseff para aceptar este conjunto de acciones que van a contrapelo de sus promesas de campaña y de las expectativas de sus electores, que implican una serie de cortes en los gastos sociales y la restricción de derechos laborales y previsionales de los trabajadores, aunque sus asesores y portavoces insisten en aclarar que estas medidas antipopulares eran inevitables para reconducir al país a un nuevo ciclo de crecimiento y equilibrio fiscal.

Contrariando también a los partidos y políticos que constituyen la base del gobierno - en un sistema llamado presidencialismo de coalición- la presidenta ha sufrido seguidos reveses en el Congreso Nacional que es presidido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por dos miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal conglomerado de la base aliada, cuyos representantes han vetado relevantes proyectos enviados por el ejecutivo para su aprobación, como la eliminación de las trabas que permitirían un aumento de los impuestos o la disminución del techo del superávit primario de R$ 66,3 billones para este año.

Mientras tanto, el descontento y malestar casi generalizado con el alza de los impuestos, los aumentos de tarifas y los cortes de gastos ya se ha instalado en el país. Un levantamiento divulgado esta semana por el Instituto Datafolha muestra que la popularidad de la Presidenta Dilma ha bajado considerablemente. Los que juzgan su gestión como óptima o buena suman un escaso 13 por ciento. Este porcentaje implica una caída significativa con relación a fines de 2014, cuando la presidenta poseía un 42 por ciento de apoyo de la ciudadanía. Los que consideran su administración mala o pésima representan un 62 por ciento. Si a ellos se agrega el 24 por ciento que considera a su gobierno como regular, la cifra de insatisfacción asciende al 86 por ciento de los consultados. Además, en una encuesta anterior, el 77 de los entrevistados pensaba que la presidenta estaba en conocimiento de los fraudes sucedidos en la Petrobras y un 60 por ciento de ellos consideraba que Rousseff mintió durante la campaña electoral del año pasado.

Estimulados por la baja popularidad y por la acumulación de los problemas apuntados previamente, algunos grupos opositores han organizado panelaços y protestas en las principales ciudades, en los cuales ha surgido el slogan de “Fuera Dilma”, exigiendo que la mandataria sea objeto de un impeachment por parte del Congreso, tal como sucediera en septiembre del año 1992 con Fernando Collor de Mello. Como ha sido señalado por diversos juristas y cientistas políticos, las posibilidades de que una solicitud de inhabilitación tenga éxito en el Congreso son bastante remotas. Primero porque la presidenta no ha realizado ningún tipo de acto de corrupción fragrante que justifique su enjuiciamiento por parte del Congreso o por el Supremo Tribunal Federal (STF).

En segundo lugar, porque no existen las fuerzas políticas necesarias para promover dicha acción de derrocamiento institucional, como fue el caso de José Manuel Zelaya en Honduras o de Fernando Lugo en Paraguay. En tercer lugar, porque los movimientos sociales más importantes de Brasil continúan apoyando al gobierno, pese a todas las críticas que puedan hacer a su gestión, especialmente al nombramiento de un ministro cuya palabra de orden es “austeridad” y recorte de gastos.

Para cualquier observador desavisado la situación brasileña es confusa e incomprensible. Como muestra basta observar lo que ha sucedido en las últimas semanas. En efecto, empero no concordar con la política económica implementada desde comienzos de este año, sindicatos de trabajadores, movimientos y sectores sociales han llamado a manifestarse en favor del gobierno, de la estatal Petrobras y de la democracia. Contraria y paradojalmente, aquellos electores que votaron por Aécio Neves, cuya plataforma de gobierno incluía la aplicación de un programa de ajuste como el que está siendo implementado ahora, han salido a la calle a pedir la salida del gobierno, entre otros motivos, por la carestía de la vida y por la irritante corrupción revelada a cada momento.

