El cambio climático, un elemento de anticooperación ecológica

Miquel Ortega Cerdà

ODG

El cambio climático es ante todo un problema social derivado de un cambio global en el ecosistema. En Copenhague los negociadores deberán decidir cómo afrontar este problema socio-ecológico decidiendo entre otros aspectos cómo se reparten las responsabilidades en las emisiones y quién financia los impactos ya inevitables. Las decisiones afectarán a todos, pero un mal acuerdo perjudicará en mayor medida a los más pobres y a muchos de los países menos emisores, dificultando así su desarrollo y convirtiéndose el cambio climático en un potente elemento de anticooperación. A continuación se dan algunas claves para analizar estas cuestiones.

Una responsabilidad compartida pero diferenciada

Una particularidad de la problemática del cambio climático es que los impactos tienen lugar independientemente del lugar donde se produce la emisión. De esta manera el que más contamina no es necesariamente el más perjudicado. Como existen diferencias muy importantes en las emisiones entre países este fenómeno es muy importante y complejiza extraordinariamente las negociaciones.

Si miramos los países más contaminantes en la actualidad, según los datos disponibles del año 2007, nos encontramos a China (21% del total de emisiones), EEUU (20%), Unión Europea (13%) e India (5%). Es por ello que en ocasiones a través de los medios de comunicación se refieren a estos tres actores como los más importantes en las negociaciones. Pero ésa no es la única manera de ver la repartición en la responsabilidad de la problemática del cambio climático.

Otra forma de visualizar la problemática es tener en cuenta que estos países tienen una población muy diferente. Un punto de partida posible en el análisis es que es justo que cada ciudadano, independientemente del país del que forme parte, debe tener al finalizar las negociaciones el mismo “derecho a contaminar” o el mismo “derecho de atmósfera”, ¿sería justo que como resultado de las negociaciones se acordara que un habitante de EEUU, por ejemplo, tuviera derecho a emitir a la atmósfera lo mismo que diez indios? ¿Por qué exigir ese sobreesfuerzo a los indios?. Si miramos la distribución de las emisiones por persona EEUU es líder destacado (18,7 toneladas de CO2 por persona), seguido de la Unión Europea (7,8), China (4,6) e India únicamente 1,2. La inmensa mayoría de los ciudadanos de África están por debajo de 1 tonelada por persona. Bajo esta perspectiva está claro que EEUU y la Unión Europea tienen una mayor responsabilidad en la problemática, y por tanto deben hacer un esfuerzo mayor.

Además debe tenerse en cuenta que el histórico de emisiones es importante porque el cambio climático presente (y en parte el que se producirá en los próximos años) es la consecuencia del conjunto de emisiones emitidas no únicamente en la actualidad sino las producidas en los últimos cien años. Los países que menos han contaminado históricamente (entre ellos por ejemplo los países africanos, de América Latina y muchos asiáticos) exigen a los mayores contaminadores un mayor compromiso, pues los impactos que los menos contaminantes van a sufrir no es en buena parte por su culpa. Bajo la perspectiva de las emisiones históricas (considerando desde el año 1890) de nuevo EEUU encabeza la lista de las regiones más emisoras (333 gigatoneladas), seguido de la Unión Europea (276) y muy lejos de China (104) o la India (31).

Así pues está claro que existe una responsabilidad diferenciada, con algunas zonas del planeta (EEUU y Unión Europea principalmente) con una responsabilidad especialmente importante en la problemática, aunque eso no signifique que el resto de países no deban tomar igualmente medidas.

¿Quién sufrirá más si no se llega a un acuerdo ambicioso?

Según las proyecciones previstas por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) el cambio climático afectará a todas las zonas geográficas del planeta, pero lo hará de manera diferente según las características climáticas, geográficas e institucionales de cada zona. La mayor parte de las zonas más empobrecidas son especialmente vulnerables, pese a no ser las emisoras más importantes, puesto que una parte su economía corresponde a sectores altamente sensibles a variaciones climáticas (mayor peso relativo de la agricultura), y por otro lado la escasez de recursos económicos dificulta realizar políticas adecuadas para disminuir los impactos.

El cuarto informe sobre impactos climáticos del IPCC, publicado el año 2007, establece en su resumen (International Pannel of Climate Change, 2008): "Existen marcadas diferencias entre regiones, y las economías más débiles suelen ser las más vulnerables al cambio climático. Aumenta la evidencia que se agravará la vulnerabilidad de determinados grupos, como los pobres y los ancianos, no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrollados. Además, cada vez hay más evidencia que en las áreas en latitudes bajas y menos desarrolladas el riesgo es superior, como en las zonas secas y los grandes deltas."

