Los dueños de la ciencia

Viviana Martinovich
Revista Anfibia

"El mundo no necesita más revistas científicas industrializadas, sino modelos productivos alternativos, más equitativos, igualitarios y colaborativos, que revaloricen nuestras formas de hacer ciencia. Las revistas científicas, al igual que cualquier otro medio de comunicación, pueden responder a modelos más igualitarios, contextualizados, plurales e inclusivos de producir, publicar y distribuir conocimientos científicos."

Quién legitima la ciencia

“Las editoriales científicas hacen que Murdoch parezca socialista” ironizaba hace poco un artículo de The Guardian. Es que muchas revistas dependen de las industrias: así, no predominan los parámetros científicos sino los intereses económicos. En América Latina, las prácticas abusivas de las editoriales no son problematizadas: se desconoce, por ejemplo, que miles de investigadores a nivel mundial –desde el MIT a Cambridge junto a medios como The New York Times- firmaron un boicot contra la compañía Elsevier. En cambio, está instalado que la única opción para validar hallazgos es publicar en revistas "famosas" como Nature, dice la especialista Viviana Martinovich. ¿Cómo circula en verdad el conocimiento científico?

En América Latina se editan más de 17.000 revistas científicas y técnicas, pero solo 750 lograron ingresar a las bases de datos internacionales por las que circulan revistas como Nature o Science, editadas por la gran industria editorial. Si hiciéramos una analogía con los premios Óscar, podríamos decir que hay n grupo de revistas latinoamericanas que, por mérito propio, año tras año transitan por la tan renombrada alfombra roja, pero no pertenecen a Warner, Fox, Universal o Paramount. Imaginemos por un momento dónde se concentraría la atención de la prensa internacional, incluso la de los enviados especiales de los países latinoamericanos, ¿en quienes participan de las películas más taquilleras del planeta o en quienes integran los proyectos realizados por fuera de la industria y, por si esto fuera poco, generados en países “tercermundistas”?

En Argentina, desde ciertas áreas de conocimiento consideran que la única opción para validar sus hallazgos y entrar en diálogo con la ciencia internacional es acceder a la alfombra roja pero como figuras de Warner o de Fox, es decir, publicando en revistas como Nature o Cell. Y este argumento ya está tan instalado, que es ponderado por funcionarios gubernamentales, periodistas, estudiantes, investigadores y bibliotecarios, como una verdad incuestionable. Sin embargo, aunque sus hallazgos sean considerados válidos y lo suficientemente novedosos por alguna de las revistas de la gran industria, y los autores paguen entre U$ 3.000 y U$ 5.000 dólares en calidad de article processing charge (APC) para la edición y publicación de sus trabajos, no recibirán la atención de los flashes, porque no pertenecen a la gran maquinaria industrial. Es muy recomendable la nota del doctor Randy Schekman, Premio Nobel en Medicina, en la que revela el devastador efecto que provocan en la ciencia las prácticas de revistas como Nature, Cell o Science. No se trata solo del glamour: los grandes intereses económicos detrás de esos flashes y micrófonos responden a la misma maquinaria que necesita retroalimentarse para seguir funcionando.

En el otro extremo del espectro, desde otras áreas de conocimiento consideran que las bases de datos internacionales condicionan y limitan lo que se publica. Como si las revistas, solo por atravesar la alfombra roja no pudieran publicar estudios que muestren, por ejemplo, los daños que producen los agroquímicos o mantener una línea editorial crítica respecto de prácticas nocivas de las industrias. Y esto es confundir el modelo de financiamiento con la distribución. Si el modelo de financiamiento de una revista depende del sector industrial, es muy probable que no publique determinados estudios, y, si lo hace, es factible que engrosen la lista de artículos “retractados”. En cambio, si la revista no depende de las industrias, es más probable que los parámetros científicos predominen por sobre los intereses económicos. Pero la distribución responde a otra lógica.

Desde hace más de un siglo que el contenido publicado por las revistas científicas se distribuye a través de “índices de resúmenes”. Lo que en un inicio eran catálogos o index impresos, hoy son grandes bases de datos con más de 60 millones de registros. Si bien las revistas no pagan para ser distribuidas, un alto porcentaje de los países del planeta abonan grandes sumas de dinero para que los investigadores puedan acceder a ese contenido. Por lo tanto, el negocio de las bases de datos es alcanzar récords de taquilla, no definir el guión de lo que distribuyen. De hecho, no hay personas leyendo el contenido, sino autómatas que leen metadatos y los procesan a gran velocidad dentro de complejos sistemas de información. Por eso hoy, para transitar por la alfombra roja, no alcanza con que una revista sea científicamente consistente para los humanos: necesita que su contenido pueda ser leído por máquinas.

¿Es posible analizar la industria editorial científica con parámetros de la industria cinematográfica? Muchos podrán considerarlo una herejía, bajo el presupuesto de que estamos hablando de ciencia y, por lo tanto, deberíamos regirnos por las reglas de juego del campo científico. Sin embargo, no estamos hablando de ciencia sino del monopolio de su distribución, en el que participan compañías como Thomson Reuters, una de las mayores concentradoras y distribuidoras de información no solo científica sino financiera a nivel mundial, que en 2016 obtuvo ingresos por 11.166 millones de dólares; o RELX Group (anteriormente denominada Reed Elsevier), que engloba una serie de marcas asociadas como Elsevier, Scopus, ScienceDirect, LexisNexis-Risk Solutions, BankersAccuity, entre otras, que reportó un volumen de ingresos en 2016 de 8.412 millones de euros. Para los grupos accionarios de estas compañías, la ciencia forma parte de un negocio altamente rentable. Su objetivo no sería mejorar las condiciones de vida de la humanidad, ni el “progreso” de la ciencia, sino aumentar su producción y su rentabilidad anual y, por lo tanto, deberían ser analizadas dentro de la lógica productiva del sector industrial y no del campo científico. Tal como ironiza George Monbiot, columnista de The Guardian: “Las editoriales científicas hacen que Murdoch parezca socialista”.

Pero más allá de los intereses en juego, la industria editorial, a diferencia de la cinematográfica, debe disputar la legitimidad de un capital simbólico como es la “calidad científica” y, por lo tanto, debe ocultar cualquier vinculación con intereses económicos: es necesario que las ganancias se visualicen como logros de la ciencia y no como mera acumulación de capital, lo cual requiere un tipo de enunciación, una construcción discursiva que acompañe.

Como en Argentina y en muchos otros países de América Latina, las prácticas abusivas de la industria editorial no son un tema problematizado, se desconoce, por ejemplo, que más de 16.000 investigadores a nivel mundial han firmado públicamente el boycot a la compañía Elsevier iniciado por un grupo de matemáticos de Cambridge, del MIT, de Chicago, de California, de París 7, entre otras tantas universidades, y que periódicos como The Guardian, El País, Le Monde, The Washington Post, The New York Times, suelen ser eco de posiciones muy críticas respecto de la gran industria editorial científica. Es como si muchos investigadores de Latinoamérica siguieran aplaudiendo una obra que ya no está en cartel: siguen considerando que publicar en revistas de Elsevier es el mayor logro al que puedan aspirar, aunque sus prácticas abusivas hayan sido denunciadas por la propia comunidad académica internacional.

Pero la mercantilización de la ciencia no es el único modelo posible. En los últimos años del siglo XX surge un movimiento internacional que propone nuevas maneras de entender la comunicación científica; cuestiona el concepto de “propiedad” de la ciencia y, por lo tanto, su forma de comercialización; entiende que los conocimientos financiados con recursos públicos deben estar disponibles para la sociedad que financia las investigaciones. Esto coloca en el centro de la discusión la desigualdad en el acceso a la información científica, en clara oposición al modelo cerrado de distribución consolidado por el sector industrializado. Así nace el movimiento de “acceso abierto”, que instala la discusión política al interior de un campo científico que se presenta a sí mismo como un escenario neutral, despojado de intereses y conflictos de poder. En este sentido, es interesante recuperar a Chantal Mouffe, quien plantea que la negación de esos intereses y de la conflictividad propia de las relaciones sociales coloca a la política en un terreno neutral en el que no se cuestiona la hegemonía dominante.

Los principios del acceso abierto tienen la potencialidad de restituir esa conflictividad, de revertir las asimetrías, ampliar los límites y apostar a otra “geografía de la ciencia” como menciona Jean Claude Guédon. Pero este movimiento entendió que para cambiar de manera radical el escenario, no se trataba solo de enfrentar desde lo discursivo al poder económico: había que desarrollar sistemas integrados, protocolos de distribución electrónica, programas de código abierto, licencias de uso de los contenidos, es decir, todo un andamiaje que le permitiera al sector no industrializado mejorar sus estándares de gestión, publicación y distribución de contenidos para cobrar mayor visibilidad. De la mano de la cultura del software libre, las licencias Creative Commons y el proyecto Public Knowledge Project (PKP) que impulsaron Richard Stallman, Jimmy Wales, Aaron Swartz, Lawrence Lessig, John Willinsky, Brian Owen, Juan Pablo Alperin entre tantos otros, se crearon las condiciones para que las revistas científicas latinoamericanas tuvieran acceso a estándares tecnológicos internacionales.

