Gaza y el neofascismo global

Gilbert Achcar

Jacobin América Latina

El apoyo a la guerra genocida sionista en Gaza terminó de socavar los últimos vestigios de credibilidad que tenían las potencias liberales occidentales en lo que respecta al respeto del derecho internacional.

La mayoría de las últimas rondas electorales en los países occidentales (recientemente en Noruega y Alemania) han arrojado resultados preocupantes que confirman el auge de las fuerzas racistas de extrema derecha. Esto refuerza la caracterización de la época en la que vivimos como comparable a la era fascista entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, pero con una nueva apariencia que afirma respetar la forma democrática de gobierno, entre otras nuevas características. De ahí que se tilde a estas fuerzas de neofascistas. 

Una de las características más preocupantes de la actual era neofascista es que incluye, además de los países de Europa continental, a los dos países occidentales que se enfrentaron al eje fascista en el siglo pasado en alianza con la Unión Soviética: Estados Unidos y Gran Bretaña. A medida que la transformación neofascista del régimen estadounidense, supervisada por Donald Trump y sus acólitos, se hace más evidente día tras día, Londres fue testigo el sábado pasado de la mayor manifestación organizada por la extrema derecha en la historia británica. Esto se produjo en un contexto en el que las encuestas de opinión pública indicaban que la extrema derecha, liderada por Nigel Farage, está por delante de los partidos laborista y conservador.

Sin embargo, no es casualidad que los representantes del «centro» político en ambos países, Joe Biden en Estados Unidos y Keir Starmer en Gran Bretaña, se hayan distinguido por su apoyo a la guerra genocida de Israel en la Franja de Gaza. El actual Gobierno de Benjamin Netanyahu, que supervisó esta guerra genocida y recibió durante mucho tiempo el apoyo incondicional de ambos, es el Gobierno de extrema derecha más radical de la historia del Estado sionista. De hecho, es el gobierno de extrema derecha más radical de nuestro mundo actual, que une al partido neofascista Likud con partidos aún más derechistas, entre los que destacan los grupos neonazis de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que favorecen abiertamente el régimen autoritario y la limpieza étnica.

El apoyo de los gobiernos occidentales a la guerra genocida sionista en Gaza formó parte de una gradual banalización de la extrema derecha por parte de los «centristas». Esto vino precedido por la adopción por parte de estos últimos de las posiciones de los primeros en materia de inmigración, lo que condujo a la aceptación del racismo de extrema derecha como ideología legítima. El apoyo occidental a la invasión de Gaza por parte de Israel, en marcado contraste con la posición de los mismos gobiernos occidentales hacia la invasión rusa de Ucrania, socavó los últimos vestigios de credibilidad que tenían las potencias liberales occidentales en lo que respecta al respeto del derecho internacional y la adhesión a unas relaciones internacionales basadas en normas.

El último en señalar esta discrepancia fue el presidente del Gobierno español, que fue el que más lejos llegó entre los gobiernos occidentales en su cambio de postura y sus críticas al Gobierno sionista, pidiendo el boicot a Israel en las competencias internacionales, al igual que se boicoteó a Rusia, para evitar la dualidad que invalida todas las normas. Sin embargo, mientras que el «centro» occidental apoyaba al gobierno sionista de extrema derecha, este último no respondió de la misma manera. En cambio, Netanyahu y sus aliados contribuyeron directamente a reforzar la extrema derecha occidental a expensas del «centro». Esto no se limitó al apoyo de Netanyahu a la campaña presidencial de Trump a expensas de sus rivales demócratas, a pesar del apoyo ilimitado que su presidente, Biden, prestó a su guerra. El Gobierno israelí también encubrió a la extrema derecha occidental, borrando su historia, que consideraba el antisemitismo como un pilar ideológico fundamental antes de sustituirlo por la islamofobia. La actual alianza entre el Estado sionista y la extrema derecha occidental se basa en la hostilidad hacia el islam y los musulmanes como fundamento ideológico común.

Así, Netanyahu y sus aliados han seguido esforzándose por fortalecer la extrema derecha occidental. Un ejemplo de ello es la denominada Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, organizada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí en Jerusalén el pasado mes de marzo (cabe señalar que el mismo ministro, Amichai Chikli, ha elogiado la reciente manifestación de la extrema derecha británica en Londres). La conferencia reunió a las fuerzas más destacadas de la extrema derecha occidental, no solo a fuerzas neofascistas como el partido francés Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, sino también a tendencias aún más extremas, como la representada por la sobrina de Le Pen, que hasta el año pasado codirigía el partido Reconquête de Éric Zemmour (quien fue invitado a intervenir en la manifestación de la extrema derecha en Londres junto a Elon Musk, el neonazi más notorio de nuestro tiempo).

El beneficio que Israel obtiene de esta alianza internacional de extrema derecha es que estas fuerzas se han convertido en las más fervientes defensoras del Estado sionista en general y del Gobierno de Netanyahu en particular. Esto quedó ilustrado por sus líderes, como el británico Farage y la francesa Le Pen, que se levantaron para criticar a los gobiernos liberales occidentales que han anunciado su intención de reconocer al Estado de Palestina. Esto se asemeja a la reciente dependencia de Netanyahu de la extrema derecha estadounidense, alineada con Donald Trump, para contrarrestar los tímidos intentos de Joe Biden de moderar las ambiciones expansionistas del régimen sionista y frenar la guerra genocida que está librando.

Tarcísio de Freitas, entre el perfil tecnocrático y el bolsonarismo

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Después de la condenación de Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de presidio, la extrema derecha busca con suma urgencia un posible candidato que la represente en las próximas elecciones del año que viene. Hasta aquí, quien aparece mejor evaluado en las encuestas políticas es el actual gobernador del Estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

Tarcísio que se había erguido como una alternativa de la derecha conservadora, aunque con un sello tradicional, ha dado en el último periodo un claro giro hacia la ultraderecha, transformándose en uno de los principales articuladores de la “amnistía amplia, general e irrestricta” que vienen levantando los partidarios del bolsonarismo, tanto en el parlamento como en otras instancias del mundo político y social brasileño.

Hace un par de semanas estuvo en el Congreso para articular entre los parlamentarios una propuesta de “perdón general” a todos los acusados de la trama golpista, incluidos los mentores, organizadores y financiadores, como así también la masa de maniobra que participó en la ocupación y destrucción de la Plaza de los Tres Poderes el día 8 de enero de 2023.

Sin embargo, después de la contundente condenación de Bolsonaro y el “núcleo crucial” golpista, los propios aliados del ex presidente le han sugerido a Tarcísio que baje el perfil de su iniciativa, distanciándose momentáneamente de su papel de líder del pedido de una amnistía general para todos los comprometidos con la asonada sediciosa. Las recientes encuestas de opinión revelan que la mayoría de los brasileños considera que Bolsonaro debe ser condenado por sus actividades y el tema de un perdón sancionado por el Parlamento se transformó en un asunto impopular a los ojos de los ciudadanos y electores.

La actual evaluación de los partidos que conforman el Centrão, es que no existen las condiciones para votar dicha amnistía general, aunque si puede tener más probabilidades de éxito una solución que ablande las penas de las personas que ya se encuentran condenadas por los delitos cometidos en enero del 2023, manteniendo eso si la inelegibilidad de Bolsonaro para las elecciones del año que viene.

Mientras tanto, Tarcísio se debate entre una postura más radical y una más estratégica de cara a dicho evento. En la primera actitud, ha llamado al Ministro Alexandre de Moraes de “tirano con toga” y declara apoyar incondicionalmente la libertad de Bolsonaro y sus cómplices, advirtiendo que su primera medida cuando asuma la presidencia va a ser la firma del indulto del ex capitán. Por otra parte, mantiene una posición moderada señalando que respeta las decisiones de la Justicia y se aproxima de sectores de la derecha tradicional que se han distanciado de las huestes bolsonaristas. Un indicador expresivo de lo anterior, es que desistió de viajar nuevamente a Brasilia para articular una vez más la aprobación de una amnistía a los responsables de la intentona golpista.

Buscando como plataforma básica el voto de los llamados bolsonaristas raíz, el actual gobernador de Sao Paulo también deberá ser capaz de atraer el voto de grupos de electores moderados que consideren principalmente sus atributos como administrador y gestor del Estado con el mayor PIB y población del país. De mantener una postura ideológica cercana a la extrema derecha, Tarcísio puede sufrir una previsible derrota en octubre del 2026, consagrando la victoria de Lula da Silva para su cuarto mandato.

Faltando poco más de un año para esta elección, el candidato que elogió las imposiciones de tarifas elevadas del gobierno Trump a Brasil y que circula con un jockey con la sigla MAGA, deberá demostrar hasta qué punto puede huir de su imagen de acólito de Bolsonaro, para transformarse en una carta creíble de una parte significativa del elector de derecha que se apartó definitivamente de la propuesta de la ultraderecha.

Brasil: justicia restaurada

Editorial

La Jornada

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2022. De acuerdo con la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lúcia Antunes, están comprobadas la violencia y la grave amenaza que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para ejecutar el golpe. Además de sentenciar al ex mandatario ultraderechista por intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos, cuatro de cinco miembros del Supremo encontraron culpables a siete cómplices, entre los que hay ex ministros y antiguos jefes militares.

El fallo contra Bolsonaro y algunos de quienes lo acompañaron en su aventura golpista debe celebrarse en tanto completa la restauración de la justicia y la democracia que estuvo en entredicho desde el consumado golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016 hasta ayer. En esta década, el país más poblado y con la mayor economía de América Latina tuvo un Ejecutivo designado de manera espuria a través del lawfare (Michel Temer, 2016-2018) y otro que se alzó con la victoria mediante la eliminación jurídica de su rival: no puede olvidarse que en 2018 el candidato puntero en todas las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo presentarse a los comicios porque se le condenó por un inexistente caso de corrupción que hubo de ser anulado un año después debido a las graves irregularidades procesales.

