Las tareas pendientes con la educación comprometen el futuro de Brasil

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

La crisis de la educación en Brasil, no es una crisis, es un proyecto.

Darcy Ribeiro

La educación en Brasil está pasando por una etapa de estagnación, sin que las nuevas autoridades asuman responsablemente dar un giro con respecto a la situación heredada de los dos gobiernos anteriores, de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Como nos advierte Darcy Ribeiro, parece que históricamente la función de la educación en Brasil ha sido la de profundizar las diferencias entre una elite culta, letrada y hasta erudita y una gran masa de analfabetos destinados a cumplir el papel de fuerza de trabajo barata y dócil. Los avances realizados en el campo pedagógico –como los realizados por Paulo Freire a comienzos de los años sesenta– siempre tuvieron que enfrentarse con la férrea oposición de quienes rechazaban los avances civilizatorios que la educación podría representar para el país, alfabetizando y dando carta de ciudadanía a los grupos más pobres y excluidos de la población.

En ese sentido, Paulo Freire era considerado un subversivo, pues su discurso lúcido y movilizador estaba impregnado de un espíritu libertario y democrático. Así, como apuntaba acertadamente en una de sus memorables páginas de La educación como práctica de la libertad: “La salud para esta extraña democracia es el silencio del pueblo, su quietud. Es la sociedad cerrada, es la inmovilidad. De ahí que los defensores de este tipo de democracia postulen la necesidad de preservar al pueblo de lo que llaman ‘ideas exóticas’, en último análisis: todo lo que pueda contribuir a la presencia activa del pueblo en su proceso histórico”.

De esta manera, el proyecto de llevar adelante el método freiriano de educación de adultos , fue dramáticamente interrumpido por el golpe de Estado civil-militar-empresarial de 1964 y desde entonces el camino hacia la universalización de la educación en Brasil ha sido largo, tortuoso y descontinuado. Uno de los infaustos legados que dejó la dictadura fue la de concebir que una educación pública, gratuita, universal y de calidad es un proyecto grandioso para el cual el Estado no tiene condiciones de financiamiento.

Independiente de la capacidad de gestión de ciertos gobiernos por llevar adelante un plan que asegure una educación como un derecho fundamental para toda la población, lo que sugiere la experiencia brasileña es que, en la disputa entre un proyecto de sociedad más inclusivo, participativo y pluralista contra otro más elitista, excluyente y estratificado, esta última visión ha salido victoriosa hasta el momento. A la estructura de resabios coloniales en que funciona el país habría que sumarle un Congreso reaccionario que pone innumerables obstáculos a cualquier medida orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más carentes.

El gobierno Lula les prometió a los brasileños un periodo de bienestar y prosperidad, pero a las ilusiones y expectativas de los primeros meses le han seguido las indicaciones de que el Ejecutivo se encuentra más preocupado con la austeridad fiscal que con mejorar las condiciones concretas de vida de la mayoría de la población. Quienes se sienten desilusionados con los escuálidos avances de un gobierno que se autoproclamaba popular, pueden ser confundidos y cooptados por las falsas promesas del bolsonarismo y la extrema derecha. La disminución del presupuesto para salud y educación contrasta con los fondos destinados para la compra de armamentos y suministros para las Fuerzas Armadas . Por su parte, los salarios de los profesores -en todos los niveles del sistema educacional- difieren escandalosamente con las exorbitantes remuneraciones que reciben los oficiales de las tres ramas y con los sueldos recibidos por miembros de poder judicial.

Un profesor universitario en la cúspide de su carrera y con dedicación exclusiva, recibe en media, tres veces menos que un teniente coronel del ejército o un juez federal, sin considerar los beneficios y ayudas suplementarias que aumentan aún más los ingresos de estas categorías.

Por eso mismo, profesores y servidores de universidades federales, centro de educación tecnológica e institutos federales se encuentran en este momento en huelga a través de todo el país, teniendo el aumento salarial como principal reivindicación. Ellos solicitan un reajuste del 22 por ciento dividido en tres años, con inicio en mayo de 2024. Dicha reposición salarial cubriría apenas las perdidas inflacionarias acumuladas por los dos gobiernos anteriores. Diferentemente, el gobierno sólo ofrece un 9 por ciento dividido en 2 años y a partir del 2025. Este movimiento también ha recibido la solidaridad de técnicos administrativos y estudiantes, que reivindican conjuntamente la construcción de una universidad pública gratuita, de calidad y valorizada.

El Sindicado Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES) sostiene que además de la recomposición salarial, existe una necesidad urgente de reestructurar la carrera docente, junto con mejorar las condiciones de trabajo y la dignidad de los profesores. Asimismo, demandan la realización de un importante volumen de inversiones públicas en las instituciones federales de educación, visto el alto grado de deterioro y abandono de la infraestructura y de los servicios resultante de la nefasta administración de los gobiernos precedentes.

De hecho, la situación de la educación superior en Brasil se ha resentido enormemente en los últimos 8 años, desde que fue destituida a través de un golpe blanco la ex Presidenta Dilma Rousseff. Pero no solamente la educación superior sufre los rigores de los recortes presupuestarios iniciados en el gobierno Temer con las medidas del llamado “techo de gastos”.

El país ocupa actualmente un preocupante lugar en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA). En matemáticas y ciencias menos de la mitad de los estudiantes de 15 años consiguió alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje, siendo que Brasil ocupó la 65° y la 61° posición en esas materias, respectivamente. Específicamente, en matemáticas, un 73 por ciento de los estudiantes no alcanzaron el nivel básico considerado por la OCDE para garantizar que los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Ello se expresa concretamente en que 7 de cada 10 de estos jóvenes con 15 años no saben resolver problemas básicos como convertir el valor de dos dólares para su equivalente en moneda nacional (Real) o calcular el porcentaje de ingredientes necesarios para preparar una comida.

Según los datos del Instituto Todos por la Educación, el analfabetismo funcional de personas entre los 15 y los 64 años es de aproximadamente un treinta por ciento, donde un tercio de los alumnos que llegan al quito año de escolaridad apenas consiguen leer y un veinte por ciento de los jóvenes que concluyen la enseñanza fundamental (hasta noveno año) no dominan el uso de la lectura y la escritura.

La situación del Magisterio es deplorable, pues junto con toda la carga horaria extenuante, los profesores reciben salarios que les imposibilitan llevar una vida digna y muchos de ellos deben buscar otras fuentes de renta fuera de sus actividades docentes.

En suma, una situación catastrófica que el actual gobierno no ha tenido la voluntad de alterar, inventando excusas y refugiándose en el argumento de que el país no puede invertir más en políticas sociales debido a sus compromisos con la responsabilidad fiscal y el ajuste presupuestario. Queda por lo tanto el triste recuerdo del gobierno de João Goulart que, con mucho menos presupuesto se lanzó decididamente a terminar con el analfabetismo y de mejorar sustantivamente la calidad de educación brasileña, con Paulo Freire liderando ese proceso.

Si los tecnócratas de plantón no recapacitan y no recuperan el legado pedagógico y transformador del patrono de la educación brasileña, este país condenará a las futuras generaciones a seguir siendo explotadas y despreciadas por las elites cavernarias y, en esa medida, se condenará a sí mismo.