Sin embargo, no solamente la Petrobras ha sido objeto de malversación de los recursos públicos, pues la corrupción y el tráfico de influencias es transversal a todos los partidos y, tal como advierten la mayoría de especialistas, ella es parte del gen institucional de Brasil desde la época de las capitanías hereditarias con su marca patrimonialista en la conformación del Estado. En definitiva, el patrimonialismo representa nada más que la superposición del interés privado en los asuntos públicos, es una modalidad casi que atávica de privatización de los bienes públicos y su correspondiente apropiación por individuos, grupos o corporaciones privadas.

El escándalo de la Petrobras ha alcanzado a prácticamente todos los partidos y la clase política en su conjunto, por eso se torna evidente y notoriamente oportunista acusar solo al Partido de los Trabajadores de ser parte de los arreglos con las empresas para recaudar los fondos destinados al financiamiento de las campañas de sus candidatos. No existe referente político que no realice este tipo de acuerdo con el capital privado. Este es uno de los temas principales que ha sido planteado como base de argumentación para efectuar urgentemente la reforma política: que sea el Estado aquel organismo que financie las campañas partidarias a partir de un fondo a ser distribuido proporcionalmente entre todos los partidos y coaliciones con mayor representación nacional.

Al contrario de lo recomendado por sus partidarios más fieles e incondicionales, el actual gobierno parece haber sido acometido por una crisis de pánico y no ha tomado ninguna iniciativa relevante para cambiar este cuadro negativo. Una que otra reforma ministerial de carácter cosmético no va a convencer ni a quienes están decepcionados del “viraje” hacia la derecha del gobierno ni a quienes adhieren resueltamente a las filas de la oposición, atribuyendo todos los males de Brasil a estos últimos 12 años de administración de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores. El gobierno se encuentra acorralado en medio a una sociedad que está dispuesta a movilizarse para defender sus conquistas históricas o sus privilegios, negocios y utilidades.

Ya han transcurrido prácticamente cinco siglos desde que Nicolás Maquiavelo nos advierte en el capítulo III de El Príncipe que un gobierno que no se preocupa del futuro está condenado al fracaso, pues reconociendo los males que caen sobre él, como cualquier persona o entidad prudente, es posible aliviar éstos. Pero si por falta de previdencia los dejan crecer al punto de tornarse visibles a los ojos de todos, dichos males no tendrán más remedio. Por la parálisis política que afecta al gobierno de Rousseff, el consejo del pensador florentino parece haber sido escrito en estos días. La pregunta que flota en el aire es como podrá sobrellevar y superar esta turbulencia un gobierno que está recién comenzado su segundo mandato. Con una política de conciliación y dialogo con la oposición o con una postura más agresiva que recoja el mandato que el pueblo le ha otorgado para retomar la política de protección social y de consolidación de los derechos laborales. Por el gabinete y la agenda que se viene diseñando, parece que la primera alternativa es más probable. En todo caso, quizás si la única certeza que existe en este mar de dilemas y contradicciones, es que se siguen avizorando oscuros nubarrones en el horizonte de este país inescrutable.

A ocupação da Cisjordânia é uma situação colonial de apartheid

François Clemenceau
Le Journal du Dimanche

O historiador e cientista político Zeev Sternhell, autor de Histoire et lumières: Changer le monde par la raison (História e Luz: Mudar o mundo pela razão), se diz desapontado com os trabalhistas israelenses. Ele analisa a campanha das eleições legislativas em Israel e aponta um olhar crítico sobre a colonização dos territórios da Cisjordânia.

Os trabalhistas de centro-esquerda ainda têm chances de ganhar as eleições de terça-feira?

Não é impossível, mas as chances são muito baixas, porque mesmo que cheguem em primeiro, terão enorme dificuldade de construir uma coalizão. E se a construírem, a coalizão será tão contraditória que os deixará de mãos atadas. Se a direita ganhar, será tentada a formar uma nova coalizão com a extrema direita, uma coalizão linha-dura, como a que temos agora. O cenário mais realista é que direita e esquerda formem um governo. Isso permitiria que Netanyahu desse o ministério das Relações Estrangeiras a Isaac Herzog e retomasse um processo de paz, mas como Netanyahu é hostil a este processo, a esquerda estará no Governo, mais uma vez, apenas para caucionar uma ocupação interminável dos territórios palestinos.

