Argentina: Iglesia, democracia y matrimonio igualitario

Edgardo Mocca
Página 12

¿Qué quiere decir monseñor Bergoglio cada vez que, rodeado por las principales figuras de la oposición (la última fue hace poco más de un mes en la Universidad del Salvador) exhorta al “diálogo sincero” y a “dejar de lado la confrontación entre diferentes sectores de la sociedad”? No es de menor importancia la dilucidación de este enigma porque el jefe católico se ha convertido durante el último período en el gran articulador político de los principales dirigentes de la oposición de derecha.

No éramos pocos los que sospechábamos que detrás del enunciado conciliador se escondía la intención de sacar de la agenda política todos los puntos que comprometieran intereses y valores de los sectores más poderosos de nuestra sociedad. Sin embargo, en la etapa política que siguió a la larga saga de la protesta agraria pareció que el reclamo de una política más moderada y menos “crispada” se convertía, ayudada por visibles torpezas del Gobierno, en una tendencia irrefrenablemente mayoritaria en la sociedad argentina. Poco a poco se fue insinuando un curioso clivaje político que diferenciaba a “dialoguistas” y “polarizadores” y dejaba en suspenso toda discusión sobre el contenido de las políticas, o, dicho más directamente, toda discusión realmente política.

Ya se sabe que ese curso entró en crisis. Para sintetizar la naturaleza de esa crisis, habría que decir que es una crisis de proyecto alternativo. El diálogo no puede ser, en sí mismo, un proyecto alternativo y eso es lo que está en el fondo del apreciable declive de las figuras más emblemáticas de aquella ofensiva antigubernamental, la principal de ellas el vicepresidente Cobos. A la hora de los enunciados políticos, la constelación opositora fluctúa entre un progresismo declamativo y autocontradictorio (como el que sustenta el reclamo del 82 por ciento móvil en combinación con la baja de las retenciones a las exportaciones agrarias) y la agitación de denuncias previamente publicadas en las portadas de los principales diarios. Escaso material para sustentar una promesa política que justifique la apuesta al cambio en una etapa social y económicamente bastante favorable.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo no parecía, en principio, destinado a encrespar las aguas políticas en el país, aunque era lógico esperar una considerable resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, en las últimas semanas previas al tratamiento en el Senado, después de su aprobación en Diputados, asistimos a un brusco cambio del lenguaje de la discusión, a una dramatización existencial de la cuestión. Curiosamente, en la sesión reciente del Senado, algunos opositores atribuyeron el cambio de clima a la voluntad confrontativa de Cristina y Néstor Kirchner y reclamaron la necesidad de discutir temas tan agudos en un marco de “paz y concordia”.

Veamos ahora qué dijo el cardenal Bergoglio, máxima autoridad del catolicismo argentino, unos días antes de la decisiva sesión del Senado, en una carta dirigida a las monjas carmelitas que alcanzó una enorme difusión. “No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad”... “Recordémosles (a los senadores) lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no es vuestra sino de Dios’. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios.”

La verdad es que el documento tiene un alto valor como revelación del verdadero perfil del líder eclesiástico y pone negro sobre blanco el significado de las frases rituales que convocan al diálogo y la moderación. Porque en este caso, como en muchos otros, las iniciativas legales que despertaron radicales enconos en ciertos sectores de la sociedad fueron impulsadas en el contexto de un amplio debate público; es difícil, por ejemplo, mencionar una ley que haya sido tan profundamente discutida dentro y fuera del Congreso, como la que regula los medios audiovisuales. Cuando se habla de “no producir confrontaciones”, debe leerse que se trata de que la política no se meta con instituciones y prácticas que constituyen una añeja trama de dominio económico, social, político y espiritual en nuestro país. Se trata, en fin, de derrotar y escarmentar definitivamente el intento de poner en el espacio de debate público aquellas cuestiones que no pueden ser discutidas porque conforman algo así como la esencia de la nacionalidad.

Ni grandes grupos económicos, ni militares, ni sacerdotes –entre otros grupos– pueden ser alcanzados por otra justicia y por otra legislación que no sea la que rige sus propias corporaciones. Aunque sea un minuto, para no alterar nuestros nervios, podemos escucharlo a Videla reivindicando que es la justicia militar la que lo pudo haber juzgado en su momento. O a la cúpula católica haciendo un sonoro silencio respecto de los funcionarios de la institución complicados en los crímenes de la dictadura, o en los más recientes delitos de pedofilia. O a los grandes empresarios mediáticos afirmando que la mejor ley de medios es la que no existe, porque cualquier regulación ataca a la “libertad de prensa”.

Es un hecho muy relevante para nuestra democracia que la incendiaria retórica del cardenal no haya tenido ecos en la discusión del Senado. Nadie asumió de modo explícito el magisterio eclesial sobre una materia civil como es la legislación sobre el matrimonio. Nadie exorcizó demonios ni amenazó con castigos bíblicos; hasta los más conservadores esgrimieron argumentos sociológicos y jurídicos y no rompieron en ningún momento el principio de la racionalidad política. La cúpula eclesiástica perdió dos veces: por el resultado de la votación y por la casi nula presencia virtual de sus argumentos en el debate. Su influencia fue un poco fantasmal; estuvo más presente en los alegatos de fidelidad católica de muchos senadores que votaron a favor que en los argumentos de quienes votaron en contra.

La Iglesia Católica defiende un monopolio del poder sobre las almas que claramente ya no tiene. La sociedad argentina ha vivido décadas de secularización y ha visto crecer formas populares de religiosidad crecidas en los intersticios que deja el catolicismo. Miles de católicos desarrollan formas nobles y generosas de militancia social sin necesidad de compartir visiones ultramontanas del mundo. Vivimos un punto de inflexión de un ciclo largo de centralidad política de la Iglesia Católica, cimentado en la década del 30 del siglo XX, a partir de una política de influencia en el Estado, urdida a partir del entrelazamiento con el Ejército. Fue entonces donde nació el mito de la preexistencia de la Iglesia y Ejército a la nación misma. No hace falta decir nada sobre las consecuencias de ese mito para la democracia argentina; basta recordar el papel de las principales autoridades de la Iglesia Católica en la preparación del clima social que facilitó el golpe de marzo de 1976 y cuál fue el lugar que ocupó la institución en los años de barbarie que siguieron.

El miércoles pasado se terminó de escribir una página histórica para la democracia argentina, al completarse la aprobación del proyecto originalmente impulsado por Vilma Ibarra y Silvia Augsburger. Somos, desde ese día, una sociedad más libre y más igualitaria. Y fue además un paso decisivo en la puja de la política democrática por ensanchar su autonomía respecto de los poderes fácticos. Cada vez está más claro que ésa es la cuestión que está en el centro de la disputa en esta etapa política.

Pronóstico de crecimiento para Latinoamérica

Agencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó el viernes su pronóstico para el crecimiento de la economía de Latinoamérica en el 2010 a entre un 4,5 y 5%, desde el 4% estimado en abril. El cambio se debe principalmente a las expectativas sobre Brasil, que crecerá entre 6,5 y 7% este año, según el Gobierno de ese país.

"Destaca notablemente el fuertísimo crecimiento de Brasil, la mayor economía de la región, así como el crecimiento muy acelerado de países como Perú", dijo en rueda de prensa el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre. Eyzaguirre participó en Tegucigalpa de una reunión de ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales de Centroamérica con altos funcionarios del organismo crediticio.

La economía de Brasil creció aceleradamente en el primer trimestre, lo que provocó que muchos analistas temieran que se estuviera recalentando. Esos temores se disiparon en las últimas semanas a medida que se divulgaron nuevos datos sobre la economía. En mayo, Eyzaguirre dijo que América Latina no debería sufrir un gran impacto por un crecimiento más lento de Europa, en la medida que Estados Unidos continúe recuperándose y Asia siga creciendo a tasas aceleradas.

Crise na Europa: Quais as respostas progressistas?

Michel Husson
Esquerda.net

A actual crise é uma crise extremamente profunda. A reacção dos governos é, por fim, suficientemente clara: resolvem o mais urgente para evitar as catástrofes, submetem-se ao capricho dos mercados sem nunca procurar controlá-los e preparam as adaptações necessários para voltar, logo que possível, ao business as usual. A profundidade da crise é tal, que os governos não dispõem de alternativa real à versão neoliberal do capitalismo que construíram. Os planos de austeridade que se anunciam são e serão de uma grande violência e só irão conseguir endurecer os traços regressivos deste sistema.

Do lado do movimento social, a crise tem efeitos contraditórios. Por um lado, dá razão aos críticos de um sistema cujos próprios fundamentos são abalados por uma crise cuja dimensão demonstra a instabilidade crónica e a irracionalidade crescente. Mas, por outro lado, constrange as lutas a uma postura de defesa muitas vezes estilhaçada. Esta tensão sempre existiu, mas foi levada ao seu paroxismo pela crise: é preciso bater-se passo a passo contra as medidas para a «saída da crise» e, simultaneamente, abrir uma perspectiva alternativa radical. A cartada é portanto avançar com respostas que façam a ponte entre as duas exigências. Por fim, a dificuldade é tanto maior quanto mais mundial é a crise e quanto mais essas respostas devem ter em conta esta dimensão e serem portadoras de uma outra concepção da Europa.

Prioridade às necessidades sociais...

O princípio fundamental de qualquer projecto de transformação social é a satisfação das necessidades sociais. O ponto de partida só pode portanto ser a repartição da riqueza, tanto mais que foi a parte da receita nacional retirada dos salários que alimentou as bolhas financeiras. Do ponto de vista capitalista, a saída da crise passa por uma recuperação da rentabilidade e, portanto, por uma pressão suplementar sobre os salários e o emprego. E os famosos défices da protecção social ou do orçamento de Estado agravaram-se devido à deslocação da repartição da riqueza que é, também, o produto das contra-reformas fiscais.

