Paul Walder
El Clarín de Chile
Los efectos del intento de golpe de Estado en Brasil siguen fluyendo en una peligrosa imbricación no solo con las fuerzas policiales y militares sino con movimientos internacionales. Los sucesos de Brasilia del domingo 8 de enero han sido la expresión de la dirección y los objetivos que tiene la ultraderecha mundial en un contexto de debilidad de las democracias representativas.
Fernando de la Cuadra es un sociólogo chileno que vive hace décadas en Brasil. Graduado en la Universidad de Chile, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, columnista de El Clarín y autor de varios libros sobre el trance brasileño de los últimos años, entre los que destaca “De Dilma a Bolsonaro. Itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña”. En esta conversación, nos entrega una visión no sin inquietud acerca de estos eventos en pleno desarrollo.
¿Qué pasó el domingo 8 de enero en Brasil? ¿Fue una sorpresa pese a los evidentes llamados a la movilización y al golpe? Porqué los miles de seguidores de Bolsonaro pudieron ingresar a las sedes de los tres poderes del Estado y permanecer en el interior el tiempo suficiente para humillar a estas instituciones. ¿Hubo un fallo en la seguridad deliberado?
En los días posteriores a la invasión efectuada por las hordas bolsonaristas al Palacio do Planalto, al Congreso Nacional y a las instalaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) se llegó a una constatación generalizada por parte de prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional, incluidos los servicios de inteligencia, la Policía Federal, la prensa, los partidos políticos y las organizaciones sociales: el intento de Golpe de Estado venía siendo preparado con mucha antelación por los grupos más radicales del bolsonarismo y su articulación se realizó tanto por medio de las redes sociales y comunidades de internet así como en los contactos estrechos y directos que se generaron en los campamentos levantados en los portones de los Cuarteles Generales del Ejército en las principales ciudades y capitales de varios Estados de la Federación y del Distrito Federal.
Al final del día en que se produjeron estos deplorables acontecimientos, quien – en ese entonces- ocupaba el cargo de gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pidió disculpas públicas en una declaración en vivo, argumentando que nunca pensó que las movilizaciones de los bolsoraristas que se trasladaron desde varios puntos del país, avanzarían hasta la Plaza de los Tres Poderes y procederían a la invasión, saqueo y depredación de las tres instituciones mencionadas. La verdad, es que muy pocas personas creyeron en las palabras del ex gobernador (un bolsonarista asumido) y la tesis de que él se encontraba coludido con los manifestantes ganó fuerza. Ello llevó a su destitución inmediata a través de una resolución del Presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes.
Antes ya había sido destituido por el propio Ibaneis Rocha, el Secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres (ex Ministro de Justicia de Bolsonaro), el cual en este momento se encuentra detenido por su responsabilidad en los ataques golpistas del pasado domingo 8 de enero. Por último, el Comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fabio Vieira, también se encuentra detenido tras una decisión del mismo Ministro Moraes por considerar que las conductas de los imputados son gravísimas porque pusieron en riesgo las vidas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de diputados y senadores federales y de los Ministro de la Corte Suprema de Brasil.
En su determinación el Ministro Moraes afirma que, según los hechos narrados por la Policía Federal, autora original del pedido de prisión de los involucrados, existen claros indicios de la existencia de “una posible organización criminal que tiene por uno de sus objetivos desestabilizar las instituciones republicanas”. En el caso de Anderson Torres y Augusto Vieira, “el deber legal deviene del ejercicio del cargo de Secretario de Seguridad Pública y de Comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, respectivamente, y en que la omisión quedó ampliamente comprobada por la previsibilidad de los grupos criminales y por la falta de seguridad que posibilitó la invasión y depredación de los edificios públicos”.
Un fenómeno que todavía es difícil de explicar, es que el Batallón de la Guardia Presidencial (BGP), responsable por la seguridad del Palacio do Planalto fue liberado 20 horas antes de producirse la invasión por parte de las huestes bolsonaristas. Y esta medida fue tomada por el nuevo Director del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) nombrado por el Presidente Lula. Esta unidad especial del Ejercito cuenta con un efectivo de mil soldados que podrían fácilmente haber montado una barrera de contención de los vándalos, pero ese día fue desmontado por una decisión proveniente desde el Comando Central, desconociendo la autoridad del Director del GSI.