Desde un principio estaba claro que el Poder Judicial y el Ministerio Público actuaban por consigna, pues al enviarlo a la cárcel e inhabilitarlo políticamente no se basaron en evidencias, sino en su “convicción” en torno a la culpabilidad del máximo líder de la izquierda institucional. Posteriormente, salieron a la luz grabaciones en las cuales el juez Sergio Moro –premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia– daba instrucciones al fiscal para llevar el caso de tal modo que pudiera dictar una sentencia preparada de antemano.

Finalmente superadas todas las perversiones a la democracia y al estado de derecho que permitieron el regreso del neoliberalismo autoritario al Palacio de Planalto, el golpista irá a la cárcel y Lula está en la presidencia. Sin embargo, el costo ha sido enorme: en su paso por el poder, Bolsonaro fomentó la tala ilegal en la Amazonia, aumentó 50 por ciento la pobreza extrema y 22 por ciento la pobreza de ingresos, recortó programas sociales fundamentales en plena pandemia de covid-19 y azuzó el negacionismo en torno al virus, con lo que provocó decenas de miles de muertes adicionales. El daño más grave y duradero de su administración fue haber normalizado la violencia de Estado, la glorificación de las armas, la apología de la dictadura militar de 1964-1985, la intolerancia, el racismo, la persecución de la disidencia y, en general, haber implantado en Brasil el discurso agresivamente retrógrado que a nivel mundial se relaciona con el trumpismo.

Por ello, no extrañan las maniobras ilegales e injerencistas del inquilino de la Casa Blanca para respaldar a su aliado y descarrilar a la justicia brasileña: como el propio Trump señaló ayer sin notar el significado profundo de sus palabras, el juicio a Bolsonaro “realmente se parece a lo que quisieron hacer” con él, es decir, hacerlo pagar por el intento de subvertir el orden democrático movilizando a sus bases violentas en contra de las fuerzas constitucionales. Que el Tribunal Supremo de Brasil haya superado todas las presiones y condenado al dirigente fascista, mientras su homólogo estadounidense otorgó a Trump una inmunidad absoluta por cualquier delito, da una medida del deterioro de las instituciones de Washington, que hoy se mueven entre la impotencia y la complicidad ante un gobierno que se desliza a toda velocidad del autoritarismo al totalitarismo.

El juicio a los golpistas y sus desdoblamientos para la democracia

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

De manera inédita, un ex presidente de Brasil se encuentra en el banco de los reos juzgado por cometer crímenes graves contra la Constitución como intento de Golpe de Estado y conspiración para abolir el Estado democrático de Derecho. El ahora reo Jair Bolsonaro es apuntado por la Procuraduría General de la República como el líder de una organización criminal armada que trató de subvertir el resultado de las urnas, infringir un Golpe de Estado y mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones en octubre de 2022. Al lado de Bolsonaro otros siete acusados de los mismos crímenes esperan la absolución o condenación por parte de los miembros de la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal.

Este juicio es especialmente significativo en un país marcado en su historia por prácticas autocráticas impuestas desde los tiempos de la colonización. En efecto, Brasil ha sido desde sus orígenes y luego de la instauración de la República una sociedad de cuño esclavista, caracterizada por la prescindencia de las formas democráticas de convivencia y, consecuentemente, reconocible por la existencia de un tipo de dominación autoritaria que permanentemente ha obstaculizado la representación y participación de los sectores populares y de la clase trabajadora en las principales decisiones que competen al conjunto de la nación.

En ese sentido, la intentona golpista que tiene sus antecedentes casi desde el momento en que Bolsonaro asumió la presidencia, se vio reforzada con los campamentos montados frente a los cuarteles y la consiguiente invasión de la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo a las Fuerzas Armadas una intervención por las armas. Lo anterior, diseñó un escenario que mostraba una democracia fragilizada pasible de ser violentada por medio de una escalada autocrática sin retorno. Por lo mismo, el juicio a quienes tramaron dicho Golpe de Estado es relevante en términos de sus efectos para la superación de la impunidad y la ampliación de la propia democracia. La mayoría de los acusados son representantes del alto escalón de la jerarquía militar (cuatro del Ejercito y uno de la Marina) y otros ocuparon puestos de relevancia en la estructura del anterior gobierno de ultraderecha.

Después de todo lo sucedido, continúa incomodando la constatación de como un militar agitador expulsado de las filas de ejercito por una secuencia de actos ilicititos y luego transformado en un político del bajo clero, irrelevante y caricaturesco, llegó a transformarse en el líder de la extrema derecha con un discurso primario y radical que fue captando respaldo popular en función de la crisis sistémica del país. El mismo Bolsonaro siempre repetía que era una persona mediocre, sin un ideario relevante, aunque supo convertirse en el representante de la anti política y la antítesis de los proyectos de inclusión social y garantía de los derechos de las minorías implementados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Paradojalmente, las políticas sociales y de inclusión montadas por ese ciclo progresista de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016) generó su contraparte en un movimiento reaccionario, que fusionaba visiones ultraliberales en la economía con una perspectiva conservadora radical apoyada por diversas denominaciones del pentecostalismo en auge, por militares y policías en la activa o jubilados, criadores de ganado, ocupadores irregulares de tierras indígenas y empresarios extractivistas inescrupulosos que se refugiaron en una administración que les permitió realizar todo tipo de ilegalidades para aumentar sus lucros.

Para enfrentar este ciclo de retroceso, el juicio a los golpistas posee una importancia decisiva en los rumbos futuros que seguirá la democracia brasileña. Las condenaciones de los integrantes de los cinco núcleos que actuaron en la trama golpista -partiendo por el núcleo crucial- debe expresar un enfrentamiento vehemente hacia quienes conspiraron contra la República y dar un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que intentaron acabar con el Estado democrático de Derecho. Si este juicio termina siendo tolerante, tibio e ineficaz, abrirá un peligroso precedente para futuras acciones golpistas.

En un país que ha tenido a lo largo de su historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones democráticas, puede adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos facciosos que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán que responder legalmente por sus crímenes. Con ello se refuerza la idea de que la democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo anterior debería aislar a los grupos radicales de la extrema derecha y permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar las reglas del juego democrático.

Finalmente, el juicio a los golpistas y las rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones-demuestre su robustez y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar la puerta a nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una práctica política aceptable, tolerable o banal.

A teologia do domínio e as guerras culturais na política brasileira

Helcimara Telles

Socialismo y Democracia

A Teologia do Domínio impulsiona no Brasil uma ofensiva político-religiosa: ocupar instituições, impor a moral bíblica e travar “guerras culturais” contra os direitos LGBTQIA+, o aborto e a educação com enfoque de gênero. Com Bolsonaro e figuras como Nikolas Ferreira, o pentecostalismo conservador ganha poder, tensiona o Poder Judiciário e corrói a laicidade e a democracia.

A corrente dominionista propõe a construção de nações cristãs através da ocupação de instituições-chave da sociedade, como forma de se preparar para a “segunda vinda” de Jesus. Sustentada pela crença de que o mundo está envolvido em uma luta espiritual do “bem” contra o “mal”, mobiliza igrejas e líderes religiosos para atuar no campo político-institucional com o objetivo de expandir suas agendas morais e impor seus valores religiosos à sociedade.

A Teologia do Domínio está relacionada a um conceito de família, que representa o pilar da sociedade, um espaço onde os valores religiosos são transmitidos de geração em geração, baseado na união entre homem e mulher (Gênesis 2:24), com o propósito do amor, da procriação e da educação dos filhos (Efésios 6:4). Nessa teologia, a moral é um sistema imutável, revelado por Deus e transmitido por líderes religiosos. Esse sistema serve, além disso, como mecanismo de controle social sobre a sexualidade, o corpo e as estruturas familiares. O dominionismo se configura como uma forma de ativismo político-religioso que busca “reconquistar” a sociedade para Deus através da ocupação estratégica das instituições.

Os dominionistas acreditam que os cristãos têm o dever de dominar as sete esferas da sociedade (família, educação, mídia, política, economia, artes e religião) para estabelecer o Reino de Deus na Terra. A visão dominionista é pós-milenista: acredita-se que, antes da “segunda vinda” de Cristo, os cristãos devem restaurar a moralidade bíblica e instituir uma ordem social baseada nos valores do Evangelho. Isso justifica o compromisso político dos pentecostais, que se apresentam como soldados espirituais na luta contra o “mal”, representado por ideias como feminismo, direitos LGBTQIA+, comunismo e secularismo. A política se torna um campo de batalha espiritual, no qual o objetivo não é negociar, mas derrotar o inimigo.

Essa configuração religiosa se consolidou no Brasil com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, apoiado por denominações pentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus. Seu governo incorporou líderes religiosos a ministérios estratégicos, promoveu uma aliança entre o cristianismo conservador e o projeto político autoritário. O fenômeno, entendido como “Cristofascismo”, estabelece um tipo de fundamentalismo que instrumentaliza a fé para legitimar o autoritarismo, a hierarquia e a intolerância.

O dominionismo usa a política para moldar a opinião pública e captar o apoio dos eleitores, promovendo uma legislação que reflita seus valores e concepções morais. Um dos protagonistas dessas batalhas culturais é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado em 2022. Alinhado com o dominionismo, é autor do livro O cristão e a política: descubra como vencer a guerra cultural (2023), no qual convoca os cristãos a lutar contra o comunismo, o feminismo, a “ideologia de gênero” e os direitos LGBTQIA+.