Pero la realidad es que, si bien estamos ante una situación privilegiada al contar con la posibilidad de acceder a poderosos recursos tecnológicos, paradójicamente, la capacidad de apropiación de la tecnología disponible es muy baja, dado que requiere del aprendizaje de nuevos lenguajes: ya no solo es necesario editar el texto que leen los humanos sino que además es necesario comprender y editar el lenguaje destinado a las máquinas, encargadas de automatizar diversos procesos, entre ellos, la distribución de contenidos científicos. Si bien este nuevo interlocutor permite la integración de los contenidos a sistemas globales de información, por su propia complejidad, nos enfrenta de nuevo a un potencial aumento de las asimetrías, y eleva la brecha entre las revistas industrializadas y las que se editan por fuera de la industria. Y esta brecha no es solo tecnológica.

El cine argentino logró crecer y consolidarse gracias a la existencia de un fondo de fomento que hoy está en peligro. En el caso del sector editorial científico, el financiamiento estatal para pagar costos de publicación va a parar, en su gran mayoría, a la gran industria editorial internacional. Es como si el Estado argentino se dedicara a financiar el cine de Hollywood, en vez de impulsar la industria local, lo cual sería un absurdo, pero es lo que ocurre hoy en el campo editorial científico. Y esto se debe, además, a la baja inversión en investigación y desarrollo tanto estatal como privada, lo que desfinancia aún más la etapa final del proceso de publicación y distribución de resultados y no permite el surgimiento de un sector editorial especializado.

Los procesos editoriales en soporte electrónico cambiaron radicalmente en los últimos cinco años. La integración de sistemas antes desarticulados generó estándares más complejos que aumentaron los costos de edición. Para editar revistas que respondan a las necesidades de todas las áreas de conocimiento es necesario invertir en esquemas innovadores de producción, en nuevas formas de visualización y distribución de contenidos, para lo cual es indispensable la integración de conocimientos informático-editoriales.

Sin embargo, entendemos que para pensar de forma crítica el campo editorial científico no podemos asumir que solo con la incorporación de avances tecnológicos o con la promulgación de leyes podremos modificar prácticas instaladas culturalmente. La ciencia es una práctica humana y, por lo tanto, social, cuya agenda debe ser pensada en esos términos. Por eso proponemos la noción de “práctica editorial contextualizada” para discutir en términos políticos las formas de crear y socializar los conocimientos científicos y dejar de reproducir enunciados que se instalan y se repiten sin cuestionamientos. Como menciona Oswald Ducrot: “nuestras palabras son en gran parte la simple reproducción de discursos ya escuchados o leídos”. Pero reproducir discursos acríticamente es vaciar de sentido nuestro relato.

La realidad es que el mundo no necesita más revistas científicas industrializadas, sino modelos productivos alternativos, más equitativos, igualitarios y colaborativos, que revaloricen nuestras formas de hacer ciencia. Y para integrar esos contenidos al mundo necesitamos implementar nuevos estándares tecnológicos que potencien la distribución y el ingreso a los sistemas internacionales de evaluación de la producción académica.

La pregunta que deberíamos intentar responder es ¿cómo entrar en diálogo con la ciencia internacional sin perder identidad? El mundo necesita que se abran nuevos espacios para que dialoguen otras voces y no seguir concentrando un relato único que reproduzca los intereses de sectores altamente concentrados. Las revistas científicas, al igual que cualquier otro medio de comunicación, pueden responder a modelos más igualitarios, contextualizados, plurales e inclusivos de producir, publicar y distribuir conocimientos científicos.

Cambian reglas de juego para grupos de presión en la ONU

Rabiya Shabeeh
IPS

¿Es necesaria la presencia de la industria de combustibles fósiles en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? ¿O su participación en las conversaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa un conflicto de intereses y socava el progreso mundial?

Los países en desarrollo que pretenden que los grupos de presión de los combustibles fósiles que participan de las negociaciones de la 23 Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) declaren sus conflictos de interés ganaron una importante batalla durante un acuerdo firmado en una sesión preliminar celebrada a principios de este mes en Bonn, Alemania.

Un informe de Corporate Accountability International (CAI), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se dedica a denunciar los abusos de las empresas, reveló que los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las conversaciones climáticas de la ONU. Aunque las empresas no pueden participar en las negociaciones directamente, las asociaciones empresariales e industriales emplean tácticas encubiertas para frenar políticas climáticas clave, sostiene el informe.

La CMNUCC permite a las organizaciones con “estado de observador”, como la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos, FuelsEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el Consejo Empresarial de Australia – que incluye a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre otras -, estar presentes en reuniones donde los delegados discuten opciones políticas para evitar desastres climáticos. Estas organizaciones representan a corporaciones que han negado sistemáticamente el cambio climático y que tienen una cartera que incluye décadas de lucrar a expensas del planeta.

El Acuerdo de París contra el cambio climático comprometió a los Estados a mantener el calentamiento global “muy por debajo de los dos grados Celsius”, pero también a “proseguir los esfuerzos” para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados para 2018. “Una política transparente y claramente definida es esencial si queremos proteger realmente el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París, y si hemos de tener la oportunidad de luchar para limitar el cambio climático a menos de dos grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora de Derecho Ambiental de la alemana Universidad de Colonia.

Muchos países del Sur en desarrollo – que representan colectivamente casi 70 por ciento de la población mundial – han luchado para incorporar una política de conflicto de intereses en la convención, por la cual estos grupos estarán legalmente obligados a declarar todos sus conflictos. Por ejemplo, este mes en una reunión en Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el Acuerdo de París es un “instrumento entre Estados” e hizo una “solicitud moral” para que los grupos de presión declararan sus conflictos de intereses. Sin embargo, este pedido fue recibido con feroz resistencia por los países más ricos, con Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Australia a la cabeza.

En Bonn, el delegado de Noruega declaró que excluir a las empresas según sus intereses sería “contraproducente”, mientras que la delegación de Australia añadió que el sector privado era una parte clave para financiar la transición a una economía baja en emisiones de dióxido de carbono. “Algunas de las empresas a las que se alude como las contaminadoras de la política serán las proveedoras de las mayores y mejores soluciones”, sostuvo el delegado australiano. “Y puede fijarse en algunas de las declaraciones procedentes de ExxonMobil y Shell recientemente para subrayar ese punto”, añadió. Una investigación realizada en 2015 por Inside Climate News, una organización de noticias sin fines de lucro, denunció que ExxonMobil sabía del cambio climático desde 1981, pero en los años siguientes la empresa multinacional gastó millones de dólares para promover la negación del fenómeno.

El informe de la CAI, además, reveló que la Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe millones de dólares de ExxonMobil a cambio de “campañas de información pública”. Para colmo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque a la política ambiental estadounidense que incluye el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia, también instaló al ex director ejecutivo de la petrolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado. “Con tantos incendiarios en el departamento de bomberos no es de extrañar que no hayamos podido apagar el fuego”, comentó Tamar Lawrence Samuels, directora de políticas internacionales de CAI, en un comunicado.

Esto, sin embargo, no implica que las industrias de los combustibles fósiles no tengan papel alguno en la desaceleración del calentamiento global, según el informe. El informe de la CAI recomienda ​​que la industria transforme sus prácticas empresariales para alinearse con los compromisos asumidos por la comunidad global para frenar la crisis, adoptar las soluciones creadas por la comunidad científica para minimizar la devastación y esforzarse por alcanzar el progreso social y económico mundial.

El nuevo acuerdo negociado de la CMNUCC se compromete a mejorar la “apertura, transparencia e inclusión” y pide a los interesados ​​- cualquier persona o grupo afectado por el cambio climático o política climática – que presenten sus opiniones sobre cómo se podría lograr. “Como comunidad global, tenemos la oportunidad sin precedentes para resolver la crisis climática de forma directa en el preciso momento en que todo – la gente, la justicia y el planeta – están en peligro”, destacó un portavoz de la CAI.

Los activistas, los grupos de presión e incluso los organismos gubernamentales de los países en desarrollo que buscan la justicia para el planeta y su población deben seguir presionando por las soluciones que la convención acordó. La convención está aceptando sugerencias sobre cómo abordar la cuestión de las naciones miembros, y tiene la intención de considerarlas en 2018.

En el laberinto de Temer: La compleja salida de la crisis política de Brasil

José Robredo
El Ciudadano

Desde que la ex presidenta Dilma Rousseff fue destituida en agosto del año pasado, tras un largo proceso de juicio político impulsado por la derecha brasileña y el actual mandatario Michel Temer –que a la fecha oficiaba de vicepresidente-, el escenario político de Brasil ha estado absolutamente convulsionado.

Hoy, las denuncias de corrupción a partir del caso Lava Jato golpean a toda la institucionalidad política: una serie de ministros, parlamentarios y políticos están siendo investigados y otros ya se encuentran presos a partir de sus implicancias en cada una de las investigaciones.

Hasta hace un par de semanas, el presidente Michel Temer era objeto de una serie de manifestaciones en su contra por parte de las organizaciones políticas y sociales que protestaban contra las reformas neoliberales que impulsa su gobierno, eliminando el legado del período del Partido de los Trabajadores en el poder. La movilización social se intensificó luego de darse a conocer una conversación entre el mandatario y Josey Baptista, dueño de una cadena de frigoríficos, donde se pactaba el pago de sobornos (US$ 160 mil) al diputado Rodrigo Rocha Loures, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para comprar su silencio.