A equação é portanto simples: não sairemos da crise por cima sem uma modificação significativa da repartição das receitas. Esta questão vem antes da do crescimento. Claro que um crescimento mais sustentado seria favorável ao emprego e aos salários (falta ainda discutir o assunto de um ponto de vista ecológico) mas, de qualquer maneira, não se pode contar com esta variável se, ao mesmo tempo, a repartição das receitas se tornar cada vez mais desigual.

É preciso portanto esmagar as desigualdades: por um lado, pelo aumento da massa salarial e, por outro, pela reforma fiscal. A reposição do nível da parte correspondente aos salários deveria seguir uma regra dos três terços: um terço para os salários directos, um terço para o salário socializado (a protecção social) e um terço para a criação de emprego através da redução do tempo de trabalho. Esta progressão far-se-ia em detrimento dos dividendos, que não têm nenhuma justificação económica nem utilidade social. O défice orçamental deveria ser progressivamente reduzido, não por um corte nas despesas, mas por uma refiscalização de todas as formas de receitas que, a pouco e pouco, foram dispensadas de impostos. A cobrança da dívida deveria ser atenuada por uma dedução excepcional equivalente a uma rejeição parcial da dívida.

... e portanto ao emprego

O desemprego e a precariedade já eram as perversões sociais mais graves deste sistema: a crise ainda as intensificou, tanto mais que os planos de austeridade vão poupar à custa das condições de existência dos mais desfavorecidos. Mesmo assim, não se deve considerar um hipotético crescimento como a via mais fácil. Produzamos mais para criar empregos? É inverter a questão. É preciso realizar aqui uma total mudança de perspectiva e pegar na criação de empregos úteis como ponto de partida. Quer seja pela redução do tempo de trabalho no privado quer pela criação de lugares nas administrações, serviços públicos e colectividades; é preciso partir das necessidades e compreender que é o emprego que cria a riqueza (não necessariamente mercantil). E isto permite estabelecer uma ponte para as preocupações ambientais: a prioridade ao tempo livre e a criação de empregos úteis são dois elementos essenciais da luta contra as alterações climáticas.

A questão da repartição das receitas é pois um bom impulsionador em torno deste princípio simples: «nós não pagaremos a crise deles». Isto não tem nada a ver com «relançar a questão dos salários», mas com a defesa dos salários, do emprego e dos direitos sociais sobre o que não deveria haver discussão. Pode então avançar-se com a noção complementar de controlo: controlo sobre o que eles fazem com os seus lucros (pagar dividendos ou criar empregos); controlo sobre a utilização dos impostos (subvencionar os bancos ou financiar os serviços públicos). A cartada é passar da defesa ao controlo e só esta viragem pode permitir que o pôr em causa a propriedade privada dos meios de produção adquira uma audiência de massas.

O espartilho do euro

A segunda investida da crise vem abalar a Europa através da especulação sobre as dívidas públicas. A gestão desta crise é reveladora: a Europa neoliberal é um espartilho e o euro um instrumento de disciplina salarial e social. Esta constatação coloca a questão da possibilidade de uma experiência de transformação social iniciada num único país.

Não existe uma resposta clara. A saída do euro permitiria restabelecer uma margem de manobra graças à manipulação da taxa de câmbio, mas uma desvalorização teria um custo importante já que faria aumentar o peso da dívida e tornaria necessário um plano de austeridade, a fim de ajustar os salários a uma nova escala de preços internacionais. Por outro lado, é uma decisão extremamente arriscada, que arrisca desencadear a especulação contra a nova moeda. Resumindo, a saída do euro é uma ferramenta possível, mas não constitui por si própria uma saída progressista.

A verdadeira solução passaria pela criação dos instrumentos necessários para gerir a co-existência de diferentes economias no seio de uma moeda única. Uma primeira proposta, apresentada por Jacques Sapir, é a instauração de uma moeda «comum» e não «única»: existiria um euro convertível para as relações da zona com o resto do mundo e moedas reajustáveis para cada país ou grupo de países. Mas esta reforma não seria suficiente se a Europa não se dotasse de um verdadeiro orçamento alargado, fundado sobre uma tributação unificada do capital e se o BCE não estivesse autorizado a emitir euro-obrigações destinadas a financiar de forma co-responsável as dívidas públicas. Mas este tipo de solução pressupõe uma relação de forças e um grau de consenso que não existem hoje.

Por uma estratégia de alargamento europeu

A escolha parece pois ser entre uma aventura arriscada e uma harmonização utópica. A questão política central é portanto sair deste dilema. Para tentar responder-lhe, é preciso trabalhar a distinção entre os fins e os meios. O objectivo de uma política de transformação social é, mais uma vez, o de assegurar ao conjunto dos cidadãos uma vida decente em todas as suas dimensões (emprego, saúde, reforma, alojamento, etc.). O obstáculo imediato é a repartição das receitas, que é preciso modificar na fonte (entre lucros e salários) e corrigir ao nível fiscal. É preciso portanto tomar um conjunto de medidas que visem contrair as receitas financeiras e realizar uma reforma fiscal radical. Estes objectivos passam por pôr em causa os interesses sociais dominantes, os seus privilégios, e este confronto desenrola-se em primeiro lugar num âmbito nacional. Mas os trunfos dos dominadores e as medidas de retaliação possíveis ultrapassam esse âmbito nacional: invoca-se imediatamente a perda de competitividade, as fugas de capitais e a ruptura com as regras europeias.

A única estratégia possível deve portanto apoiar-se na legitimidade das soluções progressistas, que resulta do seu carácter eminentemente cooperativo. Todas as recomendações neoliberais remetem, em última instância, para a procura da competitividade: é preciso baixar os salários, reduzir os «encargos» para, no fim de contas, ganhar partes de mercado. Como o crescimento será fraco no período aberto pela crise na Europa, o único meio dos países criarem empregos será retirá-los aos países vizinhos, tanto mais que a maioria do comércio externo dos países europeus faz-se no interior da Europa. Isto é verdade mesmo para a Alemanha (primeiro ou segundo exportador mundial, juntamente com a China), que não pode contar apenas com os países emergentes para obter o seu crescimento e os seus empregos. As saídas neoliberais para a crise são, portanto, por natureza não cooperativas: só se pode ganhar contra os outros e isso é aliás o fundamento da crise da construção europeia.

Em contrapartida, as soluções progressistas são cooperativas: funcionam tanto melhor quanto se alargarem a um maior número de países. Se todos os países europeus reduzissem a duração do trabalho e tributassem as receitas do capital, esta coordenação permitiria eliminar as consequências às quais seria exposta esta mesma política levada a cabo num só país. A via a explorar é portanto a de uma estratégia de alargamento que um governo da esquerda radical poderia seguir:

1. tomam-se unilateralmente as «boas» medidas (por exemplo a taxação das transacções financeiras);
2. fazem-se acompanhar de medidas de protecção (por exemplo um controlo dos capitais);
3. assume-se o risco político de infringir as regras europeias;
4. propõe-se modificá-las, alargando as medidas tomadas à escala europeia;
5. não se exclui um braço de ferro e usa-se a ameaça da saída do euro.

Este esquema advém do facto de não podermos condicionar a aplicação de uma «boa» política à constituição de uma «boa» Europa. As medidas de retaliação de todos os tipos devem ser antecipadas por meio de medidas de protecção que, efectivamente, apelam ao arsenal proteccionista. Mas não se trata de proteccionismo no sentido habitual do termo, uma vez que este tipo de proteccionismo protege uma experiência de transformação social e não os interesses dos capitalistas de um dado país face à concorrência dos outros. Trata-se, portanto, de um proteccionismo de alargamento, cuja lógica é a de desaparecer a partir do momento em que as «boas» medidas se alargarem.

A ruptura com as regras europeias não se faz por uma questão de princípio, mas a partir de uma medida justa e legítima que corresponde aos interesses da maioria e que é proposta aos países vizinhos como caminho a seguir. Esta esperança de mudança permite então apoiar-se na mobilização social nos outros países e construir assim uma relação de forças que pode pesar sobre as instituições europeias. A experiência recente do plano de salvaguarda do euro demonstrou aliás que não era necessário alterar os tratados para desrespeitar várias das suas disposições.

A saída do euro deixa de ser, neste esquema, um pré-requisito. É, pelo contrário, uma arma a utilizar como «último recurso». Em primeiro lugar, a ruptura dever-se-ia fazer em dois pontos que permitiriam disponibilizar verdadeiras margens de manobra: nacionalização dos bancos e denúncia da dívida.

O projecto e a relação de forças

As justificações, tanto técnicas como políticas, de uma nacionalização do sistema bancário surgiram novamente com força: o plano de salvaguarda do euro é de facto um novo plano de salvaguarda dos bancos europeus, que detêm em grande parte a dívida grega e a de outros países ameaçados de especulação. Para fazer desaparecer todas essas dívidas emaranhadas, a melhor solução seria uma nacionalização integral, permitindo de uma vez por todas compensar, reescalonar ou saldar essas dívidas. As dívidas públicas, além do impacto mecânico sobre as receitas, correspondem no essencial à acumulação das ofertas fiscais às empresas e aos que têm rendimentos. A lógica apontaria para que fossem anuladas ou amplamente reestruturadas. Neste ponto, como no anterior, esbarra-se com uma outra dificuldade: essas medidas (nacionalização dos bancos e denúncia da dívida) poriam em causa os interesses dos não residentes e pressupõem uma ruptura com o capitalismo globalizado.

Um programa que visasse apenas regular o sistema à margem seria não só subdimensionado, mas também pouco mobilizador. Por outro lado, uma perspectiva radical arrisca-se a desencorajar perante a dimensão da tarefa. Trata-se de certo modo de determinar o grau óptimo de radicalidade. A dificuldade não está tanto em elaborar os dispositivos de ordem técnica: claro que é indispensável e é um trabalho muito avançado, mas nenhuma medida hábil pode permitir contornar o inevitável confronto entre interesses sociais contraditórios.