O sea, la posición del Comando del Ejército en Brasilia no deja dudas de su involucramiento en un “Golpe Militar camuflado”, pues luego del fracaso de la ocupación de los edificios de la Explanada y constatando la ausencia de movimientos de tropas y blindados en el resto de los cuarteles del país, orientó sus esfuerzos para defender a los bolsonaristas amotinados, como han mostrado las imágenes en que se puede apreciar a tres tanquetas custodiando y protegiendo a los acampados para no ser detenidos por la Policía Militar una vez que el interventor nombrado por el Presidente Lula, Ricardo Cappelli, decretó la prisión en fragrante de los invasores para comenzar a restablecer el orden en la capital. Según algunos especialistas en política militar, probablemente si otras unidades en el país se hubiesen unido a esta asonada golpista, Brasil se habría convertido en el palco de una guerra fratricida con resultados nefastos para la democracia y el pueblo, tal como ya ocurrió en abril de 1964.
En suma, hubo efectivamente una acción concertada para que los manifestantes pudieran ingresar a las instalaciones de la Plaza de los Tres Poderes y a medida que avanzan las investigaciones se conoce la identidad de más personas y grupos que colaboraron en este lamentable episodio, ya sea actuando directamente, incitando o financiando a los agentes destructores, considerados y definidos como terroristas por la Justicia y la prensa.
El presidente Lula ha apuntado de inmediato más arriba hacia Bolsonaro y el bolsonarismo pero también a empresarios de la agroindustria.
Efectivamente, Bolsonaro es el principal instigador de este ataque golpista al no reconocer hasta el día de hoy el legítimo triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre del año pasado. Desde Miami, hacia donde se fugó para no entregarle la cinta presidencial al actual presidente y para huir de los varios procesos con él que se ventilan en la justicia brasileña, el ex capitán no ha hecho más que insuflar a sus seguidores a través de las redes para que no reconozcan al nuevo gobierno y apelen a las Fuerzas Armadas para que acometan un Golpe de Estado con Bolsonaro a la cabeza. En esta intentona golpista también se han sumado empresarios urbanos y del agronegocio, ocupantes ilegales de tierras (grileiros), predadores de los ecosistemas amazónicos y del Pantanal, garimpeiros y buscadores de oro, empresas forestales, gremios de transportistas, fabricantes y comerciantes de armas, explotadores de pesca ilegal, invasores de tierras indígenas, pastores pentecostalistas, militantes de la extrema derecha y del bajo clero del Congreso Nacional.
Después de su detención y tras ser interrogados, muchos de los ocupantes han reconocido que recibieron un pago en efectivo más transporte y comida por parte de financiadores (conocidos y anónimos) que les prometieron nuevos pagamentos si conseguían instalarse en los edificios públicos, generando así una situación de caos generalizado y, consecuentemente, una crisis de gobernabilidad. Dicha crisis era necesaria para que las Fuerzas Armadas esgrimieran el artículo 142 de la Constitución que las autoriza para intervenir en caso de peligro institucional y, de esta manera, garantizar la imposición de la ley y el orden. Es decir, los golpistas intentaron y seguirán intentando utilizar este artículo de la Constitución de 1988 para sostener una amenaza permanente sobre las instituciones democráticas y, especialmente, sobre cualquier medida decretada por el actual gobierno que consideren nociva para sus intereses y privilegios.
¿Qué sucede con los cuerpos uniformados? Se observó apoyo explícito de la policía a los manifestantes. ¿Es posible que el presidente Lula descabece o limpie de potenciales golpistas a las instituciones armadas? ¿Hasta qué profundidad puede llegar esa limpieza? ¿Qué éxito puede tener esta medida?