Luego de esto, se alzaron pedidos de renuncia y se ingresaron 16 solicitudes de impeachment al Parlamento de Brasil, las que duermen en las oficinas del Congreso. Todas se encuentran bloqueadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Maia. Así las cosas, se percibe que la crisis tiene carácter terminal y que basta que aparezcan nuevos antecedentes para concretarse. Una agonía que, a la vez, arrastra a todo el sistema político brasileño.

¿Con los días contados?

El escenario que se construye a partir de esta trama de política y corrupción es negativo para Michel Temer, a quien el margen de acción se le reduce irremediablemente, para estar destinado a poner fin al mandato del ex vicepresidente de Dilma Rousseff antes de 2018.

Para el analista internacional y académico de la Universidad Católica de Talca, Fernando de la Cuadra, la situación de Temer es en extremo compleja, ya que “es difícil anticipar una fecha exacta, pero todo parece indicar que el actual mandatario no podrá concluir su gobierno”. Y agrega que, además, “el problema es que quien lo puede substituir en la línea de sucesión, el presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Maia, también se encuentra involucrado en varios casos de corrupción y está siendo acusado por los procuradores que tienen en sus manos el proceso Lava-Jato, aún en plena investigación por parte de la justicia brasileña”.

Al respecto, la periodista y coordinadora del periódico Brasil de Fato, Vivian Fernandes, sostiene que “no hay condiciones políticas de Temer para seguir como presidente hasta el final de 2018, incluso porque disminuye el apoyo incluso dentro de la derecha”.

Junto con eso, Fernandes agrega que uno de los hechos que impiden la salida de Temer es que su sector no tenga un reemplazante que proponer a la hora de dejarlo caer. En ese sentido, recalca que “lo que falta para que él caiga es que la derecha tenga un substituto para la presidencia y que logre la aprobación de medidas impopulares y antipopulares en el Congreso -como las reformas laboral y de las pensiones- tal vez otro presidente no va a querer tener la marca de haber aprobado tales medidas”.

Por otro lado, De la Cuadra explica que no hay mayores opciones de solución a la crisis que se vive en Brasil, ya que “todos los escenarios son muy complejos y demasiado riesgosos para conseguir darle alguna estabilidad al país. La crisis es muy profunda y no se vislumbra ninguna solución a corto plazo”.

Partidos tradicionales fuera. ¿Hay alternativas?

Una de las dudas que se generan con la crisis política de Brasil es si es que existen alternativas políticas que reemplacen al fracturado sistema político del país, que tiene todos los puentes cortados con la ciudadanía.

Consultada por El Ciudadano al respecto, Vivian Fernandes explica que “las alternativas políticas más fuertes que se apuntan desde la izquierda no excluyen los partidos políticos tradicionales, los incluyen”. Junto con ello, plantea que “lo más fuerte que hay en la izquierda hoy es la idea de frentes políticos, unitarios, amplios, en los que hay militantes de partidos, movimientos populares, fuerzas sindicales, asociaciones barriales, institutos de investigación y otros”. “Estos son espacios de unidad política y de articulación muy recientes, que no tienen su futuro claro todavía, pero que la apuesta es seguir en esta construcción”, destaca Fernandes.

Mientras que De la Cuadra explica que “este periodo por cierto va a generar un importante campo de disputas que los grupos progresistas y la izquierda deberán ocupar, si pretenden reconstruir un proyecto diferente para Brasil, que supere las penurias y tragedias que ha experimentado este país a lo largo de su historia reciente y que se han agudizado de forma dramática en los últimos dos años”.

Con este escenario, preguntarse cómo se puede proyectar el desarrollo de la crisis es casi un paso obligado. Así, De la Cuadra sostiene que “temo que la tendencia es que los cambios que se van a producir en Brasil en el próximo periodo y hasta las elecciones de octubre de 2018, serán efectuados dentro del campo de lo que proponen los partidos tradicionales, a pesar de que existe una cada vez mayor movilización popular contra la corrupción y la reforma del sistema político”.

Mientras que Fernandes cree que “el momento es tan confuso que no posibilita proyecciones seguras de nada. No se puede proyectar ni para la próxima semana. Toda la denuncia contra el presidente golpista Michel Temer surgió de una hora para otra y cambió muchas tácticas, análisis de la política nacional”.

Las alternativas para la destitución de Temer

Fernando de la Cuadra
Rebelión

La situación política en Brasil se ve como una larga agonía de Temer. En efecto, es posible observar que Temer está perdiendo cada vez más el apoyo de sus aliados, tanto a nivel de los partidos que formaban la base de la coalición montada a partir de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff como a nivel de personalidades emblemáticas de la política brasileña tales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso o el presidente del Partido Popular Socialista, Roberto Freire, que al renunciar a su cargo como Ministro de Cultura, señaló que el actual presidente ya no tiene condiciones ni políticas ni morales para continuar al mando de los destinos del país. Es difícil anticipar una fecha exacta, pero todo parece indicar que el actual mandatario no podrá concluir su gobierno. El problema es que quien lo puede substituir en la línea de sucesión, el presidente de la Cámara, diputado Rodrigo Maia, también se encuentra involucrado en varios casos de corrupción y está siendo acusado por los procuradores que tienen en sus manos el proceso Lava-Jato, aún en plena investigación por parte de la justicia brasileña. En caso de la destitución de Temer, una probable salida podría ser que asuma interinamente la jueza Carmen Lúcia, que ocupa en este momento la Presidencia del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema).

La mejor alternativa que se plantea y para lo cual se han movilizado vastos sectores de la ciudadanía consiste en la convocatoria de elecciones directas. No existe en la actual coyuntura otra fórmula que le otorgue más legitimidad y sustento ciudadano al futuro mandatario que ser elegido a través del concurso de la soberanía popular. El escollo de dicha salida consiste en que para llamar a elecciones directas se requiere un cambio en la constitución, lo cual de llevarse a efecto, podría demorar varios meses -dependiendo de la correlación de fuerzas que se manifieste en el congreso- con lo cual prácticamente se sobrepondría al cronograma vigente, que estipula la próxima contienda electoral para octubre del 2018. Las elecciones indirectas figuran en un itinerario más probable, aunque carecería del apoyo y la aprobación necesaria para que Brasil retorne a la senda de la estabilidad y paz social. Todos los escenarios son muy complejos y demasiado riesgosos para conseguir darle alguna estabilidad al país. De cualquier manera, la crisis es muy profunda y no se vislumbra ninguna solución a corto plazo.

Actualmente no existe ninguna alternativa viable que consiga darle gobernabilidad a Brasil. Esto favorece a Temer, aunque sea momentáneamente, pues la incerteza sobre los rumbos que podrá tomar la crisis le permiten seguir negociando con los partidos que forman la base de apoyo a su gobierno. En otras palabras, el miedo de que la crisis se agrave y se pierda el control total sobre el destino del país, hace que aquellos actores políticos y económicos poderosos que perdieron la confianza en el gobierno se den un tiempo para barajar alternativas con la finalidad de tener una sucesión que no sea tan improvisada y caótica que pueda implicar la posibilidad de estimular una ruptura de la vía institucional para la deposición del gobierno.

En todo caso, la salida de Temer no significa el derrumbe del tradicional sistema político brasileño. Al contrario, su destitución representa precisamente la confirmación de la tesis de que el actual mandatario ya no consigue comandar el país para realizar las reformas favorables que vienen impulsando los sectores más tradicionales de la política brasileña. El debate sobre la reforma del sistema previsional, de las leyes laborales (tercerización y flexibilización), la reforma o eliminación del Sistema Único de Salud (SUS), la privatización de la educación superior, la eliminación o reducción de programas sociales, etc., está siendo contaminado por la crisis del gobierno. Por lo tanto, para limpiar el camino de tales reformas, los sectores y partidos que representan la cara más tradicional y conservadora de la política de este país buscarán ciertamente la mejor manera de deshacerse del escollo que en la actual coyuntura representa la administración de Michel Temer.

Diferentemente de lo que pudiera ser una alternativa más deseable y democrática, todo parece indicar que la salida política a la crisis se va a dar dentro del esquema que proponen los partidos tradicionales. Es decir, la tendencia es que los cambios que se van a producir en Brasil en el próximo periodo y hasta las elecciones de 2018, serán efectuados dentro del campo de lo que expresan dichos partidos, a pesar de que existe cada día una mayor movilización popular contra la corrupción y la reforma del sistema político. Dichas movilizaciones serán reprimidas y la agenda política permanecerá circunscrita al término del mandato de un gobierno de emergencia que permita concluir las reformas en curso y que continúe el cronograma institucional que supone la realización de elecciones el próximo año. Este periodo por cierto va a generar un importante campo de disputas que los grupos progresistas y la izquierda deberán ocupar, si pretenden reconstruir un proyecto diferente para Brasil, que supere las penurias y tragedias que ha experimentado este país a lo largo de su historia reciente y que se han agudizado de forma dramática en los últimos dos años.