A linguagem agressiva e carismática desse líder radical o torna uma figura central na atuação político-religiosa. A ascensão do deputado representa a consolidação de uma nova geração de políticos evangélicos, midiáticos, combativos e ideologicamente alinhados com a extrema direita. Seu discurso reforça a polarização temática e contribui ao avanço de uma agenda autoritária que coloca em risco os pilares do Estado democrático de direito.

Sobre o tema das uniões entre pessoas do mesmo sexo, a pesquisa mostra que, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha reconhecido esse direito em 2011, parlamentares conservadores buscaram reverter essa conquista com projetos como o PL 5167/09, que visa proibir o reconhecimento legal. Outros projetos de lei tentam alterar o Código Civil para restringir a noção de família à união entre um homem e uma mulher biológicos. Em resposta, setores progressistas propuseram iniciativas para consolidar os direitos dos casais LGBTQIA+ na legislação ordinária, mas esses projetos enfrentam forte resistência.

No campo do aborto, a maioria dos projetos de lei analisados visa restringir ainda mais o acesso ao procedimento, mesmo nos casos em que ele já é legalizado. A retórica utilizada baseia-se em princípios religiosos, como a defesa da vida desde a concepção, e no argumento de que o aborto é uma forma de assassinato sancionada pelo Estado. Por outro lado, os movimentos feministas e as organizações de direitos humanos defendem a descriminalização como uma questão de saúde pública, equidade e autonomia das mulheres.

A educação é outro campo de intensa disputa. O projeto “Escola sem Partido”, defendido por parlamentares dominionistas, busca eliminar das salas de aula os debates sobre gênero, sexualidade e direitos humanos. A escola é apresentada como um espaço de “doutrinação ideológica”, que precisaria ser resgatado para “proteger a infância” e os “valores familiares”. O projeto pretende, na prática, restringir a liberdade de ensino e impor uma visão religiosa conservadora no currículo escolar.

A extrema direita no Brasil defende valores como a família nuclear tradicional, segundo os preceitos bíblicos e a moral religiosa, e rejeita ideias como igualdade de gênero, diversidade e inclusão social. Os grupos pentecostais são afiliados a essa ideologia, com uma visão de um Estado limitado que seria guiado por Deus e acima da lei. Os pentecostais, que se traduziram politicamente em uma aliança com a extrema direita, servem como um dos pilares de apoio para essas batalhas culturais no Brasil. As igrejas, especialmente as associações evangélicas neopentecostais, garantiram aos políticos uma ampla base de apoio social. E a expansão do ativismo religioso evangélico pentecostal é evidente nas propostas legislativas apresentadas entre 2018 e 2024.

Essas agendas incluíam a criminalização da educação e dos direitos reprodutivos, entre outros, todos percebidos como violações dos direitos humanos. Os líderes religiosos alinhados com a Teologia da Prosperidade e a Teologia do Dominionismo também ganharam protagonismo e projeção na mídia, usurpando a agenda moral e vigilante para despertar o engajamento, a monetização e a adesão religiosa nas redes sociais. O Poder Judiciário brasileiro tornou-se um importante contrapeso para controlar os avanços conservadores, mas é alvo de críticas e ameaças da extrema direita, que busca reduzir seus poderes e influenciar a opinião pública contra ele.

Por fim, acredita-se que a moralização da política baseada em valores religiosos excludentes coloca em risco o pluralismo e a laicidade do Estado. A Teologia do Domínio, ao transformar disputas políticas legítimas em batalhas espirituais entre o bem e o mal, elimina o espaço para o diálogo, a negociação e o reconhecimento da diversidade. O avanço desse modelo é uma ameaça à democracia, especialmente porque instrumentaliza a fé para legitimar a exclusão de minorias e a criminalização de direitos fundamentais.

La CIA entrenó a los torturadores de Batista en Cuba

Ramona Wadi

Jacobin América Latina

El Buró para la Represión de las Actividades Comunistas de Fulgencio Batista tenía un sangriento historial de torturas y asesinatos políticos antes de la revolución de 1959. Archivos desclasificados muestran el rol clave de la CIA en su accionar represivo.

Hace setenta años, el 4 de mayo de 1955, la CIA ayudó al dictador cubano Fulgencio Batista a establecer el Buró para la Represión de las Actividades Comunistas (BRAC). La decisión se produjo dos años después de que Fidel Castro lanzara el asalto al Cuartel Moncada en un intento por derrocar el régimen de Batista y un año antes de que Castro y sus aliados regresaran a Cuba del exilio para iniciar una campaña de guerrilla.

Batista había tomado el poder en marzo de 1952 tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Carlos Prío. El apoyo estadounidense a la dictadura de Batista fue el último episodio de una larga historia de injerencia en los asuntos cubanos, que se remonta a finales del siglo XIX. Agentes del BRAC dedicaron casi cuatro años a torturar y asesinar brutalmente a los opositores de Batista antes de que la revolución de 1959 pusiera fin a sus actividades.

Técnicos de la tortura

Un documento desclasificado de la CIA de la década de 1950 situó la formación del BRAC en el contexto de una represión más amplia de la actividad política comunista bajo Batista:

Las medidas gubernamentales que restringen la actividad comunista incluyen la supresión de publicaciones comunistas, la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, la ilegalización del Partido Socialista Popular (PSP) (comunista), la legislación contra los comunistas en el servicio público y el control de los viajes y las comunicaciones internacionales comunistas.

El documento señaló las dificultades que estas medidas habían planteado al movimiento comunista cubano, pero advirtió que Batista no había sido capaz de asestar un golpe fatal:

Sin embargo, el Partido se mantiene muy bien organizado, aunque se ve obligado a operar como una organización semiencubierta. Las alianzas con grupos políticos no comunistas y la infiltración en grupos sociales son objetivos principales del Partido Comunista. Si bien los comunistas han perdido gran parte de su antigua fuerza, han conservado cierta influencia en los sindicatos azucareros, tabacaleros y marítimos, en la educación, las organizaciones juveniles y de mujeres, y en el ámbito del entretenimiento, especialmente en la radio y la radiodifusión.

La historia de la intervención estadounidense en los servicios de seguridad cubanos precedió por muchos años a la formación del BRAC. En 1942, durante su primer mandato como presidente cubano, Batista estableció el Servicio de Investigación de Actividades Enemigas (SIAE). El SIAE operaba bajo el mando del capitán Mariano Faget Díaz, quien se había formado en Estados Unidos. Los oficiales del SIAE, incluido el propio Faget, recibieron entrenamiento de los servicios de inteligencia estadounidenses en contraespionaje.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la atención se desplazó de las potencias del Eje a la Unión Soviética y al movimiento comunista internacional. Faget se convirtió en director del BRAC cuando se fundó en 1955. Un revolucionario cubano, Carlos Franqui, lo describió como un «técnico de la tortura» capaz de infligir «golpes continuos en la cabeza, sin dejar marcas, pero produciendo un dolor y una tensión tremendos». En julio de 1955, el director de la CIA, Allen Dulles, escribió a Batista aprobando la decisión del dictador de permitir a la CIA entrenar a los agentes del BRAC:

La creación por parte del gobierno cubano del Buró para la Represión de las Actividades Comunistas constituye un gran avance en la causa de la libertad. Me honra que su gobierno haya aceptado que esta Agencia colabore en la capacitación de algunos de los oficiales de esta importante organización.

Dulles continuó sugiriendo que el general Martín Díaz Tamayo del BRAC debería viajar a Washington para discutir «algunas de las técnicas utilizadas [por la CIA] para combatir las actividades del comunismo internacional».

«Demasiado entusiasta»

Desde el golpe de Estado de Batista en 1952, los militares ya habían estado arrojando cadáveres acribillados a balazos en las calles de La Habana. El BRAC institucionalizó la violencia represiva, trabajando en estrecha colaboración con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Los oficiales del SIM se encargaron de vigilar a personas con simpatías o afiliaciones comunistas conocidas. Informantes se infiltraron en sindicatos y otros movimientos para intentar frenar la oposición al régimen de Batista.

Los detenidos fueron interrogados en tres etapas, comenzando con persuasión, antes de pasar a la tortura psicológica y luego física. El agente de la CIA Lyman Kirkpatrick informó eufemísticamente que «BRAC podría ser demasiado entusiasta en algunos de sus interrogatorios». Kirkpatrick recordó un caso en el que un médico fotografió las heridas de tortura que los agentes de BRAC infligieron a una maestra tras ser detenida bajo sospecha de conspirar contra Batista. Según Kirkpatrick, al principio se mostró escéptico antes de ver la prueba fotográfica:

Las horribles heridas en el cuerpo de la mujer eran convincentes, como lo eran los informes de caso tras caso de hijos de prominentes familias cubanas que se habían unido a la organización de estudiantes o al Movimiento 26 de Julio y habían sido arrestados y asesinados. Sin embargo, la única preocupación expresada por Washington fue que las macabras tácticas de Batista acabarían fortaleciendo el apoyo al Movimiento 26 de Julio de Castro.

La revista cubana Bohemia daba seguimiento a las actividades del BRAC. Solo después del triunfo revolucionario se pudo conocer el alcance de la represión bajo la dictadura de Batista. En enero y febrero de 1959, Bohemia publicó tres números que detallaban la tortura de opositores por parte de las fuerzas de Batista. Las revistas también incluyeron una cronología de la tortura y el asesinato desde el inicio de la dictadura de Batista en 1952 hasta 1958.