Sobre os bancos, o leque vai da nacionalização integral à regulação, passando pela constituição de um pólo financeiro público ou pela criação de uma regulamentação muito restritiva. Quanto à dívida pública, pode ser anulada, suspensa, renegociada, etc. A nacionalização integral dos bancos e a denúncia da dívida pública são medidas legítimas e economicamente viáveis, mas podem parecer fora de alcance devido à relação de forças actual. Situa-se aqui o verdadeiro debate: qual é, na escala do radicalismo, a posição do cursor que permite mobilizar melhor? Não cabe aos economistas decidir este debate e é por isso que, mais do que propor um conjunto de medidas, este artigo procurou colocar questões de método e sublinhar a necessidade, para uma verdadeira saída da crise, de três ingredientes indispensáveis:

1. uma modificação radical da repartição das receitas;
2. uma redução massiva do tempo de trabalho;
3. uma ruptura com a ordem mundial capitalista, a começar pela Europa que existe na realidade.

Não se pode encerrar o debate numa oposição entre antiliberais e anticapitalistas. Evidentemente que esta distinção tem um sentido, conforme o projecto seja de desembaraçar o capitalismo da finança ou de nos desembaraçarmos do capitalismo. Mas esta tensão não deveria impedir de fazermos um longo caminho juntos, enquanto se realiza este debate. O «programa comum» poderia basear-se agora na vontade de impor ao capitalismo outras regras de funcionamento. É esta a linha que separa a esquerda radical de ruptura e o social liberalismo de acompanhamento. Se se avançar por esta via, ver-se-á em seguida se isso leva a pôr em causa a propriedade privada a partir do controlo que se conseguir exercer sobre a repartição da riqueza.

Chile: Pobreza aumentó por primera vez en más de dos décadas

Agencias

La pobreza en Chile registró su primer incremento en más de dos décadas, según dio a conocer el presidente Sebastián Piñera, al entregar los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2009.

Según los datos relevados por el mandatario, la pobreza total en Chile aumentó a 15,1% en 2009 desde 13,7% en 2006, con lo que el país rompió su tendencia de una permanente y constante disminución de este indicador.

"La pobreza en Chile, que venía cayendo sistemáticamente desde que recuperamos nuestra democracia, experimentó un dramático retroceso", se lamentó el mandatario.

Piñera detalló que la pobreza afecta actualmente a 2,5 millones de chilenos, frente a los 2,2 millones que se encontraban en esa condición en 2009. Mientras, la población en situación de indigencia aumentó a 634.329, en comparación a los 516.738 de hace tres años. "En palabras simples, 355 mil chilenos y chilenas cayeron al oscuro y triste mundo de la pobreza, y 117 mil cayeron a la indigencia", afirmó el gobernante.

El mandatario dijo que este incremento contrasta con el fuerte incremento en el gasto social que impulsaron las administraciones de la Concertación, que gobernó el país entre 1990 y 2010. “Pese a las muy buenas intenciones de los gobiernos anteriores y los muy necesarios incrementos en el gasto social, que alcanzaron a 35%, desgraciadamente la pobreza lejos disminuir, aumentó”, precisó.

Además, señaló que el aumento de la pobreza fue mayor a incremento de la población chilena, que aumentó 5,2% en el mismo período. "La población en pobreza creció al doble de ese ritmo y en pobreza extrema, al triple de ese ritmo, aseguró.

El mandatario defendió la metodología de la encuesta, asegurando que las cifras son “absolutamente comparables” con las mediciones anteriores. En ese contexto, recordó que la muestra fue tomada durante el último gobierno de la Concertación. "No se trata de buscar responsables, ni divisiones en nuestra sociedad, todo lo contrario. Como presidente de Chile, quiero llamar a la unidad para triunfar en esta lucha, que es de carácter ético y moral", enfatizó.

En ese marco, el mandatario anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un Ingreso Ético Familiar. Además, también dio instrucciones para agilizar la reforma al Ministerio de Planificación para transformarlo en una cartera de Desarrollo Social, encargada de coordinar todas las iniciativas relativas a la política social.

Piñera también aseguró que pese al “triste y doloroso retroceso, vamos a superar la pobreza durante nuestro gobierno” y se mostró confiado en que “antes que termine esta década, Chile será un país sin pobreza".

Trasnacionales mineras explotan la Cordillera de Los Andes

Francisco Marin
Copenoa

El 29 de agosto de 2000 -pocas horas antes que el Senado aprobara el Tratado que suponía la privatización de la Cordillera en beneficio de las transnacionales-, 13 senadores chilenos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Estos fueron: Evelyn Matthei, Jorge Lavandero, Fernando Cordero, Julio Canessa, Jorge Martínez, Ramón Vega, Enrique Zurita, Antonio Horvath, Rodolfo Stange, Beltrán Urenda, Jovino Novoa, Marco Cariola y Mario Ríos.

En dictamen de respuesta, fechado el 3 de octubre de aquel año, el Tribunal Constitucional (TC), no declaró inconstitucional el Tratado pero en sus considerandos, limitó fuertemente su alcance: “El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”, señaló Alcayaga.

La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era particularmente grave para las grandes mineras: Si un mineral ubicado en Argentina, como es Pachón, quiere obtenerlas para construir un mineroducto al mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados. Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se opone: no habrá paso de los minerales. Esta sola disposición ha implicado que ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en la cordillera argentina a partir de 2000 haya comenzado a operar. La construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998. Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180 mil toneladas anuales de cobre, lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El requerimiento y posterior fallo del TC arruinó sus planes.

El dictamen del Tribunal Constitucional confirmó que el Tratado contiene materias propias de una ley orgánica constitucional y debía ser tramitado y votado con el porcentaje de votación de ese tipo de normativas. “Pero dio por saneado el procedimiento, al afirmar que gracias al elevado quórum con que se aprobó el Tratado en el Congreso Nacional (sólo dos votos en contra en la Cámara Baja, y siete en el Senado), se depuraba el vicio de procedimiento”.

A entender de Alcayaga, la discusión del Tratado tuvo efectos favorables e impensados para Chile. Dice que después que los presidentes de los dos países firmaran el Tratado Minero (1997), la inversión del rubro para este lado de la Cordillera descendió drásticamente. Esto se debió a que los inversionistas estimaron que era mucho mejor trasladarse a Argentina, donde existen enormes yacimientos que luego del Tratado podrían comenzar a ser explotados por Chile. Además, bajo el mandato de Menem (1989-99) se estableció un marco jurídico en extremo favorable para las transnacionales de la minería.

“Ese veranito de San Juan de tres años de caída de la inversión minera en Chile (entre 1998 y 2000) y la no materialización de la inversión proyectada en Argentina, fue a la postre fundamental para que disminuyera la producción chilena de cobre y comenzara a declinar la sobreproducción mundial de este mineral generada por la abultada inversión del área en Chile. Pero ello no hubiera tenido ningún efecto si el Tribunal Constitucional chileno no hubiera impedido definitivamente que se materializaran los cuantiosos proyectos programados para la minería del cobre en Argentina”, sostiene Alcayaga.

Fruto de esta menor inversión de tres años y del estancamiento posterior en el aumento de la oferta, el precio actual del cobre -2,2 dólares la libra- es casi cuatro veces mayor que el de hace diez años. Cabe destacar que Chile, que es el primer productor mundial de cobre, aumentó vertiginosamente su producción de este mineral a partir de la llegada de los gobiernos de la Concertación. De las 1,6 millones de toneladas que se producían en 1989 pasó a 4,6 millones en el 2000. Sin embargo, este aumento no implicó mayores ganancias, sino todo lo contrario. Con la sobreproducción, el mineral chileno saturó los mercados presionando su precio a la baja: su valor disminuyó a la mitad en los 90’. En 1999, con una producción tres veces mayor a la de diez años antes, el país recibía ocho veces menos ingresos netos.

Hay un aspecto del Tratado Minero que no fue tocado por el fallo del Tribunal Constitucional: El que permite a extranjeros explotar minas fronterizas. Por eso, Pascua Lama es aún posible. De todas maneras, Barrick no la tiene fácil. Alcayaga lo explica así: “Después de que el dictamen del TC declarase que la Comisión Administradora no tenía potestades de autotutela ni jurisdiccionales, está impedida de administrar fondos privados para financiar al Estado.

Ante esta inesperada consecuencia del dictamen, el Gobierno (de Lagos) tardó más de dos años para encontrar una solución ‘legal’ a la forma cómo los inversionistas (Barrick) podrían financiar los gastos del Estado chileno en los negocios mineros transfronterizos. Esta solución fue la publicación, recién el 9 de febrero de 2003, del Decreto Supremo Nº 116 del Ministerio de Minería”. Mediante esta disposición, se permite que Barrick y otras transnacionales mineras que se acojan al Tratado, paguen directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas: O sea, Carabineros, el SAG, Aduanas, entre otras.

A entender de Alcayaga, esto infringe el numeral 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”. Al margen de esta inconstitucionalidad, el autor de País Virtual expresa que sería “impresentable” que en Chile los fiscalizados comenzaran a pagar los gastos de sus fiscalizadores.

En trámite posible fin de Pascua Lama

El Comando de Defensa del Valle del Huasco, y otras organizaciones, presentaron una Acción Constitucional de Nulidad de Derecho Público del Decreto Supremo 116, que tiene el rol Nº 4670-2008 en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Esta se encuentra en etapa de la prueba. Si prosperara, sería el fin de Pascua Lama.

El dictamen del Tribunal Constitucional chileno dice que su alcance jurídico será diferente en un país que en otro, como si existieran dos tratados en uno. Esto se debe a que como en Argentina no se cuestionó la constitucionalidad de este Tratado, la Comisión Administradora cuenta allí con todas las atribuciones que le entrega el Tratado Minero. Sin embargo, en virtud del Dictamen del Tribunal Constitucional chileno, las más importantes de esas atribuciones no tienen aplicación en Chile.