Héctor Alimonda y su legado para la ecología política latinoamericana

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Ha muerto Héctor Alimonda, un maestro, un entrañable amigo, una persona noble y generosa que dedicó gran parte de su vida a pensar los temas del desarrollo, la cultura y la ecología política latinoamericana. Aunque Héctor era mucho más que eso. Fue un hombre abierto a todas las expresiones de la creatividad humana, a la fotografía, a la pintura, a la música (especialista en Tango), a la literatura, al humor. Quiero recordar al profesor generoso, cariñoso con todos quienes lo conocían, especialmente con sus alumnos y alumnas del Postgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro donde impartía sus cursos de Ecología Política e Historia Ambiental por más de 30 años. Aunque también desempeñó un activo papel en muchos otros centros e instituciones académicas en las cuales hacia clases, dictaba conferencias o participaba en espacios de discusión sobre diversas problemáticas latinoamericanas.

Sus preocupaciones siempre estuvieron vinculadas a la formación de un pensamiento latinoamericano propio y original, por eso fue uno de los principales divulgadores de la obra de José Carlos Mariátegui, lo cual lo vinculaba desde hace mucho tiempo a las actividades de la Editorial Amauta y a la preservación del legado teórico de ese gran intelectual peruano. Pero Héctor también buscaba en otras fuentes que no eran exclusivamente latinoamericanas para comprender los problemas ecológicos de nuestro tiempo. Por sus reflexiones siempre transitaban autores como William Morris, Rosa Luxemburgo, James O’Connor o Donald Worster, entre otros.

En un reciente artículo publicado en la revista ecología política[1] efectuó una síntesis lúcida sobre los rumbos de la ecología política en la región. En este trabajo hace un balance de este campo en la última década, enfatizando el hecho de que el pensamiento ecológico producido en nuestro continente es una expresión inédita, con una dinámica y dispositivos de enunciación que no tienen equivalencia con las elaboraciones provenientes de otras regiones del planeta.

Para Héctor, esta ecología política hemisférica (ECOPOLAT) surge recuperando los elementos de un tradición del pensamiento crítico con sello latinoamericano, que se puede encontrar en Mariátegui, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y más recientemente en el programa de investigación en torno a la Modernidad-Colonialidad, que tiene una amplia red de intelectuales que piensan la región a partir de una crítica vehemente al pensamiento hegemónico de raíz eurocéntrica.

Una reflexión contemporánea fundamental la venía realizando en torno a la vinculación de las categorías del llamado Post-desarrollo con los principios del Sumak Kawsay o Buen Vivir, síntesis que trató de plasmar en algunos artículos en que intentaba rescatar la dimensión del Buen Vivir para la construcción de una política pública diferente, que incorporase los saberes de los pueblos originarios y poblaciones tradicionales. Porque América Latina todavía es un proyecto a realizar, Héctor se empeñaba en reunir y articular teóricamente a muchos precursores de una manera de pensar original como Mariátegui, Aricó, Rama, Quijano, Escobar o Boff, que rescataron lo propio de nuestra problemática, nuestra naturaleza, nuestro imaginario, nuestras comunidades autóctonas y nuestra compleja herencia histórica.

Como coordinador del Grupo de Trabajo en Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) fue capaz de congregar en tres libros esenciales a un conjunto de autores que vienen pensando la relación entre Naturaleza y Sociedad, construyendo las bases de un pensamiento ambiental latinoamericano o realizando una crítica profunda al modelo extractivista actualmente en curso.[2] También fue organizador de un libro que se transformó en un importante referente para analizar el conflicto entre las comunidades amazónicas del Perú y el gobierno de ese país a partir de los acontecimientos del 5 de junio de 2009 en la ciudad de Bagua (“Baguazo”). [3] En esta localidad se produjo un violento desalojo de los pueblos Awajun y Wanpis que bloqueaban la carretera y ocupaban las instalaciones de Petro Perú para exigir el respeto de sus derechos, los que además se encuentran contemplados en la legislación internacional.

En su trayectoria, Héctor Alimonda supo combinar de manera virtuosa una importante producción intelectual con un compromiso concreto con las comunidades y pueblos tradicionales que habitan en nuestro continente. Por ese y otros motivos, se transformó en una de las principales voces del pensamiento ambiental latinoamericano y también en uno de los más activos defensores de los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos. Hasta siempre amigo!! Vamos a sentir tu ausencia en los futuros combates para construir una América más justa, democrática y solidaria.

NOTAS

[1] “Notas sobre la ecología política latinoamericana: arraigo, herencias, diálogo”, en: Revista de Ecología Política, Número 51, Barcelona: Editorial Icaria, junio 2016.

[2] Nos referimos a los libros: Ecología Política - Naturaleza, Sociedad y Utopía. Buenos Aires: CLACSO, 2002; Los Tormentos de la Materia - Aportes para una Ecología Política latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO, 2006; y La Naturaleza Colonizada - Ecología Política y Minería en América Latina. Buenos Aires: CLACSO/Ciccus, 2011.

[3] La Amazonía Rebelde - Perú 2009. Lima: CLACSO/Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Programa Democracia y Transformación Global/CONACAMI, 2009.

El Gramsci de todos

Ramón Vargas-Machuca
El País

El intelectual marxista es un clásico porque sus aportaciones fueron cruciales para el progreso del conocimiento, pero los intentos de apropiarse de sus ideas y de extraer de su obra lo que en ella no hay han contaminado su dimensión real

El 27 de abril de 1937 moría Antonio Gramsci. Las privaciones sufridas durante los 10 años de cárcel acabaron con la frágil salud del preso político más temido por Mussolini. Se convirtió en el símbolo de la lucha antifascista en Italia. Era “el Gramsci de todos”. El Partido Comunista Italiano se consideraba el depositario principal del legado de uno de sus fundadores. Otras izquierdas evocaban al Gramsci impulsor del movimiento de los “consejos de fábrica” con la intención de resaltar su flanco más radical o bien el más democrático. Liberales italianos de la talla de Piero Gobetti consideraban a Gramsci un renovador progresista de la tradición inaugurada en el Risorgimento. Este gran intelectual admiraba en aquel joven periodista “el fervor moral, escepticismo e insaciable necesidad de ser sincero”. Y Benedetto Croce comentaba tras la muerte de aquel: “Como hombre de pensamiento era uno de los nuestros, de aquellos que en los primeros decenios del siglo en Italia se esforzaron en formarse una mente filosófica e histórica adecuada a los problemas del presente”.

¿Por qué Gramsci llegó a convertirse en el intelectual y político marxista más admirado de la segunda mitad del siglo XX? El interés lo despierta, en primer lugar, su personalidad, su carácter y las circunstancias que lo modelan; también, su sensibilidad e inteligencia; la enorme fortaleza mostrada desde pequeño ante su imperfección física (“ese sardo jorobado”, como lo llamaba Mussolini,) y ante la adversidad en general; en resumen, su humanidad. Todo ello se transparenta en su escritura y estilo intelectual. Buena parte de los escritos anteriores a la prisión son artículos en prensa; los Cuadernos de la cárcel son borradores con la intención de volver una y otra vez sobre los grandes asuntos. En las Cartas se sigue el rastro de sus avatares: aislamiento en la prisión, desafecto de los compañeros más próximos de partido, agravamiento de la enfermedad y la crisis emocional que le produce la relación con las personas más queridas.

La trayectoria intelectual y política de Gramsci refleja aquel momento de entreguerras: el auge de los extremismos; una mayor fusión entre las masas y la política, intelectuales y vida pública. En este marco acomete un análisis propio, agudo, de la sociedad y el Estado en Occidente. Ha comprendido como pocos el calado del fascismo y la derrota de la revolución en Europa. En los últimos años da muestras de una conciencia escindida y un fundado temor por el futuro del proyecto político al que se mantuvo fiel hasta el final. Su reflexión se desarrolla en condiciones muy precarias. No solo avanza su enfermedad; también, su escepticismo y pesimismo. En el pensamiento de Gramsci asoman de manera intermitente tensiones entre libertarismo y estrategia leninista, aprecio a sus maestros liberales y lealtad al socialismo marxista; entre inspiración originaria de la Ilustración y el sesgo autoritario del movimiento comunista internacional. Su obra representa el último intento de recomposición del marxismo como pensamiento práctico; un intento original, penetrante, ambiguo y, a la postre, no consumado.

Tras su muerte se multiplica el conocimiento de su honestidad intelectual, lucidez e integridad moral. Sin embargo, tanta admiración iba a convertirse en un obstáculo para descubrir al “Gramsci de Gramsci”. Lamentablemente, este ha sido más interpretado que leído con respeto. Y entre tantas lecturas, su dimensión real queda contaminada: ha primado el intento de explotar la autoridad moral de su vida, apropiarse de sus ideas y extraer de su obra lo que en ella no hay. No pocas veces se retuerce el sentido de sus afirmaciones; o se instrumentan categorías centrales del código gramsciano. El desafío es cómo rescatar a Gramsci de hagiógrafos y comentaristas dispuestos a utilizar su figura para un roto o un descosido.

Gramsci ha vuelto a la actualidad política española. Más pretextos que buenas razones explican ese retorno. A mitad de los años ochenta del siglo pasado, el filósofo argentino Ernesto Laclau, junto a la politóloga Chantal Mouffe, compusieron una versión “posmoderna” de las categorías de Gramsci. Les sirvió más tarde para remozar el populismo peronista y dar una apariencia teórica al tosco “socialismo bolivariano”. Esa versión la importó Podemos de la mano de Íñigo Errejón, quien no solo consiguió hacer inteligible esa chocante versión, sino convertirla en soporte doctrinal de su formación política y uno de sus recursos de seducción. Una vez más la ingente personalidad de Gramsci estimula una enésima resurrección del interés por el político italiano al precio de hacer decir a Gramsci lo que no dice y aparecer como lo que no es.