Los agentes de Batista arrojaron los cuerpos de las víctimas en las colinas de Pinar del Río, en fosas comunes o en sitios abandonados. Según el director de la morgue de La Habana, más de setecientos cuerpos fueron llevados a la morgue entre 1952 y 1958 con evidencia de haber sido severamente torturados antes de ser asesinados.

Un ejemplo de la represión batistiana fue el asesinato de veintitrés revolucionarios en la provincia de Oriente entre el 23 y el 26 de diciembre de 1956. Las víctimas fueron torturadas, asesinadas y arrojadas a diversos lugares públicos con el fin de sembrar el terror. Posteriormente, miembros del movimiento revolucionario capturaron y ejecutaron al coronel Fermín Cowley Gallegos, quien había dado la orden de la masacre.

El 19 de febrero de 1959, una orden de Camilo Cienfuegos disolvió el BRAC y las demás instituciones represivas de la dictadura de Batista. Un funcionario del BRAC entrenado en Estados Unidos, José Castaño Quevedo, fue ejecutado después de la revolución, aunque el jefe de la CIA envió al periodista Andrew St. George a interceder ante el Che Guevara por la vida de Castaño. Mientras tanto, varios agentes del BRAC ya habían huido del país. Algunos de los que lograron escapar de Cuba encontraron su nuevo hogar en la CIA.

Jeremy Corbyn desafia o sistema outra vez

Marcus Barnett

Tribune

Expulso dos Trabalhistas britânicos por defender posições pós-capitalistas, deputado lidera formação de novo partido – que já reúne 650 mil apoiadores. Ideia central: é hora de recolocar em movimento os que se desiludiram com a política

Nas últimas semanas, um anúncio inesperado feito pela ex-deputada inglesa Zarah Sultana, sobre um novo partido à esquerda dos Trabalhistas (Labour) foi recebido com euforia por milhões de pessoas em toda a Grã-Bretanha, ansiosas por apoiar uma força política que se oponha ao apoio do primeiro ministro Keir Starmer ao genocídio em Gaza e à “austeridade” fiscal.

No momento em que este texto é escrito, mais de 650 mil pessoas já se inscreveram manifestando interesse de se tornarem membros do partido. E, apesar da atitude tipicamente pouco perspicaz da mídia, o anúncio também suscitou discussões entre uma esquerda britânica dolorosamente consciente de sua ausência no debate político “mainstream” desde 2022.

Na semana passada, o editor-associado da Tribune, Marcus Barnett, reuniu-se com o ex-líder do Labour, Jeremy Corbyn, uma figura-chave no desenvolvimento do novo partido, para discutir algumas das diversas posturas que começam a ser delineadas. Abordaram desde a necessidade de tomar a iniciativa do Reform [partido de ultradireita, em ascensão] em relação ao desencanto com a política até questões sobre quão ampla pode ser uma ‘tenda ampla’, a organização comunitária, a relação com os Verdes e se é possível evitar os erros do passado, quando se trata de desafiar, a partir da esquerda, o Partido Trabalhista.

O lançamento de um potencial novo partido de esquerda fez com que milhares de pessoas reacendessem suas esperanças de tornar seu país e seu mundo um lugar melhor. O que as inscrições revelam sobre a escala do desencanto político?

650 mil pessoas não se inscrevem num novo projeto sem motivo. Elas decidem-se a fazê-lo porque já chega. Já chega de serem empobrecidas, enquanto os ricos ficam mais ricos. Já chega de contas de água mais altas, em troca de tubulações estouradas e esgoto nos mares. Já chega de fazerem exigências básicas – como garantir que as pessoas com deficiência tenham apoio suficiente para viver com dignidade – e serem ignoradas. Já chega de serem excluídas das decisões que afetam as suas vidas diárias.

Veja os problemas que a sociedade enfrenta hoje: os bancos de comida gratuita (“food banks”) são um elemento destacado na vida de milhares de pessoas. Inquilinos de apartamentos privados gastam no aluguel bem mais da metade do seu salário líquido. Pessoas de todas as idades vivem em estresse permanente. Quando um governo assume o cargo prometendo que as coisas vão mudar, e depois nada muda, algo tem de ocorrer. Essa energia está reprimida há algum tempo, pois nenhum destes problemas é novo. Sucessivos governos recusaram-se a fazer qualquer coisa sobre eles. Isso terá uma consequência. Eles vão colher o que semearam.

Anunciar o website do partido foi como assistir a uma barragem a romper. Pessoas que não enxergavam uma alternativa real encontraram, de repente, algo de que participar. Encontraram uma razão para ter esperança. Estabelecemos uma visão política bastante sucinta, baseada em princípios fundamentais de igualdade e paz. Incluímos a propriedade pública, impostos sobre a riqueza, investimento em habitação social e apoio à Palestina. Não foi necessário traçar uma visão mais detalhada, não só porque isso será decidido pelos membros [do novo partido], mas porque as pessoas puderam ver o tipo de posição que defendíamos. Este caminho – o da distribuição da riqueza e do poder — lhes foi negado por muito tempo.

Vocês já tem uma noção sobre o tipo de pessoas que se têm inscrito?

Como seria de esperar, tivemos um grande número de inscrições em grandes cidades como Londres, Liverpool, Manchester e Newcastle. No entanto, o que me surpreendeu foi a forma geralmente capilarizada e equilibrada do apoio, por todas as regiões e nações. Ele é mais forte em Londres, no Noroeste e em Yorkshire e Humber, mas também se espalha por todo o lado – até mesmo até nas Ilhas Hébridas Exteriores.

Isto é prova de que os problemas que enfrentamos são fundamentais e afetam pessoas em todo o país: pobreza, depressão salarial, estresse, serviços públicos em decadência, crescente isolamento social. A maior parte das pessoas que se aproximam de mim dizendo que se inscreveram estavam claramente à espera de uma nova iniciativa política há algum tempo.

Elas mostram-se entusiasmadas, quase inquietas. Mas, acima de tudo, soam esperançosas. Também fui abordado por pessoas que nunca estiveram realmente envolvidas na política antes. Foi uma reação semelhante à que vivi durante a nossa campanha eleitoral do ano passado. Estamos construindo um novo tipo de partido político, que vai proporcionar espaço a pessoas a quem nosso sistema bipartidário obsoleto negou voz.

De fato, há muita gente inquieta. Desde que vocẽ foi suspenso do Labour, os apelos para uma nova formação política liderada por si e pelos seus princípios têm sido altos. O anúncio parece ser o fim de um processo muito longo que começou com os ataques da direita do Labour contra você há quase meia década. Como se chegou a tudo isto?

Muitos bons companheiros aproximaram-se de mim ao longo dos anos, sugerindo que é necessária uma nova voz política no Reino Unido. Depois de ter sido suspenso como membro do grupo parlamentar do Labour, permaneci como membro do partido e deputado não vinculado ao governo, com o apoio de muitos companheiros locais, que queriam afirmar os seus direitos democráticos como membros do Partido Trabalhista. Keir Starmer, o líder do partido, finalmente proibiu-me de me candidatar por ele, o que foi um ataque deplorável à democracia local; a minha opinião era que o povo deveria decidir. Foi por isso que me candidatei como independente.

Acho que vencer uma eleição como independente, antes de lançar um partido, vai se provar historicamente significativo. Senti que ganhar no distrito eleitoral de Islington North era importante, não apenas para a nossa comunidade, mas para pessoas além dela. Criar um novo partido antecipadamente, com pouca antecedência, provavelmente me obrigaria a viajar por todo o país, o que teria um custo significativo para nossa campanha local.

Foi durante a campanha eleitoral que se tornou mais óbvio o porquê de, num futuro próximo, estabelecer uma nova voz. Fiquei surpreso com o número de pessoas que nunca tinha conhecido antes, de todo o país, muitas das quais não haviam se envolvido na política, e que de repente queriam fazer parte da nossa campanha. Isso, para mim, foi indicativo do nível de apoio existente para uma alternativa política real.

Desde a eleição, os apelos por um novo partido político tornaram-se mais altos e generalizados. Tive muitos diálogos, com muitas pessoas, e ficou vez mais claro por que ele não é apenas possível, mas fundamentalmente necessário.

Sejamos claros: o Labour falhou total e completamente em sinalizar a mudança que prometeu – seja a sua recusa em abolir o limite de benefícios sociais para dois filhos, a extinção de benefícios por deficiência, a traição ao movimento Waspi [sigla em inglês de Mulheres contra a Desigualdade nas Aposentadorias], os cortes no apoio ao combustível para o aquecimento inverno, ou a sua atroz cumplicidade no massacre de palestinos.

E agora mesmo, enfrentamos uma situação em que o Labour está pavimentando uma avenida para um governo do Reform. Estamos num momento crítico da política britânica – e é por isso que decidimos lançar um novo partido. Se queremos viver numa sociedade de igualdade, inclusão e paz, e não de desigualdade, divisão e guerra, então precisamos de defender uma alternativa.

Houve uma decisão consciente de construir uma estrutura totalmente nova. Qual é o raciocínio por trás disto? Tem a ver com problemas que você previu num partido hierárquico? Eles são baseados nas suas próprias experiências no Labour, ou mesmo em liderá-lo?

Ao longo dos últimos 40 anos no parlamento, testemunhei em pessoa as razões pelas quais o nosso sistema político está falido. Uma dessas razões é a forma como os nossos partidos políticos são estruturados. Eles são hierárquicos, centralizados e burocráticos. Quando eu era líder do Partido Trabalhista, enfrentei uma oposição enorme ao apoio às Unidades de Organização Comunitária (COUs), cuja premissa básica era permitir que as comunidades locais se organizassem por si mesmas, já que elas conhecem os problemas que enfrentam.