Esta mayor proporción de impactos y vulnerabilidades acaba repercutiendo también en un conjunto de costes que dañarán la economía en los países más pobres. Así el informe Stern (2007) decía: "Las repercusiones del cambio climático no se distribuirán equitativamente y serán los países y las poblaciones más pobres los que sufran las consecuencias antes y con más intensidad…. el cambio climático es una grave amenaza para el mundo en vías de desarrollo y un obstáculo importante para la reducción continuada de la pobreza en sus múltiples dimensiones."

Existen muchos otros estudios que remarcan la desproporción de los impactos en África y los pequeños estados insulares (Christian Aid, 2006), así como en América Latina y el Caribe (Working Group on Climate Change and Development, 2006). Una descripción muy detallada y actualizada (2007) de los impactos previsibles del cambio climático en cada región, que refuerza esta perspectiva, se puede encontrar en el informe del Grupo 2 del informe anteriormente mencionado (International Pannel of Climate Change, 2008).

Los ejes básicos de la negociación para compensar la desigualdad

Ante este desequilibrio entre emisores y receptores la Convención Marco del Cambio Climático reconoce una responsabilidad compartida pero diferenciada. Ello significa que los países más contaminantes deberán adquirir compromisos firmes de reducción. Cualquier otra forma de acuerdo no sería aceptado por los países menos contaminantes y que sufrirán más los efectos.

En ese mismo sentido, un aspecto del debate es si los países del Sur más contaminantes (especialmente China, India y Brasil) deberán adquirir compromisos de reducción, o será suficiente con un compromiso voluntario de tomar medidas para tratar de disminuir el incremento de las emisiones. EEUU quiere compromisos vinculantes, la Unión Europea se muestra más flexible, pero quiere que se tome algún tipo de medida. Por ahora parece claro que los países más empobrecidos no deberán tomar ningún tipo de medida de obligado cumplimiento.

Por otra parte los países menos contaminantes recibirán recursos financieros y tecnológicos transferidos desde los países más contaminantes tanto para que puedan tomar medidas de reducción de las emisiones (mitigación), como para que puedan adaptarse a los cambios necesarios producidos por el cambio climático (adaptación). Es importante señalar que no se trata de una “donación” o un acto de “cooperación” por parte de los países más industrializados, sino más bien una “compensación” por los impactos producidos en sus países sin ser ellos los responsables. Sería, según argumentan los países menos contaminantes y los economistas ecológicos, el pago de una deuda ecológica, o deuda climática, adquirida por los países más industrializados (ver propuesta de Bolivia).

¿Cuántos recursos serán transferidos? Este es uno de los temas de discusión más importantes de las negociaciones de Copenhague. La Unión Europea ha estimado que los costes producidos por el cambio climático en los países menos contaminantes serán de 100.000 millones de euros anuales a partir del año 2020, de los cuales entre 20.000 y 50.000 millones de euros deberán ser recursos públicos, el resto deberá venir de fuentes privadas. Esta valoración es el punto de partida para la negociación de Copenhague pero puede ser sujeta a importantes cambios según éstas evolucionen. Por otra parte, está totalmente abierta la discusión sobre qué criterios deben utilizarse para repartir los costes entre los países más industrializados (¿en función por ejemplo del PIB y las emisiones cómo propone la Unión Europea…o deben incorporarse factores como las emisiones por cápita?) y cómo se distribuirán los recursos entre los países menos contaminantes.

Otro aspecto muy discutido es qué mecanismos se usarán para distribuir los recursos ¿Lo hará un organismo de las Naciones Unidas – como propone la Unión Europea y muchos países del G-77- o lo harán los Bancos Regionales y el Banco Mundial – como propone EEUU)?.

Finalmente en el ámbito de las transferencias de tecnología existe un debate abierto sobre cómo se realizarán y bajo qué régimen de propiedad intelectual. Los países menos industrializados, receptores de la transferencia tecnológica temen que a través de los derechos de propiedad intelectual lo que aparentemente constituye un apoyo para compensar los impactos producidos, acabe degenerando en un mecanismo de ocupación de sus mercados con tecnología extranjera.

Conclusión

Como hemos visto existe una responsabilidad diferenciada, y muchos de los aspectos para la compensación entre los países más contaminantes y los menos contaminantes se discutirán en Copenhague. Todos ellos son básicos para los países menos contaminantes y serán un ámbito de dura confrontación.

Los negociadores tienen un arduo trabajo por delante, pero está claro que se necesitan tomar medidas drásticas, porque si no se da un punto de inflexión tanto en la reducción de las emisiones como en la transferencia de recursos el cambio climático arrasará con cualquier medida de cooperación que se pueda dar entre países más pobres. En este caso ante todo no se necesita más ayuda para los países menos contaminantes, se necesita eliminar los procesos de anticooperación y compensar por los impactos ya inevitables.