Viejos y nuevos retos de un gobierno de reconstrucción

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

Hace un mes que asumió el nuevo gobierno en Brasil, cuyo lema es precisamente “Unión y Reconstrucción”, intentando con ello reflejar el difícil momento por el que transita la Nación. En efecto, el presidente Lula ha enfatizado en muchas de sus alocuciones y encuentros con diversos actores del quehacer nacional (Ministros del STF, Parlamentarios, Gobernadores, Rectores de Universidades, Dirigentes sindicales, Líderes Territoriales y de Organizaciones de los Derechos Humanos, Comunidades Indígenas, Afrodescendientes, LGBTQIA+, etc.), que el país está saliendo de un periodo tenebroso y de oscurantismo hasta ahora inédito en la historia de la República.

Con el pasar de los días tenemos más informaciones sobre la tragedia humanitaria vivida por el pueblo Yanomami, historias escalofriantes de horror, hambruna y muerte causadas por diversos tipos de usurpadores con la complicidad de los órganos del gobierno federal, especialmente de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) que fue totalmente permisiva y omisa con la acción devastadora de los garimpeiros (extractores de oro y otros metales), ocupantes fraudulentos de tierras (grileiros) pescadores ilegales y grupos de madereros explotadores de la floresta amazónica.

Las imágenes estremecedoras de niños y niñas muriendo de desnutrición, envenenamiento por mercurio y variadas enfermedades (malaria, neumonía, viruela, verminosis y diarrea) no dejan ninguna duda respecto a la dimensión monstruosa de este verdadero exterminio que estaba aniquilando a las comunidades que habitan en ese territorio amazónico. Un genocidio evidente que debería llevar a que Bolsonaro sea juzgado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya como principal agente provocador del asesinato directo o de muerte por desnutrición y enfermedades de niños, jóvenes y adultos de dicho pueblo originario.

Entretanto, para que la acción criminal de estos agentes y predadores sea realizada con total impunidad es necesario que exista una enorme cadena de cómplices, encubridores y sostenedores ubicados en muchos espacios de la vida nacional, partiendo por el Poder Ejecutivo que permitía o estimulaba la connivencia de sus diversos órganos de Fiscalización. Estos grupos delictivos también cuentan con la indiscutible colaboración de diversos Gobernadores, Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales, Miembros del Ejército y de la Policía Federal, traficantes de drogas y armas, empresarios, comerciantes, transportistas, constructores civiles, pilotos de avión y un largo etcétera de personas y conglomerados que se han enriquecido con dichas actividades ilícitas.

Aunque la tragedia del pueblo Yanomami se agravó exponencialmente durante el gobierno Bolsonaro, su abandono por parte del Estado brasileño no es un fenómeno reciente. Ya hace casi 44 años, el día 2 de agosto de 1979, el poeta Carlos Drummond de Andrade escribió una columna en el diario O Globo con el título de No dejen acabar con los yanomamis, en la cual advertía con profunda preocupación en una de sus partes: “Los Yanomamis corren en este momento un grave riesgo y están necesitando de nosotros. No es necesario volar hasta allá para ayudarlos. Basta, primero, que tomemos conocimiento de la existencia de ellos, del modo de vivir que les es peculiar y de la situación que enfrentan, sin garantías y sin posibilidades de autodefensa”.

Dicho alegato ha pasado prácticamente inadvertido durante todos los gobiernos instalados desde aquella época, salvo en los dos primeros mandatos del presidente Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, periodos en que se aplicó efectivamente la ley de demarcación de las tierras indígenas como parte de una política de Estado. Esta ley tiene el propósito de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar su vida (física, cultural, espiritual, social, económica y política) y las consiguientes actividades en un determinado territorio, asegurando la protección de ese espacio vital e impidiendo su ocupación por terceros.

Pero la situación de abandono y miseria en que se encuentra el pueblo Yanomami -que ahora ha sido vastamente difundida por los medios a partir de la visita del presidente Lula a su hábitat en el estado de Roraima-, viene a sumarse a la situación de extrema pobreza y hambruna que sufren numerosos segmentos de la población brasileña. Son 33 millones de personas que revelan la infamia que representa el reingreso de Brasil al “Mapa del Hambre”.

Además, se deterioraron ostensiblemente los principales indicadores en materia de educación, salud, vivienda, empleo, salarios, inflación, poder adquisitivo, previsión, saneamiento básico, transporte, infraestructura, medioambiente, seguridad ciudadana, violencia urbana y rural, criminalidad. Va a ser una tarea titánica remontar este panorama en el contexto de una acumulación de carencias y de una recuperación económica ralentizada, tal como indican las predicciones de agencias y organismos especializados multilaterales.

Esa es la herencia que ha dejado un gobierno que mostró todo su desprecio por los más desamparados, por las minorías invisibilizadas y por los pueblos originarios. Un enorme esfuerzo de reconstrucción va a tener que ser desplegado por el actual gobierno para enfrentar este y otros flagelos que comprometen el futuro de millones de ciudadanos. Y para eso, el ejecutivo necesita de una vasta red de apoyos en todas las esferas de la estructura económica y sociopolítica nacional, empezando por el Congreso que posee la prerrogativa de apoyar o rechazar los diversos planes, programas y proyectos elaborados por la administración central.

