Revista Ideele
El proyecto Conga ha tenido distintos efectos, y solo la historia nos podrá decir cuán bien o cuán mal manejamos ese proceso. No podemos culpar al presente Gobierno de las condiciones que les han dejado sus antecesores en el proyecto minero más complicado de los últimos tiempos. Más bien, la administración de Humala ha tratado de conciliar un proceso político entre diferentes expectativas locales, regionales, entre actores económicos y la percepción de un gobierno que se ve compelido a responder a cambios estructurales para el desarrollo de nuestro país.
Las expectativas sociales estuvieron centradas en la mejora de la gobernanza. La planificación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas son algunos elementos que mejorarían la gestión ambiental y social de las inversiones en el Perú, renovarían una confianza socavada por una historia conflictiva de la minería en los Andes, de los hidrocarburos en la Amazonía, y, ahora, con la promoción de proyectos de construcción de hidroeléctricas en esta última zona.
Todas estas inversiones se nos presentan como grandes retos en los indicadores de gobernanza pública. Conga u otros proyectos emblemáticos nos lo recordarían cada vez que se nos presentasen inversiones que, por sus características, exigen cambios generales y lo mejor del Estado en materia de regulación ambiental y social. Y esto no podía solucionarse con una mejor planificación o una mejor distribución de la renta: esto pasa por mejorar las reglas del juego, entre ellas las relacionadas con la mejora de la calidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
De manera oportuna, el presidente Ollanta Humala no solo ha establecido para el proyecto Conga nuevas obligaciones sociales y ambientales, sino que también ha señalado una hoja de ruta para la mejora de la gestión ambiental y social de los proyectos de inversión pública y privada en el país, comenzando por uno de los sectores mas importantes para el Perú: la minería.
Ésta es una hoja de ruta para los próximos años de este Gobierno, un conjunto de pasos y obligaciones para mejorar el modelo de inversiones, pero también para reducir los conflictos socioambientales que se alojan alrededor de una ineficiente gestión ambiental y social de las inversiones en nuestro país.
Ya el Perú recibió un financiamiento del Banco Mundial (Development Policy Loan-DPL) de alrededor de US$ 400 millones entre el 2008 y el 2011 para la mejora de la aprobación de los EIA. Lastimosamente, el diseño de los indicadores de efectividad, así como la identificación de los resultados, no cubrieron las expectativas de una mejora de la gestión ambiental en nuestro país: necesitamos, más que comprometernos a una cantidad de EIA aprobados, a mejorar la calidad de estos instrumentos (diseño e implementación).
Finalmente, es oportuno que el Estado, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones sociales puedan dialogar e impulsar el proceso de definición de la mejora de la gestión ambiental, tal como se ha venido planteando desde hace varios años. Con la declaración del presidente Humala se inicia un proceso de cambios que, esperamos, se den prontamente.
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