O que o sr. critica nos trabalhistas? Acha que traíram seus ideais?

Em 1977, entrei para o Partido Trabalhista pensando que poderia ser profundamente reformado de dentro. Mas o fracasso do Partido Trabalhista vem do fato de estarmos constantemente em campanha eleitoral, de sua recusa em se aliar à esquerda com o Meretz ou com as listas árabes, com a justificativa de que estes não seriam suficientemente patriotas. Hoje, está numa aliança com o pequeno partido de centro-esquerda de Tzipi Livni chamada União sionista. Mas o que isso significa? Eles são sionistas e os outros não? Todos somos sionistas, ou eu não estaria neste país, teria ficado na França ou nos Estados Unidos. Os trabalhistas não representam mais nem a possibilidade de uma nova relação com os palestinos nem uma nova política social.

Mas a sociedade também mudou, não?

Não me orgulho desta sociedade. Não é o que minha geração gostaria de ver quando envelhecesse. Nossa sociedade abandonou a vontade de dar fim à guerra com os árabes. Hoje, fala-se da necessidade de “administrar” o conflito. Tornamo-nos uma das sociedades mais desiguais do mundo. Quando se trata dos EUA, fico um pouco chocado, mas não acho que Israel merecia construíssemos esses fossos com nossas próprias mãos. Sim, a sociedade ficou mais conservadora e de direita, e faz 30 anos que os trabalhistas pensam que se aproximar da direita é uma boa estratégia.

Fala-se de um aumento da presença da religião em todos os setores da sociedade, especialmente no exército...

Quando saí da escola de oficiais, em 1956, havia na minha classe um ou dois religiosos. Hoje eles são, pelo menos, metade das classes de oficiais. Aos poucos, tomaram contra do exército, e têm um peso muito maior nas forças armadas do que na sociedade em geral. Isto acabará por causar problemas se um dia tivermos que enfrentar os colonos que não quiserem deixar os territórios palestinos. Haverá o risco de guerra civil. Deste ponto de vista, não é normal que o Estado continua passivo diante desta situação. Mas o sentimento geral é de que é melhor lutar contra os árabes do que contra os colonos. Precisaríamos de um de Gaulle. Mas não temos.

Os Estados Unidos ou a Europa deveriam se envolver mais diretamente no processo de paz para que este possa ser salvo?

Sim. Não conseguiremos nada sem intervenção externa. Enquanto os israelenses não forem pessoalmente afetados pelos efeitos nefastos da colonização, ela não será interrompida. Mas se tivermos que pagar um preço pela ocupação, será diferente. Se Barack Obama fosse mais duro com Netanyahu, se demorasse três dias para responder, se as peças de reposição dos bombardeiros F-15 demorassem mais a chegar, se os Estados Unidos sugerissem que o uso do direito de veto em favor de Israel não fosse incondicional, Netanyahu pensaria duas vezes.

O sr. parece não ter esperanças...

Nunca tive medo da guerra. Israel é o meu país. Estou infeliz em vê-lo escolher um caminho que poderia levar ao maior dos desastres, ou seja, ao fim do sionismo. A ocupação da Cisjordânia não pode durar para sempre, é uma situação colonial e de apartheid. A natureza do Estado de Israel deve permanecer democrática. De tal forma que me pergunto se devo ficar aqui, porque, moralmente, não posso ficar ligado a um país que nega seus valores fundamentais.

