El gobierno Bolsonaro se está desmoronando

Fernando de la Cuadra
Socialismo y Democracia

La renuncia del Ministro de Educación Abraham Weintraub representa un duro traspiés para el empeño del gobierno en mantener a uno de sus figuras más retrogradas y alucinadas en el gabinete. El ahora ex Ministro junto con el actual canciller Ernesto Araujo, son seguidores fanáticos de Olavo de Carvalho, el astrólogo terraplanista que plantea que la globalización es una invención de los comunistas. En su periodo a la cabecera de la pasta, Weintraub insultó a profesores, alumnos y funcionarios de las Universidades Públicas, difamó a políticos, periodistas y académicos, realizó comentarios prejuiciosos y racistas en contra de China y otras tantas acciones indecorosas reñidas con su cargo. Pero lo que indudablemente provocó su caída, fueron los insultos proferidos contra los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), a los cuales llamó de “vagabundos” y que por él “los pondría a todos en la cárcel”. En esta declaración y en otras realizadas el pasado fin de semana, el ex ministro ultrapasó todos los límites morales e institucionales, comprometiendo aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Su salida era inevitable para tratar de calmar las turbulentas aguas en que se sumergió la actual administración y apaciguar el clima beligerante que se instaló entre los Poderes.

El papel desempeñado por Weintraub en el Ministerio de Educación fue nefasto. La lista de barbaridades cometidas es larga, tanto en decisiones como en expresiones verbales o a través de Twitter. En una de ellas, aseguró que en los Campus Universitarios se plantaba marihuana y se promovían fiestas con sexo y drogas. Llamado a dar explicaciones y presentar pruebas de sus afirmaciones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, no consiguió sostener sus excéntricas ideas, por decirlo de una forma diplomática. Una de sus últimas tentativas, en el marco de la pandemia, fue tratar de elegir directamente a los rectores de las Universidades Federales. Pero dicho intento fue rápidamente rechazado por el Presidente del Senado, por ser inconstitucional.

Además, horas antes de dejar su cargo firmó un decreto que anula la exigencia de que los programas de postgrado incluyan un sistema de cuotas para el ingreso de estudiantes negros, indígenas y deficientes físicos. Lo que parecía ignorar el ministro saliente, es que las Universidades tienen autonomía para definir y administrar el sistema de cuotas para el ingreso de estudiantes dentro del respectivo modelo educativo.

Con la renuncia consumada, Bolsonaro le ofreció un puesto como Director Ejecutivo del Banco Mundial, función que debería asumir a partir del 1 de julio. En una cuasi fuga del país, Weintraub viajó en menos de 24 horas a Miami, ingresando con pasaporte diplomático antes de ser exonerado oficialmente este fin de semana. En este momento, el ex ministro mantiene todavía procesos en la justicia que lo investiga por el caso de la difusión de fake news, por los insultos proferidos en contra del Poder Judicial y por transgredir la Constitución y el Estado de Derecho. En caso de ser condenado, debería emitirse una orden de captura internacional y la Interpol tiene que ser accionada. Un vejamen más para Brasil, que corre el riesgo de indicar como representante en el Banco Mundial a un individuo que tiene un mandato de búsqueda emitido por la justicia de su propio país.

Sumado a lo anterior, el anuncio de la salida de Weintraub del Ministerio se produjo horas después de la detención del ex policial militar y actual miliciano, Fabrício Queiroz, el cual estaba desaparecido hace más de un año, desde que la justicia comenzó a investigar el esquema de corrupción montado por Flavio Bolsonaro, en la época que era diputado estadual en Rio de Janeiro. Este esquema llamado de “rachadinha” consiste en que los funcionarios de Gabinete del diputado, devolvían parte de su salario a un fondo común que era administrado por Queiroz y que después se lo repasaba a Flavio. Pero no solo eso, Queiroz es parte del grupo de milicianos que están involucrados en el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo de 2018.

El principal socio de Queiroz, jefe de las milicias conocidas como “Oficina del crimen”, Adriano da Nóbrega, fue abatido por un Comando de la Policía Militar en un confuso incidente en el interior de Bahia en febrero de este año y se sospecha que su muerte sea una quema de archivo. Por su parte, la captura de Queiroz fue realizada en un sitio perteneciente al abogado Frederick Wassek, que desde el año pasado asumió la defensa de Jair Bolsonaro como de su hijo Flavio, lo que pone en evidencia la complicidad del clan Bolsonaro con el ex policial y miliciano. Esta prisión puede abrir una Caja de Pandora, en caso de que Queiroz decida colaborar con los fiscales del proceso y entregar informaciones relevantes que puedan comprometer a la familia Bolsonaro en prácticas de corrupción y de asesinato por encargo.