Isso gera confiança, e o partido fica enraizado nessas comunidades, o que leva a um sucesso eleitoral muito maior. Em 2019, a nossa votação foi maior nos distritos onde existiam COUs. Se não fosse a obstrução burocrática que atrasou a sua introdução, poderiam ter tido um impacto muito maior.

No Partido Trabalhista de hoje, os deputados parecem ter medo das pessoas que devem representar. E quando os partidos se centralizam demais, produzem más políticas e decisões como a privatização de serviços públicos, como invadir o Iraque, como a austeridade.

Por isso é que tentámos fazer algo diferente. A política deve ser sobre empoderamento – e é disso que eu quero que este partido trate. Um partido que seja aberto, inclusivo, de base e democrático. Muitos na nossa mídia tiveram dificuldade para entender a ideia de deixar pessoas comuns moldarem o futuro do novo partido. Para as 650 mil pessoas que se inscreveram, não foi tão difícil de entender.

Queremos nos reunir, até o fim do ano, numa conferência inaugural para decidir os rumos do nosso partido — mas esta conferência não surgirá do nada. Será o produto de uma série de reuniões deliberativas por todo o país. Mais do que comícios, estas reuniões serão uma oportunidade para comunidades, movimentos sociais e sindicatos se reunirem para discutir as questões-chave que o futuro do nosso partido e do nosso país enfrenta. Tenho a certeza de que estas reuniões gerarão debates acalorados, e isso é bom. É para isso que serve a democracia.

O que poderia significar uma organização democrática neste contexto? Como o partido se relacionaria com movimentos sociais mais amplos, como organizações pelo direito à habitação ou anti-guerra?

Escrevi recentemente num artigo que um dos maiores erros que um partido pode cometer é pensar que deve escolher entre estar no parlamento e outras formas de ação. Precisamos nos organizar em todo o lado: nos territórios, no parlamento, nos locais de trabalho e nas nossas comunidades. Esse é o poder de um partido democrático: capacitar pessoas comuns para moldarem as suas prioridades, não apenas pessoas treinadas para fazer lobby junto dos deputados no parlamento. É assim que articulamos campanhas em toda a sociedade.

Se examinarmos o último ano na política, alguns diriam que ele é definido pelo fracasso do Labour. Eu digo algo ligeiramente diferente. É definido pelo crescimento extraordinário de movimentos: sindicatos, associações de inquilinos, defensores da justiça para deficientes, ativistas anti-racistas, ativistas climáticos e ativistas pela paz. Estes grupos podem algo sozinhos; imagine o que eles poderiam alcançar juntos, se fossem capacitados para tal.

Muitos sindicatos, delegados e altos funcionários sindicais que tradicionalmente estariam ligados fortemente à esquerda do Labour ou mesmo nas alas mais à direita – estão expressando uma curiosidade genuína em relação ao novo projeto.

Falo regularmente com funcionários, líderes e membros de sindicatos. É evidentmente claro que existe um descontentamento generalizado em relação à direção que este governo tomou. Quero ver nosso novo partido a trabalhar com sindicatos e movimentos sociais por todo o país. Estou pessoalmente muito feliz por trabalhar com todos os tipos de sindicatos.

Também quero que o partido apoie trabalhadores que não conseguiram organizar-se, particularmente nas plataformas e na economia gig (de bicos) em geral. No início deste ano, realizámos um Fórum Popular fantástico em Islington North, que se focou na economia gig. Houve um reconhecimento de que melhorias reais surgem quando os trabalhadores agem como um poder coeso.

Também é importante que não vejamos o movimento sindical como separado de outras partes do nosso movimento, como o movimento pela paz. Tive o prazer de conhecer Chris Smalls dos EUA, que organiza os trabalhadores da Amazon. Ele também se juntou recentemente à Frota da Liberdade para Gaza. É a prova de que não precisamos escolher entre fazer campanha pelos trabalhadores e fazer campanha pela Palestina. Temos de fazer ambos!

Numa questão similar, quando se poderia dizer que uma coalizão pode ser demasiado ampla? Quais são as contradições que você vê emergir e como poderiam ser superadas?

Trabalho bem com os meus colegas independentes, principalmente como uma voz unida contra o genocídio em Gaza. Eles ofereceram muita esperança às pessoas que sabem haver no Parlamento deputados que defendem o povo palestino sem se envergonharem. Nem sempre concordamos em tudo, mas somos uma oposição clara numa série de questões: a oposição ao limite de benefícios para dois filhos, cortes no apoio ao combustível para aquecimento de inverno, cortes nos benefícios por deficiência e vendas de armas a Israel.

Acredito no poder da unidade através da democracia. Sim, o novo partido vai gerar desacordos e divisões. Devemos ser abertos e honestos sobre eles e confiar nas instituições democráticas para resolvê-los de forma construtiva e produtiva. Precisamos construir um movimento que reconheça a diversidade de opiniões, mas que defenda os direitos humanos e a dignidade de todos. Devemos estar unidos contra a opressão e o preconceito em todas as suas formas – é o que faremos.

Com base nas lições de tudo, desde o Partido Socialista dos Trabalhadores (Socialist Labour Party, SLP) ao Respect, quais são os seus pensamentos sobre como um partido de esquerda pode sobreviver aos desastres habituais alimentados por cultos de personalidade e guerras sectárias internas?

Quero que este partido seja aberto, inclusivo e de base. A estrutura precisa, de alguma forma, refletir a ampla natureza geográfica do nosso apoio e capacitar as comunidades locais para promoverem mudanças de baixo para cima. O que eu não quero são batalhas intermináveis sobre quem está em que comitê nacional.

A forma de manter um partido unido é atermo-nos às questões e campanhas fundamentais, como a pobreza infantil, os direitos humanos e a paz. Vamos lembrar por que estamos fazendo isso: para transformar a sociedade redistribuindo a riqueza e o poder. Não tem a ver conosco, enquanto ativistas – mas com os milhões de pessoas que merecem uma vida melhor. Com as crianças que vivem na pobreza. Com o povo da Palestina. Tem a ver com eles, não conosco.

Quais são os seus pensamentos sobre uma aliança com os Verdes (Greens)?

O partido que estamos criando será muito forte em questões ambientais, fundamentado na ideia de que a justiça climática é justiça social. Trabalharemos com os Verdes onde pudermos – obviamente em questões ambientais, mas também, espero, em questões de paz e direitos humanos. Estou sempre aberto a trabalhar com indivíduos e grupos afins. A cooperação torna-nos a todos mais fortes.

Conheço muitos membros dos Verdes, trabalho bem com seus deputados parlamento e cooperamos quando podemos. Isso ajudou a construir uma aliança de oposição a várias questões, em especial os cortes nos benefícios por deficiência. Também fiz campanha ao lado do Zack (Zack Polanski, deputado dos Verdes) em muitas questões, aparecendo juntos em muitas plataformas anti-austeridade. Neste momento, a nossa prioridade nesta ação comum deve ser parar o ataque de Angela Rayner às hortas comunitárias.

Se está acabando el tiempo para los golpistas

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Ya existe fecha para la condenación de los golpistas. El ministro Cristiano Zanin, presidente de la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal fijó para el próximo 2 de septiembre el inicio del juicio final de la acción penal en la que a partir de ese día y hasta el 12 del mismo mes, los cinco ministros que integran esa turma del STF deberán pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del llamado “núcleo crucial” del golpe, que incluye a Jair Bolsonaro y otros siete cómplices procesados por los crímenes de intento de Golpe de Estado, organización criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado de la infraestructura pública y destrucción del patrimonio nacional.

La etapa final de esta causa comienza con el Procurador General de la República, Paulo Gonet, que sustentará durante una hora los aspectos centrales de la acusación contra los 8 inculpados. Luego los abogados de los reos deberán realizar sus respectivas defensas orales. Después viene la exposición del ministro relator del caso, Alexandre de Moraes, seguido por los otros cuatro ministros de la primera turma. Por lo tanto, la expectativa es que el viernes 12 de septiembre salga el veredicto final, excepto que uno de los ministros solicite un “pedido de vistas”, es decir, un mayor plazo para analizar las acusaciones contra los procesados, lo cual puede retardar la decisión final de los jueces por hasta 90 días.

Sin embargo, aun cuando el veredicto sea condenatorio, los acusados no serán inmediatamente presos pues existe la posibilidad de nuevos recursos por parte de los abogados de defensa y, en este caso, Bolsonaro y sus secuaces tendrán una nueva oportunidad para no ser efectivamente recluidos. En todo caso, la previsión de muchos juristas es que antes de fin de año el “núcleo crucial” de la trama golpista sea encarcelado. Además, la mayoría de ellos no deberán ir a presidios comunes, ya que oficiales militares y delegados de la Policía Federal tienen derecho a un presidio especial, de acuerdo con el Código de Proceso Penal.

Mientras tanto, la familia y seguidores del ex capitán continúan presionando al gobierno de Donald Trump para que aumente las sanciones económicas sobre Brasil, que ya desde el 6 de agosto impone un arancel de 50 por ciento de las exportaciones brasileñas para cerca de 4 mil productos existentes en el comercio bilateral. Trump justificó el “tarifazo” precisamente por las acciones de “persecución política” que estaría imponiendo la justicia, en especial el ministro Alexandre de Moraes, a su aliado y amigo, el ex presidente Bolsonaro. También incluyó como argumento para esta penalización arancelaria, la regulación de las plataformas digitales de las Bigtechs estadounidenses como X, Meta o Google.

