AgenciasDiputados brasileños buscaban este jueves en Honduras contribuir a una salida negociada en la crisis política y tratar de evitar un eventual allanamiento de su embajada en Tegucigalpa, donde está refugiado el depuesto presidente Manuel Zelaya.
La misión de seis diputados brasileños, de distintos partidos, tenía planeado visitar la sede diplomática brasileña, que está rodeada de militares y policías por orden del gobierno de facto. Zelaya se encuentra allí dentro desde que volvió hace 10 días clandestinamente al país para reclamar el poder.
Mientras tanto, el presidente de facto, Roberto Micheletti, convocó a una reunión de líderes empresariales para revisar un polémico decreto que suspendió libertades civiles, y que encontró fuerte resistencia entre políticos, hombres de negocios y en la comunidad internacional.
Las presiones para dar marcha atrás a la suspensión de la libertad de prensa, asociación y circulación fueron percibidas por seguidores de Zelaya como una fractura en la coalisión que sostiene al gobierno interino.
Los diputados brasileños, que se reunieron este jueves con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, llegaron el miércoles por la noche, al mismo tiempo que Micheletti suavizaba sus amenazas contra la embajada de la nación sudamericana.
Micheletti dijo en una entrevista con Reuters que no tomaría "medidas adicionales" una vez cumplido un ultimátum de 10 días a Brasil, para que decida si concede asilo a Zelaya o lo entrega a la justicia.
"La delegación del Congreso brasileño busca contribuir a asegurar la preservación de la misión diplomática de nuestro país en Honduras", dijo a Reuters el jefe de la misión, Mauricio Rands, del oficialista PT del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esperamos contribuir al diálogo en el país, a que ambas partes en Honduras dialoguen y encuentren una solución que permita el retorno a la normalidad", agregó.
Polémico decreto. Un enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó el miércoles que delegaciones de Zelaya y Micheletti podrían entablar el diálogo cuando una misión de cancilleres del grupo aterrice en Tegucigalpa, el 7 de octubre.
La visita de los legisladores ocurre también en medio de fuertes presiones dentro y fuera del país, para que el gobierno de facto derogue una suspensión por 45 días de las libertades civiles decretada el domingo. Bajo el decreto, las fuerzas de seguridad han disuelto manifestantes de seguidores de Zelaya y silenciaron a dos medios de comunicación leales al depuesto presidente.
Micheletti se reunió este jueves con integrantes de la Corte Suprema de Justicia para analizar los pedidos de varios sectores para derogar la polémica medida. Un influyente empresario, Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que apoya a Micheletti, dijo que había sido convocado por el presidente de facto a una reunión para tratar el tema del decreto, que el hombre de negocios rechaza.
"Desde el punto de vista de nosotros, se observa que el bloque golpista se resquebraja y hay sectores que quieren negociar", dijo a Reuters Rasel Tomé, un asesor de Zelaya que está con él dentro de la embajada.
Zelaya fue expulsado de Honduras hace unos tres meses por un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Armadas, el Congreso y la Iglesia, gatillado por las aspiraciones del entonces mandatario de intentar cambiar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Pese a que todos los sectores hablaban el jueves de diálogo, la restitución de Zelaya parecía aún un obstáculo insuperable.
"Las probabilidades de un compromiso que incluya la vuelta de Zelaya y el fin del estancamiento están aumentando, pero todavía no existen las condiciones para ello", dijo Heather Berkman, una experta sobre América Latina del Eurasia Group en Nueva York.
El gobierno de facto apuesta a que las elecciones de fines de noviembre permitan pasar la página de la peor crisis política que sacude a América Central en décadas. Pero la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, advirtió que no reconocería a un presidente electo bajo el auspicio de un gobierno de facto.
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