Una transnacional forajida en el Chile ultraliberal de Piñera

Jean Ortiz
Le Monde diplomatique

En Chile, se le llama «la minera» a la compañia minera Los Pelambres , la transnacional Luksic de capitales japoneses y chilenos, como antaño se le llamaba «la Frutera» , en Guatemala, Costa Rica, a la United Fruit Company, el omnipotente pulpo.

La Minera ha instalado el mayor basurero químico (tranque de relave) de América latina (12 piscinas), entre dos picos medianos de la Cordillera de los Andes, en la zona angosta de la «cintura de Chile», Municipalidad de Los Vilos, provincia de Choapa, región de Coquimbo. El lugar, aunque no militar, está sin embargo ocultado en Google Earth. Un hecho consumado de mucha relevancia.

El vertedero, que terminará midiendo unos 240 metros de altura, se ha construido, según la transnacional, «en total conformidad con las leyes», y sin pagar apenas impuestos. Para eso sirven los «paraísos» ultraliberales. Bien es sabido que esa legalidad, bajo regímenes liberales, no vale más de tres pepinos, sin legislación ecológica fuerte, y frente a las miles de coimas ya repartidas por la minera a unos y otros. Hemos podido comprobar in situ que ya el basurero, conocido como «tranque de relave» de el Mauro deja casi sin agua a los habitantes del valle de Choapa, 8 kilometros más abajo, y envenena los aquíferos, el aire, los animales, las aves… Hemos visto cultivos muy afectados, y campos de nogales raquíticos. Para enmascarar sus crímenes medioambientales, la Minera ha comprado parte de las comunidades, ediles, políticos : el alcalde de Salamanca considera que «ella se porta como un buen ciudadano» (Revista El Ciudadano, segunda quincena de diciembre de 2010), y también a la mayor parte de los dirigentes, periódicos, prensa. Y vaya, como es «buena ciudadana», multiplica su participación en operaciones caritativas, culturales, medioambientales, sociales… Con tremenda generosidad, donó 130 milliones de pesos para la Teletón. Y además, contribuye a la distribución de agua potable a las comunidades con camiones aljibes.

Ha provocado multiples daños, desestructurando las relaciones sociales ancestrales dentro de las comunidades; según este mismo periódico (El Ciudadano), ha destruido más de 500 sitios arqueologicos, eliminado 70 hectareas de canelo, etc.

Según los vecinos de la comunidad de Caimanes (1600 personas), que luchan desde hace 10 años, enarbolando banderas negras en los tejados, un fallo del Tribunal Supremo, rehusado por la compañía, plantea que la ubicación es geológicamente impropia (suelos demasiado blandos, riesgos sismicos, lluvias abundantes, inadecuación de la cortina de arena que no toma en cuenta la presión ejercida, etc.).

En este lugar perdido, 11 miembros de la comunidad, entre los cuales 3 mujeres, han dado fin a 81 días de huelga de hambre, desestimada tanto por la compañia como por las autoridades, una forma de lucha extrema, jugándose el pellejo por indignación y ética. La Minera les ha acusado de «pretender conseguir beneficios financieros exponiendo la vida» ; varios de los huelguistas han quedado con graves carencias visuales. Su lucha ha sido silenciada cuando, al mismo tiempo, se montaba el show politiquero e hipermediatizado para rescatar a los 33 mineros de San José de Atacama, verdaderas estrellas. Hoy en día, un grupo de accionistas gestiona los intereses y la imagen mediática de éstos.

Juan Villalobos y Juan Ruiz, voceros del Comité de Defensa de Caimanes nos comunican que «1 800 toneladas de basura química llegan a diario. La Minera consiguió las autorizaciones a base de engaños, comprando a las autoridades. El agua que bebemos es amarilla, y las teteras verdes por el arsénico, el plomo y demas metales pesados. La Minera juega con nuestras vidas. Habrá un dia en que el pueblo de Caimanes será borrado del mapa en unos cuantos segundos».

El alcalde piñerista de Los Vilos, Juan Jorquera Niño de Cepeda, de quien depende la Comunidad de Caimanes, nos habla sin rodeos : «No tengo facultad legal para intervenir frente a la Minera. Ni siquiera me han permitido personarme en el lugar del relave. La voluntad politica del gobierno es insuficiente.» El Estado considera que «las normas legales han sido respetadas y se lava las manos», «somos municipios mendicantes». «Durante los 81 días de huelga de hambre, la prensa se quedó muda. La Minera está por encima de nuestras leyes».

El ministro de Minería, descaradamente, opina que se trata de un asunto «entre privados». El Presidente democrata cristiano del Senado, Jorge Pizarro, reconoce «la debilidad de las normas vigentes cuando se instaló la Minera, en 1994, la ausencia de un marco legal medioambiental. Nuestro país, y más particularmente la region de Illapel, esta repleto de numerosos relaves, sin ningún control, sin catastro para ubicarlos. Estamos frente a un grave problema, y estamos empezando a tomar medidas, pero las transnacionales tienen mucho dinero y gran influencia. Hubo algunas fiscalizaciones, pero resulta dificil confiar en ellas, dada la potencia de la Minera». En el país de un ultraliberalismo pirañesco, con un presidente fascinado por Sarkozy, se puede secuestrar el agua y envenenar a toda una comunidad, con plena impunidad.