Las sanciones también incluyen el bloqueo de la visa de ocho de los once ministros del STF y de dos médicos brasileños que participaron en la implementación del “Programa Más Médicos” durante el gobierno de Dilma Rousseff. Dicho programa contrató a médicos cubanos para atender a la población que reside en los lugares más apartados del país, replicando la exitosa experiencia de los médicos de familia realizada por el país caribeño.

En una escalada de acusaciones y difamaciones sin respaldo, el Departamento de Estado del gobierno Trump acusó a Brasil de violar los Derechos Humanos con casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, censura a la libertad de expresión y de prensa. Este informe no dice nada sobre las violaciones cometidas por el gobierno del dictador Nayib Bukele en El Salvador, que se ha convertido en el carcelero tercerizado de Estados Unidos.

También la campaña de la extrema derecha en las redes sociales y en los recintos de culto pentecostal ha tenido resultados aparentemente desconcertantes desde una lógica simple. Según una encuesta difundida recientemente, un 35 por ciento de los entrevistados le atribuyen a Lula la principal responsabilidad por las sanciones del gobierno Trump, siendo que solo un 22 por ciento le imputa esta culpa a Bolsonaro y su clan. Parece cada vez más claro que el predominio de las fake news que invaden el espacio digital se impone sobre la prensa tradicional desplazando el campo de la racionalidad basado en los hechos hacia realidades inventadas y transformadas en “aquello en que lo que creo es lo real”.

En un libro titulado Sobre la tiranía. Veinte lecciones del siglo XX para el presente, el historiador Timothy Snyder nos advierte sobre los peligros que implica aceptar las falsedades evidentes a partir de la fe. En su ensayo, Snyder expone cómo el uso indebido de las creencias puede llevar a aberraciones enormes, en el sentido de desconocer las evidencias que surgen de la realidad de los hechos. Es decir, cuando el sentimiento de la fe desplaza a aquello que efectivamente sucedió, no queda espacio para las pequeñas verdades que los individuos pueden discernir en su vida cotidiana. Después que la verdad se torna oracular en vez de factual, las evidencias se transforman en irrelevantes.

Quizás la difusión de la etapa final del proceso contra los autores de la trama golpista permita a los brasileños conocer cómo se fraguó el intento por destruir la democracia en este país y los ciudadanos recuperen una perspectiva lúcida y realista sobre los peligros que representan el pensamiento y las acciones de la extrema derecha para el futuro de la nación. Y de esta manera, se pueda concebir un final definitivo para las conspiraciones golpistas.

Cuando la burguesía tomó partido en contra de la democracia

Alfredo Iglesias Diéguez

Rebelión

Sobre la Primera Guerra Mundial (1914-1918) sabemos lo que las clases dominantes, las mismas que provocaron la guerra, quieren que sepamos. En este sentido, es de común conocimiento que la guerra comenzó a raíz del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, junto con su esposa Sofía en la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos de un eslavo meridional llamado Gavrilo Princip; al menos ese es el casus belli oficial que se usa para explicar la causa de la guerra, ya que tras ese incidente se pusieron en marcha los mecanismos fijados por las diferentes alianzas establecidas a lo largo de la ‘Paz Armada’, esto es, la reafirmación de apoyos entre los países aliados, la movilización de tropas y finalmente, tras la pertinente declaración de guerra, el inicio de la conflagración entre los países contendientes, algo que ocurrió el 4 de agosto de 1914, que paradójicamente no comienza con la invasión de Serbia por el Imperio austro húngaro, sino cuando Alemania invadió la neutral Bélgica.

Asimismo, quienes postulan que las guerras no se deben a una única causa, sino que obedecen a múltiples factores, alegan como causas de la guerra estas otras: la rivalidad económica de las potencias beligerantes, los conflictos coloniales, el creciente nacionalismo de las potencias beligerantes, etc, con lo que dan a entender que la guerra fue la consecuencia inevitable de los acontecimientos que tuvieron lugar después del año 1871, año en que terminó la guerra franco prusiana con una aplastante derrota del II Imperio francés.

No obstante, la mayoría de los textos rehuyen explicar que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto largamente preparado (y deseado) por las elites europeas para frenar la democratización de las sociedades como consecuencia del avance del socialismo, del feminismo y de los nacionalismos de las minorías étnicas de los grandes Estados multiétnicos de Europa. La razón es evidente: aunque la burguesía fue originariamente una fuerza moderadamente revolucionaria, a medida que las clases subalternas fueron tomando conciencia de que sus intereses no se correspondían con los de la burguesía y a medida que se consolidaban los diferentes Estados nacionales europeos (Francia, Reino Unido, Alemania…), en los que los intereses económicos de la burguesía dictaban la política económica de los gobiernos, la burguesía se transformó en una fuerza contrarrevolucionaria que encontró en la aristocracia y en el clero unos nuevos aliados de clase y las clases subalternas que luchaban por la democracia se convirtieron en sus enemigas.

En ese sentido, a partir de ese momento -que podemos fijar entre la publicación del Manifiesto comunista (1848), de Marx y Engels, y la Comuna de París (1871)-, la burguesía adoptó un nuevo discurso político cuyos elementos definidores -más allá de un liberalismo reservado para las elites- eran un nacionalismo, un socialdarwinismo, un racismo y un supremacismo nietzschiano profundamente reaccionarios que encontraron en el militarismo aristocrático -ya que la mayoría de los oficiales de los ejércitos europeos pertenecían a la nobleza- y en la doctrina social de las diferentes iglesias (católica, luterana, anglicana y ortodoxa) los complementos indispensables para convertirse en el nuevo discurso ideológico dominante.

Ahora bien, aunque es cierto que a la burguesía conservadora de los años de la ‘Paz Armada’ le aterraba el avance de los movimientos sociales como el socialismo, el feminismo y los nacionalismos periféricos, que parecía que estaban preparando un ‘verano caliente’, que preludiaba un ‘otoño revolucionario’, ¿cómo es posible que el 4 de agosto de 1914 los hombres de las clases populares desfilasen entusiastas hacia la muerte? ¿Acaso esos movimientos sociales, principalmente el socialismo, no eran pacifistas e internacionalistas? ¿Qué es lo que hizo que un incidente en Sarajevo provocase la ‘bancarrota’ de la II Internacional y el abandono del pacifismo asumido como irrenunciable en el Congreso de Basilea de 1912? ¿Qué pasó en esos dos años?

Responder a estas y otras muchas preguntas semejantes, que fluyen una vez que rompemos con el marco establecido por el discurso historiográfico dominante, es la tarea que acomete Jacques R. Pauwels en el libro La gran guerra de clases 1914-1918 (Kinkilimarro Liburuak, 2024).

¿Se estaba preparando un ‘verano caliente’ en 1914 o era una fantasía burguesa alejada de la realidad? Efectivamente en Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania y en menor medida en otros países europeos, el movimiento obrero tenía una fuerza considerable en las calles, tanto por el número de huelgas y conquistas arrancadas a los amos del capital como por la presencia de partidos socialdemócratas en los parlamentos de esos países; no obstante, también es cierto que la socialdemocracia -o al menos sus representantes más destacados, como Bernstein, por citar un único ejemplo-, había dejado de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en una fuerza reformista, una deriva que puede explicarse por varias razones, aunque la principal es el hecho de que las conquistas que se estaban materializando en esos años hacían pensar que no era necesario tomar el Estado por asalto y hacer que fuera preferible la evolución que la revolución. En este sentido, la socialdemocracia era un peligro más aparente que real, por lo que el descontento social y las demandas obreras podían resolverse con la tradicional política del palo y la zanahoria.

Otra cuestión. Si bien es cierto que la socialdemocracia había dejado de ser revolucionaria, eso no significa que tuviese que abandonar el internacionalismo; de hecho, Jaurès fue un socialista francés reformista que mantuvo intacta su defensa del pacifismo y el internacionalistmo hasta que murió asesinado por un nacionalista exaltado el 31 de julio de 1914, apenas unos días antes del inicio de la gran guerra. Entonces, ¿qué hizo que la socialdemocracia apostase por el nacionalismo burgués en unos momentos tan decisivos?

De nuevo Pauwels nos ofrece una buena respuesta. En rigor fue el reformismo lo que llevó a la socialdemocracia al nacionalismo y la vía usada fue el estatalismo, ya que la defensa de las reformas conquistadas implicaba la defensa del Estado que las convertía en ley y una vez que se llega a la defensa del Estado-nación se da el paso al nacionalismo.

Ahora bien, el nacionalismo y el estatalismo estaban asociados a una serie de discursos claramente supremacistas que, a pesar de todos los discursos igualitarios de inspiración socialista, acabaron siendo aceptados por algunos dirigentes socialdemócratas. De ese modo, en pocos meses los obreros de los países beligerantes pasaron de entonar la Internacional que les hacía sentir hermanos en la defensa de un mismo proyecto de futuro a encontrarse frente a unos líderes que les convencían de que tenían que acudir a las trincheras para defender a la patria burguesa frente a otros trabajadores como ellos mismos que hasta hacía unos pocos meses los habían considerados como sus hermanos de clase.

Otro interrogante que despeja Pauwels en su libro es cómo fue posible, a pesar de las palabras de los líderes socialistas animándoles a ‘coger el fusil’ -en el mismo sentido en que lo hacían los nacionalistas exaltados, como George Cohan, autor de una famosa canción que animaba a los jóvenes a coger el fusil, sin advertirles de las consecuencias físicas y psicológicas que eso podría implicar-, que miles de hombres, obreros, campesinos, empleados domésticos, etc., trabajadores en general, se convirtiesen en soldados de un ejército dominado por aristócratas que les despreciaban.