Se trata de una operación interpretativa tan alambicada como carente de anclaje historiográfico y que he analizado detenidamente en Revista de libros (diciembre de 2016). Este sofisticado ejercicio discursivo sobre los conceptos de Gramsci tiene tales efectos polisémicos que termina “deconstruyendo” la figura histórica de aquel. Resuelve de modo extemporáneo y ajeno a su forma de pensar dilemas tan dramáticamente experimentados por él como los siguientes: entre autonomía moral de las personas y autogobierno colectivo, hegemonía y democracia, teoría y praxis, razones y emociones. Interpretar a Gramsci desde un prejuicio posmoderno, posfactual y con intención populista supone desconsiderar los supuestos ilustrados de la propuesta gramsciana de aggiornamento del marxismo y distorsiona el alcance de sus categorías provocando un maltrato de sus ideas hasta hacerlas irreconocibles. Al proceder al vaciado del Gramsci histórico se obvia cualquier constricción proveniente de sus escritos, intención y contexto. Según el universo conceptual de estos intérpretes, Gramsci opera como uno de sus múltiples “significantes”, lo que permite instrumentalizarlo discursiva, emocional y simbólicamente. Se pierde el sentido genuino de su figura y obra, se diluye el valor y el alcance de sus propias contradicciones; también, su autenticidad.

Tomarse a Gramsci en serio es no obviar su condición radical de “pasado ausente”. Respetando su historicidad podremos rastrear con cierta corrección epistémica e integridad intelectual al Gramsci real. De esta manera, se desvanece también la ingenua pretensión de hallar en él un menú de recetas para tratar un presente cuyos rasgos básicos se obvian. A los textos de Gramsci podría aplicarse aquello de que “con fecha se entienden todos; sin fecha, ninguno”. En fin, tratemos a Gramsci como un clásico. Lo es no porque aborde los asuntos de siempre, sino por la forma en que lo hace; no porque consideremos perennes sus aportaciones sino porque fueron cruciales para el progreso del conocimiento. Un clásico es aquel cuyo proyecto ya no cabe aplicar pero de cuyo bagaje no podemos prescindir.

La relevancia del Censo para elaborar una política territorial

Fernando de la Cuadra
El Desconcierto

El próximo miércoles 19 de abril se llevará a cabo un nuevo censo nacional, que en esta oportunidad tendrá el carácter de abreviado. Este proceso de empadronamiento de la población de Chile se realizaba todas las décadas en años terminados en el dígito 2. Como es ampliamente conocido, el último censo de 2012 fue marcado por el fracaso, a pesar de que fue anunciado como una medición que marcaría historia en los anales de la estadística nacional. Como el censo en cuestión no tuvo los resultados esperados, ello terminó inutilizando prácticamente la totalidad de la información recabada. En concreto, hasta ahora no se puede disponer de una información confiable para elaborar diagnósticos y proyecciones necesarias y las diversas entidades públicas y centros de investigación deben trabajar con los datos recogidos en el censo de 2002.

Por lo mismo, reviste especial importancia que la ciudadanía participe en este proceso, pues de ello dependen no solo la información estadística de la población existente en Chile en un momento determinado, sino que también las tendencias de la dinámica poblacional del país. Esta caracterización implica conocer una serie de indicadores como sexo, edad, escolaridad, religión, grupo étnico, composición del núcleo familiar, tipo de actividad, situación habitacional y de movilidad de la población, entre otros. El censo es una herramienta esencial para la gestión del gobierno central, regional y municipal, pues permite recoger los datos necesarios, por ejemplo, para diseñar programas de vacunación, subsidios y subvenciones, definición de espacios rurales o urbanos, clasificación socio-económica, etc.

El énfasis en los procesos de descentralización y las transformaciones ocurridas en la composición demográfica de ciudades, pueblos y aldeas en los últimos 15 años requieren de datos fidedignos que permitan realizar los análisis prospectivos y elaborar las políticas públicas en los diversos territorios. Implica por lo mismo, contar con una información primordial para elaborar las políticas, programas y acciones a la luz de los datos actualizados y de las proyecciones de población en todas las localidades y rincones del país. Además, el acelerado ritmo que han tenido los procesos migratorios en los últimos años están reconfigurando el país de norte a sur, colocando nuevos desafíos para el gobierno y para el conjunto de la nación.

En ese marco, el censo representa una oportunidad especial para fortalecer la política territorial, pues como nunca antes existen los mecanismos y la voluntad para realizar una política que aborde las especificidades de cada localidad en función de su historia, su tendencia demográfica, su nicho agroecológico, su vocación productiva, su identidad y su cultura. Sin desconocer la dimensión política y las relaciones de poder que cruzan la acción territorial, el censo puede transformarse en un importante subsidio para la planificación en diversos ámbitos geográficos y sectoriales, velando para que los variados espacios y confines del país puedan aspirar a una política que estimule y preserve la igualdad de oportunidades entre todas las regiones.

Un problema en permanente discusión es la definición de aquello que se delimita un área rural a diferencia de una zona urbana. Difícilmente el censo resolverá esta cuestión en términos estadísticos, pero aun así va a permitir tener una radiografía más detallada de las tendencias demográficas existentes en el país, a gran y pequeña escala. De esta manera, el censo debe mejorar la provisión de servicios en el ámbito de la salud, educación, vivienda, saneamiento básico, sistemas previsionales, etc. En resumen, la información recogida por el censo no resolverá automáticamente los obstáculos y dificultades que enfrenta el país, pero ciertamente permitirá contar con mejores insumos para conocer la situación de cada territorio y planificar los programas y acciones en función de dicha información.

Contra el populismo, inclusión social

Jürgen Habermas
Revista Ñ

Jürgen Habermas diagnostica un nuevo desorden mundial y la impotencia de EE.UU. y Europa frente al terrorismo.

Después de que –a partir de 1989– se hablara de un “fin de la historia” en la democracia y en la economía de mercado, hoy vemos un fenómeno nuevo: el surgimiento –desde Putin y Erdogan hasta Donald Trump– de formas de liderazgo populistas y autoritarias. Ahora es evidente que una nueva “internacional autoritaria” logra determinar cada vez más el discurso público.

¿Tenía razón entonces su coetáneo Ralf Dahrendorf cuando preveía un siglo XXI bajo el signo del autoritarismo? ¿Se puede o se debe hablar ya de un giro de los tiempos?

Después del giro que se produjo hacia el 89-90, Fukuyama retomó el eslogan de la “post-historia” –que originalmente estaba ligado a un conservadorismo feroz. Esta interpretación suya del concepto daba expresión al triunfalismo miope de las élites occidentales que se basaban en la fe liberal en la armonía preestablecida entre democracia y economía de mercado. Estos dos elementos plasman la dinámica de la modernización social, pero están conectados con imperativos funcionales que continuamente tienden a entrar en conflicto. Sólo gracias a un Estado democrático digno de este nombre ha sido posible conseguir un equilibrio entre crecimiento capitalista y participación de la población en el crecimiento medio de economías muy productivas; participación esta que era aceptada, aunque solo en parte, en cuanto fuese socialmente equitativa. Históricamente, sin embargo, esta ecuanimidad, que sólo puede merecer el nombre de “democracia capitalista”, ha sido más la excepción que la regla. Ya por esto solo se entiende que la idea de que el “sueño americano” pudiera consolidarse a escala global no es más que una ilusión. Hoy son motivo de preocupación el nuevo desorden mundial y la impotencia de EE.UU. y Europa frente a los conflictos internacionales, y nos destrozan los nervios la catástrofe humanitaria en Siria o en Sudán del Sur y los actos terroristas de matriz islamista. Pero en cualquier caso, no alcanzo a distinguir una única tendencia directa hacia un nuevo autoritarismo: solo diversas causas estructurales y muchas casualidades. El elemento unificador es el nacionalismo, que entre tanto también tenemos en casa. Tampoco antes de Putin y Erdogan, Rusia y Turquía eran ciertamente “democracias impecables”. Con una política occidental solo un poco más astuta quizá hubiésemos podido establecer relaciones diferentes con estos países: quizá hubiéramos logrado también reforzar las fuerzas liberales presentes en la población de esos países.

¿No se sobrevaloran así retrospectivamente las posibilidades que había en manos de Occidente?