Los costos de la gobernabilidad

Acaba de ser reelecto para la presidencia de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, la expresión máxima del fisiologismo político del país. Esta victoria de Lira, implica un serio obstáculo para las posibilidades de retomar la confianza de la ciudadanía en su clase política y para la normalización de una saludable convivencia parlamentaria. Arthur Lira representa lo más abyecto de la vida política brasileña, un personaje con prácticas mafiosas, un simulador oportunista, cuyos mayores méritos consisten en erigirse como líder de esa facción nefasta de partidos y congresistas vulgarmente conocida como centrão, que como es ampliamente conocido, utiliza la máquina política para beneficio propio, para aumentar la influencia y el poder en sus respectivos corrales electorales y, simultáneamente, para alcanzar el enriquecimiento de sus integrantes.

En los últimos dos años, mientras ocupó la presidencia de la Cámara, el diputado Lira desestimó más de 140 solicitudes de apertura de procesos de impeachment contra Bolsonaro y consiguió aprobar el escandaloso esquema del presupuesto secreto, que le permitía a los parlamentarios hacer uso de grandes sumas de dinero sin tener que rendir cuentas de los valores asignados a determinados proyectos (si es que los había) o hacia donde esos recursos eran destinados. En definitiva, una de las mayores aberraciones de cualquier sistema político que se dice democrático. Por medio de este mecanismo, el diputado Lira consiguió un apoyo incontestable del resto de sus pares, operando como un verdadero “padrino” en un sistema de corrupción desatada a plena luz del día que, finalmente, fue extinguida a través de una resolución del Superior Tribunal Federal (STF).

A pesar de todos estos antecedentes, Arthur Lira pudo contar con el apoyo de los diputados del Partido de los Trabajadores y de la mayoría de los parlamentarios que conforman la base aliada. Es la “vuelta de mano” que proporciona el ejecutivo a quien no puso mayores obstáculos para la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC de la Transición) necesaria para aumentar el presupuesto destinado a reinstalar el Programa Bolsa Familia y otras políticas sociales. Ciertamente el triunfo avasallador de Lira solo viene a reforzar la consolidación de un poder hipertrofiado que utilizará para chantajear invariablemente a la actual situación, transformándose en una persistente amenaza para la mayor parte de las iniciativas gubernamentales que representen un riesgo para los privilegios y favores que pretenden obtener los legisladores del centrão que sustentan su liderazgo. Tampoco se debe olvidar que el presidente de la Cámara es la única persona que puede iniciar un proceso de impeachment contra el mandatario.

Este es el escenario que deberá sortear el presidente Lula en una Cámara de Diputados contaminada y cruzada por los intereses más espurios que puedan existir. Muchos apuestan en la capacidad de negociación mostrada por Lula durante su larga trayectoria sindical y política, forjada desde la época en que era un dirigente metalúrgico en el ABC paulista a mediados de los años setenta. En el caso del Senado, la victoria de Rodrigo Pacheco para un nuevo periodo le otorga un respiro relativo al gobierno, pues su reelección significa la derrota del candidato bolsonarista, Rogerio Marinho, que prometía hostigar la vida de la reciente gestión, además de fortalecer las posiciones de una extrema derecha radicalizada dentro del Senado.

Con las presidencias de ambas cámaras definidas y los diversos comités legislativos instalados, el gobierno Lula tendrá que articular un conjunto complejo de medidas en todos los ámbitos apuntados anteriormente. En el campo de la economía ya se presenta una votación trascendente para el ejecutivo en los próximos meses: la aprobación de la reforma tributaria. Como Lula no tiene mayoría para aprobar la propuesta del gobierno, deberá negociar el apoyo de parlamentarios que hasta hace poco tiempo atrás se encontraban apoyando la reelección del ex capitán.

Existe la creencia bastante extendida de que los gobiernos (nacionales, regionales o comunales) cuando asumen cuentan con una aprobación indulgente por parte de la prensa, la clase política y los electores, una especie de “luna de miel” que dura aproximadamente tres meses. Durante este periodo las distintas administraciones contarían con el beneplácito de la población para realizar las políticas públicas más osadas de su mandato. No es el caso del presente gobierno de Lula da Silva.

En primer lugar, porque va a tener que lidiar con un parlamento adverso que tratará de poner obstáculos permanentes a su gestión, especialmente los adherentes de la extrema derecha bolsonarista que obtuvieron muchos escaños en ambas cámaras. Seguidamente, porque después de la grave crisis económica por la que atravesó el país -crisis profundizada por la pandemia-, las necesidades y las expectativas de mejoría por parte de la población son monumentales y le dan un carácter de urgencia a toda medida paliativa o compensatoria que emprenda el gobierno.

Por su parte, la ultra derecha sigue mostrando sus garras y pese a las derrotas consecutivas que ha enfrentado en sus intentos golpistas, continúa inundando las redes sociales con noticias falsas y llamados a subvertir el Estado Democrático de Derecho. Estos grupos extremistas no han detenido su accionar, siguen movilizados pese a todos los procesos que se han instaurado contra quienes incitaron, financiaron, invadieron y depredaron hace menos de un mes las sedes de los Tres Poderes.

Por lo mismo, será necesario compatibilizar la necesaria exigencia de sentenciar a los vándalos de extrema derecha que intentaron y siguen intentando dar un golpe contra las instituciones democráticas, con las negociaciones para conseguir avanzar en la aplicación del programa de gobierno, que hiere los intereses de ciertos poderes fácticos que funcionaron con total desparpajo e impunidad durante el gobierno anterior.