Vivir en estado de vigilancia permanente

Manuel Castells
La Vanguardia

La digitalización global de datos ubica a todos los ciudadanos en el papel de espiados tanto por los estados que dicen luchar contra el terrorismo como por quienes buscan más consumidores. El 97% de la información del planeta está digitalizada. Y la mayor parte de esta información la producimos nosotros, mediante Internet y redes de comunicación inalámbrica. Al comunicarnos transformamos buena parte de nuestras vidas en registro digital. Y por tanto comunicable y accesible mediante interconexión de archivos de redes. Con una identificación individual. Un código de barras. El DNI. Que conecta con nuestras tarjetas de crédito, nuestra tarjeta sanitaria, nuestra cuenta bancaria, nuestro historial personal y profesional –incluido domicilio–, nuestras computadoras –cada uno con su número de código–, nuestro correo electrónico –requerido por bancos y empresas de Internet–, nuestro permiso de conducir, la matrícula del coche, los viajes que hemos hecho, nuestros hábitos de consumo –detectados por las compras con tarjeta o por Internet–, nuestros hábitos de lectura y música –gentileza de las webs que frecuentamos–, nuestra presencia en los medios sociales –como Facebook, Instagram, YouTube, Flickr o Twitter y tantos otros–, nuestras búsquedas en Google o Yahoo y un largo etcétera digital. Y todo ello referido a una persona; usted, por ejemplo. Sin embargo se supone que las identidades individuales están protegidas legalmente y que los datos de cada uno son privados. Hasta que no lo son. Y esas excepciones, que de hecho son la regla, se refieren a la relación con las dos instituciones centrales en nuestra sociedad: el Estado y el Capital.

En ese mundo digitalizado y conectado, el Estado nos vigila y el Capital nos vende, o sea vende nuestra vida transformada en datos. Nos vigilan por nuestro bien, para protegernos de los malos. Y nos venden con nuestro acuerdo de aceptar cookies y de confiar en los bancos que nos permiten vivir a crédito (y, por tanto, tienen derecho a saber a quién le dan tarjeta). Los dos procesos, la vigilancia electrónica masiva y la venta de datos personales como modelo de negocio, se han ampliado exponencialmente en la última década por efecto de la paranoia de la seguridad, la búsqueda de formas para hacer Internet rentable y el desarrollo tecnológico de la comunicación digital y el tratamiento de datos.

Las revelaciones de Snowden sobre las prácticas de espionaje masivo del mundo entero (con escasa protección judicial o simplemente ilegales) han expuesto una sociedad en la que nadie puede escapar a la vigilancia del Gran Hermano, ni Merkel. No siempre ha sido así porque no estábamos digitalizados y no existían tecnologías suficientemente potentes para obtener, relacionar y procesar esa inmensa masa de información. La emergencia del llamado big data, gigantescas bases de datos en formatos comunicables y accesibles (como el inmenso archivo de la NSA en Bluffdale, Utah) ha resultado del reforzamiento de los servicios de inteligencia tras el bárbaro ataque a Nueva York así como de la cooperación entre grandes empresas tecnológicas y gobiernos, en particular con la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (que forma parte del Ministerio de Defensa, pero que goza de amplia autonomía).

El director de la NSA, Michael Hayden, declaró que para identificar una aguja en un pajar (el terrorista en la comunicación mundial) necesitaba controlar todo el pajar, y eso es lo que acabó consiguiendo, según su criterio, con una flexible cobertura legal. Aunque Estados Unidos es el centro del sistema de vigilancia, los documentos de Snowden muestran la activa cooperación con las agencias especializadas de vigilancia del Reino Unido, de Alemania, de Francia y de cualquier país, con la excepción parcial de Rusia y China, salvo en momentos de convergencia. En España, tras la escandalosa revelación de que la NSA había interceptado 60 millones de llamadas, Snowden apuntó que en realidad lo había hecho el CNI por cuenta de la NSA. Siguiendo la política de Aznar que dio a Bush permiso ilimitado para espiar en España a cambio de material avanzado de vigilancia. Y vigilaron a cualquiera que estuviera compartiendo información. Pero fueron las empresas tecnológicas las que desarrollaron las tecnologías de punta para el Pentágono. Y fueron empresas telefónicas y de Internet las que entregaron datos de sus clientes. Sólo se enfadaron cuando supieron que la NSA los espiaba sin su permiso. Facebook, Google y Apple protestaron y encriptaron parte de sus comunicaciones internas. Porque en realidad esa es una posible defensa de la privacidad: comunicación encriptada facilitada a los usuarios. Sin embargo, no se difunde porque contradice el modelo de negocio de las empresas de Internet: la recolección y venta de datos para la publicidad enfocada (que constituye el 91% de las ganancias de Google).