Claramente, para Occidente –solo a causa de sus intereses divergentes– no era fácil confrontar, de un modo racional y en el momento oportuno, con las pretensiones geopolíticas de la degradada superpotencia rusa o con las expectativas de política europea del irascible gobierno turco. Muy distinta es en cambio la situación en lo que se refiere al ególatra de Trump, un caso significativo para Occidente íntegro. Con su siniestra campaña electoral Trump llevó a consecuencias extremas una polarización que los republicanos, por abandono y de manera cada vez más descarada, han alimentado desde los 90; pero lo hizo de forma tal de que parezca como que este mismo movimiento finalmente se le escapaba de las manos al Grand Old Party, que no obstante sigue siendo siempre el partido conservador de Abraham Lincoln. Esta movilización del resentimiento también expresó las tensiones sociales que atraviesan a una superpotencia política y económicamente en declive. Lo que encuentro inquietante, entonces, no es tanto el nuevo modelo de una internacional autoritaria, a la que se aludía en la pregunta, como la desestabilización política en todos nuestros países occidentales. Al evaluar el paso atrás de Estados Unidos en el rol de gendarme global siempre dispuesto a intervenir no debemos perder de vista cuál es el contexto estructural en el cual eso se produce, contexto que comprende también a Europa. La globalización económica, puesta en marcha en los 70 por Washington con su agenda política neoliberal, arrojó como consecuencia un declive relativo de Occidente a escala global respecto de China y otros países Bric en ascenso. Nuestras sociedades deben desarrollar la percepción de este declive global y junto con eso la complejidad cada vez más explosiva de nuestra vida cotidiana, conectada con el desarrollo tecnológico. Las reacciones nacionalistas se fortalecen en los estratos sociales que no obtienen ningún beneficio –o que no los obtienen suficientemente– del aumento del bienestar medio de nuestras economías.

¿Estamos presenciando una especie de irracionalización política de Occidente? Hay una parte de la izquierda ahora que se pronuncia a favor de un populismo de izquierda como reacción al populismo de derecha.

Antes de actuar de manera puramente táctica hay que resolver un enigma: ¿cómo ha sido posible llegar a una situación en la cual el populismo de derecha priva a la izquierda de sus temas propios?

¿Cuál debería ser la respuesta de la izquierda al desafío de la derecha?

Hay que preguntarse por qué los partidos de izquierda no quieren asumir la dirección de una lucha decidida contra la desigualdad, que impulse formas de coordinación internacional capaces de domar los mercados no regulados. En mi opinión, ciertamente, la única alternativa razonable tanto al status quo del capitalismo financiero salvaje como al programa de recuperación de una presunta soberanía del estado nacional, que en realidad está desgastada ya de hace rato, es una cooperación supranacional capaz de dar una forma socialmente aceptable a la globalización económica. En una época la Unión Europea intentaba eso; la unión política europea podría entonces hacerlo.

Hoy, sin embargo, parece peor incluso que el populismo de derecha en sí ser el “peligro de contagio” del populismo dentro del sistema de los partidos tradicionales, en toda Europa.

El error de los viejos partidos consiste en admitir el frente que define el populismo de derecha: o sea “Nosotros” contra el sistema. Solo una marginalización temática podría desviar el agua al molino del populismo de derecha. Por lo tanto, se debería hacer reconocibles las oposiciones políticas, además de la contraposición entre el cosmopolitismo de izquierda –“liberal” en sentido cultural y político– y la peste etnonacionalista de la crítica de derecha a la globalización. La polarización política debería cristalizarse de nuevo entre los viejos partidos en torno a oposiciones reales. ¿Los partidos que le prestan atención al populismo de derecha, en lugar de despreciarlo, no pueden esperar que la sociedad civil sea quien prohíba los eslóganes y la violencia de la derecha?

Conmemorando los 50 años de la Reforma Agraria

Fernando de la Cuadra
ALAI

El próximo 16 de julio se conmemoran los 50 años de la promulgación de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permitió profundizar la Ley 15.020 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Como se sabe, en los hechos la llamada “Reforma del Macetero” solamente permitió expropiar unas pocas haciendas en manos de familias que obtuvieron un buen precio por las tierras cedidas al Estado. Con la nueva ley se crearon nuevas causales de expropiación que incluían aquellos predios mayores de 80 hectáreas de riego básicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurídicas de derecho público o privado salvo excepciones contempladas por la legislación (cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o mediería y que infringieran la legislación que regula los correspondientes contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del área en que el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.

En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de expropiación – llamado asentamiento – en el cual el Estado apoyaba a los campesinos que allí habían estado trabajando por un periodo no inferior a tres años. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema planificado de explotación en el cual se estudiara un plan de subdivisión de la tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada explotación, junto con la preparación y capacitación de los campesinos (a través de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestión del asentamiento. Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en forma de cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.

La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consiguió expropiar 3.4 millones de hectáreas correspondientes al 30% de las explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin embargo, la meta que se había planteado el gobierno de Frei Montalva en términos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustración generada por las promesas incumplidas, al final de la administración Demócrata Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el país, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo cual solo sería posible con del triunfo de la coalición denominada Unidad Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.

Con el triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la Reforma Agraria experimentó un ciclo de notable profundización. En respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como “revolución en libertad” y como respuesta a su propia decepción sobre la lentitud y burocracia del proceso, los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas – marxista y cristiana- tendría la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que el país requería urgentemente, en oposición a la derecha política y a los grupos más conservadores que deseaban mantener sus privilegios económicos y su poder político.

El triunfo de Allende en las elecciones de 1970 significó pensar dicho proceso no solamente como una política destinada a ampliar el mercado interno, a través de la incorporación de vastos sectores de la población que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales, fenómeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos y pequeños productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume en el país desde los tiempos de la colonia.

En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de Allende intensificó y amplió el proceso de expropiaciones con una velocidad tal que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de 1971 y junio de 1972 se habían expropiado 6.4 millones de hectáreas que correspondían al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta manera se concluyó en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar en 6 años de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada de una manera tan drástica y devastadora que el latifundio que había dominado por muchas décadas el Chile rural, prácticamente ya no existía en el país.

Entre las medidas tendientes a colectivizar la propiedad de la tierra, el gobierno popular se preocupó de desarrollar diferentes formas de organizaciones sociales en el mundo rural. Entre dichas organizaciones los Centros de Reforma Agraria (CERA) tomaron un nuevo impulso al asumir el gobierno. Los CERA eran formas asociativas generadas al interior de los asentamientos y su función principal consistía en proporcionar un apoyo organizado a las modalidades colectivas de pose y producción. Por su parte, las cooperativas campesinas también recibieron una fuerte sustentación desde el Estado ya fuera entre los sectores de pequeños propietarios y minifundistas tradicionales, ya fuera entre los asentados del sector reformado.

Si bien desde los tiempos de la Democracia Cristiana el proceso de Reforma Agraria logró suscitar enconadas polémicas a favor y en contra, fue durante el gobierno popular que dicha política provocó graves conflictos generando un clima de polarización acentuada entre los diversos actores políticos y sociales que la apoyaban o la rechazaban. El tema de la Reforma Agraria no dejaba a nadie indiferente e incluso entre los propios defensores del gobierno popular las disputas fueron cada vez más virulentas y frecuentes entre quienes querían construir un proyecto planificado y quienes deseaban acelerar aún más el poder popular de los sectores campesinos e indígenas.

Hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de izquierda que apoyaban al gobierno fueron prácticamente pulverizadas ya desde el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada representa un genocidio sin precedentes en la historia política chilena. El nivel de consciencia política y social y de claridad ideológica alcanzado por los sectores populares durante el gobierno popular fue duramente reprimido, aniquilando físicamente a los principales líderes de izquierda, tanto en la ciudad, como en las zonas rurales.

La tragedia chilena continuó durante muchos años suscitando innumerables debates sobre cuales habrían sido los caminos más adecuados para conquistar el socialismo en el país. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue muy ingenuo al confiar en los militares ganó mucho aliento. También fue predominante entre una parte de la izquierda la idea de que el gobierno tenía necesariamente que armar al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. Sin embargo, con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor destaque otras interpretaciones que insistieron en la importancia de haber construido un bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes en el país, utilizando para ello los instrumentos y las acciones que eran permitidas en el marco de una convivencia democrática.

Además, el proyecto de Allende y la vía chilena al socialismo era una experiencia inédita, no existía ninguna referencia o un modelo histórico que permitieran ver las huellas sobre los caminos a ser recorridos en el marco de una transición pacífica, institucional y democrática hacia el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le otorgaba a Allende ciertos grados de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, no obstante, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez más en evidencia, que tanto en la división interna de la coalición gobernante como en el rechazo violento de las fuerzas contrarias a tales cambios, el programa de la Unidad Popular y la reforma agraria en particular, comenzaron a sufrir serios tropiezos y contradicciones, lo cual finalmente significó que el Ejecutivo solo se dedicara a administrar una crisis que aumentaba cotidianamente.

Es que al final de cuentas nadie tenía certeza hasta donde la reforma agraria podría llegar y cuál era la verdadera meta a ser alcanzada dentro del programa de expropiaciones impulsado desde el gobierno central, el cual muchas veces fue cuestionado por las organizaciones campesinas y de izquierda. Los primeros concebían una reforma agraria con objetivos y aspiraciones limitadas, intentando moldear la realidad de una determinada manera. Pero, por otra parte, este era un campo de disputas ideológicas complejas, en que diversos actores se propusieron imponer sus respectivas visiones sin percibir que esto podría agudizar tremendamente los conflictos que desaguarían en un clima de enfrentamiento sin retorno.

Pensamos que el caso chileno ilustra de manera expresiva, la importancia que representa la construcción de una gran alianza nacional o “bloque histórico” que permita ir sustentando un proyecto de transformaciones substantivas para el conjunto de la sociedad y especialmente para los más desposeídos. En ese sentido, el programa socialista en democracia y libertad que Allende aspiraba instaurar en el país no era una utopía surgida de una mente voluntarista, sino que por el contrario, se apoyaba en una lectura lúcida y consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones republicanas para lograr impulsar con éxito el conjunto de las medidas incluidas en su programa de gobierno, especialmente, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, la construcción de un área de propiedad social y la estatización de la banca y del sistema financiero.