Estamos frente a un escenario en que el cerco de la justicia está asfixiando cada vez más a Bolsonaro y sus hijos, en diversos ámbitos, como la difusión de noticias falsas, la amenaza a jueces del STF, políticos y periodistas, a esquemas de corrupción y a las milicias de Rio de Janeiro. Por lo mismo, Bolsonaro intervino en la Policía Federal para que no se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, lo cual -como se sabe- implicó la salida del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. El avance de las diligencias demuestra que las instituciones están dispuestas a hacer su parte, a pesar de los límites que les quiere imponer el mandatario. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y, en ese contexto, el presidente va perdiendo cada vez más adeptos, quedándole sólo el apoyo de sus acólitos más fanáticos e incondicionales, como el grupo extremista de ultraderecha que se autodenominan los 300 do Brasil.

Lo peculiar de todo este proceso, es que Bolsonaro y sus seguidores insisten en confrontar y atacar a las instituciones de la República (STF y Congreso), dejando en el olvido a sus antiguos enemigos, la izquierda, los comunistas y, particularmente, el llamado Lulopetismo. Ellos exigen que los militares apliquen un Golpe de Estado con Bolsonaro a la cabeza para imponer un estado de excepción que le permita al ex capitán gobernar a su antojo. Pero con la detención del “patriota” Queiroz, está cada vez más distante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas comprometan su imagen para salvar a Bolsonaro, a sus hijos y a las milicias que circulan en su entorno.

Quizás si la única posibilidad que tiene Bolsonaro para sostenerse en el poder, consiste en negociar cargos y recursos con los miembros de los partidos del “Centrao”, que representan un amplio espectro de partidos con mayoría en el Congreso Nacional. En todo caso, los miembros de estos partidos solo buscan que sean aprobados sus proyectos y enmiendas para beneficiar a sus votantes y seguir controlando el corral electoral que les permita mantenerse en sus diputaciones o senatorias. Por lo mismo, la lealtad de este tipo de políticos es totalmente instrumental y en el instante en que ellos perciban que el presidente está perdiendo su base de apoyo entre los ciudadanos, van a mirar rápidamente hacia otros horizontes, es decir, hacia otros líderes o conglomerados con los cuales puedan construir nuevas alianzas. La sobrevida de Bolsonaro por lo tanto depende de la mantención de su actual treinta por ciento de apoyo y de los recursos que pueda transferirles a los voraces políticos del Centrao, que deben haber aumentado su apetito y su tasa de peaje en virtud de los problemas del mandatario. Es el fisiologismo incrustado en las entrañas del sistema político brasileño.

Ante ello, surge la interrogante sobre ¿Cuál es la ética que asumirá la clase política brasileña en esta encrucijada histórica? O aún más si ¿Es posible esperar una respuesta republicana por parte de los diversos actores para resolver la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta el país? Ello requeriría aquello que Max Weber llamaba de ética de la responsabilidad. Una ética que sea capaz de tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. Este mandato supone, por ejemplo, que no se puede pasar por alto las graves acusaciones que pesan sobre el clan Bolsonaro a cambio de algunos beneficios económicos o de puestos en el aparato de Estado. También debería ayudar a ponderar el costo que tiene sobre la población abrir las restricciones al distanciamiento social en un período en que las cifras de infectados y fallecidos sigue su curso ascendente, sin previsiones optimistas de que puedan llegar a disminuir.

Finalmente, en toda esta trama compleja, el tema de la pandemia ha pasado a segundo plano y los números, a pesar de ser muy expresivos, ya han perdido su capacidad de impacto sobre los ciudadanos del país. Los más de 50 mil decesos y el millón de habitantes infectados parecen no sorprender a nadie. Se ha ido imponiendo una especie de banalización e indiferencia por las muertes y contagios causados por el Coronavirus, que al parecer se transformó en un tema exclusivamente familiar. Es decir, las personas solo se preocupan si existe alguien de la familia que cae enfermo o se muere. Mientras tanto, el psicópata genocida del Palácio do Planalto continúa inventando enemigos para saciar sus pulsiones de odio, venganza y muerte.