Es una buena pregunta y de compleja respuesta. Lo que se observó el domingo pasado, fue la presencia de un riesgo latente de golpe entre las Fuerzas Armadas donde la doctrina de la extrema derecha o del bolsonarismo radical se ha instalado con mucha fuerza entre sus miembros, preferentemente entre las jefaturas y estructuras de comando. Pienso que el porvenir y la viabilidad de este movimiento golpista en estado larvado, depende de cómo el Presidente Lula y su gobierno vayan inclinando la correlación de fuerzas a su favor, aglutinando y comprometiendo a todos los sectores democráticos en una lucha decidida y persistente contra la sedición golpista y los sectores de la extrema derecha que, como ya señalamos, se encuentran enquistados al interior de las instituciones armadas y en la estructura del aparato burocrático brasileño. Es urgente depurar estos órganos, pero no es una tarea fácil, considerando que Bolsonaro fue desmontando durante 4 años los frenos democráticos con que contaba el aparato del Estado y fortaleció a los grupos golpistas dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente a militares de alta patente que tienen nostalgia de la época de la dictadura militar que imperó en el país entre 1964 y 1985. Además, la mayoría de los militares de la reserva son partidarios de un Golpe de Estado y varios de ellos participaron en la invasión de los edificios, como pudo ser constatado por los videos que ellos mismos subieron en sus redes sociales.
La cuestión que se presenta, por lo tanto, es si el Poder Judicial y la nueva administración podrán regular y sancionar la acción de estos grupos sediciosos, no solo a los militares, sino a todos quienes practicaron las escenas de vandalismo y destrucción que hemos visto desde esa nefasta jornada y en otros tantos casos que vienen ocurriendo desde que Lula ganó las elecciones, como las tomas y bloqueos de carreteras, la explosión de torres de alta tensión del sistema interconectado, la amenaza de bombas a las refinerías de petróleo, la ocupación de plazas y espacios públicos pidiendo la intervención militar, la agresión de periodistas y de ciudadanos que han cuestionado sus acciones, etc. Específicamente, el domingo pasado se pudo apreciar que existía una acción coordinada, un mapa del espacio a ser invadido, uso de GPS, un plan de ocupación y una logística (equipamientos, máscaras de gas, comunicación interna) preparados de antemano, con piquetes de enmascarados que asumieron la ofensiva del ataque.
A esta altura también se sabe que la actuación de la Policía Militar del Distrito Federal, de miembros del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y de las Fuerzas Armadas en la revuelta golpista fue totalmente omisa o cómplice de estas acciones deplorables, pero el propio presidente Lula y su Ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, han señalado que es necesario ir paso a paso descubriendo todos los desdoblamientos de lo sucedido y desmontando con detalle las ramificaciones de los grupos de extrema derecha. También es necesario “desbolsonarizar” el país, entendiendo por ello la destrucción y superación de la cultura del odio, la intolerancia y la violencia que se ha venido apoderando del país en estos últimos años. Los sectores nostálgicos de la dictadura, los creyentes pentecostales y los grupos de extrema derecha se han transformado en verdaderas sectas irracionales que no se resignan con la derrota de Bolsonaro en las urnas y por el hecho consumando de que Lula da Silva gobernará durante los próximos cuatro años. Nada parece convencerlos de su actitud y algunos de ellos, en gestos bizarros difundidos profusamente, incluso han llegado a tratar de hacer contacto con sus celulares hacia seres extraterrestres que podrían salvar a la patria brasileña. Es decir, estas sectas siguen operando con un nivel de irracionalidad absoluta que aparte del aspecto sedicioso, también llega a preocupar por sus futuras consecuencias sobre la salud mental colectiva de la nación.