Lamentablemente el desenlace de la vía chilena y las relevantes disputas teóricas e ideológicas que se presentaron en su seno, fueron interrumpidas por el cruento Golpe de Estado de septiembre de 1973. No obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le entregó la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo que la hacían producir con su esfuerzo de “sol a sol”-, sino que les proporcionó sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les había negado desde tiempos remotos.

Por lo mismo, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios Urbano Territoriales del Maule (CEUT) de la Universidad Católica del Maule, decidió organizar un Seminario con la participación de diversos expertos, académicos y actores que participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgación de la Ley 16.640 el día 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histórica sobre las transformaciones que experimentó la agricultura chilena a partir de este periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construcción de aquello que somos actualmente como país. Ello no solo en el ámbito de la producción silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en términos de identidad nacional y de la voluntad para construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna.

Cómo sobrevivir en la era Trump

Joseph Stiglitz
Project Syndicate

Uno de los principales desafíos durante esta nueva época abierta con Trump, será permanecer vigilantes y, siempre y cuando sea necesario, resistir.

En apenas un mes, y a un ritmo vertiginoso, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha logrado propagar caos e incertidumbre. No es de extrañar que tanto ciudadanos como líderes empresariales, así como la sociedad civil y el gobierno, realicen esfuerzos por responder apropiada y eficazmente.

Ningún punto de vista sobre el camino a seguir es necesariamente provisional, ya que Trump aún no ha propuesto legislación detallada, y el Congreso y los tribunales no han respondido plenamente a su chorrera de decretos. Sin embargo, el reconocimiento de la incertidumbre no es justificación para la negación.

Por el contrario, ahora está claro que lo que dice Trump y los tuits que escribe deben ser tomados en serio. Tras las elecciones del mes de noviembre, existía una esperanza casi universal sobre que él abandonaría el extremismo que caracterizó a su campaña electoral. Ciertamente, se pensaba, este maestro de la irrealidad iría a adoptar una forma de ser distinta a momento de asumir la maravillosa responsabilidad de lo que a menudo se llama el cargo más poderoso en el mundo.

Algo similar ocurre con cada nuevo presidente de Estados Unidos: independientemente de si votamos a favor del nuevo titular del cargo, proyectamos en él la imagen que nosotros tenemos en mente de lo que queremos que dicha persona sea. Pero, si bien la mayoría de los funcionarios electos aceptan ser todo lo que las personas quieren que sea, Trump no ha dejado entrever ninguna duda sobre que él tiene la intención de hacer lo que él dijo que haría: una prohibición de la inmigración musulmana, un muro en la frontera con México, una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la derogación de las reformas financieras Dodd-Frank del año 2010, y mucho más, incluso Trump hará lo que sus propios partidarios pensaron que no llegaría a hacer.

En algunas oportunidades, he criticado aspectos y políticas específicas del orden económico y de seguridad, mismo que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial sobre la base de las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y una red de otras instituciones y relaciones. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre los intentos por reformar estas instituciones y sus relaciones para que puedan servir mejor al mundo y una agenda que busca destruirlas de manera categórica.

Trump ve el mundo en términos de un juego de suma cero. En realidad, la globalización, si es bien administrada, es una fuerza de suma positiva: Estados Unidos gana si sus amigos y aliados – ya sea Australia, la Unión Europea o México – son más fuertes. Pero el enfoque de Trump amenaza con convertir a la globalización en un juego de suma negativa: Estados Unidos, también, perderá.

Ese enfoque quedó claro desde su discurso inaugural, en el cual su repetido conjuro «America First», con sus connotaciones históricamente fascistas, confirmó el compromiso que Trump tiene con sus estrategias más feas. Las administraciones anteriores siempre han tomado en serio su responsabilidad de promover los intereses de Estados Unidos. Pero, las políticas que perseguían, por lo general, se enmarcaban en términos de una comprensión ilustrada de lo que significa el interés nacional. Los estadounidenses, según ellos, se benefician de una economía mundial más próspera y una red de alianzas entre países comprometidos con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Si hay una luz de esperanza en el nubarrón Trump, es un nuevo sentido de solidaridad con respecto a los valores fundamentales, tales como la tolerancia y la igualdad, que ahora se sustentan por la toma de conciencia del fanatismo y misoginia – ya sean manifiestos o encubiertos – que encarnan Trump y su equipo. Y, dicha solidaridad se ha tornado mundial, y Trump y sus aliados enfrentan protestas y rechazo a lo largo y ancho del mundo democrático.

En Estados Unidos, La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que había previsto que Trump rápidamente pisotearía los derechos de las personas individuales, ha demostrado que está tan preparada como siempre para defender los principios constitucionales fundamentales, tales como el debido proceso, la igualdad de protección y la neutralidad oficial con respecto a la religión. Y, durante el mes pasado, los estadounidenses han apoyado a la ACLU con millones de dólares en donaciones.

Del mismo modo, a lo largo y ancho de EE.UU., los empleados y clientes de las empresas han expresado su preocupación respecto al apoyo que algunos directores ejecutivos y miembros de las juntas directivas brindan a Trump. De hecho, como grupo, los líderes e inversionistas corporativos estadounidenses se han convertido en los facilitadores de Trump. En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de este año en Davos, muchos ya empezaron a salivar al sólo pensar en las promesas de recortes de impuestos y desregulación, mientras afanadamente ignoraban el fanatismo de Trump – sin mencionarlo ni siquiera en una sola de las reuniones a las que asistí – así como ignorando también su proteccionismo.

La falta de coraje fue aún más preocupante: estaba claro que muchos de los que estaban preocupados por Trump tenían miedo de elevar sus voces, ya que podría ocurrir que ellos (y el precio de las acciones de sus empresas) se vayan a convertir en el blanco de un tuit. El miedo omnipresente es un sello característico de los regímenes autoritarios, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos por primera vez en mi vida adulta.

Como resultado, la importancia del Estado de derecho, que otrora fue un concepto abstracto para muchos estadounidenses, se ha convertido en algo muy concreto. Bajo el Estado de derecho, si el gobierno quiere evitar que las empresas contraten a terceros y subcontraten internacionalmente, tiene que promulgar leyes y adoptar regulaciones para crear los incentivos adecuados y desalentar el comportamiento que le es indeseable. El gobierno no intimida, ni amenaza a empresas en particular, ni tampoco retrata a los traumatizados refugiados como una amenaza a la seguridad.

Los principales medios de comunicación de Estados Unidos, como The New York Times y The Washington Post, se han negado, hasta ahora, a ver como normal el sacrificio de los valores estadounidenses que lleva a cabo Trump. No es normal que Estados Unidos tenga un presidente que rechace la independencia judicial; no es normal sustituir a los oficiales militares y de inteligencia del más alto rango e importancia, quienes se encuentran en el núcleo de la formulación de políticas de seguridad nacional, con un fanático acérrimo de los medios de comunicación que es de extrema derecha; y, no es normal que Trump en el momento que se encontró frente a la más reciente prueba de misiles balísticos de Corea del Norte, se dedique a promocionar los negocios de su hija.

Sin embargo, cuando nos vemos constantemente bombardeados por acontecimientos y decisiones completamente inaceptables y que se pasan de la raya, es fácil empezar a adormecerse y comenzar a ver más allá de los grandes abusos ya ocurridos, fijando la mirada en las aún más grandes parodias que vendrán. Uno de los principales desafíos durante esta nueva época será permanecer vigilantes y, siempre y cuando sea necesario, resistir.

El caso Odebrecht, un golpe brutal para la democracia en la región

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Lo que se ha observado en las últimas semanas con las ramificaciones de las redes de corrupción montadas por la contratista Odebrecht es de una magnitud inimaginable. Cuando comenzaron a conocerse el tenor de las “delaciones premiadas” de los 77 ejecutivos de esta mega empresa, muchos políticos importantes y funcionarios del alto escalón gubernamental de países latinoamericanos comenzaron a desfilar por las páginas de los diarios y en noticiarios de televisión. Nombres como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en Perú, Uribe en Colombia, el panameño Ricardo Martinelli y el ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fueron parte de la extensa lista de ex mandatarios acusados de haberse beneficiado con las propinas que efectuaba la empresa contratista para adjudicarse importantes proyectos de infraestructura regional.

Según informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó casi 800 millones de dólares en sobornos realizados en 10 países de la región. El nivel de corrupción fue tan alto, que llegó a ser institucionalizado. La Odebrecht tenía un Departamento con decenas de funcionarios dedicados exclusivamente a organizar el pago de las propinas para proyectos que eran licitados por los diversos gobiernos, con listas enormes de políticos profesionales y decisores de políticas públicas entre ellos.

Por lo mismo, nos encontramos ante una clara demostración de que los intereses de las empresas (no solo de Odebrecht) se mezclan con las expectativas de renta de poderosos grupos e individuos enquistados en las estructuras políticas y del aparato de Estado, consolidando la primacía de un régimen plutocrático que muestra un absoluto desprecio por las prácticas democráticas que deberían envolver al conjunto de los ciudadanos. El patrimonialismo que caracteriza la mezcla de los intereses privados con la actividad de servicio público está enriqueciendo crecientemente a una minoría social, como ha sido destacado por diversos informes realizados por organismos internacionales, como Oxfam o la propia CEPAL. No hay democracia que resista a una cada vez mayor desigualdad en la distribución de la renta a partir de las relaciones espurias que se establecen entre las empresas, el gobierno y la clase política.