¿Hacia la Gran Depresión?

Alejandro Nadal
La Jornada

La crisis global no da señales de resolverse. Los sobresaltos en los mercados financieros y las malas noticias en los sectores reales de la economía indican que las cosas podrían empeorar. Algunos analistas ya se preguntan abiertamente si el mundo se encamina hacia una réplica de la Gran Depresión de los años 30.

No es una pregunta alarmista. La realidad es que las raíces de esta crisis son muy profundas y se encuentran en la esencia misma de las economías capitalistas. El volcán que estalló en 2008 es la parte visible de un desastre que se viene cocinando desde hace más de 30 años. Conviene recordar algunos rasgos de la evolución de la economía estadunidense para comprender que la recuperación va a requerir algo más que un simple estímulo fiscal. Las lecciones son importantes para todo el mundo.

En Estados Unidos la crisis actual no se origina simple y llanamente en el mercado de las hipotecas chatarra. Los orígenes se encuentran en la compresión salarial desde los años 70. Ese fenómeno terminó con la llamada fase dorada del capitalismo (1945-1975) marcada por tasas de crecimiento sostenido, por remuneraciones al alza y una reducción notoria en la desigualdad social. En cambio, a partir de los años 70 el crecimiento se redujo, la masa salarial cayó y la desigualdad aumentó.

La única manera de mantener niveles adecuados de demanda agregada fue a través del endeudamiento que comenzó a crecer desmedidamente en los años 70. Ese proceso culminó con el desenfrenado crecimiento de pasivos del sector privado en los últimos 15 años en Estados Unidos. Hoy el panorama no es nada tranquilizador. Un estudio reciente revela que en promedio la contribución del endeudamiento a la demanda agregada en ese país durante la década pasada alcanzó 15 por ciento anual y culminó en 1998 con un 22 por ciento. O sea que casi una cuarta parte de la demanda agregada en Estados Unidos estuvo financiada con deuda en 1998. En contraste, en la década de los 20, en promedio la deuda sólo financió 8.7 por ciento de la demanda agregada.

El desplome actual es todavía más preocupante. En los últimos 30 meses el desplome en el nivel de endeudamiento es de 42 por ciento. Es decir, que el desendeudamiento tiene contribución negativa a la demanda agregada, muy superior a lo que sucedió entre 1929 y 1931 (caída de 12.5 por ciento por el desendeudamiento). Y ese ritmo de desendeudamiento no parece estar menguando en estos días. Lo único que ha podido mitigar ese brutal proceso de contracción de la demanda agregada ha sido el estímulo fiscal que ahora está por agotarse.

En este contexto, el llamado a la reducción del déficit fiscal en el comunicado final del G-20 de Toronto es una estupidez. Desde 1970, ni la demanda, ni el empleo han crecido en Estados Unidos sin la ayuda de una demanda agregada impulsada por el endeudamiento.

Mientras los asalariados trataban de compensar el estrangulamiento salarial y la pérdida de poder de compra con más deuda, el gran capital desplazó sus operaciones hacia países con bajos costos salariales. El proceso culminó con el traslado de cientos de miles de empleos hacia China. En tres décadas el mundo fue testigo del desmantelamiento de la planta industrial en Estados Unidos. Algunos consideran que se trató de un proceso asociado a la evolución normal de una economía capitalista. Pero lo cierto es que las grandes compañías multinacionales que se beneficiaron con el traslado de sus operaciones manufactureras a China no se desindustrializaron, simplemente cambiaron de domicilio. En Estados Unidos se quedaron los que piensan que lo mejor de ese país es su capacidad de hacer innovaciones financieras. Un resultado de este proceso fue el desequilibrio mundial entre los más grandes países superavitarios (China) y deficitarios (Estados Unidos). En buena medida la incapacidad de la economía estadunidense para generar empleos se debe precisamente al desmantelamiento de la planta industrial a lo largo de los últimos 25 años.

En el Congreso en Washington casi nadie quiere otro paquete de estímulo para la economía estadunidense. Por eso muchos ahora piensan que habrá una recaída y la gráfica de la recesión tendrá la forma de una W. Pero otros piensan que podría tener la forma de una L muy, pero muy alargada. Es decir, la economía de Estados Unidos permanecería en el colapso varios años.

Frente a este paisaje, el G-20 se pronunció por mantener y profundizar el modelo económico neoliberal en el mundo. Como si el único futuro posible fuera el mismo laboratorio de donde salió la crisis actual. Deberían leer el último capítulo de la Teoría General de Keynes, en especial el pasaje en el que advierte que quizá el único medio para mantener el pleno empleo y disminuir la desigualdad será a través de la socialización de la inversión. Pero, caray, todo esto estaba prohibido pensarlo en el pequeño estado policiaco en que Canadá convirtió la sede del G-20.

Alain Rouquié: “América Latina ha tenido una evolución muy favorable desde todo punto de vista”

Carolina Keve
Revista Debate

A la hora de hablar de América Latina, pocos intelectuales tienen una voz tan autorizada como la de Alain Rouquié. Y no sólo porque actualmente ostenta el cargo de presidente de la Casa de América Latina en París, o por su experiencia como embajador de Francia en El Salvador, Belice, México y Brasil. Sus observaciones prácticamente se han constituido en una referencia fundamental para analizar los sistemas políticos de la región. Tal es el caso del más recordado en estas tierras, L´Etat militaire en Amérique latine o Poder militar y sociedad política en la Argentina, en donde expone las formas en las que se entretejió la corporación militar y su inserción en las relaciones de poder para explicar los sucesivos golpes que sufrió el país.

Hoy, 32 años después, el escenario ha cambiado y el tono de Rouquié es mucho más optimista. Lejos de las críticas con las que hace dos años alertaba sobre el obstáculo que suponía Brasil para el Mercosur, no duda a la hora de hablar de un nuevo orden mundial y del rol protagónico que puede asumir la Argentina a partir de una buena sociedad con el Planalto. Claro que quedan cosas por resolver. Si bien admite que Néstor Kirchner construyó un liderazgo, en su opinión, todavía queda pendiente la construcción de una nueva fuerza política que supere las fórmulas tradicionales.

¿Cómo caracteriza el escenario latinoamericano actual?

América Latina ha tenido una evolución muy favorable desde todo punto de vista. Las democracias de la región nunca antes habían permanecido tanto tiempo. Tomemos el caso de la Argentina, nunca había tenido treinta años de democracia. Es la primera vez que estamos ante una democracia estable y que funciona, con períodos críticos, claro. En el plano regional, hay países que ni siquiera habían tenido una experiencia democrática previa, como es el caso de Paraguay. Por otro lado, se puede observar cierto crecimiento económico bastante notable. Si se la compara con la crisis de Europa y Estados Unidos, la crisis aquí fue mucho más liviana. En algunos países se registró un crecimiento del cuatro o cinco por ciento, mientras que en la zona del euro no pudo superar el uno por ciento. Tampoco han sufrido grandes consecuencias a nivel monetario. La disminución de la vulnerabilidad financiera es notable, sobre todo si se piensa que hace unos veinte años imperaba la deuda y la inflación. Ahora, los que tienen deuda son los otros.

Para muchos observadores, aún quedan muchas deudas…

Bueno, desde el punto de vista social, hay que destacar que también disminuyó la pobreza. Éste es un punto sumamente importante, aunque los niveles continúen siendo altos. Creo que hay una situación completamente inédita, que desde los propios países tal vez no se ve. Pero si analizamos el cuadro general, el panorama es sumamente positivo. Estamos ante un momento de oportunidades. Creo que están dadas las condiciones para que América Latina aspire otro rol. Estamos ante un momento de gran fluidez internacional y esta región puede ser un actor muy importante en un mundo que está reinventando sus equilibrios y rehaciendo su arquitectura.

En una de sus últimas columnas Paul Krugman, justamente, habla de una tercera depresión y de la posibilidad de un nuevo orden mundial. ¿Está de acuerdo con esta lectura?

Evidentemente, el mundo unipolar ha terminado. Hasta el propio Barack Obama lo reconoció. Ni los europeos ni los latinoamericanos tienen interés en que esta reconfiguración sea absorbida por un orden bipolar, una especie de G-2 entre China y Estados Unidos. Y, en este sentido, países como Brasil o la Argentina pueden jugar un rol equilibrador. Dada esta realidad, creo que existe una oportunidad, sobre todo para aquellos países con gran ambición. Porque esto hay que decirlo, no hay una sola América Latina. Hay dos. Por un lado, la del norte, integrada por México y los países de América Central, que aparecen fuertemente vinculados a la economía norteamericana. Y, por el otro, la del sur, con un comercio mucho más diversificado y, por lo tanto, mucho más autónoma. Creo que es esta América la que puede jugar un rol dinámico.

¿Y qué rol deben asumir puntualmente Brasil y la Argentina?

Un fenómeno evidente durante estos últimos años ha sido el avance de Brasil. Un avance que no sólo aparece marcado por la riqueza de sus recursos naturales sino que, sobre todo, se debe a una continuidad en las políticas exteriores.

¿Cómo las caracteriza?

Oponiéndose al statu quo y siendo revisionista del orden internacional. Hace años que Brasil viene planteando la inequidad de las relaciones internacionales y la manera en que éstas suponen una traba para los países periféricos. Podría decirse que en la diplomacia brasileña juegan dos elementos. Por un lado, una voluntad natural de ser reconocido como líder de América del Sur, que no debe ser leída como un intento de dominación. Todo lo contrario, debe entenderse como una lógica de cooperación organizada bajo relaciones de fuerza. Por el otro, Brasil tiene una clara ambición estratégica de ser reconocido como actor global haciendo que el famoso BRIC exista, aunque, por ahora, sólo parezca un membrete artificial.

¿Y cómo debe responder la Argentina ante este protagonismo?