Aunque la vigilancia incontrolada del Estado es una amenaza para la democracia, la erosión de la privacidad proviene esencialmente de la práctica de las empresas de comunicación de obtener datos de sus clientes, agregarlos y venderlos. Nos venden como datos. Sin problema legal. Lea la política de privacidad que publica Google: el buscador se otorga el derecho de registrar el nombre del usuario, el correo electrónico, número de teléfono, tarjeta de crédito, hábitos de búsqueda, peticiones de búsqueda, identificación de computadoras y teléfonos, duración de llamadas, localización, usos y datos de las aplicaciones. Aparte de eso, se respeta la privacidad. Por eso Google dispone de casi un millón de servidores para procesamiento de datos.

¿Cómo evitar ser vigilado o vendido? Los criptoanarquistas confían en la tecnología. Vano empeño para la gente normal. Los abogados, en la justicia. Ardua y lenta batalla. Los políticos, encantados de saberlo todo, excepto lo suyo. ¿Y el individuo? Tal vez cambiar por su cuenta: no utilice tarjetas de crédito, comunique en cibercafés, llame desde teléfonos públicos, vaya al cine y a conciertos en lugar de descargarse películas o música. Y si esto es muy pesado, venda sus datos, como proponen pequeñas empresas que ahora proliferan en Silicon Valley.

El único peligro para el pueblo de Estados Unidos está en Estados Unidos

Adolfo Pérez Esquivel
Socialismo y Democracia

La declaración de Venezuela como una amenaza para la Seguridad Nacional de Estados Unidos es un formalismo que siempre ha usado ese país para realizar embargos económicos y una posterior intervención militar en diversos países alrededor del mundo.

Han intentado invadir Cuba y fueron derrotados, han intentado vencerla con bloqueo económico y han sido derrotados. El mismo presidente Obama lo reconoció abriendo una nueva etapa de diálogos con la Isla. ¿Por qué ahora intentar hacer lo mismo con otro país latinoamericano? Nadie niega que hay serios conflictos y un incremento de la violencia en Venezuela pero ¿Acaso alguien puede creer que represente un peligro para el pueblo estadounidense o algún otro país del mundo? ¿Porqué EEUU se contradice deliberadamente en sus injerencias externas? ¿No hay acaso una clara crisis humanitaria en México que obvia mencionar?

Si se trata de violaciones a DDHH, los países latinoamericanos debemos declarar a EEUU, sus injerencias y sus bases militares una amenaza para todos los pueblos de la región. Pero Nuestra América es una región solidaria y de paz, no pretendemos invadir a nadie, sólo queremos respeto a nuestra soberanía y nuestra autodeterminación.

La situación de Venezuela debe resolverse en el marco de sus instituciones democráticas y con colaboración de nuestros organismos regionales. Así lo ha hecho, por ejemplo, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con su reciente visita a Caracas, la cual fuera apoyada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon. En su visita, la UNASUR ha reconocido intentos de desestabilización en Venezuela para interrumpir la cadena de legitimidad democrática lo que explica, entre otras cosas, las situaciones de desabastecimiento económico.

El único peligro para el pueblo de Estados Unidos está en Estados Unidos. Son los lobbys corporativos militares y financieros, que consideran que una región sin guerras y con recursos que no pueden controlar, es un peligro para sus intereses económicos y de poder profundamente antidemocráticos. Sectores que se sustentan en el ataque a otros pueblos, en la desinformación y utilización del pueblo norteamericano pudiente y de piel blanca, y del empobrecimiento, encarcelamiento y persecusión de los norteamericanos e inmigrantes de piel oscura.

Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, es el cuarto suplidor de crudo de EEUU, fortalece su economía real, sus políticas sociales y ha logrado una revolución democrática y bolivariana a fuerza de elecciones que han sido declaradas por el ex presidente norteamericano, James Carter, como una de las más transparentes del mundo. A lo que se debe agregar haber sido el primer país en la historia de los Estados Nación en crear un referéndum revocatorio y en aplicarlo. Esta declaración de Obama es la única forma de aislar políticamente a una Venezuela digna y solidaria, que a pesar de los ataques, desde el año 2007 envía petróleo para la calefacción gratuita de millones de personas de los sectores populares de 16 estados norteamericanos a través de su filial norteamericana CITGO.

Si el gobierno norteamericano quiere hablar de Paz para su pueblo, el Congreso debe derogar la Ley de sanciones a Venezuela 2014 y Obama debe anular la declaración de Venezuela como amenaza a la seguridad nacional.

Por su parte, la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR deben defender a Venezuela de estas agresiones norteamericanas. Maduro fue bien claro en su discurso ante todos los bloques parlamentarios “nadie podrá detener que este año 2015 haya elecciones parlamentarias, y si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos, pero son los venezolanos los que tomarán la decisión”.

Patrimonialismo renitente

José Antonio Segatto
Gramsci e o Brasil

Nos últimos meses, o problema do Estado patrimonialista voltou à baila após a presidente da República, em discurso no ato de sua diplomação, referir-se à confusão entre negócios públicos e interesses privados. A seguir o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em seu discurso de posse, retomou a questão e assegurou que uma de suas prioridades seria o combate ao patrimonialismo.

Problema antigo, o patrimonialismo de há muito vem sendo objeto de estudos e apreciações. Por meio de adaptações criativas dessa categoria weberiana, diversos autores abordaram a relação entre Estado e sociedade na história brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, de 1936, escreveu que o patrimonialismo seria um prolongamento do patriarcalismo no Estado, daí derivando o desapreço pela impessoalidade na gestão da coisa pública.

Raymundo Faoro, em Os Donos do Poder, de 1958, foi além. Numa operação analítica sequencial de larga duração histórica — do século 14 ao 20, de dom João I a Getúlio Vargas, numa “viagem redonda” de seis séculos — procurou reconstituir a história do capitalismo politicamente orientado pelo estamento burocrático. Gestado em Portugal e transplantado para o Brasil, o Estado burocrático-patrimonial teria engendrado, no século 19, uma monarquia tuteladora da Nação, na qual o Estado é tudo e a sociedade civil, nada. Controlado e dirigido pelo patronato político, o “governo tudo sabe, administra e provê. Ele faz a opinião, distribui a riqueza e qualifica os opulentos”. No pós-1930, o patrimonialismo teria sido revigorado, particularmente durante o Estado Novo.

Nessa compreensão, a herança ibérica e estatista ou patrimonial seria a chave para o entendimento da história do Brasil. Tal maldição, proveniente do “pecado original”, determinaria, inevitável e invariavelmente, o País ao atraso, condenando-o ao autoritarismo e ao infortúnio. Não obstante o caráter trans-histórico e fatalista da interpretação de Faoro, não se pode compreender a formação do Estado nacional prescindindo de sua análise.

Mas se o patrimonialismo é uma realidade inquestionável que impregna todas as relações sociais, a cultura política e os liames entre a sociedade civil e a política — ou está entranhado nelas —, ele não pode ser considerado como a chave determinante e a-histórica do Estado brasileiro. Tem de ser analisado como construção histórico-política da organização do Estado nacional, tendo em vista as configurações que assumiu nos diversos períodos e regimes, com todas as mediações possíveis. Ele não pode ser compreendido por si só — por exemplo, sempre esteve intimamente amalgamado às relações de favor e clientelistas e, no pós-1930, ao corporativismo.

