Argentina: Gobierno denunció "la apropiación ilegal" de Papel Prensa

Sebastián Premici
Página 12

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en sociedad el informe Papel Prensa: La Verdad. A partir de una investigación que consta de 26.000 fojas, realizada por una comisión investigadora constituida al efecto, la mandataria denunció la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón en connivencia con los responsables de la última dictadura militar. Fernández de Kirchner instruyó al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentar las demandas judiciales que correspondan.

“Después de leer este informe, me quedó un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura. Desde hace décadas que existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses. Esto lo pude ver en todo el expediente. Lamento decirle a ese poder que no seré funcional a sus intereses”, manifestó la Presidenta, en un claro mensaje hacia las empresas involucradas dentro del informe. Por otro lado, la mandataria anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, declarando esta actividad como un servicio público.

Antes de que comenzara el acto, el clima que se vivía dentro de la Casa Rosada era de euforia, pero con la “conciencia de que algo relevante estaba por suceder”, tal como graficó a este diario el diputado Mariano West (FpV). “Es un día de gloria”, se le escuchó decir a Gabriel Mariotto, titular la autoridad de aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. En las paredes del Salón de los Patriotas Latinoamericanos se colocaron recortes de los diarios Clarín y La Nación del año 1977, los cuales hacían mención a la operación de Papel Prensa. Sobre el escenario podían verse las 26.000 fojas de la investigación.

En primera fila estuvieron sentados los principales testigos del caso, los cuales ya prestaron declaración testimonial ante la Secretaría de Derechos Humanos: Lidia Papaleo, viuda de David Graiver; y Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa y testaferro de Graiver. Junto a ellos estaba el diputado y titular del PJ, Néstor Kirchner, Guillermo Moreno, que encabezó la investigación, y Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia. Del encuentro también participaron todos los ministros del gabinete, gobernadores y empresarios.

“En un editorial del domingo pasado, Clarín publicó que ‘el Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa’. En abogacía tenemos un dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas. O lo que en psicología se llama proyección. Uno infiere que quien controla el papel, controla la palabra. Papel Prensa (cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación) es una empresa monopólica. Por eso coincido con lo que dice el multimedio”, afirmó, con ironía, Fernández de Kirchner.

Según denunció la Presidenta, Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ex dueño de Papel Prensa y signado como banquero de los Montoneros, fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. “Lidia debía presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta. Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen”, contó Fernández de Kirchner. Eso fue en marzo de 1977.

“¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo de Graiver hasta firmar la venta?”, se autopreguntó la Presidenta. “Para evitar que la compañía cayera en manos de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con los bienes de ex funcionarios y otras personas investigadas. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa”, se respondió Fernández de Kirchner.

Los accionistas privados de Papel Prensa argumentan que Papaleo de Graiver y Ianover vendieron sus acciones por propia voluntad y que su secuestro nunca estuvo relacionado con Papel Prensa. Para realizar esta argumentación se basan en una investigación realizada en 1986 por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Ricardo Molina. Incluso afirman que “nunca se relacionó la compra de Papel Prensa con la dictadura militar, salvo hasta ahora, donde el Gobierno mantiene una clara puja con los diarios”, indicaron voceros de los accionistas privados.

Sin embargo, el tema no es nuevo. Durante el acto de ayer, Beatriz Paglieri, directora por el Estado de Papel Prensa, mencionó como antecedente el libro “Los cerrojos a la prensa”, del fallecido Julio Ramos, ex dueño de Ambito Financiero. Según dejó trascender Alberto González Arzac, encargado de redactar el informe, la causa que tramitarán Da Rocha y Duhalde estará enmarcada en los crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar.

La segunda denuncia de la Presidenta estuvo relacionada con un pacto de sindicalización, firmado por Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos. “Era el corazón de la toma de decisiones dentro de Papel Prensa. Se comprometían a actuar en conjunto, a tener siempre la misma posición y lo más grave de todo, no podían adoptar medidas que perjudicaran a ninguna de las empresas controlantes”, argumentó Fernández de Kirchner.

A partir de este “pacto de sindicalización”, el Estado denunció que Papel Prensa le cobraba un precio diferencial a sus accionistas privados, en detrimento de los diarios del interior. Este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. Esta información aparece en el informe presentado ayer.

Para evitar un nuevo “pacto”, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para declarar como servicio público la producción, distribución y comercialización del papel para diarios. El objetivo central de esta normativa buscará darle un trato igualitario a todos los diarios del país. A su vez, buscará ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta jugada, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la propia mandataria. También se propondrá la creación de una comisión bicameral de control.

“Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.