Los efectos deletéreos que tiene para los países de la región que los principales proyectos de infraestructura y de política pública en general, se realicen a partir del pago de sobornos de quienes tienen que decidir sobre esas políticas tienen consecuencias todavía incalculables. Muchas de las concesiones efectuadas por los gobiernos se encuentran sobrefacturadas y quien paga la cuenta finalmente es la población que debe tributar para sustentar esas grandes obras sin ser consultada e informada. Todo es realizado en secreto o burlando los canales de transparencia y de prestación de cuentas. En ese contexto, es bastante difícil ejercer una política soberana sobre los modelos de sociedad y sobre el uso de los recursos naturales que les dan sustento a dichos modelos. En un proceso emblemático, el gobierno Temer ha iniciado la venta de recursos naturales a corporaciones transnacionales, comprometiendo la soberanía de Brasil sobre dichos recursos. Concretamente, en el campo de los hidrocarburos, Petrobras acaba de firmar un acuerdo con la petrolera francesa Total por un valor de 2,2 billones de dólares, que incluye la venta para explotación de los campos del pre-sal existentes en la Bahía de Santos. Dicho convenio es parte de una extensa lista de concesiones y ventas realizadas a favor de corporaciones multinacionales para la explotación de las reservas petrolíferas que se encuentran en el subsuelo territorial. La autorización de venta del pre-sal en Brasil es una demostración más -entre muchos otros casos representativos- de como los países abdican a la soberanía de su patrimonio en favor de las ventajas obtenidas por las grandes corporaciones transnacionales.

Mientras tanto, organismos regionales como Celac y Unasur no han realizado ninguna acción de importancia para evaluar las consecuencias que tienen los casos de corrupción que envuelven empresas, instituciones y dirigentes políticos de la región. Así como existen los entes reguladores y superintendencias a nivel cada país, estos organismos deberían establecer mecanismos para regular y vigilar permanentemente todos los proyectos que envuelvan licitaciones, velando por el estricto cumplimiento de cláusulas de transparencia, probidad e idoneidad en todos dichos emprendimientos. Esta es ciertamente una aspiración normativa que debe ser conciliada con las condiciones políticas y jurídicas que permitirían llevar adelante las reformas necesarias en esa dirección. De lo contrario, estos organismos seguirán siendo meras agencias de empleo de la burocracia regional.

De esta manera, la democracia se encuentra amenazada no solamente por la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas. Ella también se ve enfrentada por la emergencia de grupos nacionalistas y neofascistas que utilizando el argumento de la lucha contra la corrupción, han erigido proyecto ultraconservadores que se alimentan con la crisis política y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democráticas. Estas figuras mesiánicas que se arrogan el papel de salvadores de la patria buscan finalmente destruir la dimensión política y el pluralismo existente en la sociedad. Estimulados por el triunfo de Donald Trump y la ascensión de Marine le Pen en Francia, Nigel Farage en el Reino Unido o Frauke Petry en Alemania, los oportunistas de la reacción buscan captar el voto de los descontentos con su discurso nacionalista, misógino, homofóbico y xenofóbico.

América Latina se enfrenta a un peligroso viraje hacia la extrema derecha y, en consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para que los avances conquistados en la última década no sean destruidos por la ascensión de la plutocracia y la intolerancia.

Trump é assessorado por ignorantes para se fortalecer

Paul Krugman

Folha de São Paulo

Quando viajo à Ásia, muitas vezes sou recebido no aeroporto por alguém carregando um cartaz que diz "Mr. Paul". Por quê? Em boa parte da Ásia, é costume grafar o sobrenome primeiro. Em seu país, o primeiro-ministro japonês é chamado de Abe Shinzo. E o engano é completamente perdoável quanto é cometido por um motorista de táxi que está no aeroporto para apanhar um professor universitário.

Não é tão perdoável, no entanto, que o presidente dos Estados Unidos cometa o mesmo erro ao receber o líder de um dos nossos mais importantes parceiros econômicos e no campo da segurança. Mas lá estava Donald Trump, se referindo a Abe como, sim, primeiro-ministro Shinzo. Até onde sabemos, Abe não respondeu chamando seu anfitrião de presidente Donald.

Trivial? Bem, poderia ser, se o caso tivesse sido uma exceção. Mas não é. O que vimos nas últimas três semanas, em lugar disso, foi uma exibição espantosa de ignorância bruta, em todas as frentes. Pior, não existe qualquer indicação de que a Casa Branca ou seus aliados no Congresso vejam a questão como problema. Eles parecem acreditar que conhecimentos especializados, ou mesmo informações básicas sobre um dado assunto, são coisa de fracotes. Ignorância é força.

É algo que vemos quanto às questões judiciais. Em uma análise que circulou amplamente, Benjamin Wittes descreveu a infame ordem executiva sobre a imigração como "malevolência temporada por incompetência", e apontou que a ordem "não parece ter passado por qualquer revisão conduzida por um advogado competente" —o que é um bom caminho para derrotas nos tribunais.

É algo que vemos nas questões de segurança nacional, quanto às quais o presidente continua a confiar em um assessor chefe que, mesmo desconsiderada sua proximidade suspeita com o Kremlin, parece obter suas informações de direitistas adeptos de teorias de conspiração.

É algo que vemos na educação, onde as audiências de confirmação de Betsy DeVos como secretária da Educação revelaram sua mais completa ignorância sobre até mesmo as questões mais básicas.

É algo que vemos na diplomacia. Qual é a dificuldade de pedir a ajuda do Departamento de Estado para garantir que a Casa Branca acerte os nomes dos líderes estrangeiros? Aparentemente isso é difícil demais: antes da mancada quanto a Abe, a agenda oficial da visita de Estado da primeira-ministra britânica Theresa May continha repetidos erros na grafia de seu nome.

E quanto à economia —bem, ninguém em casa nessa área. O Conselho de Assessores Econômicos, que deveria oferecer consultoria técnica, já não tem posição no gabinete, mas isso pouco importa, porque seus integrantes ainda não foram nomeados. Lembra-se de toda aquela conversa sobre um plano de US$ 1 trilhão de investimento em infraestrutura? Se você se lembra, por favor contate a Casa Branca para relembrá-los, porque até agora não há nem sombra de uma proposta concreta.

Mas não quero ser crítico demais com relação ao twitteiro em chefe: o desdém pelos conhecimentos especializados é muito comum também em seu partido. Por exemplo, os mais influentes economistas republicanos não são acadêmicos sérios mas de inclinação conservadora —e há muitos profissionais que merecem essa descrição. Não: são charlatões conhecidos que literalmente não conseguem acertar um número que seja.

Ou considere o atual pânico do Partido Republicano quanto à área da saúde. Muita gente no partido parece chocada por descobrir que revogar qualquer parte da reforma da saúde de Barack Obama deixará dezenas de milhões de cidadãos desprovidas de planos de saúde. Qualquer pessoa que tenha estudado o assunto poderia lhes ter informado anos atrás como os componentes da reforma da saúde funcionam juntos, e por que o fazem. Na verdade, muitos de nós o fizemos, repetidamente. Mas análises competentes são tratadas como indesejáveis.

E é esse o ponto, claro. Advogados competentes decerto o informarão de que sua proibição aos muçulmanos é inconstitucional; cientistas competentes apontarão que a mudança no clima é real; economistas competentes exporão que cortes de impostos precisam ser compensados em outras frentes; especialistas eleitorais competentes afirmarão que não houve milhões de votos ilegais na eleição; diplomatas competentes dirão que o acordo com o Irã faz sentido, e que Putin não é seu amigo. Por isso, a competência precisa ser excluída.

A essa altura, alguém certamente vai questionar: "Se eles são assim tão burros, como venceram?" Parte da resposta é que o desdém pelos especialistas —desculpe: pelos "assim chamados" especialistas— ecoa junto a uma parte importante do eleitorado. A intolerância não era a única força sombria em ação na eleição: o anti-intelectualismo, a hostilidade para com "elites" que afirmam que opiniões devem se basear em estudo e consideração cuidadosa, também esteve presente.

Além disso, fazer campanha e governar são coisas muito diferentes. Isso é especialmente verdadeiro quando a mídia noticiosa passa muito mais tempo se preocupando com os pseudoescândalos de seu rival do que com as questões substantivas de política pública. Mas agora estamos vivendo a realidade, e todas as indicações são de que as pessoas que estão no controle não fazem ideia do que estão fazendo, em qualquer frente.

De algumas maneiras, essa falta completa de senso pode ser boa: a incompetência pode de fato temperar a malevolência. Não se trata apenas da derrota judicial quanto à imigração. A ignorância republicana transformou o que deveria ser uma blitzkrieg contra o Obamacare em um atoleiro, o que beneficia milhões de pessoas. E a implosão nos índices de aprovação a Trump pode ajudar a desacelerar a marcha rumo à autocracia. Mas enquanto isso, quem está no comando? Crises acontecem, e temos um vácuo intelectual no topo de nosso governo. Tenha medo, tenha muito medo.