En dicho contexto, el Ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, ha tenido una actuación muy débil con relación al desmonte de los sectores golpistas enquistados en la Fuerzas Armadas y muchos miembros del Partido de los Trabajadores y otros partidos aliados han pedido su destitución inmediata. Pero el Presidente Lula ha señalado que el momento es muy delicado para promover un cambio de su gabinete a solo 2 semanas desde que asumió el actual gobierno. Sin embargo, no se descarta la salida del Ministro en el futuro, ya que viene acumulando declaraciones infelices hacia los invasores, diciendo que las personas acampadas frente a los cuarteles exigiendo un Golpe de Estado lo hacían con “buenas intenciones” y los clasificó como manifestantes patriotas que solo buscan lo mejor para el país. Después del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, el Ministro José Mucio no ha realizado grandes gestos para obligar a las Fuerzas Armadas a asumir su papel institucional y subordinarse al Presidente de la República –como ordena la Constitución- declarando solamente que no piensa renunciar a su cargo. Es decir, demasiado poco para alguien que ocupa una cartera tan estratégica para el futuro de la república.
¿Cuál es la influencia de los pastores evangélicos en los sucesos? ¿Cuál es la consigna, el temor y el odio a un supuesto marxismo que tan profundamente penetra en millones de ciudadanos?
Los pastores evangélicos representan una pieza clave en la construcción de una narrativa anticomunista y ya desde antes del inicio de la campaña presidencial han utilizado su poder incontestado en sus iglesias para denegrir y falsificar la imagen de Lula y de los sectores progresistas en el país, asociándolos con el demonio, el pecado y la destrucción de la familia, la fe y la patria.
Más que un odio a la ideología marxista propiamente tal, la consigna de estos pastores y por ende de sus incondicionales seguidores junto a otros sectores de la extrema derecha es que “Brasil nunca será un país comunista” o “Nuestra bandera jamás será roja”. Las imágenes filmadas al interior de estas iglesias son bastante elocuentes en cuanto a la toxicidad del discurso de estos pastores que han contaminado a miles de personas con el virus de la ignorancia, el prejuicio y la construcción de una realidad paralela alucinada y delirante.
No pocos autores atribuyen el auge de la ultraderecha y su desprecio por las instituciones al descrédito de la democracia representativa en muchos países. Si esta crisis no tiene en este momento ninguna salida y sí su profundización es global por otras diversas causas, ¿Qué se puede esperar en el corto plazo, o incluso para la próxima semana, en nuestra región sudamericana?
Lamentablemente vivimos desde hace tiempo en un ciclo regresivo de la concepción de la política y, sobre todo, de una descalificación de la democracia representativa que, con todas sus limitaciones, es claramente mejor que las formulas autoritarias que se pretenden imponen en escala global. La fragilidad de dichas democracias en nuestra región puede dar paso a la irrupción de aventuras populistas de extrema derecha, como ha sido el caso de Bolivia con Jeanine Áñez, de Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe o actualmente el perturbador Nayib Bukele en El Salvador. Y existe también una amenaza latente en el caso de Chile con José Antonio Kast o en el caso de Argentina con Javier Milei. Son políticos astutos que utilizan la mentira y la manipulación como estrategia para acercarse a los electores, aprovechándose de escenarios complejos en la economía, con el aumento de la delincuencia en las principales ciudades de muchos países, con la crisis migratoria y con el rechazo de las políticas inclusivas por parte de sectores medios que temen perder su estatus frente a los grupos más pobres y vulnerables objeto de esas políticas.
La reciente destitución de Pedro Castillo en Perú y el riesgo de movilizaciones golpistas que acechan al Presidente Gustavo Petro en Colombia y Alberto Fernández en Argentina son parte de una arremetida de la extrema derecha que busca reposicionarse en el poder aprovechando precisamente los intersticios que permiten el pluralismo, la tolerancia y la propia vida democrática de nuestros países. Cuál va a ser el comportamiento de la región en la próxima semana es difícil de prever, salvo que uno tenga una bola de cristal que anticipe los acontecimientos de corto plazo.