La respuesta es sencilla: las elites sociales desplegaron una serie de estrategias que fueron desde el sencillo reclutamiento obligatorio hasta la coacción, por ejemplo de los empleadores que amenazaban a sus empleados con perder su empleo si no se alistaban voluntariamente en el ejército, y la supervivencia, ya que muchos obreros fueron despedidos de sus fábricas y el reclutamiento voluntario les abría las puertas a un pequeño salario de subsistencia. Además, junto a esas estrategias estaban los discursos que idealizaban la guerra, la más viril de todas las actividades, y los mensajes de las Iglesias que hablaban de ‘sagrada cruzada’ o de ‘deseo divino’.

Con todos esos ingredientes la tan deseada guerra comenzó en el momento apropiado: antes las condiciones no estaban aún maduras; más tarde, es posible que el enemigo estuviese más preparado… He ahí la razón por la que un incidente que, en un primer momento ni siquiera evitó que las elites vienesas celebrasen un baile de gala, se transformó en el detonante de una barbarie militar cuyas víctimas fueron muchas más que los más de 10 millones de muertos de la Gran Guerra.

Los primeros días de la guerra satisficieron todas las expectativas de las clases dominantes: el número de huelgas se redujo a cero -ya que fueron prohibidas por ley-, en los parlamentos se eliminó la oposición interna -se llegaron incluso a cerrar sus puertas-, dejaron de convocarse elecciones -debido a que los representantes del pueblo ya no ejercían ninguna función real-, la censura y las restricciones a la libertad de expresión evitaron manifestaciones de oposición a la guerra, el ejército asumió poderes excepcionales -sobre todo durante los largos períodos en los que se declararon estados de sitio-, las condiciones laborales -horarios, salarios etc., pasaron a ser reguladas por decreto y se gestionaban en cada empresa por medio de comités tripartitos -patronal, Estado y trabajadores- en los que el Estado siempre se ponía a favor de los patronos -el negocio es el negocio.

Sin embargo, las clases dominantes no tardaron mucho en comprobar que su estrategia belicista dejaba de dar los frutos deseados. Efectivamente, en el momento en que, a pesar de la censura, los horrores de la guerra empezaron a ser conocidos por todo el mundo: Ypres, Gallipoli, Tanneberg, Lemberg, Somme, Verdún, etc., la paz social que las elites lograron en el verano-otoño de 1914, empezó a resquebrajarse. A lo largo del año 1915 y 1916 las voces del internacionalismo proletario y del pacifismo volvieron a oírse con claridad, ahí están la Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en Berna entre los días 26 y 28 de marzo de 1915 bajo los auspicios de Clara Zetkin; la Conferencia Internacional Socialista celebrada en Zimmerwald entre los días 5 y 9 de septiembre de 1915, en cuyo Manifiesto final, escrito por Trostky, se abogaba por el ‘restablecimiento de la paz entre los pueblos’; el texto Socialismo y guerra (septiembre de 1915), en el que Lenin sostiene que ‘quien desee una paz firme y democrática, debe pronunciarse en favor de la guerra civil contra los gobiernos y la burguesía’; o, finalmente, la II Conferencia Internacional Socialista celebrada en Kienthal entre los días 24 de abril y 1 de mayo de 1916 en cuyo manifiesto final, también propuesto por Trostky, se afirma lo siguiente: ‘Si no hemos sabido impedir la guerra, tenemos que hacer todo lo posible para imponerles a los beligerantes nuestra paz’ y termina con un llamamiento a la revolución.

Los horrores de la guerra habían puesto fin a la paz social y el fantasma del comunismo volvía a recorrer Europa. Efectivamente, a lo largo del año 1917 se suceden las huelgas en toda Europa, los motines de soldados, etc., y, más allá de la entrada de EEUU, Brasil o China en la guerra, el hecho que lo va a cambiar todo fue el triunfo de la revolución en octubre de 1917 en la que había sido la Rusia de los zares hasta el triunfo de la revolución de febrero de 1917. En apenas 10 días, como escribió Reed en 1919, los bolcheviques (la facción internacionalista y revolucionaria del partido socialdemócrata ruso), sentaron las bases de un nuevo mundo: decreto sobre la paz, proposición de armisticio y de paz inmediata, decreto sobre la tierra, decreto sobre la transferencia del poder a los soviets, decreto sobre la jornada de trabajo, decreto sobre el control obrero, decreto sobre la prensa, declaración de los derechos de los pueblos de Rusia… Inmediatamente, el ejemplo cundió y las huelgas masivas se sucedieron por toda Europa a lo largo del año 1918 hasta llegar a la revolución alemana de noviembre.

Llegados a ese extremo, las clases dominantes prefirieron poner fin a la guerra y entregar el poder a un socialdemócrata como Erfurt -que evidentemente ya no suponía ningún peligro para la burguesía-, antes de que triunfase una revolución como la que lideraron Rosa Luxemburg y los espartaquistas en enero de 1919 o los comunistas bávaros entre el 6 de abril y el 7 de mayo de 1919. Además, los viejos enemigos se aliaron en su apoyo a los ‘blancos’ rusos frente a los rojos que habían conquistado el poder en octubre de 1917.

No obstante, pese al fin de la guerra, los plebeyos continuaron las movilizaciones por toda Europa: revolución húngara, bienio rosso italiano, ‘trienio bolchevique’ en España, etc., y, en ese claroscuro en el que el viejo mundo aún no ha muerto y el nuevo mundo aun no ha llegado a nacer, surgió el monstruo que usaron las elites para frenar el avance de la democratización de las sociedades: el fascismo. En este sentido, el libro de Pauwels nos muestra de qué modo la burguesía va a intentar con el fascismo, cuyos elementos principales -intervencionismo en la economía en beneficio exclusivo del capital, disciplinamiento autoritario de las clases trabajadoras, limitación de los derechos políticos y sociales de las clases trabajadoras y de las mujeres…-, ya habían sido ensayados durante la guerra, aquello que no había logrado con la guerra: frenar definitivamente el avance de la democratización de la sociedad, un proceso que ponía en peligro sus privilegios. A la burguesía la democracia de los señores le bastaba.

En definitiva, la tesis que Pauwels defiende en este gran libro se puede resumir de la siguiente forma: la primera opción de las clases dominantes para mantener sus privilegios fue disciplinar a la clase trabajadora mediante una guerra, pero como en el contexto de la guerra surgieron experiencias como la Revolución rusa y la alemana, y en la inmediata posguerra la húngara y movilizaciones obreras por toda Europa, la segunda opción de la burguesía -que nunca había apostado por la completa democratización de las sociedades-, cuando no fue capaz de controlar el movimiento obrero y feminista dentro de los márgenes de la democracia liberal, fue el fascismo.

Bolivia de regreso a su pasado

Pablo Stefanoni

Nueva Sociedad

Bolivia votará el 17 de agosto, en una elección en la que la izquierda quedaría fuera del balotaje. Con el MAS en estado de descomposición, las encuestas anticipan un enfrentamiento entre la derecha moderada y la derecha radical, casi sin renovación de los rostros de la política y con la sensación de estar en una elección de hace más de dos décadas.

Bolivia votará en las elecciones del 17 de agosto en una coyuntura política inédita en los últimos 20 años: el otrora poderoso Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta el proceso electoral dividido en tres facciones y corre el riesgo de quedar en tercer o cuarto lugar. Por primera vez desde fines de la década de 1990, la izquierda no estaría en el balotaje que, se según las encuestas, enfrentará a dos candidatos ubicados a la derecha (más moderada y más radical): el político y empresario liberal-desarrollista Samuel Doria Medina y el ex-presidente Jorge «Tuto» Quiroga, vinculado a las redes radicales de Miami.

Las luchas intestinas que se iniciaron apenas el MAS regresó al gobierno en 2020, tras su derrocamiento un año antes, constituyeron un verdadero proceso de autodestrucción. El MAS está hoy dividido entre arcistas –seguidores del presidente Luis Arce Catacora–, que se quedó con la sigla del MAS mediante la manipulación de la justicia; evistas –adherentes a Evo Morales, inhabilitado electoralmente y recluido en la zona cocalera del Chapare para no ser detenido–; y androniquistas –quienes apoyan la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez–.

Eduardo del Castillo, candidato «oficial» del MAS, no llega a 2% de las intenciones de voto. Ajeno al mundo campesino que es el «alma» del MAS, Del Castillo era uno de los hombres fuertes del gobierno de Arce, quien finalmente desistió de competir por una reelección imposible en virtud de su escasa capacidad de gestión y una crisis económica que el país no conocía desde los convulsionados primeros años 2000. Como ministro de Gobierno, Del Castillo fue la cara más visible de la persecución política y judicial contra Evo Morales, líder indiscutido del MAS desde su fundación.

El candidato mejor posicionado del espacio del MAS, quien tras su lanzamiento tuvo posibilidades de competir en el balotaje, es Andrónico Rodríguez, ex-delfín de Morales y a quien este eligió como sucesor en el liderazgo de los sindicatos de campesinos cocaleros. Con 36 años, representa a nuevas generaciones de campesinos con estudios universitarios y fluidos vínculos urbano-rurales. Pero la decisión del joven dirigente de postularse a la Presidencia enfureció a Morales, quien llama ahora a anular el voto como un «referéndum» contra el proceso electoral, lo que ha contribuido a que la candidatura de Andrónico se fuera desdibujando.

Luego de meditarlo durante meses –en los que varios presidentes y ex-presidentes como Nicolás Maduro, Raúl Castro y José Luis Rodríguez Zapatero intentaron mediar en la crisis del MAS–, finalmente Andrónico lanzó su candidatura. Antes de hacerlo, se fue alejando de su mentor no participando en los cónclaves evistas y encarnando un discurso autocrítico y renovador, por lo que Morales lo considera hoy un traidor. Pero no logró enraizarse en el movimiento campesino –que es la principal base social del MAS– y algunos de sus primeros apoyos provinieron de figuras cuestionadas y percibidas como oportunistas.