Além dos intelectuais referidos, o conceito de patrimonialismo está também presente, direta ou indiretamente, nas análises de muitos outros estudiosos, permeando-as, embora com entendimentos diversos, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, Simon Schwartzman e outros. Nos anos 1970 — na crítica e no combate ao regime ditatorial — converteu-se em moeda corrente e tornou-se mesmo ideia-força. Os fundamentos basilares das análises, derivados do conceito de patrimonialismo, na luta pela democracia confundiram-se com o combate ao Estado — que deveria ser reduzido e enfraquecido — e com o robustecimento da sociedade civil. Ou seja, a condição sine qua non para a democratização estaria no cerceamento do poder de intervenção do Estado e na depuração de suas anomalias, entraves para a economia de mercado e para a efetivação de direitos.

Não é exagero afirmar que essas concepções estiveram mesmo na gênese do PT e do PSDB, partidos tornados os novos donos do poder nas duas últimas décadas. Todavia, se foram concebidos contra o Estado patrimonial, como explicar que, em 20 anos no governo do País, não conseguiram expurgar do Estado os elementos e as relações que facultam a privatização de bens públicos e a apropriação indébita do Estado como algo exclusivo de indivíduos e grupos, corporações e confrarias para garantir e perpetuar privilégios e negócios?

No governo, o PSDB, que prometia desmantelar o “Estado varguista”, realizou algumas reformas, privatizando parte do aparato e do patrimônio estatal, mas sem publicizá-lo. Já os governos petistas não só se acomodaram às vantagens do patrimonialismo e do clientelismo — desfrutados pragmática e utilitariamente —, como potencializaram sua práxis e cultura política.

Por mais paradoxal que possa parecer, as declarações de intenção da presidente e do ministro de combate ao patrimonialismo no Estado não são incompatíveis com a política que tem guiado os governos petistas desde 2003. As concepções e orientações liberais ortodoxas de Joaquim Levy deverão ser conformadas ao condomínio de poder, segundo os desígnios do “presidencialismo de coalizão” — o papel (antipático) que lhe foi atribuído é, única e exclusivamente, o de realizar os ajustes econômicos necessários à governabilidade, à rentabilidade dos negócios e à estabilidade funcional do mercado. Como se fosse possível apartar economia e política. De resto, tudo deve continuar como dantes, com uma simples diferença: as práticas e/ou políticas patrimonialistas e clientelistas poderão ter algumas regras de contenção e regulação. O atual arranjo de forças políticas no poder não sobrevive sem tais práticas, dado que lhe são congênitas.

Nesse sentido, os dirigentes e representantes do PT, PMDB e demais partidos da base aliada podem dormir tranquilos — seus interesses e práxis serão muito pouco afetados. Pode-se dizer que a política do ministro Joaquim Levy de combate ao patrimonialismo não intenta, nem está autorizado a isso, publicizar o Estado. E sem Estado público a democracia continuará aviltada.

O Brasil pede mais democracia

Maria Inês Nassif
Carta Maior

Há exatos 30 anos, o Brasil deixava para trás uma sangrenta ditadura e inaugurava o maior período democrático que o país já teve. No dia 15 de março de 1985, tomava posse José Sarney, o primeiro presidente civil após 21 anos de governos militares. No ano seguinte seria iniciado um processo constituinte que, se não sanou as injustiças seculares do país, deu ao Brasil instrumentos para resgate da cidadania dos brasileiros. De lá para cá, o país ganhou uma nova Constituição, foi sete vezes às urnas para eleger presidentes da República e construiu o mais longo período de estabilidade democrática de sua história.

Nesse período, todavia, as mazelas do sistema político-eleitoral permaneceram intocadas. Os interesses consolidados de gerações de políticos que seguiram a trilha da política tradicional – e tiveram poucos problemas de convivência com o regime totalitário – foram impostos, na Constituinte, sobre os que vinham das lutas democráticas e populares. Os sistemas eleitoral e partidário não foram adequados à realidade democrática porque isso significava ameaçar o status quo dos políticos que dominavam a política na ditadura, e antes dela, e antes ainda.