Sin embargo, para el caso brasileño me atrevo a señalar que esta va a ser una semana en la que se deberían profundizar los vínculos con diferentes fuerzas políticas para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1988. El dilema que se presenta en dicho escenario es que resulta urgente consolidar el discurso contra el Golpe de Estado, quizás o muy probablemente a costa de tener que abdicar de algunas de las transformaciones más importantes que se encuentran definidas en la agenda programática del nuevo gobierno: una reforma tributaria progresiva que se dirija hacia una mayor recaudación “penalizando” a las enormes fortunas y aumentando los impuestos de las grandes empresas; una política social más vasta y profunda determinada a eliminar el hambre que sufren 33 millones de ciudadanos; recuperar el aporte de las transferencias a los segmentos más pobres de la población; reajustar los salarios al nivel que tenían en los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores; invertir más en educación, salud, vivienda, saneamiento básico, infraestructura, agricultura familiar, etc. Muchas de estas medidas se pueden ver comprometidas si la tarea principal es crear un Frente Amplio –incluso con la derecha liberal- para enfrentar la arremetida fascista que continúa ensombreciendo y amenazando la vida política y social brasileña.
Se puede afirmar que hay un complot internacional contra las democracias. En el asalto de Brasilia hubo muchos elementos similares al del Capitolio en enero del 2021 en tanto el mismo Steve Bannon está muy ligado con Bolsonaro.
Si, en efecto hay elementos de este asalto a la Plaza de los Tres Poderes que nos recuerdan el asalto al Capitolio por los seguidores más radicales de Trump. Y la presencia de Bannon, como bien apuntas, es una marca de la estrategia de Bolsonaro, sus hijos y sus apoyadores. La diferencia es que la invasión al Capitolio fue para que el Congreso Norteamericano no confirmase el triunfo de Joe Biden. En el caso brasileño, fue con el Presidente Lula ya instalado y con la clara intención de generar las condiciones para que los militares se sintieran convocados a consumar un Golpe de Estado, según comentaba anteriormente.
En todo caso, la respuesta casi unánime del conjunto de países del orbe, denunciando la intentona golpista y declarando su apoyo irrestricto al gobierno del Presidente Lula y a las instituciones de la República, han fortalecido este frente democrático que comienza a aislar con mucha mayor consistencia a las facciones de extrema derecha que pretenden desconocer el resultado de las urnas y la soberanía popular que eligió a un presidente que cuenta con toda la legitimidad interna y de la comunidad internacional. Algunos mandatarios como Biden, Macron o Fernández ya han confirmado un futuro encuentro con el Presidente Lula como una manera de manifestar con mayor vehemencia su apoyo al proceso político brasileño y a la continuidad del gobierno según el itinerario establecido por la Constitución. Ello permite augurar que los grupos fascistas podrán perder fuerza y que incluso su principal instigador, Bolsonaro, sea encarcelado por todos los delitos que ha cometido en estos últimos 4 años, incluido el tratamiento displicente o directamente criminal con el cual enfrentó la pandemia del Covid-19.
Tradicionalmente Estados Unidos ha apoyado y promovido los Golpes de Estado en América Latina. El caso de Brasil ha sido diferente si comparamos sus apoyos a los golpes contra Evo Morales en Bolivia y el respaldo a la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte. ¿Es esta ultraderecha brasileña que sigue a Trump más peligrosa?
Esta ultraderecha es indudablemente peligrosa, pero tengo confianza en la capacidad del Presidente Lula y de los partidos que conforman esta amplia coalición democrática, que los próximos pasos serán el fortalecimiento de esta alianza en defensa de los valores republicanos y democráticos, para simultáneamente, juzgar con el mayor rigor y celeridad posible a todos quienes cometieron delitos contra la democracia, el orden pública, la integridad de las personas y del patrimonio cultural de la nación. En una encuesta realizada esta semana después de los lamentables hechos que comentamos, el 93% de los brasileños consulados afirmaron ser contrarios a la invasión y la depredación de los edificios públicos y descartaron de plano la posibilidad de apoyar un Golpe de Estado a partir de la implantación de un clima de violencia y miedo por parte de los sectores más radicalizados del bolsonarismo. La tarea urgente ahora, como ya señalé en un artículo anterior, es “desbolsonarizar” la cultura del terror que pretenden imponer estos segmentos fascistizados de la vida nacional y colocar la actividad política sobre sus verdaderos causes, el del diálogo, el entendimiento y la formación de consensos, a pesar de las inevitables y legitimas discrepancias y conflictos que pueden existir en cualquier comunidad humana.