Aquí hay que tener en cuenta distintas variables. Una opción puede ser que Brasil radicalice su discurso de confrontación, termine asumiendo demasiado protagonismo y se aleje de América Latina. Al respecto, algunas posturas que mantuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU dan un indicio de que puede tener cierta tendencia hacia esta posición. Y creo que es en este punto donde puede jugar un papel importante la relación con la Argentina. Porque si se construye una sociedad estratégica y la Argentina asume un papel de complementariedad y moderación, podría orientar la política de Brasil en un sentido más solidario. En este sentido, el Mercosur tiene un protagonismo incuestionable.

Cuando estaba haciendo mi tesis sobre los militares, la hipótesis de guerra entre Brasil y la Argentina estaba instalada. Aunque hoy suene rarísimo, en 1986 aparecía esta premisa. Actualmente, el futuro de ambos países está totalmente vinculado. Hoy no se puede pensar en un crecimiento de uno sin el otro. Por eso, la Argentina tiene que plantearse que su papel es un papel integrador que sólo se puede realizar con un eje Brasilia-Buenos Aires y que es bajo este esquema que la región puede alcanzar un rol importante en el orden internacional. La relación entre Brasil y la Argentina debe ser de complementariedad y no de confrontación.

Su último trabajo tiene un nombre sugerente. ¿A qué se refiere cuando habla de una América Latina A la sombra de las dictaduras?

La tesis que planteo es que, aquí, las democracias han conocido dictaduras muy violentas como han sido las de los años setenta. Y eso deja una herencia muy fuerte. En Chile, la democracia tuvo que convivir no sólo con el saldo de cientos de desaparecidos, sino también con una constitución que fue impuesta por la dictadura. Imagínese las consecuencias que supone una arquitectura que parte limitando el poder del presidente sobre el campo militar. Hay otro tema que es el de la memoria, que cada país ha enfrentado con una estrategia diferente. En el caso de Brasil, con el olvido. En el caso de la Argentina, a través de un proceso judicial que arrancó en el 84.

Y fue interrumpido.

Sí, la estabilidad de la democracia implicó, en determinados años, una pausa para esos juicios. Pero eso no quita el hecho de que la Argentina, en 1984, haya sido el único país del mundo en donde los responsables militares fueron enjuiciados y condenados. Creo que se trata de un hecho que coloca a la Argentina en una situación muy destacable política y moralmente.

¿Piensa que en la Argentina todavía estamos ante una crisis de partidos?

Creo que hay un problema institucional que todo el mundo reconoce, que es la falta de nuevas fuerzas políticas consolidadas para ir adelante. Hay grupos o sectores políticos, pero partidos organizados no.

¿No se puede considerar al krichnerismo como una nueva fuerza política?

Pero en todo caso se planteó en los primeros años, cuando se hablaba de una fuerza transversal. Hoy aparece con escisiones y demasiadas contestaciones internas. La verdad es que no veo la emergencia de ninguna tendencia política nueva que pueda converger en un proceso de desarrollo. Ojo, que no se trata de un fenómeno que sólo suceda aquí. Y si hubo un proceso de renovación política en Ecuador, Bolivia o Venezuela, fue porque hubo antes un colapso en el sistema de partidos. Pero siempre está el peligro en estos escenarios de que no pueda emerger una fuerza capaz de encarar un proceso social de gran envergadura. Y esto va en contra de la consolidación democrática. Las democracias necesitan de partidos, necesitan de un partido de poder y de una oposición que sea oposición, y no esa fluidez confusa. Las primarias obligatorias serían una buena forma de obligar a los partidos a estructurarse. Pero hace años que se viene debatiendo la reforma política y todavía no la pudieron implementar.

¿Y a qué cree que se debe?

A que, tal vez, esté muy instalada una cultura de la verticalidad propia del peronismo.

Durante el conflicto con el campo, hubo quienes, especialmente desde los medios, salieron a hablar de una “crisis institucional”.

No hablaría de crisis en la medida en que aún hay instituciones que funcionan. Lo que creo que hay es una cultura política de individualización, que no sólo atañe al Gobierno. Involucra a todos los sectores de la política argentina.

¿A qué se refiere?

A una cultura de confrontación, de crispación. Y esto se vio especialmente en el conflicto con el campo, en donde este discurso aparecía en ambos lados. Creo que es una de las grandes debilidades de esta democracia, que la convivencia siempre es sobre la base de la confrontación. Se dice que en Brasil hay una cultura de conciliación. No digo que sea un factor que vaya a desestabilizar a la democracia, pero instala un clima de guerra fría bastante peligroso.

Algunas tesis políticas sostienen al conflicto como el nudo básico de una democracia.

Es que el conflicto existe en todo sistema político, pero hay que fabricar consenso sobre un buen funcionamiento de las instituciones.

¿Fue lo que ocurrió durante el enfrentamiento con los sectores agrarios?

Efectivamente, igual creo que allí se tejió una confrontación arcaica cuando, en realidad, lo que teníamos enfrente era un simple problema de reforma fiscal. El sistema fiscal de este país está obsoleto. La fiscalidad sobre la exportación se remonta a los años de lucha por la independencia. Sería bueno que el conjunto de la sociedad tomara conciencia de que es necesario modernizar el sistema y, a partir de ahí, se construya un consenso y no se repitan esas experiencias penosas.

Los escándalos acosan a Sarkozy

Maite Ubiria
Gara

El ministro francés de Trabajo pagaría para que el caso Bettencourt se derritiera bajo el sol vacacional. Su problema y, por extensión el de su patrón, Sarkozy, es que todavía no es agosto y aquí y ahora varios casos de abuso de poder ejercen de amplificador del idilio financiero entre la dama de L'Oréal y la UMP. El sillón que ocupa el diseñador de la reforma de pensiones alcanza temperatura canicular.

La cara apesadumbrada del primer ministro francés, Francois Fillon, durante la sesión consagrada por el Parlamento Europeo al balance de la presidencia de turno española al frente de la UE puede tener, cuanto menos, dos lecturas. La primera se deriva de la compleja situación económica legada a la UE por Zapatero, la segunda tiene mucho más que ver con la crisis política interna.

Hace sólo unas semanas, Nicolas Sarkozy dejó a su primer ministro la «patata caliente» de comunicar a sus conciudadanos la congelación de gasto público durante los próximos tres años. La medida, sumada a la estela de reformas que se vienen aplicando ya sectorialmente, se traducirá en graves recortes presupuestarios, particularmente dolorosos en los capítulos de Educación, Sanidad, Cultura o Servicios Sociales.

Por poner un ejemplo cercano, el hotel social que debería facilitar un albergue estable a los sin hogar en Biarritz no se construirá al no haber aportado el Estado la parte a la que se comprometió para hacer frente a una obra que, junto a otras similares en el Hexágono, debería permitir que la cuarta potencia del planeta en gasto militar ahorrara a sus ciudadanos el triste espectáculo que supone ver cómo decenas de personas mueren de frío en las calles francesas cada invierno.

Claro que a la ministra de Ordenación Ciudadana, Fadela Amara, y a su colega de Industria, Christian Strosi, que se han encargado de asegurar a sus familias «alojamientos de prestigio», no se verán concernidos por el parón en la construcción de estructuras de acogida a los menos favorecidos.

Los ministros renunciables

Los de Strosi y Amara son dos de los nombres que suenan como prescindibles cara a una remodelación de gobierno anunciada por el presidente francés para otoño pero que parece cada día mas urgente a la vista de cómo discurren los acontecimientos.

Los medios franceses disparan contra Strosi y Amara, pero tampoco ahorran reproches hacia otros miembros del Ejecutivo. Sin despreciar la posibilidad de que algunas de las críticas que afectan a la «figura estrella de la integración» tengan un gusto de revancha, lo cierto es que con gran parte de los franceses haciendo cuentas para ver si podrán salir de vacaciones, no es muy de recibo que las esposas de los futbolistas de la selección que naufragó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica se alojaran en hoteles de cinco estrellas ni que la ministra de Deportes, Rama Yade, reservara una suite de lujo sin dignarse siquiera a darle uso.

La lista es larga pero hasta el momento sólo dos altos cargos han dimitido en razón de su modo de vida a todas luces ostentoso para los tiempos de austeridad preconizados desde el Gobierno conservador. El portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, ha explicado las renuncias de dos secretarios de Estado, el pasado fin de semana, con la afirmación de que «el presidente de la República y el primer ministro han actuado en consecuencia a la vista de acontecimientos que los franceses ni entienden ni aceptan».

No es muy entendible, ciertamente, que Christian Blanc pagara 12.000 euros por unos cigarros habanos. A no ser que el secretario de Estado del Gran París tuviera intención de agasajar con los selectos puros a todos los habitantes de su área de competencia. Pegado a la dimensión internacional de su cargo, que no a su espíritu, el titular de Cooperación y Francofonía, Alain Joyandet, optaba también por la dimisión después de que se conociera que se gastó 116.500 euros en un viaje a Martinica, para participar en una cumbre sobre el devastador terremoto en Haití. El ministro viajó en jet privado.

En el caso de Joyandet puede decirse que llueve sobre mojado, ya que hace un mes el satírico «Le Canard Enchaîné» desveló que el alto cargo se benefició de un permiso de construcción irregular para ampliar su mansión de Grimaud (departamento de Var).

El perfume que causa alergia

Con todo, el escándalo que tiene acorralado al partido en el gobierno es el idilio financiero entre la heredera del imperio L'Óreal y la UMP. El ministro de Trabajo, Eric Woerth, ha tratado de zafarse, sin éxito, de la polémica. En un principio, el escándalo tocó de manera indirecta al ministro que ha plasmado sobre el papel el proyecto de Sarkozy de retrasar la edad de jubilación y de aumentar los años de cotización a los trabajadores.