La elección de su candidata a vicepresidenta tampoco lo ayudó. En teoría, la joven ministra Mariana Prado –considerada en su momento parte del ala alvarista (por el ex-vicepresidente Álvaro García Linera)– complementaba al candidato campesino, con su perfil de tecnócrata urbana y «blanca». Pero su postulación se enfrentó a un caso policial que la afectó de manera indirecta pero persistente. Su ex-pareja cometió un femicidio y ella fue acusada, sobre todo por feministas como María Galindo, de haberlo beneficiado en su declaración judicial. «Mira Andrónico de mierda, si te presentas con la Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadros lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a lunes, porque la Mariana Prado es una desgraciada que ha defendido un feminicida», lanzó Galindo con su habitual estilo virulento y, en efecto, lanzó una campaña impiadosa contra Prado.

Andrónico Rodríguez consiguió una sigla prestada para postularse por fuera del MAS «arcista», con buenos resultados en las encuestas; pero enfrentado al gobierno del MAS y a Evo Morales, la campaña se le hizo cuesta arriba y amenaza con desinflarse. Solo podría salvarlo, hasta cierto punto, que una parte de la gran cantidad de indecisos y de potenciales votantes nulos o en blanco optara finalmente por un voto útil de izquierda para evitar la debacle. Lo que podía ser una candidatura renovadora fue dinamitada sobre todo por Morales, quien amplió la lista de «traidores» hasta García Linera, su acompañante como vicepresidente y «copiloto» durante 14 años.

En medio de una crisis económica marcada por el agotamiento del modelo nacionalista de izquierda del MAS –reducción de la producción de gas, alta inflación, escasez de combustibles y falta de dólares, que dan también un aire noventista a la actual coyuntura–, la política boliviana parece incapaz de renovarse. Doria Medina fue ministro durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, entre 1991 y 1993, y candidato a presidente por su partido, Unidad Nacional, en varias ocasiones. Aunque es vicepresidente del Comité de la Internacional Socialista (IS) para América Latina y el Caribe, ello dice más sobre la «elasticidad» ideológica de la IS que sobre el «socialismo» de Doria Medina, uno de los grandes empresarios bolivianos. El economista amasó su fortuna en la industria del cemento y cuenta con grandes propiedades inmobiliarias y hoteles, y una «pata» en la gastronomía: es el propietario de la franquicia de Burger King y Subway en Bolivia. «No soy de la derecha dura. En Bolivia, soy considerado de centro, entonces tengo la capacidad de hablar con todos. Yo soy más pragmático y creo que Bolivia necesita pragmatismo», dijo en una entrevista de 2024.

Para lograr la Presidencia luego de tantos intentos frustrados, marcados por su falta de carisma personal, ha construido una amplia alianza que incluye desde el ex-alcalde de La Paz Juan del Granado (centroizquierda) hasta el hoy preso ex-gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho (derecha), pasando por varios parlamentarios del partido del ex-presidente Carlos Mesa (centro). También cuenta con el apoyo del empresario más rico de Bolivia, Marcelo Claure, quien comparte con Elon Musk la voluntad de incidencia política y la fascinación por el trolleo en las redes sociales. Doria Medina se presenta como el economista que puede resolver la aguda crisis económica luego de una década y media de estabilidad y crecimiento en lo que algunos denominaron el «milagro económico» bajo el gobierno del MAS; un «milagro» que hoy pocos consideran como tal.

El político y empresario subrayó, en una entrevista de Infobae, que su plan de gobierno tiene como objetivo estabilizar el país en los primeros 100 días de gestión. Para eso, el foco estará puesto en resolver el déficit fiscal, que atribuye principalmente a tres factores: las subvenciones a los combustibles, el gasto en empresas públicas ineficientes y el derroche en gastos de la política. Su eslogan es «Cien días, carajo». Confía que, en caso de ganar, llegarán inversiones y los bolivianos sacarán sus dólares del «colchón bank».

Dice que no copió a Javier Milei, cuyo lema es «¡Viva la libertad, carajo!». El empresario sufrió un grave accidente aéreo en 2005 y siempre consideró que su supervivencia era una especie de mensaje. La frase que supuestamente pronunció, «¡Carajo, no me puedo morir!», tras ver que aún estaba con vida, marcaría, con ironía o sin ella, su carrera política. También sobrevivió a un cáncer y a un secuestro por parte de del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú: fue liberado después de 45 días, tras el pago de más de un millón de dólares.

Su contrincante más cercano es «Tuto» Quiroga, quien se desempeñó como presidente, por sucesión constitucional, entre 2001 y 2002, tras la muerte en 2002 de Hugo Banzer, el ex-dictador de los años 70 que volvió a la Presidencia por la vía democrática en 1997. En 2005 Quiroga perdió la elección con Evo Morales, quien tras obtener 54% de los votos iniciaba su largo reinado político. Militante de una derecha dura, jugó un papel central en el derrocamiento de Evo en 2019, como uno de los diseñadores de la estrategia que llevó a Jeanine Áñez, hoy presa, al poder.

Ha señalado que, en caso de ganar, romperá lazos con Venezuela, Cuba e Irán («No voy a tener relaciones con las tres tiranías trogloditas totalitarias, no voy a tener relaciones con los tres piratas del Caribe»), pero admitió que analizaría la permanencia de Bolivia en el grupo de los BRICS [Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica], debido al vínculo comercial con la India y China. Su defensa de la democracia, aclaró, se limita a América Latina. «Azerbaiyán, Qatar y demás… China, Vietnam… respeto sus sistemas, no los comparto. No me gusta el sistema de partido único, pero lo respeto».

En la misma entrevista, cuestionó el Mercado Común del Sur (Mercosur) –«en la parte comercial no me interesa participar porque es entrar en una cárcel comercial»– y anunció que apostaría por un «triángulo sudamericano» para la explotación de litio, junto con Argentina y Chile. Con aires noventistas, dijo que mantendría una «agresiva posición» para buscar tratados de libre comercio con varios países, incluido Estados Unidos. Se diferenció, no obstante, del proteccionismo de Donald Trump. «Los países que suben aranceles no me gustan. Yo voy a reducir aranceles y entiendo perfectamente que mi respuesta habla de un Estados Unidos que ya no está abierto al libre comercio. Y no es problema solo de la actual administración. Por eso, como Chile y Perú, voy a firmar mis propios acuerdos comerciales con Europa, con países de Asia y de la región», respondió a la cadena CNN.

Siguiendo la estela de Milei en Argentina, e incluso tratando de superarla retóricamente, dijo que utilizará «motosierra, machete, tijera y todo lo que encuentre» para bajar el gasto público. Doria Medina mide alrededor de 21% en las encuestas y Quiroga se le ha acercado con 20%. Terceros aparecen Rodrigo Paz, hijo del ex-presidente Jaime Paz Zamora, y el alcalde de Cochabamba y ex-candidato presidencial Manfred Reyes Villa. Andrónico Rodríguez aparece cuarto o quinto, con alrededor de 7%. Pero alrededor de 30% declara que votará en blanco, nulo o que aún no decidió el voto, lo que podría alterar los resultados, y hay dudas sobre cómo se votará en el campo.

La cantidad de votos nulos y en blanco marcará también la legitimidad del nuevo gobierno, que se enfrentará a un ajuste en un país marcado por las rebeliones sociales –como lo sabe Quiroga, quien como vicepresidente vivió la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000–. Morales ha impugnado el proceso electoral y buscará no ser detenido por una acusación de «tráfico de personas agravado», por haber mantenido una relación, según la acusación, con una persona que era menor de edad al momento de iniciar el vínculo. Esa causa, iniciada bajo la presidencia «interina» de Áñez, fue reactivada por el gobierno de Arce para neutralizar a Morales en medio de la guerra interna.

De esta forma, Bolivia se presta a volver a un escenario similar al de los años 90, en el que las sucesivas crisis económicas se combinaban con un sistema político fragmentado que requería de constantes acuerdos parlamentarios y que fue desprestigiándose al transformarse en un mercado de intercambio de cargos. El propio triunfo de Morales en 2005 se presentó como el fin de la denominada «democracia pactada». Ahora, con un Parlamento que se presume será dominado por la derecha, posiblemente esa democracia fragmentada se reedite. Pero el mundo ya no está en los 90, y Bolivia tampoco. Cuando lo entrevisté en 2005, Doria Medina me dijo que «no es cuestión de poner [en la Presidencia] a una persona de poncho o pollera, la solución es llevar adelante cambios en la economía». Podría repetir lo mismo hoy, 20 años después. Pero esos sectores indígenas y populares tienen hoy una relación diferente con el poder, aunque el discurso sobre la regeneración nacional a partir de los pueblos originarios se haya desgastado.

Se abre un signo de interrogación sobre la estabilidad política del futuro gobierno. Y sobre el futuro del MAS: ¿podrá este espacio de base campesina-popular, que en estos años fue políticamente hegemónico, superar su estado de descomposición, desánimo y desconcierto, o se volverá también al escenario de los 90, cuando diversas facciones campesinas y de izquierda gastaban gran parte de sus energías compitiendo entre sí? Hoy, en una Bolivia que celebró un deslucido Bicentenario, los candidatos que hasta ayer eran «el pasado» dicen que, si ganan el 17 de agosto, quien será «el pasado» será el MAS, y que su crisis es «terminal». Que será el fin de un largo ciclo político.