Agravaram o quadro de inadequação de partidos e vulnerabilidade do sistema eleitoral às pressões do poder econômico uma mal-resolvida discussão sobre sistema de governo; pressões internas do aparelho de Estado; o jogo pesado dos grandes veículos de comunicação para manter um quase monopólio sobre a opinião pública; o enorme poder de controle dado ao Legislativo sobre um Executivo que saía hipertrofiado do período ditatorial; pressões diretas do Poder Judiciário, que saiu da Constituinte sem ter de se submeter a qualquer forma de controle externo; e um cálculo malfeito da quantidade de poder que se poderia dar a órgãos de controle externo do Executivo sem afetar a governabilidade de um poder que, a partir de então, afinal, seria ocupado por presidentes eleitos.

O resultado desse mistura-e-manda não poderia ser uma democracia sem defeitos. O mais longo período democrático do país sobrevive milagrosamente a uma realidade em que a política institucional é um palco de competição e disputa permanentes entre poderes.

A política eleitoral e partidária permaneceu intocada, reproduzindo a aliança histórica entre elites políticas e econômicas. A permissividade da lei eleitoral fez uma ligação quase direta entre ambos: as elites econômicas financiam fortemente os candidatos, mantêm políticos tradicionais no cenário político e cooptam novos quadros; as eleições parlamentares, mediadas pelo dinheiro privado, encurralam qualquer governo e tornam altíssimo o custo da governabilidade. O financiamento empresarial de campanha tornou o sistema político altamente vulnerável à corrupção. E quanto mais o poder econômico desmoraliza a política, e suprime dela o papel transformador que, por princípio, deve ter, mais a política se torna sua refém. Quanto mais a governabilidade fica comprometida pela soma da alta representação do poder econômico no Legislativo e das dificuldades de formação de maioria impostas pelo sistema político, mais aumenta o poder de barganha dos grandes interesses com o Executivo.

O monopólio dos meios de comunicação por poucas e conservadoras empresas garante o clima do horror à política e aos políticos, sem em nenhum momento discutir as verdadeiras limitações da democracia brasileira. É mais fácil jogar com o preconceito e consolidar sensos comuns – como a de que a “política é para corruptos”, “a democracia é cara” –, desqualificadores da política, do que discutir profundamente as raízes do problema. E, numa realidade onde as chances eleitorais dos setores conservadores na Presidência da República é fraca, a desqualificação da democracia anda junto com a desqualificação do eleitor. A ridicularização da escolha política, a “responsabilização” das parcelas mais pobres da população pelos problemas do país são tentativas de impor um senso comum reacionário, conservador: a qualidade da política, segundo essa visão, é dada não pela qualidade da democracia, mas pela qualidade do eleitor. Em nenhum momento se discute as candidaturas milionárias, bancadas por interesses econômicos, que distorcem completa e absolutamente o sentido da escolha popular.

Chegou a hora de vencer as escaramuças dos interesses sombrios e renovar a democracia brasileira. A crise que se aprofunda não é meramente econômica. Ela é, sobretudo, política. A democracia brasileira deve sobreviver a essa crise de crescimento porque nós, aqueles que batalharam no passado nas trincheiras contra a ditadura e continuaram a lutar por justiça social, saberemos vencer preconceitos e empreender a ação política transformadora.

Para que isso ocorra, as forças progressistas devem se unir em torno de uma proposta de reforma política, capaz de salvar a política do cativeiro a que foi jogada pelo poder econômico, e ganhar as ruas. A exemplo do fim da ditadura e das conquistas sociais conquistadas na Constituinte, esta batalha tem que mover cada democrata deste país, cada pessoa de bem, para que todo brasileiro tenha direito a voz, voto e justiça.