La esposa del ministro, Florence Woerth, figuraba en el staff de los gestores de la inmensa fortuna de la dama de L'Oréal. Tras abandonar ésta el puesto en la marca francesa más internacional, todo apuntaba a que el caso Bettencourt podía terminar en una efímera tormenta de verano. Sin embargo, la confirmación, vía ex contable de Elianne Bettencourt, de que hubo una donación de 150.000 euros a la UMP (según los libros de cuentas publicados por «Marianne», hasta 388.000 euros fueron retirados de la cuenta de BNP por la heredera de L'Oréal durante los cuatro meses previos a la elección de Sarkozy) da una nueva dimensión al escándalo. La financiación de partidos, en el origen de los escándalos más sonoros de la etapa Chirac, amenaza a su sucesor, quien ganó las elecciones, entre otros motivos, merced a la promesa de regenerar la actividad pública.

El escándalo se produce en un momento especialmente delicado para Sarkozy. El inquilino del Elíseo ha perdido tres puntos de popularidad en lo que va de mes y un 64% de los encuestados declaran tener una opinión negativa respecto a su presidente. Esos mismos sondeos elevan la popularidad de la secretaria general del PS, Martine Aubry, pero sobre todo catapultan a la fama a la heredera de la extrema derecha, Marie Le Pen. Y así se lo ha reprochado la UMP al PS, hasta el punto de provocar la estampida de sus diputados de la Asamblea Nacional.

Así las cosas, y tras forzar una intervención televisiva de Woerth, Sarkozy lanzaba por segunda vez a su primer ministro al ruedo de los medios de comunicación, para insistir en el argumento de que sólo se trata de una «campaña orquestada» y de una peligrosa deriva de la oposición hacia «los juicios de taberna», con el propósito evidente de desestabilizar al Gobierno.

El mensaje de serenidad se malograba a las pocas horas al conocerse la decisión de la Justicia de abrir una segunda línea de investigación, que compromete ya directamente al Ejecutivo, y que se suma a la investigación que se centra en determinar la cuantía de la evasión fiscal de Elianne Bettencourt.

Las barreras que ha colocado el Elíseo en torno al caso Bettencourt caen una tras otra, hasta el punto de comprometer a Sarkozy. Su apoyo público a Woerth puede que sea, como en el fútbol, sólo la antesala del cese. Pero un ministro que maneja las cuentas de campaña de su presidente dispone de poderosas bazas para negociar su futuro.

Financiación de partidos, talón de aquiles de Chirac y de su sucesor

La extinta RPR y el PS se reparten el grueso de los escándalos de corrupción ligados a la financiación de partidos. Entre 1988 y 2003 se han votado seis leyes con la intención de poner coto a la captación de fondos ilícitos.

Oficialmente, los partidos se financian por los fondos públicos recibidos por votos y escaños, y las donaciones privadas no pueden exceder los 7.500 euros por persona y año o 4.500 por candidato y campaña. La ley prohíbe las donaciones de empresas. El «caso Bettencourt» atañe a dos capítulos de la ley y ratifica los persistentes lazos entre élites económicas y poder político.

A sombra do ditador

Augusto Pinochet é lembrado no mundo todo como sinônimo de tirania, crueldade e arrogância. Por 17 anos, governou uma ditadura sangrenta, responsável por cerca de 40 mil vítimas de prisão, tortura, morte ou desaparecimento. Também comandou uma série de reformas que fez do Chile uma das nações mais desenvolvidas da América Latina.

Muñoz, testemunha do golpe de Estado de Pinochet, em 11 de setembro de 1973, que derrubou o governo Salvador Allende, não se limita a narrar a história: conta episódios desconhecidos e apresenta farto material de pesquisa, inclusive documentos secretos, além de entrevistas com os principais personagens envolvidos. Revela o papel dos Estados Unidos no golpe, o apoio direto de Kissinger a Pinochet, os debates entre exilados para organizar a resistência à ditadura e a luta da oposição para dar fim ao regime.

Ruanda: La ONU promueve una gran farsa

Umoya

El próximo 16 de julio Paul Kagame, presidente de Ruanda, visitará España invitado por José Luis Rodríguez Zapatero, para preparar la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que tendrá lugar en septiembre de 2010 en la sede de Naciones Unidas (ONU). Zapatero ha sido designado por Ban Ki Moon, Secretario General de la (ONU), presidente del grupo internacional que impulsará el efectivo cumplimiento de los ODM y el copresidente, en representación de los países en desarrollo, será Paul Kagame, actual presidente de Ruanda.

Tanto esta designación como la aceptación, invitación y recepción española a Paul Kagame, es una gravísima falta de respeto al pueblo ruandés, al pueblo congoleño, a los españoles asesinados, a la Justicia española, a la paz y estabilidad mundial así como a la propia “institución” de la Organización de Naciones Unidas.

Desde los Comités de Solidaridad con África Negra (UMOYA) os pedimos que avaléis la petición de que el presidente Zapatero cancele la visita de Paul Kagame a España, no se reúna con él, escuche a los familiares de los nueve ciudadanos españoles asesinados, colabore con la justicia española, reclame la paz en la Región de los Grandes Lagos y solicite a las Naciones Unidas, como institución garante de la paz y los derechos humanos, que presione al Gobierno ruandés para que cese en su sistemática violación de los derechos humanos y en sus continuas agresiones al Congo, y lo basamos en los siguientes argumentos:

Desde que Paul Kagame accedió al mando del grupo militar FPR en 1990 y luego a la presidencia de Ruanda en 1994, el conflicto armado por él promovido ha causado la muerte violenta de 5 millones de congoleños y 2 millones de ruandeses, siendo el conflicto más grave y mortífero tras las dos guerras mundiales... Y lo más grave y sorprendente: estas cifras han pasado desapercibidas para la comunidad internacional y los medios de comunicación.

Constatamos que la principal causa generadora de este conflicto es el saqueo por parte de su ejército de los ingentes recursos minerales de la República Democrática del Congo: coltán, casiterita, oro, cobre, diamantes... Tanto directa como indirectamente, a través de grupos armados a los que financia y apoya en beneficio de grandes multinacionales.

Así mismo Paul Kagame mandó asesinar a 9 españoles que fueron testigos de masacres realizadas por su ejército sobre población civil indefensa. Amparándose en estas 9 muertes, el Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, planteó una querella criminal en la Audiencia Nacional contra la cúpula militar ruandesa. El 6 de febrero de 2008, el juez de la Audiencia Nacional D. Fernando Andreu Merelles, emitió órdenes de arresto internacionales contra 40 altos mandos de esta cúpula militar imputándoles los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre otros. El cargo de Presidente le confiere a Kagame inmunidad.

Zapatero no se ha dignado entrevistarse con los familiares de los españoles asesinados pero sí parece estar dispuesto a estrechar la mano de Paul Kagame para representar esta gran farsa.

La historia oculta del Tratado Minero de Pascua-Lama

Francisco Marin
Copenoa

Promulgado hace casi nueve años, el Tratado Minero entre Chile y Argentina fue el instrumento que construyeron las trasnacionales mineras para explotar la Cordillera de Los Andes. Tuvieron el respaldo de gobiernos y parlamentos de ambos países. Sin embargo, gran parte de lo que persiguen sus promotores no se ha concretado: Un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional de Chile, y su posterior dictamen, acabó por diluirlo. A pesar de su trascendencia, esta historia ha permanecido oculta… hasta ahora.

El Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, promulgado el 20 de diciembre de 2000, aportó el marco legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.

Según sostiene el economista chileno, Julián Alcayaga, en su libro El País Virtual: El lado oculto del Tratado Minero Chileno-Argentino, las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales. Primero, que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, dado que la distancia existente entre los yacimientos cordilleranos y el Atlántico hacía inviable sacarlos por ahí. También perseguían transformar la Cordillera de Los Andes en un “país virtual”, definida en el Tratado como “Área de Operaciones”, la que -a su entender- estaría al servicio de las transnacionales mineras. El tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.

El Ciudadano da a conocer -con autorización del autor y en exclusiva para Chile-, aspectos relevantes de este libro recién concluido e inédito, que evidencian los detalles ocultos de la gestación de este Tratado, así como sus objetivos y el por qué de su fracaso parcial.

Génesis de un Tratado expoliatorio

“Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, coincidiendo con el llamado restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos en ese país, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por los puertos del Atlántico, a más de mil kilómetros de distancia”, dice Alcayaga en El País Virtual.

Y añade: “Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad que en un futuro cercano podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras, éstas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacar el cobre trasandino por el Pacífico”.

A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero.

El 29 de diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem, firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales, los que podrían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios. El Tratado suponía la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2. De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6 % de su suelo). El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora -poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un Reglamento Interno -una suerte de Constitución- que ella misma se generaría. La Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre “las partes”, es decir: Los Estados.

Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados -casi obligados- de otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas en Argentina. A propósito de la radical renuncia que este convenio suponía a la soberanía de los países involucrados, Alcayaga se pregunta en El País Virtual: “¿Quiénes fueron los juristas que redactaron esas páginas?” La respuesta la obtendría a mediados del año 2000, en una cena en el restaurante La Maison de France Esta cita fue solicitada por Barrick al senador Jorge Lavandero, que entonces era presidente de la Comisión de Minería del Senado. Además era el máximo opositor en Chile al acuerdo. Asistieron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También el destacado político democratacristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, quienes cabildeaban en favor de la transnacional por medio de la empresa de comunicaciones Extend. Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic, Hugo Latorre y Alcayaga.

“Poco a poco fuimos entrando en el tema central -relata Alcayaga en su libro-, que era el Tratado Minero. En un momento de la discusión, al defender la importancia del convenio, Urrutia - quizás por inadvertencia o entusiasmo -, afirmó que fue Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina”. Lavandero y sus asesores se retiraron indignados luego de recibir esta información.

Barrick Gold buscaba con desesperación que Lavandero desistiera de su férrea oposición, lo que no consiguió. Si se aprobaba el Tratado, la empresa obtendría beneficios formidables: era propietaria de varios yacimientos en la Cordillera argentina, además de Pascua Lama que está ubicada sobre la frontera. Para explotarlos necesitaba que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros en ambos lados de la cordillera chileno-argentina.

En el debate que hubo en el Senado se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. “En un instante, el senador Gabriel Valdés, solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el Área de Operaciones del Tratado, si en esa zona no existen yacimientos mineros”. Aunque estaban presentes en la sesión el ex presidente Frei Ruiz-Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería: nadie supo que decir. En entrevista con El Ciudadano, Alcayaga dijo que el hecho de incluir el sur de ambos países -que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo-, “demuestra que con este tratado, las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chileno-argentina”.

América del Sur: Nuevos conflictos, viejos actores

Raúl Zibechi
La Jornada

La región sudamericana está siendo atravesada por una nueva generación de conflictos sociales en torno a la defensa de los bienes comunes ante la renovada agresividad de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Los más diversos movimientos, en todos los países, han protagonizado enfrentamientos con gobiernos de signos distintos: la resistencia de los indígenas amazónicos frente al gobierno derechista de Alan García en Perú, que tuvo su punto más dramático en la masacre de Bagua un año atrás, ha sido hasta el momento el caso más resonante.

La guerra colombiana está focalizada, como han denunciado las organizaciones indígenas del Cauca, justamente en las regiones donde las multinacionales esperan conseguir jugosas ganancias. En ese sentido, el Plan Colombia es funcional al capital en un periodo signado por la acumulación por desposesión.

Lo que más sorprende es que en países gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda está creciendo también un potente conflicto entre movimientos indígenas y campesinos que rechazan que se explote los recursos naturales sin siquiera consultarlos. En Brasil se está produciendo en los últimos meses un debate sobre la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, que es resistida por un amplio arco de movimientos porque inundará tierras indígenas. Lula calificó de “gringos” a los que se oponen al proyecto, adjetivo que incluye al Movimiento Sin Tierra, entre muchos otros.

Días atrás, Evo Morales dijo: “Intereses foráneos plantean consignas como Amazonia sin petróleo”, en referencia al rechazo que provocan emprendimientos de ese tipo entre muchas organizaciones sociales. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que agrupa a 34 naciones del oriente, realizó una marcha a La Paz exigiendo que se respete el derecho de consulta cuando se pretende explotar recursos naturales en sus territorios.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó el 25 de junio manifestaciones contra la décima cumbre de la Alba, en Otavalo, denunciando el “falso socialismo” del gobierno de Rafael Correa, con el que mantienen una fuerte disputa por el derecho al agua a raíz de las concesiones a las empresas mineras. Correa dijo que las manifestaciones forman parte de la manipulación de “gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG”.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunió en Canadá durante la cumbre del G-20 con empresarios canadienses para invitarlos a invertir en sus proyectos mineros e hidrocarburíferos en Argentina. Entre ellos figuraban miembros de Barrick Gold, empresa que es resistida por un centenar de asambleas ciudadanas que enfrentan las explotaciones mineras en los Andes.

La lista de este tipo de conflictos podría estirarse. Sin embargo, no todos ellos pueden abordarse desde el mismo lugar. Es cierto que existen organismos internacionales y ONG que trabajan para desestabilizar gobiernos críticos hacia la política de Washington. La reciente denuncia de que la agencia de cooperación estadunidense (USAID) dispone de 100 millones de dólares para penetrar organizaciones sociales bolivianas revela la diversidad de caminos que está utilizando el Pentágono para conseguir sus objetivos.

Resulta abusivo incluir en ese mismo paquete a la Conaie, al MST o a cualquier movimiento por el simple hecho de que rechace el modelo hegemónico. Debe abrirse un debate en profundidad sobre los modelos de desarrollo, el papel que le cabe a los estados y a los pueblos en la formulación de proyectos que los afectan. No alcanza con que un Estado se declare como “plurinacional” o como parte del “socialismo del siglo XXI” para dar por zanjada la cuestión. No hay un extractivismo bueno y otro malo, definido según quién ocupe el sillón presidencial. Eludir este debate incentiva la despolitización.

Desde el lado de quienes defienden los monocultivos, la minería y la explotación de los hidrocarburos pueden aportarse argumentos valiosos para evitar disparates como atribuir las críticas a “intereses foráneos”. Podrían plantear, por ejemplo, que esos emprendimientos aseguran ingresos importantes a las finanzas estatales para poder cumplir sus obligaciones, entre las que destacan el pago mensual de salarios y beneficios sociales para los más pobres. En segundo lugar, podrían argumentar que cierto nivel de extractivismo es un “mal necesario” para amasar los excedentes que permitan dar un salto industrialista.

Ambos argumentos podrían contribuir a elevar el nivel del debate, porque apuntan a problemas reales y concretos que nadie puede desconocer. Sería necesario explicar cómo se pasa del modelo actual, necesariamente excluyente además de contaminante, a otro que genere distribución de renta. Porque el extractivismo es intrínsecamente concentrador de la riqueza: requiere muy poca mano de obra y exporta commodities, de modo que no hay trabajadores en ninguna de las dos puntas de la cadena, ni en la producción ni en el consumo. Por eso el modelo actual es inseparable de las políticas sociales compensatorias, que generan dependencia y pasividad entre sus beneficiarios.

La tentación de atacar a quienes se movilizan contra el modelo y de acusarlos de enemigos es repetir una película que ya hemos visto. Sostener que la acumulación por desposesión no puede existir desde el momento en que son los estados los que se apropian de la mayor parte de los excedentes y no el capital privado, es reditar los viejos debates que tanto daño hicieron al socialismo en la Unión Soviética. Confundir capitalismo de Estado con socialismo, o socialismo con poder “para” el pueblo, es tanto como olvidar un siglo de luchas revolucionarias.

No existe un modelo de sociedad socialista, o como quiera denominarse, ya pronto para ser implementado. Sea lo que sea, esa sociedad gira en torno a quienes toman las decisiones. Lo grave es creer que se puede construir un mundo diferente sin contar con los movimientos y sin conflictos.

Uma pilhagem injusta

Robert Reich
The Nation

O banditismo de Wall Street é a causa próxima da Grande Recessão, não sua causa de fundo. Mesmo se a “Rua” for melhor controlada no futuro (e eu tenho lá minhas dúvidas de que isso ocorrerá), a razão estrutural da Grande Recessão é o que ainda assombra a América. Esta razão é explosão da desigualdade americana.

Considere-se o seguinte: em 1928 os 1% dos americanos mais ricos recebiam 23,9% do total da renda nacional. Depois disso, a partilha dos 1% mais ricos declinou fortemente. As reformas do New Deal, seguidas pela Segunda Guerra Mundial, o G.I.Bill e a Great Society expandiram o círculo da prosperidade. Em fins dos anos 1970 os 1% mais ricos representavam apenas 8 a 9% do total da renda anual da América. Mas depois disso a igualdade começou a aumentar de novo, e a renda reconcentrou-se acima.

Por volta de 2007 os 1% mais ricos estavam de volta aonde estiveram em 1928 – com 23,5% do total. As duas maiores quebras econômicas da América ocorreram nos anos imediatamente subsequentes a esses pontos máximos – em 1929 e em 2008. Não se trata de uma mera coincidência. Quando a maior parte dos ganhos do crescimento econômico ficam com uma pequena fatia de estadunidenses da elite, o resto não não tem o poder de compra para adquirir o que a economia é capaz de produzir. O salário médio dos EUA, ajustado à inflação, quase não mudou por décadas. Entre 2000 e 2007 ele na verdade despencou. Nessas circunstâncias, a única maneira da classe média manter seu poder de compra foi se endividando, como o fez com gosto. Enquanto os preços das moradias aumentaram, os americanos transformaram seus lares em caixas eletrônicos. Mas esse tipo de empréstimo tem limites. Quando a bolha da dívida finalmente explodiu, um vasto número de pessoas não pôde pagar suas contas, e os bancos não puderam receber.

A China, a Alemanha e o Japão certamente contribuíram para o problema, ao não conseguirem comprar de nós tanto como nós compramos deles. Mas acreditar que a nossa crise econômica contínua deriva principalmente de nossa balança comercial – compramos demais e poupamos pouco, enquanto eles fazem o oposto – é deixar de lado o maior desequilíbrio de todos. O problema não é que os americanos típicos tem gastado além dos seus ganhos. É que seus ganhos foram congelados junto ao que o crescimento da economia poderia e deveria poder fornecer-lhes.

Um segundo paralelo liga 1929 a 2008: quando os ganhos acumulam no andar de cima, as pessoas da elite investem sua riqueza em qualquer ativo que provavelmente atraia outros grandes investidores. Isso aumenta o preço de alguns ativos – commodities, ações, dot-coms ou investimentos imobiliários – que se tornam altamente inflados. Bolhas especulativas como essas explodem em seguida, deixando para trás montanhas de garantias sem quase valor algum.

A quebra de 2008 não se tornou uma Grande Depressão porque o governo aprendeu a importância de alimentar o mercado com dinheiro, resgatando assim temporarialmente alguns consumidores encalhados e a maioria dos grandes bancos. Mas o resgate financeiro não mudou a estrutura de fundo da economia. A média dos salários continua seu declínio e a elite continua a mexer na parte da riqueza do leão. É por isso que as classes médias ainda não têm o poder de compra necessário para levantar a economia, e porque a auto-proclamada recuperação será tão tépida - talvez levando até a uma segunda queda. Também é por isso que a América estará ainda mais vulnerável a bolhas especulativas e a explosões mais profundas nos próximos anos.

O problema estrutural começou nos fins dos anos 1970, quando houve uma onda de novas tecnologias (o transporte aéreo de cargas, os navios containeres e terminais, comunicações via satélite e, mais tarde, internet) que reduziram radicalmente os custos do trabalho no exterior. Outras novas tecnologias (automação, computadores e aplicativos de software ainda mais sofisticados) tiraram muitos outros empregos (Lembram dos caixas de banco? Dos operadores de telefones? Dos atendentes em postos de gasolina?). Nos idos dos anos 80 qualquer emprego que exigisse atividade repetitiva foi desaparecendo – indo para o exterior ou se tornando um software. Enquanto isso, ao passo que o pagamento da maioria dos trabalhadores achatava ou despencava, o pagamento dos socialmente bem conectados graduados em escolas de prestígio e programas MBAs – os assim chamados “talentos” que alcançaram o ápice do poder em suites executivas e em Wall Street – decolaram.

O que intriga é por que tão pouco foi feito para reverter essas forças. O governo poderia ter dado aos empregados mais poder de barganha para aumentarem seus salários, especialmente em idústrias protegidas da competição global e que requerem serviço pessoal: o grande comércio varejista, cadeias de restaurantes e hotéis, e assistência à criança e ao idoso, por exemplo. Redes de proteção social poderiam ter sido alargadas para compensar a ansiedade crescente frente à perda de empregos: seguro-desemprego cobrindo meio turno de trabalho, seguro salário frente à perda de poder aquisitivo, assistência na transição para novos empregos em novos lugares, seguro para comunidades que tenham perdido um grande empregador para que possam disputar novos empregadores. Com os ganhos do crescimento econômico a nação poderia ter oferecido assistência médica a todos, escolas melhores, educação fundamental e creche para as crianças, mais acessibilidade para as universidades públicas, mais transporte público de longo alcance. E se mais dinheiro fosse necessário, os impostos sobre os ricos poderiam ter aumentado.

Grandes e rendáveis companhias poderiam ter sido proibidas de demitir grandes números de trabalhadores de uma só vez, e poderiam ter de pagar indenização pela demissão – digamos, o equivalente a um ano de salário – para cada um que mandasse embora. As corporações cujas pesquisas fossem subsidiadas pelo contribuinte poderiam ter sido convocadas a criar novos empregos nos Estados Unidos. O salário mínimo poderia ter sido indexado à inflação. E os parceiros comerciais dos EUA poderiam ter sido estimulados a estabelecerem salários mínimos fixados à metade dos salários da classe média em seus países – assegurando assim que todos os cidadãos partilhassem os ganhos do comércio e que fosse criada uma classe média global que poderia comprar mais nossas exportações.

Mas começando no fim dos 70 e com um aumento fervoroso ao longo das décadas seguintes, o governo fez justamente o oposto. Desregulou e privatizou. Aumentou o custo público da educação superior e cortou o transporte público. Rasgou as redes de proteção social. Cortou pela metade o imposto de renda da elite, dos 70-90% que prevaleceram durante os anos 50 e 60 para 28-40%. Isso permitiu que muitos dos ricos do país tratassem sua renda como ganhos de capital sujeitos a não mais que 15% de taxação e escapassem também dos impostos sobre herança. Ao mesmo tempo, tanto a folha de pagamento como o estímulo ao consumo nos EUA sofreram um desfalque maior em função da diminuição da participação da classe média e dos pobres, do que dos bem remunerados.

As companhias foram autorizadas a cortar empregos e salários, aposentadorias e a transferir os riscos aos empregados (do 'você pode contar com sua aposentadoria', do “boa cobertura de saúde' ao aumento dos seguros de vida e deduções de benefícios). Eles quebraram os sindicatos e ameaçaram os empregados que tentaram se organizar. As maiores companhias se tornaram globais com não mais lealdade ou conexão com os Estados Unidos do que um serviço de GPS. Washington desregulou Wall Street enquanto o protegeu de grandes perdas, tornando a finança – que até recentemente servia à indústria da América – no seu senhor, exigindo lucros de curto prazo em vez do crescimento de longo prazo e arrastando uma porção ainda maior dos lucros do país. E nada foi feito para impedir que os salários dos executivos disparassem para mais de 300 vezes do que o de um trabalhador médio (de trinta vezes durante a Grande Prosperidade dos anos 50 e 60), enquanto o pagamento de executivos do mercado financeiro e de negociantes subiram a níveis estratosféricos.

É fácil demais culpar Ronald Reagan e sua laia republicana. Os democratas têm sido quase tão relutantes em atacar a desigualdade ou mesmo em reconhecê-la como o problema econômico e social central de nossos tempos. (Como Secretário de Trabalho da gestão Bill Clinton eu poderia saber). A razão é simples. Enquanto o dinheiro está aumentando também o está o poder político. Os políticos são mais dependentes do que nunca do dinheiro grande de suas campanhas. Washington moderna está longe de se afastar da Era de Ouro quando, tem-se dito, os lacaios dos barões do roubo literalmente depositem sacos de dinheiro nas mesas de legisladores amigáveis. O dinheiro de hoje vem na forma ou mesmo no aumento de doações de campanha de executivos das corporações e de Wall Street, seus ainda maiores pelotões de lobistas e suas hordasa de relações públicas propagandistas.

A Grande Recessão poderia ter levado a uma outra era de reformas fundamentais, assim como após a Grande Depressão. Mas o resgate financeiro reduziu demandas imediatas para reformas mais amplas. Obama pode ainda ter conseguido traçar um quadro acuradamente. Ainda assim, ao assegurar às pessoas que a economia voltaria ao normal ele perdeu uma oportunidade chave de expor o flagelo do aumento da desigualdade e seus perigos. Conter a crise financeira imediata e então afirmar que a economia estava em recuperação deixa as pessoas com uma idéia difusa dos problemas econômicos que ficam parecendo não relacionados entre si e inexplicáveis, como se um incêndio na cidade fosse enfrentado principalmente com uma conflagração, ao se proteger os grandes edifícios de escritórios enquanto deixa o resto da cidade cozinhando em fogo brando: falências domésticas, perda de empregos, diminuição da renda, insegurança econômica, aumentando o pagamento em Wall Street e nas suítes executivas.

A legislação para melhorar o sistema da assistência em saúde dos EUA [Healthcare] ilustra o paradoxo. Inicialmente, a nação estava fortemente favorável. Mas o presidente e os líderes democratas fracassaram em relacionar a reforma na saúde a uma agenda maior de distribuição ampla da prosperidade. Dessa maneira, como o desempergo cresceu ao longo de 2009, a população compreensivelmente voltou sua atenção à perda de empregos e diminuição de salários, frente aos quais a assistência em saúde parecia um problema menor. Consequentemente, o país não se mobilizou ativamente por uma reforma como seria necessário para enfraquecer o poder das grandes empresas farmacêuticas e das seguradoras privadas de saúde, que exigiram que qualquer assim chamada reforma melhorasse os seus próprios ganhos. A legislação resultante é dispensável para a direita, porque não controlaria adequadamente os custos e demanda que os estadunidenses paguem mais pelo seguro-saúde do que o fariam se o projeto não tivesse sido aprovado. Basicamente a mesma coisa ocorreu com os esforços para reformar o sistema financeiro.

A Casa Branca e os líderes democratas poderiam ter descrito o maior objetivo como sendo a reconstrução das instituições econômicas que oferecem maior recompensa para relativamente poucos enquanto impõem custos e riscos extraordinários para todos os outros. Em vez disso, eles definiram o objetivo estreitamente: reduzir riscos para o sistema financeiro causados pelas práticas particulares de Wall Street. A solução então se estreitou num conjunto de consertos voltados a como a “Rua” deveria conduzir seus negócios.

Até o desastre no Golfo do México poderia ter sido apresentado num quadro mais amplo, de como corporações gigantes usam sua influência para capturar os reguladores e impôr os riscos e os custos à população, no exterior e a importância fundamental da saúde pública e da segurança ambiental para espalhar a prosperidade. Mas aqui de novo a administração e os líderes democratas fracassaram em conectar ambas as coisas. O desastre se tornou uma questão técnica a respeito de como interromper o vazamento de petróleo e uma discussão política de como regular a perfuração em águas profundas.

Se nada mais for feito, a guinada para a ampla desigualdade das últimas três décadas dos EUA é um convite aberto para um demagogo futuro que desconecte as questões, culpe os imigrantes, os pobres, o governo, as nações estrangeiras, os “socialistas” ou as “elites intelectuais” pelo crescimento das frustrações da classe média. O maior problema da hora do dia na política americana não estará mais entre democratas e republicanos, liberais ou conservadores. Estará entre ser do “establishment” e a população cada vez mais enlouquecida, determinada a “tomar a América de volta” deles. Quando eles entenderem onde isso leva, os interesses poderosos que até agora resistiram às reformas podem vir a perceber que a alternativa é muito pior.

Um pêndulo virtual sustenta a política econômica americana. Nós vamos de eras em que os benefícios do crescimento econômico eram concentrados em poucas mãos para um período em que os ganhos são distribuídos mais amplamente, e então voltamos ao estado inicial. Estamos nos aproximando do fim de um ciclo desses e do começo de um novo. A questão não é se o pêndulo vai voltar ao estado anterior, mas como ele vai se mover – se com reformas que aumentem o círculo de prosperidade ou se com a demagogia que faz a América dar as costas para o resto do mundo, encolhendo a economia e pondo os americanos uns contra os outros.

Nenhum de nós pode se desenvolver numa nação dividida entre um pequeno número de pessoas recebendo uma quantidade ainda maior da renda e da riqueza da nação, enquanto todo o resto recebe uma parte cada vez menor. A desigualdade não apenas diminui o crescimento econômico como também esgarça o tecido social de nossa sociedade. Os mais afortunados dentre nós, que alcançaram o auge do poder econômico e do sucesso dependem de uma economia e de um sistema político estáveis. Essa estabilidade repousa na confiança pública de que o sistema opera no interesse de todos nós. Qualquer perda dessa confiança ameaça o bem estar de todos. Escolheremos a reforma, eu acredito, porque somos uma nação com sensibilidade, e a reforma é a única opção sensível que temos.